[[File:‘El feminismo sí nos protegerá‘ con Marilyn dos Santos, Mar Cambrollé, Sarah Santaolalla... 34-53 screenshot.png|‘El_feminismo_sí_nos_protegerá‘_con_Marilyn_dos_Santos,_Mar_Cambrollé,_Sarah_Santaolalla..._34-53_screenshot]]
Desde nuestro humilde medio, Todo al Trece, alzamos la voz para denunciar y condenar las amenazas racistas que ha sufrido nuestra compañera Laura Arroyo, periodista de Canal Red, por parte de Josema Vallejo: suboficial de la Guardia Civil, candidato de Vox y rostro habitual en tertulias televisivas donde el odio se disfraza de opinión.
Vallejo no es un simple provocador en redes. Es funcionario público, con placa y pistola, que ha utilizado su posición para amenazar con quitarle el DNI y deportar a Laura Arroyo por el simple hecho de lucir un broche típico de Perú y reivindicar la independencia de su país de origen. ¿Desde cuándo expresar orgullo por las raíces se convierte en motivo de expulsión? ¿Desde cuándo un agente del Estado puede fantasear con castigos racistas sin consecuencias?
Este ataque no es aislado. Vallejo ha justificado asesinatos policiales, difundido bulos contra jóvenes racializados y defendido simbología neonazi. Su discurso no solo es peligroso, es la expresión institucional del racismo que se infiltra en los cuerpos de seguridad y se amplifica en medios como Horizonte, donde se le presenta como “experto”.
Pero lo que más nos duele, lo que más nos indigna, es el silencio atronador de los medios progresistas. Público, ElDiario, El Salto, La Marea, Infolibre… medios que se autodefinen como antirracistas, feministas y comprometidos con los derechos humanos, han guardado silencio ante esta agresión. ¿Dónde está la solidaridad cuando la víctima no encaja en sus simpatías editoriales? ¿Por qué callan cuando el ataque viene de un uniformado y la agredida es migrante, racializada y de izquierdas?
Desde Todo al Trece, no vamos a mirar hacia otro lado. Nos ponemos del lado de Laura Arroyo, no solo por compañerismo, sino por convicción. Porque el racismo institucional no se combate con tibieza, y porque el periodismo comprometido no puede permitirse selectividad moral.
Hoy decimos alto y claro: el odio no nos representa, la impunidad no nos intimida, y el silencio no nos detiene.
[[File:(Ursula von der Leyen) 2019.07.16. Ursula von der Leyen presents her vision to MEPs 2 (cropped).jpg|(Ursula_von_der_Leyen)_2019.07.16._Ursula_von_der_Leyen_presents_her_vision_to_MEPs_2_(cropped)]]
MADRID
La humillación arancelaria: Europa se arrodilla ante Estados Unidos mientras Sánchez y Von der Leyen aplauden
El pasado lunes se confirmó lo que ya se venía cocinando entre pasillos diplomáticos: Estados Unidos impondrá un arancel del 15% a varios productos industriales europeos, una decisión que deja a la vista una vez más la subordinación política y económica de la Unión Europea respecto a los intereses estadounidenses. Lo más grave no es solo la medida en sí, sino la actitud de las autoridades comunitarias. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha aceptado sin rechistar este nuevo atropello, escenificando la enésima rendición del viejo continente ante el imperio del dólar. Una Europa que, en vez de responder con firmeza, se ha convertido en comparsa silenciosa de una hegemonía que no tiene freno.
Pedro Sánchez, por su parte, ha evitado toda crítica y se ha limitado a transmitir mensajes de estabilidad y cooperación con Washington, alineándose una vez más con las políticas exteriores marcadas desde la Casa Blanca.
En Vox dicen que la medida es fruto de graves errores por parte de la UE en la estrategia de negociación, evitando culpar a Donald Trump en todo momento y obviando que el sector del campo (donde tienen un enorme nicho de votantes) va a salir trastabillado y arruinado gracias a la imposición de su homólogo estadounidense, según dicen lo que supondrá la ruina económica para Europa es “una oportunidad para fortalecer nuestras relaciones con nuestros aliados estratégicos”. No sorprende: para la ultraderecha española, cualquier gesto de sumisión ante EE.UU. es bienvenido si se viste con los ropajes del «patriotismo atlántico».
