Según un comunicado del Ministerio del Interior, la Policía Nacional ha desmantelado en Castellón la que sería la primera célula terrorista de extrema derecha de carácter aceleracionista detectada en España.
Tres personas han sido detenidas por su presunta pertenencia a The Base; entre ellas figura el presunto líder de la célula de extrema derecha, que ya ha ingresado en prisión provisional por orden del juzgado competente. Según el Ministerio, los imputados están acusados de delitos de: pertenencia a organización terrorista; captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas; y tenencia ilícita de armas.
En los registros practicados en la provincia de Castellón, las fuerzas de seguridad han intervenido un amplio arsenal y material de corte extremista: un total de nueve armas (dos de ellas de fuego), munición, más de veinte armas blancas, equipamiento táctico militar y documentación vinculada a ideología de extrema derecha, supremacista y aceleracionista, así como propaganda de The Base.
Policía Nacional
Antecedentes de la operación
La investigación comenzó a principios de 2025, cuando agentes especializados detectaron a un individuo altamente radicalizado, alineado con los postulados de The Base. A partir de ahí, se identificó a otros dos miembros formando una célula cohesionada, y se constató que realizaban entrenamientos paramilitares, mantenían contacto directo con el fundador internacional de la organización y difundían propaganda violenta a través de redes sociales.
Desde el Ministerio del Interior se destaca que esta desarticulación supone un hito en la lucha contrainsurgente: por primera vez en el Estado se neutraliza una célula de ideología aceleracionista —es decir, un grupo de extrema derecha supremacista preparado no solo para difundir odio, sino para llevar a cabo atentados violentos con preparación paramilitar—. La operación además evidencia la capacidad de organizaciones extremistas transnacionales para expandirse a través de redes descentralizadas, lo que refuerza la prioridad de vigilancia policial sobre estructuras neonazis y grupos radicales.
El Juzgado número 47 de Madrid ha decidido procesar al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá. La resolución supone el cierre de la fase de instrucción y abre la puerta a un posible juicio oral, al considerar el magistrado que existen indicios suficientes para que el caso avance.
Según fuentes judiciales, el juez sostiene que el relato de Mouliaá presenta coherencia en los elementos centrales y no observa motivaciones espurias que pudieran desacreditar su testimonio. El auto recoge tres momentos diferenciados ocurridos la misma noche —en un ascensor, un domicilio y un taxi— que, de acuerdo con la denunciante, habrían tenido lugar sin su consentimiento.
Errejón ha negado la versión de la actriz y mantiene que las interacciones fueron voluntarias. Su defensa ha anunciado que recurrirá la decisión del magistrado, alegando que no existen pruebas materiales ni testigos directos que sostengan la acusación.
Un procesamiento con impacto político inmediato
El exdirigente, que abandonó la política institucional el año pasado, vuelve a situarse en el centro del debate público tras avanzar la causa. La decisión judicial no implica culpabilidad, pero sí que la justicia considera plausible que los hechos deban ser valorados en un juicio. Para parte del movimiento feminista, este avance representa un paso relevante en la defensa de la credibilidad de las víctimas, especialmente cuando denuncian a figuras con elevada visibilidad pública.
Próximos pasosen lo judicial
Las acusaciones y defensas disponen ahora de un plazo para presentar sus escritos, tras lo cual el juez decidirá si se abre juicio oral. El proceso judicial seguirá desarrollándose en los próximos meses y podría convertirse en uno de los casos mediáticos más relevantes del final de año.
La pugna por la universidad pública española se ha convertido en un laboratorio de la «guerra cultural» contemporánea.
La extrema derecha, ante la dificultad de capturar orgánicamente las reglas de producción de conocimiento —pares, currículos, ética científica, autonomía— ha desplegado una doble estrategia: (a) presión y deslegitimación interna mediante episodios de provocación y choque, y (b) construcción de una infraestructura paralela de educación superior privada, fuertemente subsidiada, que sirva de vector de colonización ideológica y de reconfiguración del campo académico.
Los choques en campus y ciudades universitarias —desde colisiones entre convocatorias de Vox y Arran por clases extraescolares, hasta actos de Falange con coreografías nostálgicas, pasando por irrupciones performativas como las de Vito Quiles en facultades — deben leerse menos como fines y más como «dispositivos de entrada»: crean pánicos morales, encuadran a la universidad como «espacio capturado por la izquierda» y habilitan dispositivos regulatorios (vetos, endurecimiento disciplinario, auditorías ad hoc) que erosionan la autonomía.
