Inicio Blog Página 10

Cuando la moderación desarma: lecciones de Chile.

[[File:Bandera Chile paradero 14.jpg|Bandera_Chile_paradero_14]]

La victoria de José Antonio Kast en Chile no irrumpe como un rayo en cielo despejado. Llega tras un ciclo largo de expectativas incumplidas, de reformas a medio camino y de una promesa de cambio que se fue diluyendo entre pactos extraños, vetos cruzados y una pedagogía política cada vez más tímida e irrisoria. El resultado no puede leerse como una adhesión de la población a un proyecto autoritario, no es el clásico y siempre errado «la gente es tonta», todo esto es la consecuencia de un proceso en el que amplios sectores populares dejaron de percibir a la izquierda institucional como una fuerza capaz de transformar de verdad sus condiciones de vida.

En ese contexto, conviene revisar críticamente la utilidad real de los llamados frentes amplios cuando su lógica interna deriva en la moderación sistemática del programa, del lenguaje y del horizonte político. No es cuestión de una discusión identitaria ni de una cuita táctica menor. Es una cuestión estratégica de primer orden que responde a la pregunta de: ¿qué tipo de izquierda puede resistir el avance de la extrema derecha cuando el ciclo político se vuelve adverso?

El problema estructural de los frentes amplios

Los frentes amplios nacen, en teoría, como herramientas para ampliar mayorías sociales y electorales pero en la práctica, demasiadas veces se utilizan como dispositivos de contención de la ideología. Su arquitectura interna (pensada para integrar sensibilidades diversas) tiende a desplazar el centro de gravedad hacia posiciones que resulten aceptables para actores económicos, mediáticos e institucionales ya consolidados. El resultado es un proyecto que administra expectativas y no construye poder popular, no atiende a las demandas más acuciantes de la sociedad y acaba siendo decepcionante, lo que conduce a la ciudadanía a la abstención o al voto protesta en el espectro político inverso.

En Chile, como antes en otros países, esa dinámica produjo un doble efecto corrosivo. Por un lado, la derecha radical encontró un campo fértil para presentarse como la única alternativa clara, con discurso nítido y radical y promesas simples frente a una izquierda percibida como parte del problema, tecnocrática, inútil y vacilante. Por otro, una parte significativa de la base social que había protagonizado movilizaciones masivas experimentó frustración, desmovilización y, finalmente, retirada del terreno político institucional.

La extrema derecha no avanza únicamente por su propia fuerza. Avanza, sobre todo, cuando el adversario renuncia a disputar el sentido común en términos materiales y simbólicos, dejando el campo de batalla política vacío de un ejército de ideales que rápidamente ocupa el neoliberalismo de la mano de la derecha más reaccionaria.

Precedentes históricos: cuando el péndulo se acelera

La historia reciente ofrece paralelismos elocuentes. En América Latina, los ciclos progresistas que no lograron consolidar transformaciones estructurales (especialmente en materia de redistribución, control de sectores estratégicos y democratización económica) dejaron tras de sí escenarios propicios para reacciones conservadoras agresivas. Brasil tras el agotamiento del lulismo moderado, Argentina después de etapas de gestión defensiva, o incluso Ecuador tras la descomposición del correísmo y la moderación de la izquierda, todas ellas muestran un patrón común: cuando la promesa de cambio se convierte en gestión prudente y connivente con el poder fáctico, la derecha radical capitaliza el malestar.

Europa no es ajena a esta lógica. La socialdemocracia alemana tras la «Agenda 2010», el socialismo francés tras la presidencia de Hollande o el caso griego después de la capitulación de Syriza frente a las instituciones europeas evidencian que la renuncia explícita a confrontar intereses estructurales de clase no sirve para desactivar a la derecha; la legitima y le da armas dialécticas que destrozan cualquier posibilidad de articular cambios reales. El péndulo no se queda quieto en el centro: oscila con violencia cuando se le priva de alternativas creíbles a la izquierda.

Chile como advertencia, no como excepción

El triunfo de Kast debe entenderse como una advertencia sistémica. No ha emergido únicamente de una batalla cultural ganada por la derecha, ha emergido de un vacío estratégico dejado por una izquierda que, en nombre de la gobernabilidad, fue estrechando su propio marco de acción. La promesa constitucional, las reformas sociales y la democratización profunda del país quedaron atrapadas en un laberinto institucional que erosionó la confianza popular y desmovilizó a los actores que protagonizan la batalla cultural en la calle, en los centros de trabajo y en las casas.