Lo que sorprende, en cambio, es la actitud de algunos economistas neoliberales europeos —especialmente en Alemania, Países Bajos y España— que han calificado esta decisión como un “triunfo para Europa”, argumentando que “fomenta la competitividad”. ¿Competitividad? ¿Dónde está el triunfo en aceptar sin condiciones un castigo económico que ni siquiera disimula su carga política? ¿Qué clase de victoria es permitir que nuestras industrias paguen las consecuencias de un equilibrio de poder completamente desequilibrado?
No es socialismo lo que ha traído esta situación. Muy al contrario. Es el capitalismo más salvaje el que ha generado esta dinámica de sumisión estructural. Mientras los voceros de la derecha liberal y sus aliados mediáticos repiten que “el socialismo arruina países”, la evidencia diaria demuestra que lo que arruina continentes enteros es un sistema económico global dominado por lógicas depredadoras, donde las grandes potencias imponen sanciones, aranceles y guerras económicas con total impunidad.
Una de las imágenes más simbólicas de esta humillación se vivió en la reunión bilateral entre Donald Trump y Ursula von der Leyen, en la que ambos aparecieron sentados en una sobria sala diplomática. Trump, con su habitual gesto de superioridad, marcaba el ritmo de una conversación en la que Von der Leyen no parecía representar a una unión de 500 millones de ciudadanos, sino a una figura decorativa incapaz de emitir una respuesta mínimamente digna. Una imagen que recuerda a la de hace unos meses con Zelenski en la que el magnate estadounidense mandaba callar al presidente de Ucrania y le decía que su país debe muchos favores a EE.UU.
Todo esto se enmarca, además, en el contexto del nuevo plan de rearme europeo, que prevé destinar hasta un 5% del PIB al gasto militar. Esta decisión conllevará recortes evidentes en sanidad, educación y servicios públicos. La excusa es la defensa europea, pero los hechos son tercos: gran parte del gasto irá a parar a empresas armamentísticas estadounidenses e israelíes. En realidad, estamos financiando una maquinaria de guerra externa que nos aleja de cualquier noción de paz o soberanía.
Y hay más: hace apenas dos días se ha sabido que España fue, en mayo, el país europeo que más armas compró a Israel. Mientras el mundo contempla horrorizado el genocidio en Gaza, nuestro país se convierte en cómplice por acción directa, transfiriendo millones de euros a un gobierno que bombardea civiles y viola sistemáticamente el derecho internacional. Y lo hace, además, con el dinero de todos, en nombre de una defensa que nadie ha votado y que solo sirve para seguir apuntalando alianzas vergonzosas.
Los grandes medios han jugado su papel a la perfección: silencio, confusión y eufemismos. Las palabras “arancel”, “cooperación estratégica” o “reajuste comercial” han inundado las portadas sin ninguna mención al sometimiento evidente que implica aceptar estas condiciones sin una sola contramedida. Las televisiones generalistas no han abierto con esta noticia. Las radios hablan de “retoques económicos” y los periódicos hablan de “diálogo transatlántico”, cuando lo que ha habido es una imposición unilateral.
Mientras tanto, los pueblos de Europa pagan la factura de una élite política y mediática entregada a la lógica del imperio. La UE ha perdido el rumbo, Sánchez ha perdido el pulso, y la ciudadanía —si no despierta— perderá el derecho a decidir sobre su propio futuro. Lo llaman libertad de mercado, pero no es más que vasallaje moderno.
Oscar Guisado escribe sobre la colaboración del gobierno de España financiando el genocidio. (Pincha en el enlace más abajo)
[[File:A girl walks inside Gaza during the Gaza-Israel war to get food.png|A_girl_walks_inside_Gaza_during_the_Gaza-Israel_war_to_get_food]]
Mientras Gaza se desmorona bajo el peso de los bombardeos, la otra cara del genocidio se manifiesta en forma de hambre. Según la Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), respaldada por la ONU, más de 1,8 millones de personas enfrentan niveles de hambre “extremadamente críticos”. 470.000 personas están en riesgo de hambruna total. En julio de 2025, la desnutrición aguda en niños menores de cinco años se ha más que duplicado, y uno de cada diez presenta signos graves.
En solo un día, 14 personas murieron por inanición, elevando el total a 147 fallecidos por hambre, incluidos 88 niños. Y mientras esto ocurre, más de 60.000 gazatíes han muerto por los bombardeos israelíes desde octubre de 2023. La ofensiva ha destruido más del 60% de los edificios, 87% de las escuelas y 52% de los hospitales. La infraestructura civil está colapsada, y el acceso a agua potable y alimentos es prácticamente inexistente.
