La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que en España nunca termina de afrontarse de verdad: el funcionamiento del régimen del 78, las puertas giratorias y la enorme red de intereses económicos y políticos que conecta a gobiernos, grandes empresas y élites mediáticas. Porque el problema no es únicamente un nombre propio. El problema es un sistema construido para garantizar impunidad a quienes han gobernado durante décadas.

Durante años, el PSOE ha tratado de presentarse como un muro frente a la derecha y la extrema derecha. Sin embargo, mientras se pronunciaban discursos progresistas, se consolidaba un modelo donde antiguos ministros y expresidentes acababan asesorando grandes corporaciones, participando en consejos de administración o influyendo desde despachos privados en decisiones estratégicas del país. Las famosas puertas giratorias no son una anomalía: son una pieza estructural del sistema político español.

La imputación de Zapatero no debería analizarse desde el fanatismo partidista ni desde el “y tú más” permanente que domina la política española. Tampoco desde la defensa ciega que algunos sectores intentan construir cada vez que una figura del PSOE queda señalada judicialmente. La izquierda no puede convertirse en una maquinaria de protección de dirigentes cuando aparecen indicios graves o relaciones opacas con poderes económicos. Si algo debería diferenciar a una izquierda transformadora del bipartidismo tradicional es precisamente la exigencia ética y la capacidad de señalar la corrupción venga de donde venga.

Porque el PSOE lleva décadas participando activamente en las dinámicas de poder del régimen del 78. Un régimen que prometía estabilidad y democracia, pero que también consolidó una arquitectura profundamente dependiente de grandes intereses empresariales, financieros y mediáticos. La corrupción no es un accidente aislado dentro de este modelo: es una consecuencia lógica de una estructura donde las élites políticas y económicas conviven, se protegen y se intercambian favores.

Y mientras tanto, Vox intenta aprovechar cada caso que afecta al PSOE para presentarse como alternativa “antisistema”, cuando en realidad forma parte del mismo engranaje. La extrema derecha habla de regeneración mientras defiende los privilegios de las grandes fortunas, protege a las élites económicas y mantiene intacto el modelo que ha permitido la corrupción estructural durante décadas. Vox no viene a romper el régimen del 78; viene a radicalizarlo en clave autoritaria y reaccionaria.

Lo preocupante no es solo que aparezcan casos de corrupción o imputaciones. Lo verdaderamente grave es la normalización social de estas prácticas. La sensación de que quienes han gobernado siempre juegan con reglas distintas. Que existe una España para la ciudadanía corriente y otra para quienes ocupan consejos de administración, despachos ministeriales o redes de influencia política.

«hay que cambiar los poderes del estado, y acabar con los privilegios de los ex-politicos/as que solo buscan su propio beneficio»

La desafección política no nace de la nada. Nace cuando millones de personas observan cómo se recortan derechos sociales mientras las élites continúan acumulando poder económico y político sin apenas consecuencias. Nace cuando los grandes partidos convierten la corrupción en una batalla propagandística mientras siguen compartiendo los mismos mecanismos de privilegio.

La izquierda no puede limitarse a defender siglas. Tiene que defender principios. Y eso implica denunciar las puertas giratorias, exigir transparencia absoluta y señalar que el problema de fondo no son únicamente determinados dirigentes, sino un sistema político y económico que lleva demasiados años funcionando para unos pocos.

Ayer, la indignación volvió a tomar las calles de Madrid. La Plaza de Callao fue escenario de una protesta convocada para denunciar el secuestro ilegal en aguas internacionales de los integrantes de las flotillas humanitarias interceptadas por el ejército de Israel. Lo que comenzó como una concentración de denuncia terminó trasladándose hasta las puertas del Congreso de los Diputados, donde decenas de personas realizaron una sentada como símbolo de resistencia y de denuncia ante el silencio institucional europeo.

«La protesta celebrada ayer en Madrid contra el secuestro ilegal en aguas internacionales de los integrantes de las flotillas humanitarias por parte del ejército de Israel terminó convirtiéndose en una contundente denuncia política frente al Congreso de los Diputados»

La movilización reflejó un sentimiento cada vez más extendido entre amplios sectores de la ciudadanía: el hartazgo frente a la pasividad de los gobiernos europeos mientras continúan vulnerándose de manera sistemática los derechos humanos del pueblo palestino. Cada nuevo ataque, cada bloqueo y cada acción contra activistas internacionales parece encontrarse con la misma respuesta desde las instituciones europeas: silencio, tibieza o complicidad.

Los integrantes de las flotillas humanitarias no transportan armas ni intereses económicos. Llevan ayuda humanitaria destinada a un pueblo arrasado tras meses de destrucción, bombardeos y bloqueo. Medicinas, alimentos y material de primera necesidad son tratados como una amenaza por un Estado que actúa con total impunidad incluso fuera de sus fronteras y en aguas internacionales, vulnerando el derecho internacional sin consecuencias reales.

La protesta de ayer en Madrid no fue únicamente un gesto de solidaridad con las personas retenidas o atacadas en las flotillas. Fue también una denuncia directa contra la hipocresía de unas instituciones europeas que hablan constantemente de democracia y derechos humanos mientras permiten que se siga castigando colectivamente a millones de personas en Gaza.

