Cuando Isabel Díaz Ayuso dice que las mujeres que quieran abortar “se vayan a otro lado”, no está improvisando. Está verbalizando una política de fondo: la negación activa del derecho a decidir. No es solo una frase desafortunada. Es una declaración de guerra contra la autonomía de las mujeres, contra la sanidad pública, y contra décadas de lucha feminista.
En la Comunidad de Madrid, el acceso al aborto ya está lleno de obstáculos: objeción de conciencia masiva, derivaciones a clínicas privadas, falta de información, presión institucional. Pero Ayuso va más allá. Su mensaje es claro: aquí no queremos que abortes. Aquí no tienes derecho.

¿A dónde pretende que vayan las mujeres? ¿A Londres como nuestras abuelas? ¿A una privada si puedes pagar? ¿A otra comunidad más garantista? ¿O simplemente al silencio, al miedo, a la clandestinidad?
Este tipo de declaraciones no son anecdóticas. Son parte de una estrategia de desmantelamiento de derechos, de criminalización encubierta, de retroceso social. Y lo más grave: se hacen desde el poder, con altavoz institucional, y con total impunidad.
No lo vamos a permitir. El derecho al aborto es un derecho humano, un derecho sanitario, un derecho feminista. No se negocia, no se externaliza, no se expulsa. Se garantiza.

Ayer Madrid volvió a demostrar que la solidaridad con Palestina no entiende de silencios ni de excusas. Cientos de miles de personas tomaron las calles en una manifestación histórica donde la juventud fue la gran protagonista, llenando la capital de energía, creatividad y fuerza combativa. Estudiantes, jóvenes trabajadores y colectivos organizados marcaron el pulso de la protesta con pancartas, cánticos y consignas que no dejaron lugar a dudas: ¡Embargo de armas ya, ruptura con Israel ya, libertad para la flotilla ya!

Pero no estuvieron solos. Familias enteras, personas mayores, veteranos de luchas sociales y nuevas generaciones marcharon codo con codo, demostrando que la causa palestina atraviesa a todo el pueblo. Desde abuelas con pañuelos palestinos hasta niños con banderas pintadas en la cara, la manifestación fue un mosaico intergeneracional de dignidad y resistencia.
Solo Podemos acompañó al pueblo
Mientras el resto de partidos políticos se escondieron, Podemos fue la única fuerza presente en la manifestación, respaldando a la juventud y al conjunto de la ciudadanía movilizada. Su presencia contrastó con la ausencia y el silencio cómplice del Gobierno y de la Unión Europea, que siguen manteniendo relaciones con un Estado que practica el apartheid y el genocidio.

La manifestación de Madrid dejó claro que la solidaridad con Palestina no es una moda ni una consigna pasajera:

• La juventud marca el ritmo y la fuerza.
• Las generaciones mayores aportan memoria, experiencia y legitimidad.
• Juntas, todas las edades exigen justicia y dignidad para Palestina.
  Madrid habló alto y claro: no hay neutralidad posible frente al genocidio. La solidaridad se hereda, se multiplica y se transmite de generación en generación.

Ayer, las calles de Madrid volvieron a ser un clamor. Más de 10.000 personas —según las organizaciones convocantes— se concentraron en el centro de la capital para denunciar el secuestro en aguas internacionales de la Flotilla Sumud, interceptada por la marina israelí cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza. La protesta, convocada de urgencia, se convirtió en una marea de banderas palestinas, pancartas y cánticos que mezclaban la solidaridad con la rabia de una ciudadanía harta de la impunidad.
La manifestación fue pacífica, con un ambiente de dignidad y resistencia. Sin embargo, la respuesta del Estado volvió a ser la represión: la policía cargó contra manifestantes que protestaban de forma no violenta, dejando escenas de tensión y varios heridos. Una vez más, se criminaliza la protesta social mientras se tolera la barbarie internacional.

La indignación se multiplicó al conocerse que el gobierno español, que había enviado un buque humanitario hacia Gaza, decidió retirarlo justo cuando más se necesitaba. Un gesto que muchos interpretan como una claudicación ante las presiones internacionales y una muestra de hipocresía política: titulares de solidaridad que no se traducen en hechos.
En este contexto, las declaraciones de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, resonaron con fuerza. Belarra denunció que “la Flotilla acaba de ser interceptada por las fuerzas genocidas israelíes. Hacemos responsables a sus cómplices, todos los gobiernos europeos, de cualquier cosa que ocurra. Han tenido un mes para protegerles y no lo han hecho. Todas con Palestina y todas con la Flotilla”. Además, criticó la “política de titulares que no vale para nada” del Ejecutivo español, reclamando que se actúe ante la Corte Penal Internacional y que se deje de jugar con gestos vacíos mientras se abandona a activistas y población civil.

