Decenas de fallecidos a estas horas en un terrible accidente entre dos trenes de alta velocidad en Toledo.
Hasta el momento se desconoce el motivo exacto por el cual se ha producido el accidente.
La compañía Iryo ha puesto ha disposición el siguiente número de teléfono para la atención a los afectados 900 001 403
Desde DiarioTrece queremos mandar nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos de las víctimas.
Podemos Móstoles llevará al Pleno Municipal del 22 de octubre una moción para destinar viviendas vacías al alquiler asequible. La propuesta combina un censo municipal, garantías para los propietarios y medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda.
La iniciativa pretende dar respuesta a las dificultades que encuentran jóvenes y familias trabajadoras para vivir en la ciudad. Para ello, plantea aprovechar viviendas desocupadas y ampliar la oferta de alquiler con precios limitados.
Según los datos recogidos en la nota de prensa de Podemos, el precio del alquiler anunciado en Móstoles alcanzó los 14,1 euros por metro cuadrado en septiembre de 2026. Esta cifra supone un incremento del 48,4 % respecto a 2020.
La formación también señala que, en Enero de este año, 16.863 personas estaban en lista de espera del Plan Vive. Ambos indicadores ilustran, según Podemos, la necesidad de ampliar las alternativas de vivienda asequible.
Ante esta situación, el grupo municipal propone que el Ayuntamiento utilice las herramientas a su alcance para incorporar viviendas vacías a una oferta de alquiler con precios más accesibles.
Uno de los principales puntos de la moción es la creación de un censo municipal de viviendas vacías en Móstoles. Su finalidad sería conocer los inmuebles desocupados y orientar las actuaciones municipales.
La propuesta incluye, además, una bolsa de alquiler asequible. Los propietarios que incorporen sus viviendas y alquilen por debajo de los precios de referencia contarían con garantías frente a impagos y desperfectos.
El programa también ofrecería gestión y asesoramiento. Con estas medidas, Podemos busca facilitar la participación de propietarios y aumentar el número de viviendas disponibles a precios limitados.
La moción contempla ayudas para rehabilitar viviendas vacías, así como bonificaciones fiscales vinculadas al alquiler a precio limitado.
Por otra parte, propone un recargo del IBI a grandes tenedores con viviendas desocupadas, dentro de los límites legales. Esta medida se plantea como un incentivo para que esos inmuebles salgan al mercado.
El objetivo del conjunto de actuaciones es favorecer que las viviendas desocupadas puedan convertirse en hogares accesibles para quienes necesitan un alquiler.
La iniciativa también insta a la Comunidad de Madrid a financiar programas municipales para incorporar viviendas vacías al alquiler asequible.
Asimismo, solicita aumentar la oferta de vivienda pública en alquiler y reforzar las ayudas al arrendamiento y la rehabilitación.
De esta forma, Podemos plantea una actuación coordinada entre el Ayuntamiento y el Gobierno autonómico para ampliar las opciones de acceso a la vivienda.
Mónica Monterreal ha defendido la necesidad de actuar ante las dificultades de acceso a la vivienda:
«No podemos resignarnos a que encontrar una vivienda en Móstoles se convierta en una misión imposible».
La Portavoz de Podemos reconoce que el Ayuntamiento no puede resolver por sí solo la crisis. Sin embargo, sostiene que debe utilizar las herramientas disponibles para movilizar viviendas vacías y facilitar alquileres asequibles.
La moción se debatirá en el Pleno Municipal del 22 de octubre. Con ella, Podemos Móstoles propone situar el aprovechamiento de las viviendas desocupadas entre las respuestas municipales al problema de la vivienda.
En estos años hemos visto cómo se ha utilizado a Podemos como el comodín perfecto para echarle la culpa de absolutamente todo lo que pasa en este país. Después del esperpento vivido durante esta semana y rematado ayer a última hora, no hacía falta ser muy inteligente para saber a quién le iban a adjudicar la responsabilidad de no llegar a un acuerdo de coalición a la izquierda del PSOE. Pero conviene contar las cosas exactamente como han sido.
Todo se intensificó después de que Podemos llegase a un acuerdo con Esquerra Republicana y Gabriel Rufián, algo que no sentó nada bien ni al poder mediático ni al Frente Amplio. A partir de ahí empezó la campaña de derribo: primero fueron a por Rufián, que pasó en cuestión de una semana de ser considerado el gran líder que la izquierda necesitaba a ser tachado de «vendido» y «Judas» por el simple hecho de pactar con Podemos. Como hemos dicho tantas veces: no importa el cómo, sino el con quién.
Durante toda la semana se ha estado pidiendo una única papeleta a la izquierda del PSOE, lo cual pasaba inevitablemente por integrar a Podemos en el Frente Amplio. Sin embargo, la narrativa que difundieron no se correspondía con la realidad. Emilio Delgado salió en televisión asegurando que le habían ofrecido el puesto dos o tres a Podemos, cuando eso era rotundamente falso: no existió ninguna propuesta formal durante la semana.
La única oferta llegó ayer viernes a las diez de la noche, a tan solo dos horas de que expirase el plazo legal para registrar acuerdos de coalición. Dicha propuesta efectivamente ofrecía el número dos o tres por Madrid para Irene Montero y la integración en el Frente Amplio, pero exigía como condición irrenunciable romper el acuerdo que Podemos ya había firmado con el partido de Rufián.