Sin embargo, este asalto frontal acumula derrotas parciales. El régimen de validación científica resiste: tribunales, agencias, comités de ética y redes internacionales preservan estándares que no se doblegan a golpes de plató. De ahí el desplazamiento al segundo vector: el atajo privatizador. Allí donde no se gobierna el ethos de la universidad pública, se propone «competencia» mediante universidades privadas afines, financiadas directa o indirectamente con fondos públicos (becas con sesgo de destino, conciertos, exenciones, contratos-programa a medida). No se trata solo de diversificar oferta, sino de generar enclaves donde la verdad académica se subordine a un ideario preestablecido y los mecanismos de control por pares se sustituyan por jerarquías doctrinales. La retórica es conocida: libertad de cátedra entendida como inmunidad de verificación, «neutralidad» como exclusión de enfoques de género o memoria democrática, excelencia como marca.
Este proceso no opera en el vacío. Se alimenta de repertorios callejeros cuidadosamente escenificados —desde consignas franquistas hasta performances agro-soberanistas del Frente Obrero — que ofrecen materia prima a la batalla simbólica: el universitario como «élite desconectada», el profesor como «adoctrinador», el estudiante organizado como «antifa violento». La función de agitadores mediáticos —y aquí Vito Quiles cumple el papel de bufón cortesano— es proveer un entretenimiento indignado que desplace la discusión de los fundamentos de la vida universitaria (ciencia abierta, precariedad del PDI, financiación basal) hacia el espectáculo del «Orden vs. Caos». Ese bufón no gobierna, pero entretiene y distrae: es el intermezzo que legitima la entrada de los poderes fácticos al escenario principal, donde se tramitan presupuestos, licencias y convenios.
Frente a este movimiento, las universidades han activado repertorios defensivos: huelgas, encierros, manifiestos interuniversitarios, cláusulas estatutarias de integridad, redes de observatorios de libertad académica. No es un reflejo corporativo; es la defensa de las condiciones de posibilidad del trabajo científico. Cuando los campus paran, señalan que el verdadero «privilegio» no es el debate plural, sino el acceso a recursos públicos para construir burbujas privadas sin controles epistémicos. La huelga, en este sentido, es tanto un instrumento negociador como una pedagogía pública: visibiliza que la autonomía no es un capricho gremial, sino un bien constitucional que protege a la sociedad de los ciclos de hegemonía pasajera.
El proyecto de conquistar la universidad pública ha fracasado allí donde se ha topado con contrapesos institucionales y con comunidades epistémicas densas. Por eso se ensaya la vía oblicua: crear universidades-marca privada que, con dinero público, reescriban el «mercado» de títulos y acreditaciones, desplazando la autoridad del método por la del patrocinio. La respuesta no puede limitarse a la denuncia. Exige blindar la financiación basal de la pública, transparentar los flujos a la privada, reforzar la evaluación por pares y la cooperación europea, y ampliar la participación estudiantil y del PDI en el gobierno universitario. Y exige, además, no caer en la trampa del espectáculo: el bufón mediático busca que discutamos sus gestos y no los presupuestos; que respondamos a la provocación en vez de consolidar instituciones.
En suma, el intento de conquista se topa con una universidad que, con todas sus fisuras, sigue siendo un dispositivo de autonomía, método y pluralismo. Cuando ese asalto deriva en privatización financiada por todos, la huelga no es la «politización» del campus, sino su autodefensa democrática. Y en ese escenario, los payasos útiles de la guerra cultural solo sirven para tapar el ruido de fondo: la transferencia silenciosa de lo común a enclaves doctrinales. La tarea, por tanto, es doble: sostener el conflicto donde importa — gobernanza, financiación, estándares— y mantener a raya la distracción performativa que busca convertir el conocimiento en propaganda.
[[File:Manifestación por una vivienda digna - 250209 124752.jpg|Manifestación_por_una_vivienda_digna_-_250209_124752]]
Mientras los titulares se llenan de ruido, el IX Informe FOESSA nos recuerda lo que de verdad importa: 4,3 millones de personas viven en exclusión severa. No hablamos de cifras abstractas, hablamos de familias que no pueden pagar el alquiler, jóvenes que encadenan contratos precarios, mayores que eligen entre comer o encender la calefacción. Y lo más grave: no se está haciendo nada serio para revertir esta situación. Los precios de la vivienda se han disparado. Con los sueldos actuales, llegar a fin de mes es una hazaña. El mercado está completamente desregulado, y las medidas que podrían poner freno —como el control de alquileres o la movilización de vivienda vacía— se bloquean sistemáticamente. ¿Por quién? Por el propio Gobierno que se dice progresista.