La ayuda humanitaria, lejos de ser una solución, se ha convertido en una trampa mortal. Más de 1.000 personas han sido asesinadas mientras intentaban acceder a puntos de distribución de alimentos. El Programa Mundial de Alimentos advierte que solo 20 a 30 camiones logran entrar a Gaza cada día, cuando se necesitan al menos 500 diarios. La ONU exige una entrada “masiva y sostenida” de ayuda, pero Israel continúa bloqueando los accesos.
Y ante este panorama, ¿qué hace el gobierno español? Nada que no sea diplomáticamente cómodo. Mientras 28 países, entre ellos Francia y Reino Unido, exigen el fin de la guerra, España se limita a declaraciones tibias, sin condenas firmes ni acciones concretas. No ha exigido el levantamiento del bloqueo, ni ha liderado iniciativas humanitarias significativas. Su pasividad no es neutralidad: es complicidad.
El pueblo español merece un gobierno que defienda los derechos humanos con claridad. No basta con expresar “preocupación” mientras miles mueren. España debe posicionarse con firmeza. Callar es tomar parte. Y hoy, el silencio del gobierno español resuena en cada grito que emana de Gaza.
[[File:Gabriel Rufián Portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los diputados (cropped).jpg|Gabriel_Rufián_Portavoz_de_Esquerra_Republicana_en_el_Congreso_de_los_diputados_(cropped)]]
Gabriel Rufián, ese showman de la política catalana, vuelve a la carga. Su último tuit es un prodigio de chantaje emocional y pensamiento mágico. Según él, la única alternativa a un gobierno de PP y VOX es que la izquierda estatal se rinda ante los delirios nacionalistas y se disuelva en una «plurinacionalidad» que, en la práctica, significa el fin de cualquier proyecto transformador a escala española.
Rufián, hábil como pocos en el arte de la retórica, nos advierte de que «nos la volverán a hacer». Pero, ¿qué quiere hacerle él a la izquierda estatal? Claro que existe un riesgo, real, de que en las próximas elecciones gane la derecha. ¿Y cuál es su alternativa? ¿Que la izquierda española se fracture definitivamente, regalando sus votos a partidos que, a la hora de la verdad prefieren pactar con el PNV, Junts o cualquier derecha local antes que con un gobierno progresista?
La trampa de la plurinacionalidad
La idea de un «frente amplio plurinacional» (o como se quiera llamar) suena bonito en un panfleto posmoderno, pero en la práctica es un suicidio político. En las regiones periféricas los partidos de izquierdas estatales (Podemos e IU básicamente) habrían de retirarse para no «dividir el voto» (es decir, para que ERC, Bildu, BNG, etc., acaparen todo el espacio). En esos territorios la izquierda estatal desaparecería. ¿Y en el resto de España? También. ¿Cómo le explica el militante de izquierdas a sus seres queridos la genial ocurrencia? «Sí, abuela, para frenar a la ultraderecha nos hemos aliado con los que quieren romper España». Brillante estrategia.
El resultado es previsible: el PSOE recupera el monopolio del voto de izquierdas en todo el estado (salvo que IU decida presentarse por separado, en cuyo caso tal vez arañaría algún resto). Podemos se convertiría en un partido testimonial, un apéndice de los nacionalismos periféricos, si no termina disuelto. Es decir: la misma operación que con Sumar, pero con esteladas, estreleiras e ikurriñas. Normal que en Moncloa vean con buenos ojos la propuesta, si es que no son parte impulsora.
El independentismo no es izquierda, es identitarismo territorial
Aquí llega el punto incómodo: el independentismo no es «izquierda”. Su prioridad no es la justicia social, sino la soberanía de su territorio, a menudo con argumentos supremacistas (o, como mínimo, egoístas). Cuando ERC o Bildu han tenido que elegir entre apoyar políticas progresistas o defender sus intereses particulares no han dudado. Su «compromiso histórico» es un «sálvese quien pueda» disfrazado de épica revolucionaria.
Y ahora pretenden que la izquierda estatal les sirva de puente para sus reivindicaciones, mientras ellos siguen a lo suyo. Rufián lo dice sin pudor: «El soberanismo de izquierdas ha reclamado históricamente una izquierda plurinacional que le entienda y ayude». Traducción: «Necesitamos tontos útiles».