Obviamente, sabían perfectamente que Podemos no podía ni iba a aceptar semejante trampa. Era una maniobra calculada para tener la excusa perfecta y activar la maquinaria mediática: decir que «ellos sí quisieron a Podemos dentro» pero que fue Podemos quien lo rechazó. Y para mover esa narrativa contaban con el potente aparato mediático de Más Madrid.
Hay que recordar de dónde viene Más Madrid: nació de la escisión de los rebotados de Podemos, del errejonismo y del famoso chat Jaque Pastor, con figuras como Emilio Delgado —que mantiene al partido dividido junto a Mónica García—. Ese errejonismo se ha terminado convirtiendo en un PSOE de marca blanca. Por eso la progresía mediática, el régimen del 78 y quienes mandan en este país sin presentarse a las elecciones les dan un trato de favor: Más Madrid les resulta muy útil y cómodo. Nunca veréis a los grandes medios atacarlos, al menos no mientras les sigan sirviendo.
Por otro lado, resulta incomprensible la posición de Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida. Vimos cómo rompió acuerdos que ya estaban cerrados en diversos territorios fuera de Madrid por una sumisión absoluta hacia Más Madrid, una formación que solo tiene implantación autonómica en Madrid y que carece de estructura en el resto del estado.
¿Cómo se explica que IU rompa pactos territoriales que permitían disputar y quitar escaños a PP y Vox para dárselos a la izquierda? Es difícil entenderlo más allá del reparto de asignaciones económicas y liberados, especialmente cuando por Madrid IU lo tiene muy complicado para sacar representación al no ocupar puestos de salida. Es una jugada que carece de lógica política y que muy probablemente sus votantes más acérrimos les harán pagar en las urnas.
A todo esto hay que sumar la campaña de bulos y desinformación desplegada por perfiles como Antonio Maestre o Pedro Vallín—personajes asentados en las tertulias compartiendo espacio con la corrupción a cambio de dinero—, así como diarios como eldiario.es. Nada de esto es nuevo; es el modus operandi habitual de la progresía mediática cuando alguien no pasa por el aro: intentar reventarlo.
Para Podemos habría sido facilísimo aceptar la oferta del Frente Amplio a última hora. Habría asegurado un diputado por Madrid, la prensa afín los habría aplaudido y todos contentos. Pero, ¿para qué habría servido eso?
Para que nada cambie y todo siga igual.
Para repetir una legislatura como la actual, donde el Gobierno no ha llevado a cabo transformaciones profundas de izquierda.
¿De qué sirve la unidad si luego no se hace política de izquierda real?
Nos enfrentamos ahora a un escenario electoral incierto de cara al 29 de noviembre, donde las encuestas apuntan a una posible mayoría de PP y Vox. Por supuesto, nadie se va a rendir: se va a pelear hasta el último día para evitar el gobierno de la derecha y la extrema derecha.
Sin embargo, estas elecciones deben ser un punto de inflexión para el espacio a la izquierda del PSOE. Mientras exista la dinámica actual de Más Madrid, la articulación de este espacio será sumamente compleja, pues se ha demostrado como una fuerza orientada a fragmentar y a canalizar votos de vuelta hacia el PSOE. Sin ese factor de distorsión, un acuerdo amplio no habría tenido los obstáculos que hemos visto.
Queda algo más de un mes para la cita electoral. Lo vivido en redes y medios dejará cicatrices y no va a ser una campaña sencilla. Pero quizás sea el momento de asumir que apelar a una «unidad» abstracta no funciona cuando enfrente hay actores que imposibilitan las coaliciones leales. Todos los ojos puestos en el 29N.
Mari Carmen ha fallecido tras dos semanas ingresada en el hospital. Llevaba toda una vida habitando cuatro paredes que, de la noche a la mañana, dejaron de pertenecerle. Su muerte no es un hecho aislado; es el desenlace de un desahucio ejecutado contra una mujer de 87 años que dependía de una silla de ruedas para moverse.
La Noticia corrió como la pólvora. En cuestión de horas, las acampadas por la vivienda desplegadas en diversos puntos del país se llenaron de homenajes, pancartas y velas en su memoria. El eco de esta indignación ha atravesado fronteras y ha ocupado portadas en grandes medios de comunicación internacionales: Mari Carmen se ha convertido en un símbolo de la lucha por una vivienda digna.
Frente a esta tragedia, no caben las medias tintas ni los eufemismos. Hay responsables concretos con nombres y apellidos a los que señalar directamente:
UrbaGestión: Se puede y se debe señalar a la inmobiliaria responsable de su expulsión. Una empresa que pretendía triplicar el alquiler de Mari Carmen, exigiéndole más de 2.000 euros mensuales cuando ella pagaba 500 euros, sabiendo perfectamente que era una cifra inasumible para su pensión.
Los ejecutores de la violencia institucional: Se debe señalar a las fuerzas policiales que acudieron ese día a cumplir una orden implacable, desplegando un operativo para sacar a la fuerza a una anciana vulnerable de 87 años en silla de ruedas.
