Las amenazas de muerte dirigidas contra la eurodiputada Irene Montero han sido confirmadas por múltiples medios de comunicación y por la propia Policía, que las ha calificado como amenaza terrorista. Según informó El País, el autor de los correos se identifica como miembro del grupo neonazi 764, una organización considerada terrorista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, con historial de acciones violentas y estructura de “lobos solitarios” .
Los medios coinciden en que las amenazas proceden de un individuo que afirma pertenecer al grupo 764, una organización neonazi fundada en Texas en 2021 por Bradley Cadenhead, detenido ese mismo año y condenado en 2023 a 80 años de prisión por delitos relacionados con pornografía infantil. Aunque la mayor parte de sus miembros son menores, se han documentado también adultos vinculados al grupo, incluido un caso en España: un joven de 23 años detenido por amenazar a 27 centros educativos en Valencia.
El mensaje recibido por Montero incluía, según estas fuentes, un plan de ataque contra su integridad física y la de su entorno, señalando explícitamente su domicilio familiar.
La propia Irene Montero ha explicado que fue la Policía quien le trasladó la gravedad de la amenaza y la necesidad de activar protocolos de seguridad. Podemos ha solicitado formalmente al Ministerio del Interior que garantice su protección, subrayando que no es la primera vez que la eurodiputada recibe amenazas de muerte y que la Policía considera verosímil el riesgo .
Las amenazas se producen en un contexto de creciente violencia política contra mujeres en la vida pública. Montero ha recordado que periodistas como Cristina Fallarás, Laura Arroyo o Sarah Santaolalla también han sido objeto de ataques similares.
Esta violencia no es solo personal: busca expulsar a las mujeres feministas del espacio público, intimidar a quienes defienden políticas sociales y erosionar la democracia.
La situación actual no puede separarse del precedente vivido por Irene Montero y Pablo Iglesias, cuando grupos de extrema derecha realizaron concentraciones diarias frente a su vivienda durante meses. La sensación de desprotección institucional en aquel momento sigue siendo un punto de referencia para valorar la respuesta actual del Ministerio del Interior.
La responsabilidad del Estado
Los hechos publicados por los medios muestran que:
- La amenaza es real y verificada por la Policía.
- El autor se identifica como miembro de una organización neonazi con historial criminal.
- El mensaje incluye amenazas directas de asesinato y referencias al domicilio familiar.
- La eurodiputada ha solicitado protección y el Ministerio del Interior está evaluando el riesgo.
Desde Todo al Trece sostenemos que el Estado tiene la obligación democrática de actuar con firmeza, garantizar la seguridad de cualquier representante público y combatir la violencia política de género con todos los medios disponibles. La protección no puede depender de afinidades ideológicas ni de presiones mediáticas: es un deber constitucional.
Colectivos sociales, feministas y plataformas ciudadanas —incluido Todo al Trece— expresan su apoyo a Irene Montero y denuncian la normalización del odio político. La defensa del feminismo, de las políticas sociales y de la paz no puede convertirse en un motivo de riesgo personal. La violencia política no solo amenaza a una persona: amenaza a toda la sociedad.
Fotos de Dani Gago.