¿Menos pureza? No, menos ingenuidad
Rufián acusa a los críticos de «pureza», pero lo que hace falta es menos ingenuidad. La izquierda no se fortalece disolviéndose en contradicciones ajenas. Si el problema es que «la suma no da», la solución no es sumar a quienes restan. El independentismo no va a renunciar a su agenda. Mientras, el votante de izquierdas no nacionalista (es decir, la mayoría) se preguntará por qué demonios debe apoyar a quienes desprecian su país: votará al PSOE, o se abstendrá.
La izquierda no necesita más frentes amplios donde acaba siendo la comparsa. Necesita claridad, firmeza y un proyecto que hable de las necesidades materiales de los españoles, que recupere los análisis de clase, y que defienda la soberanía de España en la arena internacional.
Resumiendo, lo que Rufián propone (y el PSOE, con razón, aplaude) no es una alianza, sino una rendición, bajo el chantaje de que no aceptarlo es apoyar al fascismo. Pero la izquierda española ya ha caído demasiadas veces en esa trampa. ¿Caerá otra vez?
El caso de Juana Rivas no es una excepción ni un error puntual. Es el síntoma de un poder judicial profundamente patriarcal que no protege ni a las mujeres ni a la infancia, sino que las castiga cuando se atreven a desafiar el orden impuesto. Juana Rivas no huyó, Juana resistió. Y por resistir, fue castigada por una justicia que sigue actuando como brazo ejecutor del machismo institucional.
Juana Rivas toma la difícil decisión escapar con sus hijos desde Italia a España para protegerlos de un padre maltratador, condenado previamente por violencia machista. ¿La respuesta del sistema? Ignorar los antecedentes del maltratador, deslegitimar la voz de Juana, anular los testimonios de los menores diciendo que estaban coaccionados por su madre, que era ella quien les había comido la cabeza para que no quisieran estar con su padre, después de meses de persecución mediática, de aparecer en los medios de comunicación como la mala, como una madre que estaba secuestrando a sus hijos, la justicia la obligó a devolverlos a su agresor. La justicia no solo la dejó sola, la convirtió en la culpable.
Una justicia que defiende al agresor y castiga a la madre protectora no es una justicia decente, no es una justicia en la cual las mujeres podamos confiar, hay algo que repetimos mucho en estos casos y que no me cansaré nunca de decir, un maltratador jamás será un buen padre.
El mensaje es claro, el poder judicial no admite que una mujer cuestione la autoridad patriarcal, mucho menos si lo hace desde el rol de madre. Juana fué sentenciada por sustracción de menores, como si protegerlos de un padre violento fuera un crimen. Se la presentó como manipuladora, como loca, como irresponsable, en una estrategia tristemente común de destruir la credibilidad de las madres que denuncian.
El “interés superior del menor”, es papel mojado en los juzgados, los derechos de la infancia han sido pisoteados. Los informes psicológicos que alertaban del sufrimiento de los niños fueron ignorados. Sus voces, silenciadas. ¿Dónde está la aplicación del principio del “interés superior del menor”? ¿En qué momento dejó de importar la salud emocional, la seguridad o el entorno afectivo de los niños para priorizar el “derecho” del padre a ejercer su poder, incluso cuando ha sido condenado por ejercerlo con violencia?
Esta justicia no protege a los menores, los revictimiza. Los convierte en botín judicial, en herramientas para castigar a la madre. Es una forma más de maltrato institucional que vulnera convenios internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que España ha ratificado, pero no cumple.
¿Cómo puede un país que presume de la protección de la infancia y los derechos humanos se mantenga impasible mientras una madre es obligada a entregar a su hijo al hombre que ella misma denunció por maltrato? ¿Dónde está la ministra de Infancia? ¿Dónde está el Gobierno progresista que prometía no dejar a nadie atrás? Pues bien, aquí, callado, inmóvil, escondido (una vez más) tras una retórica vacía, mientras se consuma una injusticia en pleno siglo XXI, Daniel (el hijo menor de Juana) ha pedido ayuda, ha escrito cartas denunciando maltrato por parte de su padre, golpes, insultos y amenazas ha pedido auxilio a la ONU, save the children y al gobierno de España pero nadie está haciendo nada.
La pasividad del Ministerio de Infancia es inaceptable. Es una traición a todas las madres que luchan por la seguridad de sus hijos. No basta con campañas vacías ni con tuits en días señalados hacen falta acciones, respaldo, valentía. Y eso brilla por su ausencia.