La complicidad parlamentaria de la derecha: Hay que señalar a partidos como Vox, Junts y el Partido Popular, alineados sistemáticamente para votar en contra de los decretos y leyes que buscan paralizar los lanzamientos y proteger a los inquilinos.
La inacción del Gobierno: Pero también hay que señalar al Gobierno de Pedro Sánchez. Tras ocho años en el poder, no ha tenido el valor ni la voluntad política necesaria para promulgar un decreto contundente que prohíba de forma tajante todos los desahucios de personas vulnerables, un marco normativo que habría impedido que Mari Carmen fuera expulsada de su hogar de toda la vida.
Hablemos con propiedad: en este país a la gente no solo se le acaba la vida; a personas como Mari Carmen las asesinan. Las asesinan inmobiliarias como UrbaGestión, las asesinan los fondos buitre y los especuladores financieros que solo ven ladrillos y rentabilidad donde las familias ven refugio y memoria. A este entramado especulador le importa bien poco la vida, la salud o la dignidad de las personas.
Es profundamente triste y alarmante ver cómo en esta sociedad miles de personas terminan sus días sepultadas por la angustia. La vivienda es un derecho constitucional y humano fundamental: el derecho a vivir con tranquilidad, sin el terror constante a que una comitiva judicial te ponga en la calle. Hoy en día, miles de familias viven sumidas en la ansiedad, en el miedo paralizante y en la depresión, sin saber si mañana o pasado una carta les despojará de su techo. La historia de Mari Carmen no puede quedar en el olvido; debe ser el punto de inflexión definitivo para frenar esta barbarie social.
La crisis de vivienda se ha convertido en el retrato más cruel del fracaso de PSOE y Sumar. Pedro Sánchez ha anunciado elecciones anticipadas para el 29 de noviembre de 2026, después de la derrota parlamentaria de los dos decretos de vivienda. Pero el fracaso político empezó mucho antes: cuando tener un empleo dejó de garantizar un techo y el Gobierno siguió sin ofrecer una respuesta a la altura.
Este ha sido el peor Gobierno de la democracia en relación con las esperanzas de transformación que decía representar. Prometió proteger a la mayoría social y ha sido incapaz de resolver uno de sus problemas más urgentes. Mientras tanto, quienes debían enfrentarse a los privilegios dedicaron demasiadas energías a apartar a Podemos.
No se puede hablar de prosperidad sin preguntar cuánto dinero queda después de pagar el alquiler. Tampoco se puede presumir de avances si independizarse se convierte en un privilegio y formar una familia exige asumir una deuda asfixiante.
Los datos reflejan la magnitud del problema. Según el INE, el precio de compraventa de la vivienda libre aumentó un 12,2 % interanual en el segundo trimestre de 2026. Es un dato de compraventa, no de alquiler, pero muestra hasta qué punto sigue encareciéndose el acceso a una casa.
Ese es el balance que debe afrontar el Ejecutivo. Las familias necesitan soluciones que se noten en sus cuentas, en sus contratos y en su tranquilidad. Una rueda de prensa no paga una mensualidad. Un anuncio no evita que una persona tenga que abandonar su barrio.
La derecha tiene responsabilidad en el bloqueo. PP, Vox, Junts y UPN votaron contra los dos decretos de vivienda. Esa decisión merece una crítica contundente. Sin embargo, su actuación no borra la responsabilidad de quienes gobiernan.
El fracaso de PSOE-Sumar también consiste en haber llegado a este punto sin una respuesta suficiente a la emergencia habitacional. No basta con presentar medidas cuando la indignación ya desborda las instituciones. Gobernar exige anticiparse, fijar prioridades y construir el respaldo necesario para hacerlas realidad.
Al PSOE le corresponde responder por la dirección del Ejecutivo. A Sumar, por su incapacidad para convertir su presencia en el Consejo de Ministros en una transformación suficiente de la política de vivienda.
El gran fracaso de su fórmula: presentaron la reducción del conflicto dentro de la coalición como una ventaja, pero esa supuesta ventaja no ha garantizado una vivienda accesible.
La exclusión de Podemos tuvo hechos concretos. Irene Montero quedó fuera de las candidaturas de Sumar en 2023. Después, el nuevo Gobierno se constituyó sin ministros de Podemos.
Se preocuparon demasiado por apartar a quienes estaban dispuestos a incomodar al PSOE. Confundieron una izquierda exigente con un problema y vendieron su debilitamiento como una solución.
Hoy debemos preguntarnos qué ganó la mayoría social con aquella operación. ¿Alquileres asequibles? ¿Mayor capacidad para enfrentarse a los grandes propietarios? ¿Una solución estructural al problema de la vivienda?
Podemos sigue siendo la fuerza que mejor representa una voluntad transformadora y valiente. Su utilidad está en empujar los límites de lo posible y mantener las exigencias sociales cuando resultan incómodas para el socio mayoritario.
Defender el papel de Podemos exige hablar de medidas verificables. Fueron avances de un Gobierno de coalición y necesitaron apoyos parlamentarios, además del empuje de los movimientos sociales. Dentro de ese trabajo compartido, los ministerios dirigidos por Podemos impulsaron cambios importantes.
La protección de la infancia frente a la violencia fue uno de ellos. La aprobación de la ley de protección integral de la infancia y la adolescencia reforzó la prevención y la respuesta ante las agresiones a menores. El Ministerio de Derechos Sociales situó esta cuestión entre sus prioridades.