Podemos ha sido la única fuerza que ha puesto sobre la mesa propuestas valientes: control de precios, parque público de vivienda, reforma fiscal para que los que más tienen contribuyan más. Pero estas medidas no avanzan porque el PSOE y Sumar las frenan, las diluyen o directamente las vetan. ¿De qué sirve hablar de justicia social si se impide legislarla? Tener trabajo ya no es sinónimo de estabilidad. El informe FOESSA lo deja claro: el empleo precario y mal pagado es una de las principales causas de exclusión. ¿Dónde están las reformas laborales que prometían acabar con esto? ¿Dónde está el compromiso real con los trabajadores? No es la diversidad, ni los derechos de las minorías, ni las luchas feministas lo que rompe España. Lo que la rompe es la desigualdad estructural, el abandono de millones de personas, y la traición a los principios de la izquierda. Porque ser de izquierdas no es posar en mítines, es transformar la vida de la gente.
Si la protesta no sirviera para nada, el poder no se sentiría molesto. No desplegaría tácticas de silenciamiento, no buscaría desactivar el conflicto confinándolo en un “manifestódromo”, ni intentaría relegar el disenso a lo anecdótico. Esa reacción es, de hecho, su mejor evidencia empírica: el poder teme a la protesta porque tiene capacidad de interferir en el orden político y simbólico. La protesta es el pulso cívico que mide la calidad de la democracia que ejercemos solo cada cuatro años en las urnas; un termómetro del apoyo o la distancia que separa a los representantes de los representados.
Desde un punto de vista sociológico, la protesta posee tres valores estructurales. Uno, de agenda: introduce en la esfera pública temas y marcos que los partidos o los medios no priorizan. Dos, de interrupción: encarece la continuidad de políticas injustas o ineficaces, forzando rectificaciones. Y tres, de vínculo: produce comunidad política, saber colectivo y energía organizativa. Esta tríada —agenda, interrupción, vínculo— explica por qué el acto de ocupar el espacio público sigue siendo un mecanismo de cambio, incluso en sociedades saturadas de comunicación digital.
Las movilizaciones pro-palestinas de 2024–2025 son un ejemplo visible. Pese a su dispersión geográfica, configuraron una presión transnacional sobre gobiernos e instituciones que desembocó, entre otros efectos, en acuerdos de alto el fuego y gestos diplomáticos. Aunque esos pactos se hayan incumplido, el simple hecho de que existieran refleja la capacidad de la protesta para imponer temas y condicionar decisiones. La universidad, las artes y los parlamentos europeos fueron permeados por esa marea moral, reabriendo debates sobre complicidad, memoria y derechos humanos.
En España, el caso valenciano revela la otra cara del valor de la protesta: la de la rendición de cuentas. Las concentraciones frente al Palau y las denuncias públicas tras la gestión de la DANA precipitaron la dimisión de Carlos Mazón, un episodio que demuestra cómo la presión social puede desbloquear procesos institucionales bloqueados por la inercia o el cálculo político.
Los datos de mi investigación sobre 7.500 protestas en Madrid (2000–2024) confirman ese patrón: cuando diversos actores combinan recursos, legitimidad y número —del 15M a las mareas ciudadanas, del movimiento por la vivienda a los feminismos —, las protestas redefinen los márgenes de lo posible. No todas triunfan, ni todas fracasan; de hecho, si cada protesta alcanzara sus metas estaríamos ante un manual perfecto para dirigir la política, algo incompatible con la naturaleza conflictiva de la democracia.
El valor de la protesta radica en su efecto acumulativo: convierte agravios en discursos, conflictos en causas, indignaciones en políticas. Es la institución informal que mantiene viva la democracia entre elecciones, y su persistencia recuerda que el poder, aunque se incomode, no puede gobernar de espaldas a la calle.
Carlos Mazón ha anunciado su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana, pero lo ha hecho sin abandonar realmente el cargo. A día de hoy, sigue siendo el president en funciones, sin haber convocado elecciones ni haber formalizado su renuncia ante el Boletín Oficial del Estado. Esta maniobra ha generado una oleada de críticas por su ambigüedad, su falta de responsabilidad política y el intento de aferrarse al poder bajo el paraguas de la mayoría parlamentaria que comparte con Vox.