El caso de Juana Rivas debería estar sacudiendo los cimientos del Estado. Debería provocar dimisiones, manifestaciones, reformas legales urgentes. Pero no. Se prefiere el silencio cómplice, la burocracia inmoral y el abandono institucional. Se opta por la comodidad de no enfrentarse a la mafia judicial y al poder patriarcal que sigue mandando en los juzgados de familia.
Este gobierno, y en particular su Ministerio de Infancia, han fracasado estrepitosamente. Han elegido mirar hacia otro lado mientras una madre es castigada por proteger. Que nadie se llene la boca de feminismo mientras Juana Rivas siga siendo tratada como una delincuente y no como lo que es, una madre valiente, una víctima del sistema.
Basta ya de hipocresía. Basta ya de cinismo institucional. La historia no olvidará esta vergonzosa dejación de funciones. Y nosotras, tampoco.
El castigo ejemplarizante y el odio institucional hacia las mujeres que luchan es una advertencia directa del sistema judicial a todas las mujeres, no te atrevas a romper el silencio, no te atrevas a proteger a tus hijos, no te atrevas a cuestionar el poder de un hombre. Porque si lo haces, el Estado caerá sobre ti con todo su peso. No importa que tengas razón. No importa que lo hagas por amor. Serás juzgada, humillada y castigada.
Este caso como muchos otros es una vez mas una amenaza del patriarcado hacia las mujeres que nos deja claro y nos dice que ellos siempre van a ganar, pero el movimiento feminista no va a permitir que esto suceda, que España ya es otra ya lo demostramos hace varios años, que el movimiento feminista puede cambiarlo todo también, hay algo que quiero dejar claro, algo que quiero decirle a Juana y a todas las mujeres que estén pasando por algo parecido, no estáis solas.
Este castigo ejemplarizante no es casualidad. Es parte de una estructura que protege al agresor y sacrifica a la mujer. Se repite en cientos de casos, especialmente en los procesos de custodia, donde el llamado “Síndrome de Alienación Parental” (que por cierto no existe y no lo digo yo lo dice la ONU) se sigue utilizando para deslegitimar las denuncias de maltrato y quitar la custodia a madres protectoras. Juana es solo una de muchas. Basta de complicidad institucional.
Es urgente y necesario denunciar, alto y claro, que el poder judicial español sigue siendo un bastión del machismo. Un espacio donde los estereotipos de género pesan más que los derechos humanos. Donde las mujeres siguen sin ser creídas. Donde los hijos son instrumentos y no sujetos de derechos.
Juana Rivas no es una criminal. Es una madre que lleva años intentando proteger a sus hijos frente a un sistema que no los protege. No podemos seguir tolerando una justicia que actúa contra las mujeres y contra los niños/as, una justicia ciega al dolor, sorda a la verdad y obediente al poder patriarcal.
Es hora de una transformación profunda. No de maquillajes legales, sino de una revolución feminista. Porque mientras la ley se siga aplicando sin humanidad ni perspectiva de género, seguirá siendo injusticia.
El ascenso de Noelia Núñez (a dedazo, como es costumbre en la derecha), actualmente diputada en el Congreso de los Diputados desde 2023 y que ejerce como portavoz del PP en Fuenlabrada, se ha visto empañado por un hecho muy grave y embarazoso, infló su formación académica en su currículum, solo tiene Bachillerato, gana 84.799 euros de dinero público y estaba hasta ahora dando clases en una universidad privada sin ningún tipo de titulación para poder hacerlo. Este caso nos obliga a mirar de frente un problema estructural de la política bipartidista, la mentira como trampolín, la impunidad como rutina. El caso de Noelia Núñez no es una simple “equivocación”, como ella misma quiere hacernos creer. Es otra tomadura de pelo más. Otra burla descarada a la ciudadanía por parte del bipartidismo que vive de nuestro dinero.
Mientras en la ficha del Congreso figuraba que Núñez tiene un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas sin especificar universidad (por lo que sea), el Ayuntamiento de Fuenlabrada llegó a mencionar estudios en la Complutense, un doble grado, e incluso Filología Inglesa en la UNED. A estas alturas, la pregunta no es ya si mintió, sino cuántas veces lo hizo. La clase política tiene la obligación de estar a la altura ética de su responsabilidad y parece ser que la diputada de Partido Popular esto no lo sabe o no quiere saberlo.
Las reacciones tanto de la misma Noelia como de otras formaciones políticas no se han hecho esperar.