Cuando la política deja de ser un instrumento para disputar el poder real y se convierte en un ejercicio de administración de límites y «bienquedismo», el terreno queda libre para proyectos autoritarios que prometen orden, identidad y certidumbre. No porque ofrezcan soluciones reales a la clase trabajadora, de hecho es más bien al contrario si nos atenemos a sus políticas, sino porque hablan sin ambages a un malestar que otros prefieren amortiguar y no ponen cortapisas a sus programas electorales.

El espejo español

El paralelismo con el gobierno de España resulta inevitable. La experiencia de coalición progresista ha demostrado nulos avances en derechos y políticas públicas y varios intentos de recortes en derechos, con la propia ministra de trabajo pidiendo escuelas infantiles 24 horas e incumpliendo todas y cada una de sus promesas electorales en pos de una gobernabilidad que cada día se hace más difícil, pero también, ha evidenciado los límites de una estrategia basada en la moderación permanente y en la subordinación a marcos económicos intocables. La contención del conflicto social, la renuncia a reformas estructurales en vivienda, sanidad, educación, energía o sistema productivo, y la aceptación de consensos heredados del bipartidismo han generado una sensación creciente de estancamiento y el ruido de sables de unas, presumiblemente, muy próximas elecciones generales.

Ese clima no fortalece a la izquierda, la debilita frente a una extrema derecha que crece alimentándose de frustraciones acumuladas y un ‘lawfare’ que ahora también alcanza al principal partido del gobierno y a la judicatura. Al igual que en Chile, el riesgo no es solamente de la fuerza del adversario, que ya de por sí cuenta con resortes en el régimen que lo protegen, además también habita en la incapacidad de ofrecer un horizonte claro de transformación que merezca la pena ser defendido por la gente incluso en contextos adversos.

Resistir hasta que el péndulo cambie

La enseñanza central es incómoda pero es más necesaria que nunca. Las fuerzas de izquierda que sobreviven a los ciclos reaccionarios no son las que se mimetizan con el centro político, capitulan sus ideas y olvidan «el motivo que les trajo aquí», son las que mantienen coherencia, arraigo social y una narrativa comprensible sobre el conflicto, son aquellas capaces de articular un discurso que interpele a amplias capas de la población en aquello que les une, las que son valientes y tienen una juventud a la vanguardia que abre paso en en la selva ideológica que empuja desde abajo. Aguantar el embite de la extrema derecha implica asumir momentos de aislamiento institucional, presión mediática y derrota electoral, sin abandonar el proyecto ni diluirlo en fórmulas rocambolescas o imitaciones pobres de lo que funcionó en un determinado momento o en X país.

El péndulo político siempre se mueve, pero no lo hace solo, cambia de lado cuando existen organizaciones capaces de sostener una posición clara, de acompañar a las mayorías en sus derrotas y de estar preparadas ideológicamente cuando la ventana de oportunidad se abre de nuevo. Chile muestra lo que ocurre cuando esa preparación se sustituye por la expectativa de una estabilidad fantasma. España haría bien en tomar nota.

No se trata de nostalgia ni de maximalismo retórico. Se trata de comprender que, sin una izquierda dispuesta a confrontar intereses y a asumir costes políticos, el espacio político se llena de soluciones autoritarias. Y que la moderación, lejos de ser un refugio seguro, suele ser el preludio de retrocesos más profundos.

Más artículos en Todo al Trece:

Se rompe Vox

El verdadero “Me Too” socialista: los casos de acoso que sacuden al PSOE y la impasividad de Sumar

13 de diciembre de 1979: la herida abierta de la Transición que vuelve a interpelarnos

Publicidad

13 de diciembre de 1979: la herida abierta de la Transición que vuelve a interpelarnos