La protesta de ayer en Madrid no fue un hecho aislado. Se suma a una ola de movilizaciones en todo el Estado y en Europa, donde miles de personas exigen el fin del genocidio en Gaza y la liberación inmediata de las activistas secuestradas. La calle habló alto y claro: la solidaridad no se secuestra, la protesta no se reprime y la complicidad se denuncia.

Lo de ayer fue un grito colectivo que atraviesa fronteras:
¡Basta de genocidio!
¡Libertad para la Flotilla!
¡La calle no se calla!

Mientras el mundo mira hacia otro lado, Israel vuelve a violar el derecho internacional con total impunidad. Esta vez, interceptando la Global Sumud Flotilla, una misión humanitaria compuesta por más de 500 activistas de 44 países que pretendía romper el bloqueo ilegal sobre Gaza y entregar ayuda médica, alimentos y material escolar.
La escena es tan predecible como indignante: buques israelíes rodeando embarcaciones civiles en aguas internacionales, cortando comunicaciones, realizando maniobras peligrosas, amenazando con hundir barcos. Todo mientras los gobiernos europeos, incluido el español, se limitan a emitir recomendaciones tibias y lavarse las manos. El buque español Furor, presente en la zona, se ha replegado para evitar “choques directos” con Israel. ¿Choques? ¿Con quién? ¿Con un Estado que está a punto de asaltar una misión pacífica y desarmada?
La Flotilla, que incluye figuras como Greta Thunberg y dirigentes de Podemos, ha declarado estado de emergencia ante el inminente ataque. Y no es para menos: Israel ha desplegado fuerzas de élite, ha preparado centros de detención y tribunales exprés para los activistas, y ha anunciado que algunos barcos serán hundidos.

Todo esto ocurre mientras Gaza sigue siendo un cementerio abierto: más de 66.000 personas asesinadas en dos años de ofensiva militar declaradas, que serán muchísimas mas, con la Corte Internacional investigando por genocidio. Y sin embargo, Europa calla. España calla. Italia y España retira su fragata. Grecia pide que se entregue la ayuda a la Iglesia. ¿Dónde está la diplomacia? ¿Dónde está la defensa de los derechos humanos?
La Flotilla no es solo una misión humanitaria. Es un acto de dignidad frente a la barbarie. Es un grito colectivo que dice: no en nuestro nombre. Y cada gobierno que hoy se esconde tras excusas diplomáticas está dejando claro que su compromiso con la justicia termina donde empieza el chantaje geopolítico.

Israel no tiene jurisdicción sobre esas aguas. No tiene derecho a interceptar barcos civiles. No tiene legitimidad para imponer un bloqueo que condena a millones de personas al hambre, al trauma y al exterminio. Y cada vez que lo hace, lo hace con el aval silencioso de quienes deberían estar defendiendo la legalidad internacional.
Hoy, más que nunca, toca señalar a los cómplices. Porque el genocidio no se perpetra solo con bombas. También con silencios.

El 27 de septiembre de 1975, apenas dos meses antes de la muerte de Franco, el régimen dictatorial ejecutó a cinco jóvenes antifascistas tras juicios sumarísimos sin garantías. Fueron los últimos fusilamientos del franquismo, pero no los últimos crímenes. Aquel día, el Estado quiso reafirmar su poder con sangre. Hoy, medio siglo después, seguimos exigiendo verdad, justicia y reparación.

Ione Belarra, Secretaria General de Podemos.

Los nombres que no se borran:

• Xosé Humberto Baena Alonso (24 años)
• José Luis Sánchez-Bravo Solla (22 años)
• Ramón García Sanz (27 años)
  Militantes del FRAP, fusilados en Hoyo de Manzanares (Madrid).
• Juan Paredes Manot “Txiki” (21 años)
  Ejecutado en el cementerio de Collserola (Barcelona).
• Ángel Otaegui Echevarría (33 años)
  Fusilado en Burgos.
  Cinco vidas truncadas por un régimen que agonizaba, pero que quiso morir matando. Cinco ejemplos de dignidad frente al terror. En sus cartas de despedida, Baena pedía “ver la muerte de frente” y Txiki escribía: “Viva la solidaridad de los pueblos”.
  Los consejos de guerra que dictaron las penas de muerte fueron farsas judiciales. Se denegaron pruebas, testigos, defensa. La decisión de matar ya estaba tomada. La presión internacional fue enorme: embajadores retirados, manifestaciones en Europa y América Latina, incluso el Papa Pablo VI pidió clemencia. Pero el régimen no cedió.
  