¿habrá sido un error sin intención o engaño planificado?
Pero Núñez ha estado callada hasta que la han pillado con las manos en la masa y por el momento elegido para dar explicaciones huele más a maniobra de distracción que a sinceridad, ¿la habrán dejado caer desde su formación para ocultar otras cosas? no se trata de un pequeño error técnico o de una confusión inocente. Se trata de una falsedad sostenida en el tiempo, convenientemente útil para vender su imagen, una falsedad de la que por supuesto, no tengo ninguna duda, de que todos/as sus compañeros/as ya sabían.
La Eurodiputada de Podemos Irene Montero ha dado su opinión al respecto en X:
Esta es la “meritocracia” de la derecha, inventarse títulos, colocarse sin mérito y predicar desde arriba sobre el esfuerzo y el sacrificio, siendo ellos y ellas quienes menos se han tenido que esforzar, como ha dicho Irene Montero, no necesitas títulos para representar a la ciudadanía, lo que necesitas es decencia y algo que si te da autoritas en política: vivir en primera persona la precariedad de los barrios, algo que muy pocos políticos pueden decir y por supuesto Noelia Núñez no es una de ellas, es una pija más que se puede permitir el lujo de empezar tres carreras y ni siquiera acabarlas.
La realidad es clara, mintió para ascender. Y cuando la pillaron, intentó escurrir el bulto. Guardó silencio hasta que ya no pudo más. Y luego soltó una excusa que insulta la inteligencia de cualquiera “Ha sido una equivocación”.
El PSOE a pesar de tener casos muy parecidos (como el trabajo copiado por Pedro Sánchez) también ha respondido a lo que está sucediendo, el ministro Óscar Puente denunció en X:
Este caso recuerda al oscuro libro de estilo del Partido Popular, pero lo peor no es ella. Lo peor es el sistema que la protege. Un sistema podrido de arriba abajo, esto no es una excepción, esto es un claro ejemplo de patrón sistemático de mentiras como Cristina Cifuentes con su máster falso o Pablo Casado con los plagios en la URJC. Ahora toca a Núñez, que suma un caso más a la historia de falacias bipartidistas.
Noelia Núñez ha prometido corregir su ficha en el Congreso de inmediato. Pero pedir la corrección no quita la responsabilidad política. La ciudadanía merece saber saber la verdad.
No basta con cambiar datos en un documento, La respuesta institucional no puede ser simplemente «ya hemos corregido el currículum». No, señora Núñez. Usted no corrigió un dato, usted engañó. Y cuando se engaña a la ciudadanía, la única respuesta decente es la dimisión inmediata. cuando alguien tiene una “equivocación” engañosa falla y decepciona a la ciudadanía, como consecuencia hace que la población pierda la confianza en la política. Noelia Núñez ha mentido a toda la ciudadanía y sobre todo ha engañado a sus votantes. En un país en el que el discurso de odio está ganando fuerza, donde solo algunos partidos políticos a la izquierda del PSOE plantan cara al pacto de corrupción bipartidista, esto debería ser suficiente para mínimo dar un paso atrás. Una vez más el PP demuestra que no tiene intención de llevar a cabo ninguna regeneración democrática sino que forma parte de un entramado corrupto y falaz desde sus juventudes, pasando por la señora Ayuso que tiene a toda su familia metida en corruptelas, hasta el secretario general amigo de un narcotraficante.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue sin respuestas a los problemas reales, la precariedad laboral, la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, el abandono de la juventud, la desigualdad que se multiplica. ¿Cómo podemos permitirnos representantes que mienten sobre su formación mientras hay millones de jóvenes que ni siquiera pueden acceder a la educación superior?
Este país y en concreto la Comunidad de Madrid no necesita más políticos que escalen mintiendo. Necesitamos personas comprometidas con lo público, valientes, transparentes, y capaces de poner las necesidades del pueblo por encima de sus ambiciones personales. Porque de eso se trata la política, o al menos, debería tratarse. no podemos permitirnos seguir gobernadas/os por quien se burla de la gente. Necesitamos políticas y políticos que piensen en el pueblo, que vivan como la mayoría, que defiendan los intereses de la clase trabajadora. No más farsantes con trajes caros y títulos falsos. No más mentiras que nos cuestan miles de euros mientras nuestros barrios se caen a pedazos.