La dimisión llega justo un año después de la DANA que arrasó la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024, dejando 229 víctimas mortales. Durante ese año, Mazón ha sido objeto de duras críticas por su gestión de la emergencia, especialmente por cambiar hasta ocho veces de versión sobre su paradero durante la catástrofe. Desde una comida privada con la periodista Maribel Vilaplana hasta alegaciones de incomunicación, su relato ha sido inconsistente y evasivo.
Aunque Mazón ha dicho que “ya no puede más” y que “por voluntad personal habría dimitido hace tiempo”, lo cierto es que no ha pronunciado la palabra ‘dimisión’ en su comparecencia. Tampoco ha convocado elecciones, como exige la oposición y las asociaciones de víctimas. En su lugar, ha apelado a la mayoría parlamentaria para elegir un sucesor, lo que podría mantener al PP y Vox en el poder sin pasar por las urnas.
Otro dato relevante: Mazón no renuncia a su acta de diputado autonómico, lo que le permite seguir aforado y evitar ser juzgado por tribunales ordinarios. Esta decisión ha sido interpretada por muchos como una forma de blindarse ante posibles responsabilidades judiciales por su gestión de la DANA.
Las reacciones no se han hecho esperar. Se ha calificado la dimisión como “tarde y mal”, “indigna” y “perversa”. Las asociaciones de víctimas han convocado concentraciones y exigen justicia, mientras que la ciudadanía se pregunta por qué no se ha convocado un proceso electoral transparente.
Carlos Mazón ha anunciado su dimisión, pero sigue siendo presidente. No ha convocado elecciones, no ha aclarado cuándo se hará efectiva su renuncia, y mantiene su aforamiento. En un contexto de dolor colectivo y exigencia de responsabilidades, esta salida en diferido no solo es insuficiente: es una burla a la democracia y a las víctimas de la tragedia.
Hoy empieza una nueva temporada de la NBA, una nueva temporada de la mejor competición de baloncesto del mundo.
Y os quiero contar la historia de Khaman Maluach. Khaman nació en Rumbek, estado de Lagos, en Sudán del Sur. Sudán del Sur logró su independencia el 9 de julio de 2011, tras una guerra civil que dejó el país en ruinas y que lo convirtió en uno de los países más pobres del mundo.
Khaman y su familia emigraron como refugiados a Kawempe en Uganda, huyendo de la miseria, huyendo de la muerte.
Para Khaman todo cambió el día que Luol Deng, exjugador entre otros equipos de los Chicago Bulls, Miami Heat y Los Ángeles Lakers, se fijó en él.
Luol Deng nació, al igual que Khaman, en Sudán del Sur. Es una persona involucrada en diferentes causas humanitarias. Luol, en 2019, organizó un campamento de habilidades al que Khaman se presentó, y ahí todo cambió.
Llegó la pandemia, y Khaman, lejos de rendirse, siguió entrenando en casa, utilizó un neumático como aro, entrenaba movimientos, movimientos que veía en YouTube de las estrellas de la NBA.
En 2021, la NBA Academy Africa le ofreció una beca, viajó a Senegal, allí pudo estudiar, entrenar, centrarse en el baloncesto.
Khaman no tardó en atraer las miradas, enseguida vieron que podía hacer cosas extraordinarias. Khaman siguió mejorando día a día. Se esforzaba al máximo, sabía que tenía una oportunidad única en la vida, y no la desaprovechó.
Khaman fue seleccionado para el Mundial Fiba de 2023, tenía solo 16 años. Eran debutantes, una selección humilde, sin grandes canchas para entrenarse, un equipo de pueblo. Este equipo hizo historia, ganaron y consiguieron clasificarse para la cita de París 2024.
Khaman siguió creciendo, acabó jugando para Duke, una de las mejores universidades del mundo, por donde han pasado jugadores de la talla de Jayson Tatum, Kyrie Irving o la del mítico entrenador Mike Krzyzewski.
Khaman solo jugó un año en Duke, de ahí dio el salto al Draft de la NBA, donde fue elegido en la décima posición por los Houston Rockets, y finalmente jugará, tras un traspaso, en los Phoenix Suns. Khaman no pudo evitar llorar cuando Adam Silver mencionó su nombre; solo él sabía lo que había sufrido para llegar a ese momento y a cumplir su sueño.