La dependencia recibió un nuevo impulso presupuestario. El plan de choque promovido desde Derechos Sociales incorporó 600 millones de euros adicionales al sistema en 2021. Detrás de esa decisión había una necesidad concreta: atender mejor a quienes necesitan cuidados y apoyar a sus familias.
La ampliación de los derechos LGTBI tuvo en Irene Montero una impulsora fundamental. El Ministerio de Igualdad llevó al Consejo de Ministros el proyecto de ley trans y LGTBIQ+ ,Ley solo es sí, posteriormente convertido en ley. Defender esos derechos frente a las resistencias fue una decisión política.
La primera ley estatal por el derecho a la vivienda también contó con el impulso de Ione Belarra. Fue un avance y, al mismo tiempo, una norma insuficiente para resolver el problema pero al menos se intento, pero el boicot de las Comunidades gobernadas por el PP hizo imposible que fuera útil al negarse a aplicarla. Reconocer sus límites refuerza la necesidad de seguir avanzando.
Ese balance permite entender qué aportaba Podemos: prioridades sociales, presión dentro del Ejecutivo y disposición a asumir conflictos para ampliar derechos.
La lección de esta crisis debe traducirse en medidas concretas. Hay que limitar los precios, ampliar de forma sostenida la vivienda pública y garantizar protección efectiva frente a los desahucios sin alternativa habitacional.
Hay impedir que los fondos especulativos sigan acumulando viviendas y movilizar sus inmuebles para destinarlos al alquiler social, mediante los instrumentos legales necesarios. El objetivo debe ser que el acceso a un hogar deje de depender de cuánto beneficio espera obtener un gran propietario.
Las ayudas públicas tienen que evaluarse por su efecto real sobre las familias. Si una política moviliza dinero público pero mantiene intacta la carga del alquiler, no está resolviendo el problema de fondo.
Para conseguir cambios hacen falta organización social, recursos y voluntad de enfrentarse a intereses poderosos. Esa debe ser la prioridad de una izquierda que aspire a gobernar.
Las elecciones anticipadas del 29 de noviembre no pueden convertirse en una nueva invitación a olvidar el balance del Gobierno. Pedir confianza exige explicar qué se ha hecho, qué ha fallado y qué va a cambiar.
Fortalecer a Podemos es imprescindible para recuperar una izquierda capaz de exigir, negociar y sostener sus compromisos. La valentía debe medirse en decisiones y en resultados para la mayoría social.
También Podemos tiene que escuchar, organizar y convencer. Su trayectoria ofrece razones para defenderlo, pero el futuro exige convertir esa experiencia en una propuesta clara y creíble.
Podemos tiene que ser el referente de lucha y valentía que necesitamos. Un partido presente en las instituciones y junto a quienes defienden sus derechos en la calle. Porque la confianza se recupera demostrando que, cuando toca elegir, se está del lado de la gente.
Pedro Sánchez ha soltado la noticia bomba de lo que va de legislatura. Confirmando lo que hasta este pasado fin de semana eran solo rumores e informaciones cruzadas en los medios de comunicación, el presidente del Gobierno ha comparecido hoy a las 9:00 de la mañana para anunciar la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Tras 48 horas de intensas reuniones en La Moncloa con su núcleo duro, el equipo socialista ha concluido que lo mejor para el partido es precipitar la cita con las urnas e intentar subirse a la ola de movilización social que recorre el país.
Sin embargo, más allá del relato oficial, conviene ser realistas y analizar la situación política actual con frialdad. Salvo contadas excepciones, el promedio de las encuestas publicadas dibuja una clara y holgada mayoría absoluta para el bloque compuesto por el Partido Popular y Vox respecto a las fuerzas del Gobierno y los partidos a la izquierda del PSOE.
Aunque es bien sabido que las encuestas no son infalibles y que las campañas electorales tienen su propia dinámica, la brecha matemática es hoy demasiado amplia. Queda apenas un mes y medio por delante, un margen de tiempo sumamente estrecho en el que se antoja casi impensable dar la vuelta a la tortilla frente al empuje de la derecha y la extrema derecha.
El presidente parece haber tomado esta decisión confiando en capitalizar el malestar de la ciudadanía y la reactivación de los movimientos sociales por el problema de la vivienda. Pero la lectura que se hace a pie de calle es bien distinta.
Las masivas concentraciones, las acampadas en la Puerta del Sol y las marchas replicadas en diversos puntos del territorio español cobraron un impulso definitivo tras el vergonzoso desahucio de Mari Carmen, la anciana de 87 años. Y estas protestas no nacen como un respaldo al Ejecutivo, sino como una enmienda a la totalidad contra su gestión y contra el propio Pedro Sánchez. Resulta difícil comprender cómo el PSOE pretende sacar rédito electoral de una indignación popular orientada, precisamente, a señalar sus propias insuficiencias gubernamentales.
A este clima social de descontento se le suma el reciente fracaso parlamentario en el Congreso. El rechazo frontal de la derecha, la extrema derecha y el portazo de la derecha catalana de Junts —cuyo apoyo daban por garantizado en las filas socialistas— terminó por tumbar los dos decretos clave presentados por el Gobierno. Entender este movimiento táctico como una ventaja para las siglas del PSOE se hace cuesta arriba; para muchos analistas, se trata de una huida hacia adelante.