Basta ya de cinismo. Basta ya de políticos de cartón. Si queremos dignidad en las instituciones, tenemos que empezar por expulsar a quienes las ensucian. Y Noelia Núñez, hoy, es el símbolo de todo lo que hay que echar fuera, Noelia Núñez, estás tardando en dimitir y entregar el acta.
En los últimos días hemos asistido a un nuevo episodio de manipulación política y mediática que debería preocupar a cualquiera que crea en una democracia mínimamente sana. El Gobierno ha presentado un decreto al que ha bautizado como “antiapagones”, y varios medios han repetido el eslogan sin apenas cuestionarlo. Cuando un partido decidió votar no al decreto, la reacción fue inmediata: titulares incendiarios, tertulias acusatorias, acusaciones de votar “con la derecha” y portadas diseñadas no para informar, sino para señalar.
Pero ¿de verdad ese decreto era lo que decían que era? ¿Y de verdad el “NO” era un capricho, una irresponsabilidad, o el único voto coherente ante un texto que poco o nada tenía de escudo social?
El decreto en cuestión no prohíbe los cortes de luz como se ha sugerido, ni garantiza el suministro energético como derecho básico universal. No interviene en el mercado eléctrico, ni frena el saqueo de los grandes oligopolios energéticos. No plantea medidas estructurales para evitar que miles de familias pasen calor en verano o frío en invierno. Simplemente prolonga medidas ya existentes de forma temporal, diluye otras y añade aspectos que nada tienen que ver con los “apagones”.
Pese a esto, el marco mediático ya estaba escrito antes de la votación: cualquier crítica, cualquier disidencia, iba a ser utilizada para reforzar un relato simple y falso usando tertulias y conocidas cuentas de X. ¿Por qué? Porque el poder mediático en España, lejos de funcionar como contrapeso democrático, actúa cada vez más como brazo comunicativo de los intereses gubernamentales.
Se ha repetido hasta la saciedad que votar contra el decreto era hacerlo “con el PP y Vox”. Es una acusación tan vacía como peligrosa. No se juzgan los motivos, no se analizan las propuestas, no se entra en el fondo. Solo importa el gesto, el encuadre, el impacto rápido. Es una forma de degradar el debate público y de criminalizar la disidencia.
No es la primera vez que ocurre. Lo hemos visto en votaciones clave sobre vivienda, sobre recortes, sobre derechos laborales. Cada vez que un grupo se niega a firmar un cheque en blanco, se activa la maquinaria de demolición. Se recorta el contexto, se difunde una narrativa diseñada para desacreditar, y se alimenta la idea de que todo lo que no sea obediencia es sabotaje.
El problema no es solo político, es profundamente mediático y cultural. Hemos normalizado no informarnos, no contrastar. Consumimos titulares como si fueran hechos, opinamos a partir de eslóganes, y aceptamos como verdad lo que repiten unas cuantas voces bien colocadas. Leer una opinión se ha vuelto equivalente a saber lo que pasa. Y eso convierte cualquier democracia en un decorado.
Votar contra un decreto tramposo no es estar con la ultraderecha. Fingir que lo es, sí lo es: es manipulación. Y usar esa manipulación para atacar a quienes no se pliegan, eso sí es profundamente antidemocrático.
Frente a esa lógica, hace falta algo tan sencillo como valiente, decir la verdad, aunque duela, aunque no encaje, aunque te pongan en la diana. Porque lo que está en juego no es solo una votación concreta, es el derecho a disentir sin ser criminalizado. Y eso es esencial para que exista democracia.
Hace mucho que no existe la opinión pública, sino la opinión publicada.
Lo hemos visto tantas veces que ya nos deberíamos haber acostumbrado a estas artes oscuras, pero cuando uno cree en el verdadero periodismo, se le hace imposible aceptar esta nueva manipulación sobre el decreto «antiapagón». Hoy Podemos ha votado en contra de una medida que no le tocaba un pelo al oligopolio eléctrico, sumando su voto al de otros partidos como el BNG, Chunta Aragonesista, UPN, PP, Vox o Junts. Y claro, aquí la progresía mediática tenía dos opciones: contar la verdad o sacar un titular engañoso para atacar a Podemos. Como era de esperar, no han dudado y han elegido el ataque una vez más.
El cerco mediático y la ocultación del BNG Diferentes medios han salido con el titular: «Podemos, PP, Vox y Junts tumban el decreto del gobierno para evitar otro apagón». Resulta indignante cómo deciden obviar sistemáticamente que fuerzas como el BNG o la Chunta también han votado en contra. Esta manipulación sobre el decreto busca aislar a una formación política concreta, ocultando que el rechazo a la norma es transversal y responde a la falta de ambición frente a las eléctricas.