0

El 13 de diciembre de 1979 constituye uno de los episodios más significativos —y más silenciados— de la violencia política en los inicios de la democracia española. Aquella tarde-noche, en el sur de Madrid, convergieron dos grandes corrientes de movilización: por un lado, la manifestación sindical convocada por CCOO, USO y el Sindicato Unitario contra el proyecto de Estatuto de los Trabajadores; por otro, el masivo movimiento estudiantil que se oponía a la Ley de Autonomía Universitaria y al Estatuto de Centros Docentes. La intersección entre ambas protestas cristalizó un fugaz pero decisivo frente obrero-estudiantil, expresión de una sociabilidad política que desbordaba los márgenes institucionales de la nueva democracia.
Según la documentación histórica consultada, la marcha sindical —cerca de 300.000 personas según los organizadores— avanzó de forma ordenada desde Legazpi hasta Embajadores. Allí, hacia las 21:00 horas, comenzaron a confluir columnas estudiantiles dispersadas previamente por la policía en otras zonas de la ciudad. Los cánticos que emergen en la glorieta —“Obreros y estudiantes, unidos y adelante”— condensan el imaginario de alianza de clase que impregnó buena parte de la cultura política del tardofranquismo y de la primera Transición.

El giro represivo llegó de forma abrupta. Las unidades antidisturbios, hasta entonces expectantes, iniciaron cargas masivas, uso de botes de humo y pelotas de goma. En la Ronda de Valencia, un jeep policial quedó rodeado en medio de la confusión y sus agentes efectuaron alrededor de quince disparos con munición real. Los estudiantes José Luis Montañés Gil, de 23 años, y Emilio Martínez Menéndez, de 20, resultaron mortalmente heridos; varios manifestantes y viandantes fueron alcanzados también por las balas. El archivo de la Transición, los testimonios de prensa e investigaciones posteriores coinciden en señalar este episodio como uno de los casos más graves de violencia policial de la época, marcado por la ausencia de responsabilidades penales y por una persistente sensación de impunidad.

El 13D no solo fue un momento de duelo; también se convirtió en un hito de memoria colectiva y en un recordatorio de las tensiones estructurales entre movilización social, democratización y persistencias autoritarias. Como muestran los estudios sobre protestas y cambio social, la represión no clausura necesariamente la acción colectiva, sino que puede convertirse en un vector de politización y articulación de nuevas identidades. La huelga universitaria del día siguiente, el ciclo de movilizaciones de duelo y las pancartas que proclamaban “José Luis y Emilio, no os olvidamos” son buena muestra de ello.
Más de cuatro décadas después, estos acontecimientos siguen convocándonos a pensar críticamente el relato hegemónico de la Transición: sus silencios, sus márgenes y sus víctimas.

Más artículos en Todo al trece.

Se rompe Vox

El verdadero “Me Too” socialista: los casos de acoso que sacuden al PSOE y la impasividad de Sumar

Extremadura pasa por las urnas

Publicidad

El verdadero “Me Too” socialista: los casos de acoso que sacuden al PSOE y la impasividad de Sumar

0
[[File:PSOE LOGO.png|PSOE_LOGO]]

En las últimas semanas, el PSOE ha quedado atrapado en un auténtico tsunami de denuncias por acoso sexual, un “Me Too” interno que ha puesto en evidencia quiénes eran los amigos de Pedro Sánchez, muchos de ellos dirigentes de entre 40 y 50 años que ocuparon cargos de confianza y poder dentro del partido.
Los casos que han salido a la luz

  • Paco Salazar, exasesor de Moncloa, señalado por varias trabajadoras del Gabinete de Presidencia. Las denuncias describen un ambiente degradante y presiones constantes.
  • José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo, obligado a dimitir tras acusaciones de acoso sexual, aunque mantiene su cargo de alcalde.
  • Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, denunciado por acoso sexual y suspendido cautelarmente de militancia.
  • Javier Izquierdo, senador y miembro de la Ejecutiva Federal, que renunció a todos sus cargos tras ser señalado por acoso.
  • Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde de Belalcázar (Córdoba), dimitió tras enviar mensajes obscenos a una trabajadora municipal.
  • Toni González, alcalde de Almussafes y vicesecretario del PSPV en Valencia, investigado por denuncias de acoso sexual y laboral.
    En apenas dos semanas, seis dirigentes socialistas han sido acusados de acoso sexual, lo que ha desatado una crisis interna sin precedentes.

    Mientras las denuncias se acumulan y el partido intenta contener el daño, Sumar se mantiene en su papel habitual: declaraciones grandilocuentes, pero ninguna acción concreta. Yolanda Díaz ha calificado la situación de “insoportable”, pero más allá de las palabras, no se han visto medidas reales. La coalición que prometía ser garante del feminismo y la igualdad se ha limitado a la retórica, dejando a las víctimas sin respaldo político efectivo.

