En la madrugada del 27 de agosto, nuestro compañero Román Cuesta, periodista y colaborador de Canal Red, fue víctima de una agresión frente a la puerta de su domicilio. Según ha denunciado él mismo y han confirmado testigos, tres individuos vinculados a la ultraderecha se presentaron para intimidarle y atacarle, llegando a golpearle y rociarle con gas pimienta. Este acto cobarde se suma a una preocupante escalada de violencia contra profesionales de la comunicación que investigan y exponen las redes de odio en nuestro país.
Desde Todo al Trece condenamos de forma rotunda esta agresión. No es un hecho aislado: forma parte de un clima en el que la ultraderecha actúa con la sensación de impunidad, trasladando su violencia de las redes a nuestras calles. Quieren amedrentar, silenciar y sembrar miedo, pero no lo conseguirán. El periodismo libre y comprometido es una de las mejores defensas de la democracia. Román Cuesta ha dedicado su trabajo a desenmascarar a quienes se esconden tras el anonimato para hostigar y difundir odio. Por eso, su labor es tan valiosa como incómoda para quienes temen la verdad. Reiteramos nuestro apoyo incondicional a Román. Exigimos que las autoridades actúen con rapidez para identificar y juzgar a los responsables. Y llamamos a la ciudadanía a no normalizar la violencia política: defender a quienes informan es defender nuestro derecho colectivo a saber. Basta ya de violencia ultra. Basta ya de impunidad.
En la Asamblea de Madrid, el bipartidismo ha vuelto a dar una lección… pero no de servicio público, sino de cómo blindar privilegios. PP y PSOE han aprobado una nueva subida salarial para sus diputados y diputadas, la segunda en menos de un año, que eleva el sueldo base a 3.883,02 euros brutos mensuales. Y eso sin contar los jugosos complementos que, en algunos casos, disparan la nómina por encima de los 5.900 euros. La justificación oficial es ya un clásico: “dignificar la política”. Pero la realidad es que, mientras millones de madrileños lidian con alquileres imposibles, sueldos congelados y servicios públicos tensionados, sus representantes se han asegurado un incremento acumulado del 8,5% entre 2024 y 2025.
El argumento de que “otros parlamentos cobran más” suena hueco cuando se recuerda que el Ministerio de Hacienda ha aclarado que no existía obligación legal alguna para aplicar esta subida. Fue, simple y llanamente, una decisión política. Una decisión que revela prioridades: igualarse con otros parlamentos… pero no con la ciudadanía a la que dicen representar. En un contexto de inflación, precariedad y desigualdad, esta medida es un recordatorio de que, para algunos y algunas, la política no es un servicio, sino una carrera profesional con beneficios blindados. Y que la “dignidad” que defienden parece medirse en euros, no en compromiso.
Porque si algo queda claro tras esta nueva subida es que la política madrileña no necesita más dignidad, sino más decencia. Mientras los ciudadanos y ciudadanas hacen malabares para llegar a fin de mes, sus representantes se aseguran que el fin de mes les llegue con holgura. Y todo esto, envuelto en discursos vacíos y apelaciones a la “responsabilidad institucional”. Lo que realmente dignificaría la política sería renunciar a privilegios, rendir cuentas y vivir con los mismos límites que impone la realidad a quienes les votan. Pero claro, eso no cotiza en la Asamblea.
En su comparecencia de este martes en el Congreso, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, volvió a dejar claro que no piensa suavizar su discurso cuando se trata de defender los servicios públicos y denunciar las políticas negligentes. Ione Belarra acusó al Partido Popular y Vox de haber “desmantelado los servicios públicos” allí donde gobierna, mediante privatizaciones y recortes que han supuesto la pérdida de mil plazas de brigadistas y agentes forestales en solo dos años. Una política que ha dejado al país sin capacidad para afrontar con eficacia los graves incendios de este verano. Pero no se quedó ahí: también señaló al PSOE por mantener bloqueada desde hace ocho años la ley de bomberos, lo que mantiene a los brigadistas forestales en condiciones “lamentables y semiprivatizadas”.
Recordó que en comunidades socialistas se contrata a este personal solo en verano, ignorando que “los incendios se apagan en invierno con prevención”. La líder de Podemos criticó además que haya sido el PP quien forzara la comparecencia de los ministros implicados en la gestión de los incendios en el Senado, cuando —según dijo— deberían haber acudido al Congreso de “motu proprio” para rendir cuentas.