Es un ejercicio de corrupción periodística diseñado para crear una narrativa de «bloqueo» injustificado, silenciando los motivos reales por los cuales este decreto no protege verdaderamente a los ciudadanos frente al oligopolio. Un periodismo al servicio del poder Como he dicho al principio de este artículo, uno podría ya estar acostumbrado a este tipo de titulares, pero no consigo hacerlo. No es periodismo, es propaganda. La realidad es que se votaba un decreto que protegía los intereses de siempre bajo un nombre amable, y quienes se han opuesto por coherencia están siendo señalados mediante el engaño.
Mientras la presidenta Isabel Díaz Ayuso disfruta del privilegio de utilizar un chalet en plena sierra de Madrid, adquirido con dinero público, miles de ciudadanos se enfrentan cada día a la decadencia de unos servicios públicos que agonizan. ¿Cómo se justifica destinar fondos del erario a una propiedad que parece más sacada de un catálogo de escapadas de lujo que de las prioridades de la Comunidad de Madrid?
Sanidad: hospitales saturados y profesionales exhaustos
Ese dinero podría haberse invertido en reforzar la atención primaria, contratando más médicos de familia y reduciendo listas de espera que, en algunos centros, alcanzan semanas para una consulta básica. Las urgencias están desbordadas, y muchos hospitales operan con personal insuficiente. ¿Qué pesa más: el descanso de unos pocos o la salud de todos?
Educación: aulas masificadas y centros deteriorados
Con esos recursos se podrían haber rehabilitado colegios públicos que hoy funcionan con infraestructuras precarias, techos que se caen y patios convertidos en barrizales. Se podrían haber incorporado más docentes para reducir ratios y mejorar la calidad educativa. Pero no, el confort de una casa de campo parece haber ganado ese pulso.
Residencias de mayores: olvidadas y abandonadas
Tras los escándalos que marcaron la gestión de las residencias durante la pandemia, ¿no era lógico priorizar una mejora estructural urgente? Ese dinero habría permitido modernizar instalaciones, contratar personal cualificado y garantizar la dignidad que nuestros mayores merecen. En cambio, el silencio oficial solo se rompe para hablar del famoso chalet.
¿Dónde están las prioridades?
Que el gobierno autonómico destine recursos públicos a una propiedad de uso exclusivo es una bofetada a quienes luchan día tras día por conseguir una cita médica, por dar clase en condiciones dignas o por cuidar de sus mayores sin apoyo institucional. Es una declaración de principios: primero el confort de unos pocos, después (si queda algo) el bienestar colectivo.
Es muy burdo, pero cuando hablamos de ciertos sectores de la prensa provincial, parece que todo vale. Durante la celebración del Orgullo LGTBIQ+, hemos sido testigos de cómo Alicante Plaza oculta a Podemos de forma sistemática en su cobertura visual, a pesar de que la formación morada tuvo una presencia activa y visible durante toda la jornada.Mientras el medio se encargaba de mostrar galerías detalladas con el resto de fuerzas políticas, la ausencia de imágenes de Podemos resulta, cuanto menos, sospechosa. No es un error de edición; es una decisión editorial que busca la invisibilización.
Invisibilización mediática en la provincia de Alicante Este tipo de prácticas no son nuevas, pero no por ello debemos pasarlas por alto. Cuando Alicante Plaza oculta a Podemos en un evento tan significativo como el Orgullo, está faltando a su compromiso con la pluralidad informativa. Los ciudadanos tienen derecho a saber quiénes estuvieron allí apoyando los derechos del colectivo, sin filtros ni vetos ideológicos. Resulta curioso que se dé espacio a partidos que históricamente han puesto trabas a estos avances, mientras se borra de la foto a quienes han impulsado las leyes más vanguardistas en materia de diversidad.
Desde este espacio de análisis, no vamos a permitir que la realidad se edite al gusto de los grandes grupos mediáticos. La manipulación por omisión es una de las herramientas más peligrosas de la «progresía» y la derecha mediática cuando sus intereses se ven amenazados. Seguiremos denunciando cada vez que un medio local decida qué partidos existen y cuáles no en la esfera pública de nuestra provincia. El periodismo debe ser un espejo de la realidad, no una herramienta de marketing político.
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