De refugiado de guerra, a la NBA, esta es la historia de Khaman Maluach.
[[File:Manifestación por una vivienda digna - 250209 125537.jpg|Manifestación_por_una_vivienda_digna_-_250209_125537]]
En el contexto actual, la juventud vive una contradicción profunda, se le promete libertad, movilidad, realización personal y un futuro digno, pero en la práctica se enfrenta a un horizonte de precariedad y explotación.
Esta realidad no es un accidente, sino una consecuencia directa de la dinámica del capital, que convierte incluso las aspiraciones más íntimas de los/as jóvenes, sus sueños, su educación, su creatividad en mercancías.
Durante las últimas décadas, el neoliberalismo global ha moldeado una generación entera bajo la competencia y la incertidumbre. La educación, antes considerada una vía de ascenso social, se ha transformado en un negocio lucrativo. Las universidades producen masas de trabajadores/as para empleos inexistentes y precarios mientras se miente a toda una generación diciendoles que si estudian tienen buena parte de su vida y de sus problemas resueltos, la realidad es que los/as jóvenes estan endeudados/as practicamente desde sus primeros años de adultez.
Está claro que para el capitalismo, el trabajo asalariado es una forma de esclavitud moderna, contratos falsos, condiciones precarias, ningún tipo de estabilidad ni economica ni horaria, ni nada, y además, podríamos añadir que la formación previa a ese trabajo se ha convertido también en un mecanismo de dominación económica, sin plazas, sin prácticas, sin futuro. En el mercado laboral, los/as jóvenes son la carne fresca del capital, las jovenes trabajadoras viven sin estabilidad ni derechos, vendiendo su tiempo, su atención e incluso su vida a los empresarios explotadores.
No me quiero olvidar de la situación de la vivienda a nivel global en la juventud, la crisis de vivienda que sufren las nuevas generaciones no es un fallo accidental, es una manifestación de la transformación de la vivienda en activo para la acumulación de capital, estamos hablando de que para que unos pocos se lucren las personas que ahora quieren emanciparse no pueden hacerlo o dedican practicamente todo su salario a ello. la solución de esto la juventud la tiene clarisima, es romper la subordinación de la vivienda a la lógica del beneficio privado mediante la expropiación a grandes tenedores y fondos buitre para crear vivienda pública, la regulación del precio de los alquileres, todo esto para el fortalecimiento de los derechos de los/as inquilinos/as, crear estrategias organizativas que vinculen juventud y clase trabajadora, pero todo esto no se puede hacer sin cambios estructurales en la propiedad privada y la función social de la vivienda. Las casas son para vivir y no para especular con ellas.
No nos olvidemos tampoco de las manifestaciones en contra del genocidio encabezadas por la juventud en todo el mundo y que están siendo un punto de inflexión, o las acampadas por palestina en las diferentes universidades de todo el mundo, dejando claro que la juventud está en contra de la masacre que el ente de Israel esta cometiendo en Palestina y que van a poner el cuerpo las veces que haga falta para que los gobiernos hagan algo para parar el genocidio
Sin embargo, sería un error pensar que la juventud es solo víctima. También es sujeto histórico, portador de la posibilidad de transformación. En las movilizaciones globales recientes, desde las protestas climáticas hasta las revueltas feministas y antirracistas, los/as jóvenes han mostrado una sensibilidad anticapitalista y antifascista creciente. Su malestar se traduce automáticamente en conciencia de clase y revela una intuición profunda, que el sistema actual no puede ofrecer un futuro digno y ellos/as tienen el deber de cambiarlo.
La juventud está harta del la corrupción, el abandono de lo público y la desigualdad, por eso se organizan a través de las redes sociales para protagonizar protestas y movilizaciones que están siendo históricas, tienen claro que luchan contra el capitalismo y la desigualdad de clase y sobretodo tienen claro que es su momento y no van a parar.
El capitalismo digital ha intentado neutralizar esta forma de revolución mediante las RRSS convenciendo a muchos/as jovenes de que lo que mas se escucha es la verdad, pero el contrapoder en las redes y el activismo en las calles ha hecho que la juventud despierte y se dé cuenta de que todo está mal. El descontento persiste, porque las condiciones materiales no se disuelven con hashtags. Frente al desempleo, la crisis ecológica y la desigualdad, la juventud comienza a redescubrir ideas que el sistema había declarado muertas, la organización colectiva, la solidaridad y la lucha de clases.