Su intervención, cargada de datos y reproches directos, volvió a reforzar la imagen de Ione Belarra como una dirigente que no rehúye el conflicto político y “dice las cosas como son” y coloca el foco en lo que considera los verdaderos problemas: la precariedad de los servicios públicos y la falta de prevención ante catástrofes que cada año dejan más víctimas y daños.
Los incendios forestales que asolan nuestro territorio este verano no son fruto únicamente del azar o de un clima caprichoso. Son la consecuencia previsible —y anunciada por expertos desde hace años— de una combinación letal: cambio climático, abandono rural, y, en algunos casos, políticas erráticas que han debilitado la capacidad de respuesta de las comunidades autónomas.
En las últimas semanas, se ha hecho evidente que varias de las comunidades más afectadas por estos incendios coinciden en un hecho llamativo: están gobernadas por ejecutivos autonómicos del PP, que han aplicado recortes significativos en los servicios de prevención y extinción, han impulsado procesos de privatización de competencias clave y, en numerosos discursos, han minimizado o negado la urgencia del cambio climático. Este patrón, lejos de ser casual, plantea preguntas incómodas sobre las consecuencias de tales decisiones en la seguridad ambiental y en la protección de vidas y bienes.
La reducción de brigadas forestales permanentes, la externalización de servicios esenciales y la ausencia de planes de gestión integral del monte han tenido un impacto directo en la capacidad de reacción. En emergencias como la actual, cada minuto cuenta, y la falta de medios humanos y materiales multiplica las pérdidas. Cuando desde la esfera política se relativiza el cambio climático o se asume como un tema secundario, se retrasa la adopción de medidas de adaptación y prevención que podrían salvar miles de hectáreas de bosque. La negación no apaga fuegos; al contrario, los aviva. Estos incendios no solo carbonizan paisajes: erosionan la confianza ciudadana en unas instituciones que deberían velar por su seguridad y por el patrimonio natural común. La respuesta pasa por invertir de forma sostenida en prevención, reforzar los recursos públicos y asumir, sin ambages, que la crisis climática es el mayor reto ambiental y social de nuestro tiempo.
Cada junio, el calor convierte las aulas en hornos. Cada julio, las escuelas infantiles que abren soportan temperaturas inhumanas que ponen en riesgo la salud de bebés de 0-3 años. Cada agosto, los campamentos de verano organizados por los ayuntamientos en colegios públicos repiten el mismo infierno. Cada año, las temperaturas aumentan, niños, niñas y trabajadoras soportan temperaturas que rozan o superan los 40 grados ¿Aire acondicionado? Ni está ni se le espera. ¿Medidas urgentes? Tampoco. ¿Indignación institucional? Cero.
No hablamos de una ola de calor puntual, hablamos de un problema continuado en el tiempo, conocido y denunciado desde hace años por los/as padres, madres y trabajadoras/es. En la Comunidad de Madrid, la responsabilidad recae directamente sobre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso que al parecer no ha tenido suficiente con matar a 7291 personas en las residencias durante la pandemia, no solo no le importan las personas mayores, al parecer los/as mas pequeños le importan lo mismo. En cuanto a los ayuntamientos, también tienen su parte de culpa ya que utilizan instalaciones escolares como si fueran almacenes multiusos, y que tratan a los/as niños/as como números ignorando por completo el riesgo que supone esas temperaturas para los/as menores y las trabajadoras obligados/as a aguantar un calor que ni en las cárceles se tolera.
Os pondré en la situación de los campamentos de verano: si bien a primera hora de la mañana las actividades al aire libre y en los patios pueden ser viables, a medida que avanza la jornada las temperaturas se disparan, haciendo insostenible la estancia en el exterior ya que los colegios tampoco es que tengan muchas sombras que digamos. La situación en el interior de las aulas es horrible, se convierten en auténticos hornos, llegando a alcanzar y superar los 40ºC. Esta situación expone a los/as menores a un riesgo real de deshidratación, golpes de calor y otros problemas de salud graves, comprometiendo seriamente su bienestar y seguridad durante su estancia en los campamentos, colegios y en las escuelas infantiles.