En el espacio situado a la izquierda de la socialdemocracia, el escenario roza la incertidumbre total. A día de hoy, la única certeza sobre la mesa es que Podemos cuenta con una candidata definida, Irene Montero, quien ha vuelto a lanzar formalmente una propuesta clara a todas las formaciones del espacio progresista: convocar unas primarias abiertas para mediados de este mes.
La propuesta busca que cualquier persona o corriente de la izquierda pueda presentarse libremente y que la ciudadanía decida democráticamente las listas mediante el voto directo. Desde nuestra perspectiva, esta consulta abierta se perfila como la única herramienta capaz de ilusionar a la militancia, activar al electorado abstencionista y articular una candidatura competitiva.
En el otro lado se encuentra el denominado «frente amplio», la plataforma bajo la marca de Sumar en la que se integran Movimiento Sumar, Izquierda Unida y los Comunes. Una coalición que aún no ha concretado su candidatura ni sus liderazgos oficiales, cuyo anuncio estaba previsto para dentro de un par de semanas. Resta por ver si las formaciones de este bloque aceptarán la vía de las primarias abiertas que propone Podemos o si, por el contrario, optarán por acudir en solitario a los comicios. Repetir los errores del pasado y las dinámicas que ya lastraron a Sumar solo conducirá al desencanto, a una abstención masiva y al debilitamiento definitivo del espacio situado a la izquierda del PSOE.
Hasta hace apenas una semana, la idea de un adelanto electoral parecía una hipótesis completamente descartada. Sin embargo, el choque institucional e imposibilidad de sacar adelante las iniciativas parlamentarias han precipitado unos comicios anticipados para los que ninguna fuerza política estaba del todo preparada.
Nos adentramos en un mes y medio frenético, repleto de mítines, carreras a contrarreloj y presentación de propuestas. Queda por ver si el PSOE logra convencer a su electorado, si el espacio a la izquierda logra la ansiada unidad mediante un proceso democrático abierto y, sobre todo, si la indignación social que hoy llena las calles servirá para frenar al bloque de la derecha o si acabará abriendo la puerta de Moncloa a un nuevo gobierno conservador.
Tampoco conviene descartar escenarios futuros en el tablero postelectoral: desde un PP intentando gobernar en solitario apelando al mito de la «lista más votada» para evitar el coste de meter a Vox en el Consejo de Ministros, hasta hipótesis más complejas donde la abstención estratégica juegue un papel determinante.
El escenario para la izquierda es objetivamente adverso y revertir la tendencia actual parece una tarea titánica. Desde las páginas de este diario seguiremos al minuto cada novedad de este decisivo periodo electoral.
Opinión | 29 de septiembre de 2026
La vivienda necesita límites de precios, expropiación de los pisos de los fondos buitre y un parque social permanente. Las familias no pueden seguir esperando mientras el Gobierno negocia cómo preservar la rentabilidad de los propietarios.
El decreto de vivienda de PSOE y Sumar llega ante una ciudadanía que ya no puede más. Mi valoración es clara: las medidas anunciadas son insuficientes. Prorrogar contratos puede aliviar una urgencia, pero no resuelve el problema de quien conserva su casa a costa de renunciar a todo lo demás. Tampoco basta con frenar algunas operaciones especulativas mientras se mantiene intacto el poder de quienes acumulan viviendas para vivir de la necesidad ajena.
La acampada de Sol y las movilizaciones en otras ciudades expresan ese hartazgo. RTVE también ha informado de la acampada en la plaza de la Encarnación de Sevilla y de las protestas en Barcelona. Son una advertencia política que PSOE y Sumar deberían escuchar: la paciencia de la gente tiene un límite.
Según la información publicada por la Cadena SER este martes, el primer decreto incorpora protección frente a desahucios hasta 2030, regulación de alquileres de temporada y habitaciones, restricciones a las compras de fondos buitre hasta 2028 y dos años de prórroga para contratos vigentes que finalicen antes de terminar 2028. La renovación automática se ha situado en un segundo texto. Son anuncios cuyo alcance concreto debe comprobarse en el articulado definitivo.
El borrador explicado por ElPlural incluía además transparencia en los anuncios, derechos de compra preferente para inquilinos, fiscalidad sobre pisos turísticos, deducciones para jóvenes y propietarios, ayudas a la primera compra, protección del parque estatal, cambios en las socimis y menor IVA para construir vivienda protegida permanente.
Reconozco la utilidad de cualquier protección que evite una expulsión. Pero me niego a aceptar que unas prórrogas se presenten como solución suficiente. Si el alquiler sigue siendo inasumible, prolongar el contrato también prolonga el ahogo. Necesitamos seguridad para permanecer y precios que permitan vivir.
Mi propuesta es inequívoca: hay que expropiar las viviendas de los fondos buitre para incorporarlas a un parque público de alquiler social permanente. Defiendo una expropiación regulada por ley, con las garantías y compensaciones que correspondan, orientada a satisfacer una necesidad social urgente.
Además, debe prohibírseles comprar viviendas por ley y de forma permanente. Una restricción temporal hasta 2028 no responde a lo que reclamo. La vivienda debe dejar de ser un activo con el que estos fondos puedan entrar, extraer rentas y salir cuando hayan obtenido el beneficio esperado.