Yo creo sinceramente que el destino de la juventud no se resolverá de forma individual ni mediante reformas superficiales, sino que hay que hacerlo en colectivo y con reformas claras. La tarea histórica de esta generación es, como lo fue para otras antes, romper las cadenas de la alienación y construir un mundo donde la vida no esté subordinada a la ganancia. Necesitamos cambiar el modelo de democracia y de vida para poder vivir.
Como dijo Lenin la juventud tiene que ser la vanguardia, y ahora, es la juventud global precarizada, conectada y, potencialmente, revolucionaria quienes están demostrando que juntos/as se pueden cambiar las cosas.
[[File:Bandera Palestina en Basílica de Guadalupe.jpg|Bandera_Palestina_en_Basílica_de_Guadalupe]]
Madrid, 16 de octubre de 2025. Ayer, miles de personas salieron a las calles de todo el Estado para secundar la huelga general convocada por los sindicatos minoritarios en solidaridad con el pueblo palestino. La jornada, marcada por manifestaciones multitudinarias en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, volvió a demostrar que la ciudadanía está por delante de unas direcciones sindicales mayoritarias que, una vez más, se quedaron cortas en su respuesta. La Confederación General del Trabajo (CGT), Solidaridad Obrera, la Alternativa Sindical de Clase (ASC) y la Confederación Intersindical, junto a colectivos como Madrid por Palestina y el movimiento BDS, impulsaron una huelga de 24 horas que paralizó sectores clave y visibilizó el rechazo popular al genocidio en Gaza. A su lado, el Sindicato de Estudiantes convocó paros en institutos y universidades, con marchas en más de 40 ciudades.
En contraste, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO se limitaron a convocar paros parciales de dos horas por turno, una fórmula que muchos calificaron de insuficiente y que volvió a generar frustración entre amplios sectores de la clase trabajadora. Mientras miles de personas llenaban las calles con pancartas de “¡Palestina libre!” y “No en nuestro nombre”, las direcciones de UGT y CCOO optaban por un gesto simbólico que, en la práctica, restó fuerza a la movilización. Las marchas en Madrid fueron especialmente masivas: desde Atocha hasta Callao, pasando por Sol, la marea de banderas palestinas y consignas contra la complicidad internacional con Israel dejó claro que la solidaridad no entiende de medias tintas. En Barcelona, la manifestación unitaria recorrió la ciudad hasta el consulado israelí, mientras en decenas de municipios se organizaron concentraciones frente a ayuntamientos y delegaciones de gobierno.
Más allá de la división sindical, la jornada del 15 de octubre evidenció que la ciudadanía está dispuesta a movilizarse con contundencia frente a la pasividad institucional y la tibieza de quienes deberían estar al frente de la defensa de los derechos humanos. La huelga general no solo fue un acto de solidaridad internacionalista, sino también una denuncia contra la hipocresía de gobiernos y partidos que siguen comerciando con armas mientras hablan de paz.
La jornada de huelga general en apoyo a Palestina contó también con la destacada presencia de Podemos, que se sumó activamente a las movilizaciones en distintas ciudades. Dirigentes y portavoces de la formación participaron en las marchas, acompañando a centenares de personas en las calles y subrayando que la solidaridad con el pueblo palestino no puede quedarse en declaraciones simbólicas. Desde Murcia hasta Madrid, representantes de Podemos denunciaron que Israel ya está incumpliendo los compromisos del supuesto acuerdo de paz y reclamaron al Gobierno español un embargo real de armas y la ruptura de relaciones institucionales y económicas con el régimen de Netanyahu. Su implicación visibilizó que, frente a la tibieza de otros actores políticos y sindicales, existe una fuerza política dispuesta a situar la defensa de los derechos humanos en el centro de la agenda.
Por primera vez desde que Mónica García asumió el liderazgo de Más Madrid, el partido se enfrenta a una disputa interna abierta. Lo que hasta hace unos meses eran murmullos en los pasillos del grupo parlamentario se ha convertido en una pugna visible por el futuro del espacio. El detonante: Emilio Delgado, exdiputado y figura de perfil más ideológico dentro de la formación, ha lanzado el guante para encabezar las listas autonómicas en 2027.