La sentada frente al Congreso simbolizó precisamente eso: una ciudadanía que ya no quiere mirar hacia otro lado. Personas cansadas de que se criminalice la solidaridad y de que se normalicen imágenes de destrucción, hambre y muerte. Porque mientras algunos gobiernos siguen calculando costes diplomáticos, hay quienes arriesgan su vida para llevar ayuda humanitaria a quienes más la necesitan.

Cada vez son más las voces que exigen el fin del bloqueo, el respeto al derecho internacional y una posición firme frente a los crímenes que se están cometiendo. La movilización social continúa creciendo porque frente al silencio institucional, la solidaridad sigue organizándose en las calles.

Madrid, 14 de mayo de 2026. Mañana se cumplen quince años del 15M, una fecha que ya forma parte de la memoria política reciente de España. Lo que comenzó como una manifestación convocada bajo el lema “Democracia Real Ya. Toma la calle. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros” terminó convirtiéndose en un ciclo de movilización que desbordó los cauces habituales de la protesta y modificó el lenguaje político de una generación.

El 15 de mayo de 2011, miles de personas salieron a la calle en Madrid en un contexto marcado por la crisis económica, el desempleo, los recortes, la desafección política y la percepción de que las instituciones no respondían al malestar social. Según la base de datos propia revisada con más de 7.500 eventos de protesta documentados en la calles de Madrid en 25 años del siglo XXI, aquella primera protesta reunió a 18.000 personas. La marcha salió de Cibeles en dirección a la Puerta del Sol, que pronto dejaría de ser solo un lugar de paso para convertirse en el centro simbólico del movimiento.

La cabecera llegó a Sol hacia las 19:30 horas. Más tarde, en torno a las 21:15, se produjeron cargas policiales en zonas como Tirso de Molina y Callao. Hubo 19 detenidos y varios heridos. Pero la represión no cerró la protesta: la abrió. Tras las cargas, un pequeño grupo decidió quedarse en la Puerta del Sol. Primero fueron alrededor de un centenar de personas. Aquella permanencia nocturna, aparentemente improvisada, dio origen a la acampada y, con ella, al movimiento de los indignados. Esa noche volvieron a se desalojados.
En los días siguientes, las redes sociales jugaron un papel decisivo. El 16 de mayo comenzaron a circular mensajes que llamaban a volver a Sol. El 17 de mayo, la policía disolvió de madrugada a quienes permanecían en la plaza, pero el intento de expulsión produjo el efecto contrario: multiplicó la convocatoria. Esa misma tarde, Sol volvió a llenarse. Según el registro, alrededor de 1.000 personas se quedaron a dormir. Nacían las asambleas, los turnos de palabra, los grupos de trabajo y una forma de participación que desbordaba la lógica clásica de partido, sindicato o asociación.

El 15M no fue únicamente una protesta contra la crisis económica. Fue, sobre todo, una impugnación moral y política de la forma en que se estaba gestionando la crisis. Sus lemas condensaban ese diagnóstico: “Lo llaman democracia y no lo es”, “No nos representan”, “Esta crisis no la pagamos”, “No hay pan para tanto chorizo”. En ellos aparecía una crítica doble: contra la subordinación de la política a los mercados y contra una representación institucional percibida como distante, cerrada y poco sensible a la ciudadanía.
La Puerta del Sol se convirtió entonces en un laboratorio democrático. Allí se ensayaron formas de deliberación colectiva, se organizaron comisiones, se discutieron propuestas y se produjo una intensa reapropiación del espacio público. Durante semanas, la plaza fue algo más que una plaza: fue foro, campamento, ágora, escuela política y escenario de una nueva cultura de protesta. La acampada fue levantada el 12 de junio de 2011, después de 28 días, bajo un lema que resumía la estrategia posterior: “No nos vamos, nos expandimos”.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El 15M se extendió a barrios, pueblos, ciudades y luchas sectoriales. La base analizada registra 245 protestas vinculadas al ciclo 15M entre 2011 y 2022. En 2011 aparecen 68 protestas; en 2012, 80; en 2013, 58, que fueron analizadas y registradas. El movimiento se diversificó: vivienda, desahucios, sanidad pública, educación, deuda, banca, corrupción, reforma laboral, represión policial y defensa de derechos sociales. La protesta dejó de concentrarse únicamente en Sol y empezó a desplazarse hacia juzgados, sedes bancarias, ministerios, barrios, hospitales, sedes de partidos y marchas sobre Madrid.

El derecho a la vivienda se convirtió en una de las derivaciones más significativas. Las acciones contra desahucios, los escraches y las protestas ante bancos mostraron que el 15M había pasado de la indignación general a la intervención concreta sobre conflictos sociales. También las mareas ciudadanas, especialmente la Marea Blanca en defensa de la sanidad pública, o las Marchas de la Dignidad, expresaron esa capacidad de transformar el malestar en organización.

Quince años después, el 15M puede leerse como un acontecimiento fundacional de una nueva etapa de protesta en España. No produjo un único movimiento cerrado, sino una constelación de prácticas, lenguajes y repertorios. Su herencia no está solo en sus efectos electorales o institucionales, sino en haber devuelto al centro de la vida pública una idea sencilla y poderosa: que la ciudadanía puede ocupar la calle para hacerse visible, deliberar y disputar el sentido de la democracia.
Mañana, 15 de mayo de 2026, el aniversario no recuerda solo una manifestación. Recuerda el momento en que una protesta se quedó a dormir en una plaza y, al hacerlo, despertó una época.