Esa prohibición necesita una definición precisa de los sujetos afectados, transparencia sobre sus propietarios reales y controles sobre sociedades vinculadas. De lo contrario, bastará con cambiar el nombre de la empresa que compra. Una política seria debe cerrar esas vías de elusión desde el principio.
PSOE y Sumar deberían explicar por qué consideran aceptable preservar ese negocio mientras tantas familias carecen de una vivienda asequible. Gobernar también consiste en decidir qué intereses deben ceder ante una necesidad colectiva.
Defiendo un límite obligatorio: ningún hogar debería dedicar más del 30 % de sus ingresos netos a pagar su vivienda. En el alquiler, ese umbral debe traducirse en una renta máxima asequible. En la compra de vivienda habitual, debe garantizarse que la cuota no supere ese esfuerzo económico.
Esto exige intervenir también sobre los precios de venta. Alargar las hipotecas durante más años para maquillar una mensualidad no abarata una casa. Tampoco sirve facilitar más deuda si el precio permanece fuera del alcance de quien trabaja.
Por ejemplo, un hogar con 1.500 euros netos mensuales no debería pagar más de 450 euros al mes por el alquiler o la cuota de compra. Ese es el criterio social que propongo para evaluar las políticas de vivienda: cuánto dinero queda para comer, desplazarse, cuidar y vivir después de pagar el techo.
El límite debe acompañarse de vivienda pública suficiente y garantías de acceso para las rentas más bajas. También hacen falta controles para evitar que los propietarios seleccionen únicamente a hogares con mayores ingresos o añadan cobros que burlen el tope. El derecho debe poder ejercerse.
Del borrador recogido por ElPlural, uno de los aspectos que más rechazo son los beneficios fiscales a propietarios. El artículo describe una posible reducción del 100 % sobre determinados ingresos del alquiler y advierte de que la rebaja exigida se calcularía después de actualizar la renta.
¿Por qué hay que premiar fiscalmente a quien obtiene ingresos de una vivienda para que cobre una renta menos abusiva? ¿Por qué el esfuerzo público debe volver a facilitar la rentabilidad del propietario?
Yo defiendo lo contrario: elevar con fuerza la fiscalidad del negocio rentista, con tipos progresivos según las viviendas acumuladas y los ingresos obtenidos. Mantener viviendas vacías por motivos especulativos también debe tener un coste elevado. El objetivo es que destinar esos inmuebles al interés público resulte preferible a explotarlos con rentas inasequibles.
Esa presión fiscal debe acompañarse de vías para incorporarlos de forma estable al alquiler social, mediante gestión pública y condiciones verificables. Y exige impedir que los nuevos costes se repercutan a los inquilinos. Subir impuestos sin controlar las rentas podría acabar castigando a quienes queremos proteger.
Necesitamos un parque social amplio, con alquileres vinculados a los ingresos y protección permanente. Las viviendas incorporadas con recursos públicos deben seguir cumpliendo esa función y quedar fuera de futuras operaciones especulativas.
También defiendo contratos indefinidos o de renovación automática con causas justificadas de resolución y garantías efectivas. La llegada de una fecha no debería bastar para expulsar a una familia que cumple sus obligaciones. La regulación de temporada y habitaciones debe impedir que esas modalidades se utilicen para eludir la protección del alquiler habitual.
Y ninguna persona vulnerable debería ser desahuciada sin una alternativa habitacional adecuada. Esa garantía necesita presupuesto, viviendas disponibles y administraciones responsables de ofrecer una solución. Una protección escrita que no puede hacerse efectiva deja a la gente igual de desamparada.
PSOE y Sumar comparten la responsabilidad del Gobierno. Por eso no me basta con las discrepancias que escenifican ni con sus explicaciones sobre lo difícil que resulta negociar. La dificultad de llegar a un acuerdo no reduce la urgencia de quienes no pueden pagar.
Al PSOE le exijo que deje de situar la rentabilidad inmobiliaria en el centro de sus respuestas. A Sumar le exijo que no convierta cada cesión en una victoria propagandística. Quien forma parte del Consejo de Ministros debe responder por sus decisiones y por sus límites.
Para mí, Sol y las demás plazas movilizadas muestran una ruptura de confianza. Hay personas que ya no esperan una solución de otra rueda de prensa. Necesitan comprobarla en el recibo del alquiler, en la posibilidad de quedarse en su barrio y en la tranquilidad de saber que conservarán su hogar.
Por eso respaldo que la presión social continúe. La medida del éxito será que las viviendas resulten accesibles y seguras. Expropiar los pisos de los fondos buitre, impedir nuevas compras, limitar precios y esfuerzo económico y poner las viviendas al servicio del interés público son decisiones que defiendo abiertamente.
PSOE y Sumar tienen que decidir si están dispuestos a tocar los privilegios que sostienen este problema. La gente ya ha esperado demasiado.
¿Cuántas veces en estos años hemos repetido que el gran problema que tiene España es la vivienda? Si hacemos un ejercicio de memoria podemos ver que han sido muchas las veces que hemos nombrado la palabra vivienda. Pero basta levantar la mirada para comprobar que no estamos solos en esta trinchera.