    El PSOE, que durante años se presentó como abanderado del feminismo, ahora se enfrenta a la contradicción de tener que explicar cómo figuras cercanas a Sánchez y a la dirección socialista han protagonizado estos escándalos. La falta de contundencia inicial, el retraso en trasladar los casos a la Fiscalía y la resistencia a actuar de forma ejemplar han minado la credibilidad del partido.

    Este verdadero “Me Too” socialista no solo expone las redes de poder y complicidad dentro del PSOE, sino también la impasividad de Sumar, que confirma lo que ya muchos sospechaban: mucho discurso, poca acción. La crisis no es solo interna, es política y social. Y mientras tanto, las víctimas siguen esperando justicia y hechos, no palabras.
Publicidad

Cargas policiales contra quienes apagan nuestros incendios: la vergüenza del Ministerio de Marlaska

0
[[File:Fernando Grande-Marlaska with Alejandro Mayorkas.jpg|Fernando_Grande-Marlaska_with_Alejandro_Mayorkas]]

Ayer, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid volvieron a salir a la calle tras 150 días de huelga indefinida para exigir un convenio digno, estabilidad laboral y protección frente a agentes cancerígenos. Lo hicieron frente a la sede de TRAGSA, empresa pública que se niega a negociar pese a que su convenio colectivo lleva caducado desde 2012. La respuesta del Estado fue la violencia: cargas policiales, pelotas de goma, gas pimienta, heridos y detenidos.
La represión de la policía de Marlaska contra quienes protegen la vida

  • 14 heridos y al menos 2 detenidos tras una protesta pacífica.
  • Los agentes antidisturbios rodearon a los manifestantes y cargaron “desde el minuto uno”, según los propios bomberos.
  • Vídeos difundidos muestran golpes, reducciones violentas y el uso indiscriminado de gas lacrimógeno.
    Los bomberos forestales denuncian que se les trata como delincuentes cuando lo único que reclaman es un salario digno (apenas 1.280–1.300 euros al mes por un trabajo de altísimo riesgo) y el cumplimiento de la Ley Básica del Bombero Forestal, aprobada hace más de un año y aún sin aplicar.
    Marlaska, responsable político
    El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, es responsable directo de la actuación policial. No es un exceso aislado: es una orden política. Cuando quienes arriesgan su vida apagando incendios son gaseados y golpeados por reclamar derechos, hablamos de represión institucional. Marlaska no puede esconderse tras el Delegado del Gobierno en Madrid: la cadena de mando termina en su despacho.
    La represión contra los bomberos forestales revela un patrón: criminalizar la protesta social mientras se protege a las grandes empresas públicas y a los intereses políticos. TRAGSA acumula beneficios millonarios, pero se niega a garantizar condiciones dignas a quienes sostienen el servicio. El Ministerio, en lugar de mediar y obligar a negociar, envía antidisturbios.

    El Comité de Huelga recuerda que el artículo 37.1 de la Constitución y el Real Decreto-ley 17/1977 obligan a negociar durante una huelga. El Gobierno está vulnerando derechos fundamentales al permitir que TRAGSA bloquee cualquier acuerdo.

    La imagen es insoportable: bomberos forestales heridos y detenidos, tras meses de precariedad y silencio institucional. El Ministerio de Marlaska debe asumir responsabilidades: dimisión inmediata del Delegado del Gobierno en Madrid, apertura de una investigación sobre las cargas y garantías de negociación real.
    La ciudadanía no puede aceptar que quienes protegen nuestros montes y pueblos sean tratados como enemigos del Estado. La represión de ayer no es solo un ataque a los bomberos forestales: es un ataque a la democracia y a los derechos de todos.
Publicidad

Ione Belarra pone contra las cuerdas a la Ministra de Vivienda: las medidas que necesitamos

0
photo 2026 01 08 14 08 28

Un choque que revela la verdad
Hoy en el Congreso, Ione Belarra ha desnudado la ineficacia de las políticas actuales de vivienda y ha puesto contra las cuerdas a la Ministra Isabel Rodríguez. Con contundencia, Belarra señaló que las campañas de publicidad y los vídeos en redes “no valen para absolutamente nada” cuando miles de familias no pueden pagar el alquiler ni acceder a una vivienda digna.