Un desafío que rompe el silencio interno
Según fuentes próximas al grupo en la Asamblea, la dirección de García recibió las declaraciones de Delgado como un desafío prematuro. “No se trata de ambición personal, sino de un modelo de partido”, aseguran voces del entorno del exdiputado, que defienden su planteamiento como una crítica a la excesiva “institucionalización” de Más Madrid.
Mónica García, por su parte, ha optado por la contención pública, pero en el entorno de Manuela Bergerot —actual portavoz parlamentaria— hay malestar evidente. Bergerot llegó a reprochar en televisión la “falta de coordinación” de Delgado, marcando una línea divisoria clara entre el núcleo que responde a García y quienes, en silencio, simpatizan con el discurso de renovación del exdiputado (fuente: El País, 10/10/2025).
Viejas heridas que nunca cerraron
El conflicto actual no nace de la nada. Más Madrid arrastra una historia de tensiones internas que se remontan a los años posteriores a la ruptura con Podemos. La dimisión de figuras como Loreto Arenillas, en su momento jefa de gabinete y persona cercana al entorno de Íñigo Errejón, dejó secuelas políticas y personales. Aquella crisis, cubierta en su día por eldiario.es y El Confidencial, consolidó a un sector “pragmático” —alineado con la actual dirección— frente a otro más “movimientista”, que reivindicaba las raíces asamblearias del proyecto.
En los corrillos del partido se comenta que Delgado estaría reconstruyendo ese segundo espacio, en contacto con militantes del sur de Madrid, círculos ecologistas y cuadros que nunca se sintieron del todo integrados en la estructura de García.
Las redes, campo de batalla
Donde la batalla se ha hecho más visible es en X (antes Twitter). Algunos de los seguidores de cada bando han protagonizado broncas públicas en los últimos días. Un ejemplo: el analista de datos Alejandro Cencerrado, próximo a la línea de Delgado, cruzó reproches con Bruno Thevenin, uno de los más activos defensores de García en redes. La discusión fue subiendo en intensidad hasta llegar a descalificaciones más propias de una taberna que de un debate entre dos corrientes de un mismo partido, la bronca fue interpretada por militantes y periodistas como la punta del iceberg de una disputa más profunda: la del control del relato y la identidad del partido en el ciclo que viene.
Mientras tanto, otros militantes han comenzado a denunciar, bajo anonimato, una creciente “cultura del miedo” dentro de los canales internos, donde cualquier disidencia es tachada de deslealtad. Desde el otro lado se responde con un argumento inverso: que las críticas públicas debilitan a Más Madrid frente a la derecha y minan la confianza del electorado.
Un liderazgo en jaque
La posición de Mónica García sigue siendo fuerte en términos institucionales —es ministra y rostro reconocible del partido—, pero los equilibrios internos son más frágiles de lo que aparentan. Según fuentes del propio grupo parlamentario, algunos cargos municipales del sur habrían empezado a tantear la posibilidad de un “relevo natural” en 2027, si la candidatura de Delgado logra articular un discurso alternativo creíble.
García, que ha construido su imagen sobre la gestión, el rigor y el feminismo institucional, ve ahora cómo emerge una corriente que la acusa de haberse alejado de la militancia de base y de haber subordinado la agenda madrileña a su papel nacional en el Ministerio de Sanidad.
Dos proyectos en disputa
El modelo Delgado: un discurso más incisivo, con énfasis en lo social, la ecología política y la democracia interna. Sus defensores hablan de “recuperar el alma del proyecto”.
El modelo García: centrado en la solvencia técnica, el feminismo institucional y la moderación discursiva como vía para ampliar base electoral.
Ambas visiones chocan no solo en estilo, sino en estrategia de fondo. Mientras Delgado busca reconectar con los barrios del cinturón obrero —donde el descontento con la izquierda moderada crece—, García confía en mantener el voto urbano de clase media progresista que la llevó a disputar la Comunidad al PP en 2023.
Lo que viene
Fuentes consultadas dentro del partido coinciden en que el conflicto no ha hecho más que empezar. Si Delgado formaliza su candidatura a las primarias, Más Madrid podría enfrentarse a su primera contienda interna real desde su fundación. El resultado determinará si el espacio mantiene su rumbo institucional o vuelve a sus raíces insurgentes.
Mientras tanto, los enfrentamientos en redes, las filtraciones a prensa y los reproches cruzados en los pasillos de la Asamblea anuncian una guerra fría que amenaza con hacerse caliente antes de fin de año.
Óscar Guisado escribe sobre el desmán de Ayuso sobre el aborto (enlace más abajo)
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