Die Linke —lo que muchos definen como el equivalente alemán a Podemos— logró una importante victoria en las elecciones de Berlín situando un único concepto en el centro de todo: la vivienda. Su líder, Elif Eralp, abogada laboralista e hija de migrantes turcos, se jugó todas las cartas a una sola casilla, señalando de frente la crisis habitacional que asfixia a la capital alemana. Porque la vivienda no es solo un problema en España; es una grieta estructural que recorre toda Europa.
Para la gente joven, el acceso a un techo ha dejado de ser una etapa vital de emancipación para convertirse en un muro infranqueable. Trabajos precarios, sueldos estancados y precios del alquiler desorbitados han dinamitado cualquier perspectiva de futuro. En este contexto, la vivienda opera como el principal motor de politización de toda una generación.
Cuando el mercado te expulsa y la política convencional te ofrece respuestas tibias, el descontento se acumula. Sin embargo, cuando aparece una fuerza política que nombra el problema sin rodeos —que habla de intervenir precios, de frenar la especulación e incluso de expropiar a los grandes fondos fondos buitre que acaparan miles de inmuebles— la resignación se transforma en movilización. La juventud no vota a estos partidos por un mero apego ideológico abstracto, sino por pura necesidad material: porque prometen disputar lo que nos quita el sueño a fin de mes.
El caso de Berlín demuestra que poner la vivienda en el centro no es una proclama utópica, sino una estrategia electoral y social ganadora. En una ciudad donde el movimiento Deutsche Wohnen & Co. enteignen (expropiar a las grandes inmobiliarias) ya demostró el respaldo popular a medidas drásticas, el discurso de Elif Eralp conectó directamente con la vivencia cotidiana de la mayoría social: la angustia de no saber si el mes que viene podrás pagar el piso o si te subirán el contrato un 30%.
El mensaje que llega desde Alemania es claro y nos apela directamente. Si la vivienda es la principal fuente de desigualdad y precariedad para la juventud europea, debe ser también el eje sobre el que se recolecte la indignación para convertirla en voto. Cuando un partido se atreve a señalar que la casa es para vivir y no para especular, consigue que la gente joven vuelva a confiar en la política como una herramienta útil para transformar su vida.
El desahucio de Maricarmen me produce rabia, vergüenza e indignación. A sus 87 años, después de siete décadas en su casa de Madrid, ha sido desahuciada mientras su barrio intentaba impedirlo. La Cadena SER ha informado de la ejecución del desalojo este 23 de septiembre. Detrás está Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda.
Me niego a aceptar que podamos contemplar semejante crueldad como un trámite inevitable. Una mujer pierde su hogar, sus rutinas y la seguridad que necesita a su edad. Mientras tanto, las instituciones vuelven a demostrar que sus promesas de protección tienen agujeros por los que cabe una vida entera.
Señalo directamente al PSOE. Lo considero el principal responsable político desde el Gobierno central por la falta de una protección efectiva para Maricarmen. Presidir el Ejecutivo y presentarse como garante del escudo social obliga a responder cuando una mujer de 87 años acaba perdiendo su hogar.
No basta con lamentarlo ante las cámaras. La indignación de quienes gobiernan resulta vacía cuando no se traduce en decisiones que lleguen a tiempo.
La semana anterior, el PSOE se abstuvo ante una proposición de ley de Sumar que pretendía prohibir la compra de viviendas a fondos buitres. La iniciativa fue rechazada. Esa abstención debe formar parte del debate sobre qué intereses se protegen en el Congreso.
Aquella propuesta no paralizaba automáticamente el desahucio de Maricarmen. Pero la responsabilidad política permanece: el PSOE renunció a respaldar una medida dirigida a limitar la entrada de empresas en el mercado de la vivienda.
¿Cómo puede presumir de defender este derecho mientras se abstiene ante medidas que buscan frenar el negocio inmobiliario? Esa contradicción merece una crítica frontal.
Estoy harto de sus promesas y de sus excusas. El PSOE pide confianza para gobernar; por tanto, debe aceptar que le exijamos resultados. Maricarmen necesitaba protección a tiempo. La compasión expresada después no le devuelve la seguridad de su hogar.
Al PSOE le exijo que deje de administrar la indignación y asuma el coste político de enfrentarse a la especulación. Gobernar también significa decidir qué intereses se está dispuesto a incomodar.
Maricarmen pagaba unos 500 euros mensuales. La propiedad reclamaba un alquiler de 2.650 euros, superior a su pensión. Estas cifras muestran la distancia entre lo que una persona puede pagar y lo que una empresa pretende obtener de su vivienda.
Además, según su abogada, la propiedad rechazó las alternativas planteadas para evitar el desalojo, incluida la oferta de una persona dispuesta a pagar el alquiler. La defensa denunció también que se negó un margen de tiempo para recoger sus pertenencias.
Esa es la lógica de los fondos buitre que rechazo: convertir una casa en una operación económica y tratar a quien vive dentro como un obstáculo.
Una sociedad decente debe imponer límites a ese poder. Si conservar tu hogar depende de que una empresa acepte una súplica, la protección institucional ha fracasado.
A la indignación por el desahucio se suman las cargas policiales contra las personas concentradas para impedirlo. Me resulta insoportable que quienes acudieron a acompañar a Maricarmen se encontraran con esa respuesta de fuerza.