Las propuestas de Belarra no son ocurrencias, sino respuestas directas a la emergencia habitacional:

  • Expropiar a grandes tenedores que acumulan decenas de viviendas mientras miles de personas no tienen ninguna.
  • Convertir pisos turísticos en alquiler habitual, ampliando la oferta y frenando la especulación.
  • Suspender los desahucios para proteger a las familias vulnerables.
  • Reorientar el gasto público, denunciando que se destinan miles de millones a armamento mientras apenas se invierte en vivienda.
    Estas medidas son las únicas capaces de bajar los precios de alquiler, frenar la especulación y garantizar el derecho constitucional a la vivienda.
    Una realidad insostenible
    Los datos son claros:
  • Los alquileres han alcanzado máximos históricos en ciudades como Madrid y Barcelona.
  • Más del 40% de los jóvenes dedica más de la mitad de su salario al alquiler.
  • Se estima que 1,6 millones de personas verán incrementadas sus rentas en más de 1.700 euros anuales en 2026.
    La situación es insostenible y las medidas de Belarra son las únicas que atacan el problema de raíz.

    El enfrentamiento de hoy no es solo un choque político: es la voz de quienes sufren la crisis de vivienda. Belarra ha puesto sobre la mesa las medidas acertadas, las que realmente pueden garantizar que la vivienda deje de ser un negocio y vuelva a ser un derecho.
Publicidad

Se rompe Vox

0
[[File:Iván Espinosa de los Monteros (49023548192).jpg|Iván_Espinosa_de_los_Monteros_(49023548192)]]

La imagen de bloque monolítico que VOX ha tratado de mantener durante años acaba de recibir un golpe severo. Iván Espinosa de los Monteros, uno de los rostros más reconocibles que tuvo el partido, ha cruzado una línea que hasta ahora nadie de su nivel había cruzado: denunciar judicialmente a su antigua formación por filtrar información interna para perjudicarle políticamente. El nivel de deterioro que implica un movimiento así señala una ruptura personal y apunta a un proceso de desgaste estructural que ya venía gestándose desde las purgas internas.

La querella de Espinosa deja al descubierto un conflicto que llevaba tiempo latente: hay luchas por el poder internas, agendas enfrentadas y un clima de desconfianza que ha convertido las filtraciones en arma habitual. Esa deriva, que antes podían contener o maquillar, ahora se vuelve imposible de ocultar. Cuando alguien que formó parte del núcleo duro acusa al propio aparato de utilizar información confidencial para destruirle, el mensaje que recibe el ciudadano es inequívoco, dentro de Vox hay una guerra soterrada y nadie controla el fuego amigo.

La coincidencia temporal amplifica el ruido de sables. Todavía resuena el escándalo de corrupción que estalló hace unos días en Revuelta, el colectivo juvenil afín a VOX, envuelto en acusaciones de gestionar de forma irregular dinero recaudado para víctimas de la DANA. Dimisiones, acusaciones cruzadas, dirigentes señalándose unos a otros… Todo ese episodio retrató la otra cara del universo de extrema derecha, un caos organizativo, «trepismo» agresivo y estructuras paralelas que funcionan sin transparencia ni coordinación real.

Ambos casos, el de Espinosa y el de Revuelta, dibujan una misma tendencia. Lo que antes se ha estado vendiendo como disciplina férrea, no era más que un régimen de terror interno. Cuando la narrativa de fuerza se desgasta, empiezan a aflorar los rencores acumulados, los proyectos personales y cultos al líder que compiten entre sí y las dependencias internas que ya no logran encubrirse. La derecha radical española vive de proyectar orden hacia afuera sin embargo ese mismo orden es el que ahora se deshace por dentro.

El mensaje político de fondo es más profundo: una organización que presume de firmeza solo puede sostener su relato si los engranajes internos funcionan con lealtad y silencio corporativo. Hoy VOX pierde ambas. Filtraciones, denuncias, dimisiones y acusaciones suman un retrato que los coloca en la fase de descomposición que tantas veces atribuyeron a otros. Lo que asoma por las grietas es una disputa por el poder que ya no se libra en silencio.