• Hoy, sus nombres resuenan en actos de homenaje, placas, aulas universitarias y propuestas legislativas. La Ley de Memoria Democrática ha anulado algunas de sus condenas, pero aún queda camino por recorrer. La impunidad persiste, y la memoria sigue siendo campo de disputa.
  Recordarlos no es mirar al pasado: es defender el presente frente a los rebrotes del fascismo, es educar a las nuevas generaciones, es construir una democracia que no olvide a sus víctimas.
  
  Desde colectivos memorialistas, asociaciones vecinales y espacios como el cementerio de Pereiró o Collserola, se alza cada año el grito de justicia. Porque como dijo Flor Baena, hermana de Xosé Humberto: “Lo importante es que para la historia mi hermano quede como un asesinado, no como un asesino”.

Una vez más, la Flotilla de la Libertad, que transporta ayuda humanitaria hacia Gaza, ha sido blanco de ataques. Al menos trece explosiones han sido reportadas en las últimas horas, en un intento evidente de frenar la llegada de alimentos, medicinas y esperanza a una población que lleva años resistiendo un asedio inhumano.
No es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia sistemática del Estado de Israel, que actúa con total impunidad para intimidar a las flotillas solidarias y enviar un mensaje claro: nadie debe atreverse a romper el bloqueo. Este patrón de violencia busca no solo impedir la llegada de ayuda, sino también sembrar miedo entre quienes, desde distintos rincones del mundo, se organizan para acompañar al pueblo palestino.

Hablar de “seguridad” o de “defensa propia” en este contexto es un insulto a la verdad. Lo que vemos es un ejercicio de poder colonial y genocida, que pretende deshumanizar a toda una población y castigar a quienes se solidarizan con ella. Cada ataque contra la Flotilla es también un ataque contra la dignidad, la justicia y el derecho internacional.

Pero la intimidación no está logrando su objetivo. Al contrario: cada explosión, cada intento de silenciar la solidaridad, multiplica la indignación y fortalece la convicción de que Palestina no está sola. La resistencia no se detiene en las fronteras ni en los mares.
Hoy más que nunca, es necesario alzar la voz, denunciar estos crímenes y exigir a la comunidad internacional que deje de mirar hacia otro lado. La Flotilla de la Libertad no es solo un barco: es un símbolo de humanidad frente a la barbarie.

El Gobierno ha concedido el indulto a Adrián Latorre Rayo y Francisco Javier “Javitxu” Aijón Vázquez, dos de los jóvenes condenados por participar en la protesta antifascista del 17 de enero de 2019 contra un mitin de Vox en Zaragoza. Tras más de un año y medio en prisión, la medida de gracia les permitirá recuperar la libertad. Pero no nos engañemos: esto no es justicia completa.
Porque las multas y condenas económicas siguen intactas. Hablamos de cifras que pueden superar los 200.000 euros entre indemnizaciones, costas y sanciones. Una carga asfixiante que no desaparece con el indulto y que demuestra que el castigo no era solo privarles de libertad, sino también quebrarles económicamente.
Estar en la calle, alzar la voz contra el fascismo y defender derechos no debería ser motivo de cárcel. Sin embargo, este caso —como tantos otros— se ha construido sin pruebas sólidas, basándose únicamente en testimonios policiales y grabaciones de mala calidad que no permitían identificar a los acusados. Es la enésima vez que vemos cómo se condena a personas por ejercer su derecho a protestar, mientras el poder policial actúa sin rendir cuentas.

Las detenciones se produjeron horas después de los altercados, lejos del lugar, y de forma aleatoria. Aun así, los tribunales ratificaron las condenas una y otra vez. Este patrón se repite: acusaciones sin pruebas materiales, sentencias que se sostienen en la palabra de quienes tienen el monopolio de la fuerza, y un sistema que protege más la imagen de la autoridad que los derechos de la ciudadanía.

El indulto de Adrián y Javitxu es fruto de años de movilización popular: manifestaciones, recogidas de firmas, campañas en redes, actos y solidaridad constante. Pero dos compañeros siguen en prisión —Imad y Daniel— y las sanciones económicas continúan. No podemos hablar de victoria total mientras haya personas encarceladas por protestar y familias endeudadas por defender la dignidad.

Este caso es un recordatorio de que la protesta es un derecho, no un crimen. Y de que la impunidad policial y judicial se combate con organización, solidaridad y presión constante. No nos conformamos con indultos parciales: exigimos la libertad de todos y la anulación de las multas. Porque defender derechos nunca debería costar cárcel… ni 200.000 euros.