La Delegación del Gobierno sostiene que la Policía actuaba por mandato judicial y que no dirigía el dispositivo. Esa explicación no elimina la obligación de responder por la actuación policial y por cómo se empleó la fuerza.
Exijo que se investigue cualquier posible exceso y que se depuren las responsabilidades que correspondan. La ciudadanía tiene derecho a protestar y a reclamar protección para una persona vulnerable.
El Gobierno debe dar explicaciones. También deben hacerlo el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por sus respectivas actuaciones. Ninguna administración puede convertir el reparto de competencias en una excusa para abandonar a una vecina.
La vivienda es un derecho y su protección debe concretarse en leyes, recursos y decisiones que se cumplan.
Defiendo una protección efectiva frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional adecuada. También contratos de alquiler estables, límites a las subidas abusivas y medidas que frenen la especulación.
Necesitamos vivienda pública permanente y una respuesta que llegue antes del lanzamiento. Las personas mayores merecen soluciones adaptadas a sus necesidades, que respeten sus vínculos y su autonomía.
El PSOE debe impulsar esas reformas, buscar los apoyos necesarios y responder públicamente por los resultados. Las dificultades parlamentarias requieren trabajo político. No pueden convertirse en una coartada permanente.
Me quedo con la dignidad de quienes acompañaron a Maricarmen y se negaron a mirar hacia otro lado. Esa solidaridad merece unas instituciones a su altura.
Mi enfado tiene un destinatario político claro: el PSOE. Le exijo que asuma su responsabilidad y actúe. Un Gobierno que se reivindica progresista debe rendir cuentas cuando su protección social falla de esta manera.
Quiero reconocer la enorme valentía de Irene Montero y de las demás dirigentes de Podemos que han acudido a apoyar a Maricarmen, poniendo el cuerpo junto al vecindario para intentar frenar el desahucio. Irene ha estado en primera línea, frente al dispositivo policial, defendiendo que una mujer de 87 años pudiera permanecer en su hogar. Esa implicación merece respeto y reconocimiento. Para mí, expresa el compromiso que debe tener la izquierda: acompañar a quienes sufren una injusticia y sostener sus derechos también en la calle. Al PSOE le corresponde explicar por qué esa solidaridad no encontró una protección institucional capaz de evitar este desenlace.
La próxima vez que el PSOE hable del derecho a la vivienda, recordaré a Maricarmen. Y le preguntaré qué ha cambiado para que ninguna otra persona tenga que pasar por lo mismo.
Pedro Sánchez se jactaba en varias entrevistas de que esta iba a ser la «legislatura de la vivienda». Sin embargo, la realidad ha demostrado ser muy distinta: la crisis habitacional amenaza con convertirse en la tumba política de su Gobierno.
Mientras desde el Ejecutivo se lanzan discursos triunfalistas, España y el mundo han sido testigos de cómo se desahuciaba a Mari Carmen: una señora de 87 años con movilidad reducida que llevaba viviendo en su casa más de siete décadas. Resulta incomprensible que, bajo el mandato del autodenominado «gobierno más progresista de la historia» y en plena «legislatura de la vivienda», se sigan permitiendo este tipo de atrocidades sociales.
El caso de Mari Carmen, desgraciadamente, no es un hecho aislado; los desahucios continúan a la orden del día en este país. Pero el drama se vuelve aún más sangrante cuando la afectada es una persona de 87 años que ha cumplido rigurosamente con el pago de su alquiler durante toda su vida.
Inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L. Quédense con este nombre. Esta fue la firma que adquirió el inmueble donde residía Mari Carmen. Tras hacerse con la propiedad, rompieron el equilibrio contractual exigiéndole un incremento inasumible para obligarla a marcharse: le aumentaron la renta un 275% de golpe, exigiéndole pasar de pagar cerca de 500 euros a más de 2.500 euros mensuales. Un chantaje económico imposible de afrontar para cualquier pensionista.
Como en el caso de Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., existen multitud de fondos buitre e inmobiliarias agresivas que compran edificios habitados, incrementan los precios desorbitadamente y expulsan a los inquilinos de toda la vida. Lo que se conoce, en definitiva, como especulación inmobiliaria de libro.
Esta dinámica descontrolada ocurre en el marco de la tan cacareada «legislatura de la vivienda». El Ejecutivo no solo ha sido incapaz de frenar este tipo de aberraciones, sino que no ha tomado medidas estructurales firmes: no se han intervenido o bajado los precios del alquiler de forma efectiva por ley, ni se ha recurrido a la función social de la vivienda mediante la expropiación o cesión obligatoria de grandes tenedores. La respuesta institucional ha quedado reducida a parches propagandísticos, como el lanzamiento del portal Casa 47, una plataforma prácticamente vacía y carente de inmuebles reales.
El diagnóstico es claro: si la derecha y la extrema derecha terminan gobernando este país, será en gran medida por la inactividad y la falta de valentía de este Gobierno ante el problema de la vivienda. La inacción social siempre la acaba capitalizando la oposición.
La ironía es absoluta. Pedro Sánchez presumía de liderar el mandato de la vivienda, pero la gestión de la vivienda ha terminado por cavar su propia tumba política.