Puede que intenten restar importancia a esta fractura, pero la sensación general es otra. Cuando un proyecto basado en la obediencia empieza a mostrar fisuras públicas entre sus figuras más importantes, el deterioro se acelera. La pregunta ahora es cuántos terremotos más harán falta para que todo el armazón simbólico que construyeron se venga abajo.

Hoy, por primera vez desde su ascenso, VOX transmite vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad suena a principio de fin, VOX se resquebraja por dentro.

Más artículos aquí:

La implosión de Revuelta: La organización juvenil de Vox en crisis

EL SAQUEO DE DISENSO: «NOS OBLIGAN A TRANSFERIR INGENTES CANTIDADES DE DINERO A LA FUNDACIÓN»

Publicidad

Los protocolos de la vergüenza: impunidad a la vista

0
[[File:Isabel Díaz Ayuso 2024 (cropped).jpg|Isabel_Díaz_Ayuso_2024_(cropped)]]

La noticia de que dos altos cargos responsables de los llamados protocolos de la vergüenza han decidido plantar a la jueza es un insulto a la ciudadanía y a las víctimas de unas medidas que ya han sido reconocidas como ilegales y discriminatorias. No comparecen, no rinden cuentas, y mientras tanto la justicia parece mirar hacia otro lado.
Martínez Peromingo ha admitido lo evidente: aquellos protocolos eran contrarios a la ley. ¿Qué más hace falta para que se actúe con contundencia? La busca y captura no es una opción, es una obligación. Cada día que pasa sin que se ejecute es un día más de impunidad, un día más en el que se normaliza que quienes vulneran derechos fundamentales puedan esconderse tras sus cargos y sus redes de poder.


La gravedad del asunto no es solo jurídica, es política y moral. Estos protocolos no fueron un error administrativo: fueron una estrategia consciente para discriminar y excluir. Y ahora, quienes los diseñaron y defendieron pretenden escapar de la rendición de cuentas.
La ciudadanía no puede aceptar que la justicia se convierta en un teatro donde los poderosos deciden si comparecen o no. La democracia exige igualdad ante la ley, y aquí lo que vemos es privilegio e impunidad.
Es hora de decirlo claro: la justicia debe actuar ya, sin dilaciones ni excusas. Busca y captura inmediata. Procesamiento ejemplar. Reparación para las víctimas. Todo lo demás es complicidad.

Pero no todo tiene que acabar ahí, hay que hacer justicia e imputar a la máxima responsable de esta gestión homicida que es sin ninguna duda, la Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Diaz Ayuso del PP.

Publicidad

Extremadura pasa por las urnas

0
[[File:Flag Extremadura.svg|Flag_Extremadura]]

El 21 de diciembre de 2025, Extremadura se enfrenta a unas elecciones anticipadas que marcarán el rumbo de la región. Tras el adelanto electoral de María Guardiola (PP), más de 890.000 extremeños y extremeñas decidirán si continúan las políticas de recortes y privatizaciones o si apuestan por un proyecto que garantice derechos y gobierne para toda la gente.


Las encuestas reflejan un retroceso del PSOE y un avance del PP sin mayoría absoluta, mientras que Unidas por Extremadura (Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde) se consolida como la fuerza que puede capitalizar el voto progresista. Irene de Miguel, candidata de la coalición, aspira a superar los 4 diputados actuales y convertirse en referente de la izquierda transformadora en la región.

Unidas por Extremadura defiende un programa que pone en el centro los derechos sociales y la justicia:

  • Vivienda: Regulación del mercado y apuesta por vivienda pública asequible.
  • Educación: Equiparación salarial de los docentes y refuerzo de la enseñanza pública.
  • Feminismo: Políticas feministas para frenar el avance de la extrema derecha y garantizar igualdad.
  • Transición energética: Cierre de la central nuclear de Almaraz y apuesta por energías renovables.
  • Sanidad y servicios públicos: Defensa de lo público frente a privatizaciones en sanidad y universidad.
  • Justicia social: Transformaciones profundas para que Extremadura crezca con sostenibilidad y equidad.

A diferencia de otras comunidades, en Extremadura no ha llegado la intoxicación de Sumar. Aquí las fuerzas de izquierdas concurren juntas, sin vetos ni imposiciones, demostrando que la unidad es posible cuando se priorizan los derechos de la gente por encima de intereses partidistas. Unidas por Extremadura se presenta como un bloque sólido, capaz de garantizar un gobierno para la mayoría social.

  • PP: ronda el 41% de los votos, pero sin mayoría absoluta.
  • PSOE: cae hasta el 32%, perdiendo fuerza histórica.
  • Vox: crece hasta un 14% y podría ser clave para el PP.
  • Unidas por Extremadura: se sitúa en torno al 8% y 4-5 escaños, con posibilidad de ser decisiva.
Publicidad

La implosión de Revuelta: La organización juvenil de Vox en crisis

0
[[File:Con Santiago Abascal en Sol y en Ferraz 12·11·2023 Contra la Amnistía - 53329203419.jpg|Con_Santiago_Abascal_en_Sol_y_en_Ferraz_12·11·2023_Contra_la_Amnistía_-_53329203419]]

Revuelta, la “marca joven” de Vox, se encuentra al borde del abismo. Lo que era hasta ahora un brazo de movilización para la extrema derecha (con manifestaciones, actos de agitación y una fuerte presencia mediática) se ha convertido en un polvorín interno después de denuncias graves por malversación.

Concretamente, varios miembros de su junta directiva han dimitido (entre ellos su vicepresidente, Arturo Villarroya González, y el también dirigente Javier Esteban Bejarano) y han denunciado ante la Fiscalía la gestión de donaciones recaudadas tras la catástrofe de la DANA en País Valenciá. Los acusados son el presidente de Revuelta, Jaime Hernández Zúñiga, y dos de sus colaboradores, Santiago Aneiros y Pablo González Gasca. También la ex-portavoz Elsa Almada abandonó el proyecto, alegando falta de transparencia.

Entre los cargos que se imputan figuran posible estafa, mala gestión de fondos, cobro de cuotas de afiliación sin los derechos correspondientes, y desvío de donaciones que se habían prometido a víctimas de la DANA.

Lo más llamativo es, según los denunciantes, que la asociación nunca convocó juntas ni asambleas, no hay registros financieros o administrativos claros, y no existe transparencia real sobre en qué se gastó el dinero recaudado.

El resultado? Revuelta se rompe. El desánimo entre simpatizantes es evidente, y la reaparición pública reciente, en una protesta con muy baja asistencia, es interpretada como un síntoma del distanciamiento definitivo de muchos con la dirección.

Vox, Disenso y el agujero financiero: la maquinaria del dinero.

Pero la debacle de Revuelta hay que entenderla situándola en un contexto más amplio: la enorme controversia sobre la financiación de Vox y la opacidad de su fundación oficial, Disenso.

Según un informe reciente del Tribunal de Cuentas, Vox transfirió (solo en 2021 y 2022) 2,5 millones de euros cada año a Disenso.

En total, en cinco años, la fundación habría recibido cerca de 11 millones de euros del partido.

A pesar de estas cuantiosas inyecciones, según sus cuentas de 2024, Disenso registró pérdidas (373.861 euros), lo que evidencia que esos recursos no se están traduciendo en un “éxito organizativo o editorial” claro, sino en gasto.

Parte de ese gasto corresponde a “gastos de personal”: más de un millón de euros en 2023, según La Sexta.

La grave acusación proviene incluso de los exdirigentes del propio Vox: Idoia Ribas, ex portavoz del partido en Baleares, declaró que la dirección estatal había presionado al grupo parlamentario en las islas para transferir hasta el 50 % de su asignación pública al partido, y que esos fondos acababan en Disenso, que a su juicio es “una estafa piramidal con estructura de secta”.

Ribas acusa directamente al líder de Vox, Santiago Abascal (presidente de Disenso) de usar esos mecanismos para enriquecerse a costa de fondos públicos.

Esto pone en cuestión la promesa recurrente de Vox de ser distintos, de luchar contra la corrupción y de prescindir de las prácticas opacas propias de los partidos tradicionales. Resulta irónico que quienes alzaban la voz contra “los mismos de siempre” acaben gestionando un entramado de dinero de difícil rastreo.

Una convulsión interna que demuestra la fragilidad del proyecto.

La caída de Revuelta no es solo una crisis juvenil. Es una grieta en la supuesta unidad orgánica de Vox. Cuando miembros internos presentan denuncias por estafa, malversación, falta de transparencia, y dimiten en bloque: estamos ante algo más que un enfrentamiento puntual: es una implosión. Una fractura que demuestra que las tensiones internas (entre quienes buscan poder, quienes quieren controlar recursos, quienes buscan presionar al partido) son reales y profundas.

El hecho de que las fundaciones, los think tanks y los “aparatos” afines empiecen a devorar a sus propias estructuras deja en evidencia que este tipo de organizaciones no son instrumentos ideologicos que se utilicen para convencer y ensachar la base electoral, realmente máquinas de recaudación y canalización de recursos hacia entramados opacos.

Conclusión: la ultraderecha como proyecto fraudulento y para sorpresa de nadie, un timo

Lo que estamos viendo con Revuelta, Vox y Disenso es parte de un patrón de la derecha históricamente: usar la movilización social, el discurso populista y la victimización de causas sensibles para recaudar dinero, consolidar estructuras de poder, y alimentar organizaciones paralelas cuyos balances apenas se explican.

Muchos de los promotores de esta estrategia (como Abascal) han defendido públicamente las transferencias a Disenso, justificándolas como parte de una “batalla cultural”. Pero los hechos (dimisiones, denuncias, agujeros contables, sanciones del Tribunal de Cuentas) muestran otra cosa: un entramado con estética política, pero esencia empresarial, con fachada de idealismo, pero trasfondo de lucro.

Así que sí: Vox se está rompiendo por dentro. Y para quien haya querido verlo desde fuera, quizá no sea sorpresa que la ultraderecha, en muchos casos haya sido un enorme timo. Un timo organizado, con sello institucional, con estructura de partido, con fundaciones, con “juventudes”, con donaciones y subvenciones. Pero un timo.

La sanidad pública se colapsa por los moros y los negros. por Sixto Egido

Universidad sitiada: la ofensiva ultra y la deriva privatizadoracon fondos públicos. por Óscar Guisado

El valor de la protesta por Alberto Olayo

Publicidad

España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia se bajan de Eurovisión 2026 tras la confirmación de Israel en el certamen

0
[[File:Eurovision Song Contest heart (2014–2025).svg|Eurovision_Song_Contest_heart_(2014–2025)]]

La decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU) de permitir la participación de Israel en Eurovisión 2026 ha desencadenado una reacción en cadena entre varios radiodifusores públicos europeos. España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia anunciaron entre el 4 y el 5 de diciembre que no formarán parte del festival que el próximo año acogerá Viena.

RTVE fue una de las primeras en comunicar su retirada. La dirección del ente público explicó que ya tenían sobre la mesa la posibilidad de abandonar el concurso si Israel era admitido y, una vez confirmada la decisión de la EBU, activaron el plan. Minutos después, la televisión irlandesa RTÉ hizo público un comunicado similar, al que se sumaron más tarde AVROTROS (Países Bajos) y RTVSLO (Eslovenia).

Los cuatro organismos coinciden en que el contexto internacional convierte la participación en el festival en un gesto político imposible de evitar, pese a los intentos de la EBU por reforzar la neutralidad del concurso. Las nuevas reglas aprobadas —entre ellas límites a la promoción de las delegaciones— no han sido suficientes para quienes consideran que permitir la presencia de Israel contradice valores fundamentales de los propios radiodifusores.

Desde la EBU se ha insistido en mantener el festival sin excluir a ningún miembro del organismo y se han mostrado “preocupados” por la retirada en bloque de varios participantes históricos. La organización ha convocado reuniones internas en un intento de frenar la escalada y evitar más salidas, aunque no está claro si otros países podrían seguir el mismo camino.

Las reacciones no se han hecho esperar. Colectivos artísticos y organizaciones pro derechos humanos han celebrado la decisión de los países que se retiran, mientras que otros sectores critican lo que consideran una politización inevitable de un evento que siempre ha presumido de ser estrictamente musical.

Con varias delegaciones fuera y un debate cada vez más polarizado, Eurovisión 2026 se perfila como una de las ediciones más tensas de su historia reciente, marcada por un pulso entre la neutralidad tradicional del festival y las urgencias políticas del momento.

El Metro de Madrid: el infierno bajo tierra de Ayuso.

La Policía desarticula en Castellón una célula terrorista supremacista vinculada a The Base

Universidad sitiada: la ofensiva ultra y la deriva privatizadoracon fondos públicos.

Publicidad