Es inaceptable que en pleno 2025 sigamos normalizando que niños/as de dos, seis o diez años pasen horas sudando, mareándose o con dolor de cabeza mientras intentan concentrarse o jugar. La ley laboral establece límites para que los adultos no trabajen en condiciones extremas. ¿Por qué los niños no merecen la misma protección? ¿Porqué no se cumplen estos límites en algunos trabajos? ¿Que pasa que las que no trabajamos en oficinas no merecemos unas condiciones dignas? ¿ Tiene pensado hacer algo nuestra querida ministra de trabajo de «izquierdas? Sinceramente no lo creo
Los ayuntamientos se escudan en que “no es competencia municipal” y la Comunidad no hace más que dar excusas presupuestarias o se dedican a decir que no es prioritario. Pero la realidad es clara, si fuera una prioridad política, ya estaría resuelto. Hay dinero para campañas de autobombo, para obras de escaparate, para fiestas y para privatizar servicios esenciales. Pero cuando se trata de garantizar que los niños no sufran golpes de calor, de repente el presupuesto se evapora. Igual que su vergüenza.
Mientras tanto, las familias se ven obligadas a elegir entre dejar a sus hijos en un campamento a 40 grados o no poder conciliar en verano. Seamos claras, para la clase trabajadora no existe una conciliación real, aquí pasa como en todo y ganan los/as de siempre. El calor extremo no es solo incómodo, es un riesgo para la salud. Golpes de calor, deshidratación, falta de atención… pero aquí se prefiere mirar hacia otro lado. Porque los/as que toman decisiones casualmente no tienen a sus hijos/as en esas aulas. Ellos estudian en centros privados con aire acondicionado o pasan el verano en campamentos privados climatizados. Esto cada año será peor y las necropolíticas de Ayuso y de muchos ayuntamientos en la Comunidad de Madrid son claras, dejar que el problema se pudra, porque no da votos ni titulares bonitos.
La comunidad de Madrid no necesita más excusas ni discursos vacíos, necesita climatización ya. Y necesita políticos/as que no traten a los/as niños/as como ganado encerrado en jaulas de calor. Hasta entonces, cada gota de sudor, cada golpe de calor, cada campamento asfixiante será una prueba más de que en esta Comunidad la vida de un/a niño/a vale menos que el próximo titular de propaganda de Ayuso. Empezarán a ocurrir desgracias como ya pasa en otros trabajos y los/as culpables tienen nombres y apellidos.
Que nadie se engañe, el calor mata. Y cuando un gobierno sabe que algo mata y no hace nada, es responsable. Ayuso lleva años sabiendo que los colegios se convierten en hornos en verano y ha decidido mirar para otro lado. No es negligencia, es una condena premeditada a la escuela pública y a nuestros hijos/as
[[File:Irene Montero, Ministra de Igualdad.jpg|Irene_Montero,_Ministra_de_Igualdad]]
Cada año, como un patrón que se repite con escalofriante precisión, los meses de verano y las fechas festivas traen consigo un repunte en los casos de violencia machista. No es una coincidencia. Es una realidad que se ha documentado durante años, y sin embargo, sigue sin recibir la respuesta institucional que merece. Las víctimas aumentan, los agresores se envalentonan, y el Estado parece mirar hacia otro lado. ¿Dónde está el Ministerio de Igualdad? Desde la salida de Irene Montero, el Ministerio de Igualdad ha perdido fuerza, presencia y, sobre todo, valentía. Se echa de menos su firmeza, su capacidad para incomodar al poder, y su compromiso inquebrantable con las víctimas. Hoy, el ministerio parece más preocupado por no molestar que por proteger. Las campañas de concienciación han perdido impacto, los recursos se han diluido, y el discurso se ha vuelto tibio. En un momento en que el negacionismo avanza, la tibieza es una forma de complicidad.
El negacionismo de Vox: una amenaza real No se puede hablar de violencia machista sin señalar el papel destructivo que está jugando Vox en el debate público. Su negacionismo no solo es peligroso, es letal. Al negar la existencia de la violencia de género, al equipararla con “violencia intrafamiliar”, están desmantelando años de lucha feminista y políticas públicas que han salvado vidas. Pero lo más alarmante es el efecto que esto está teniendo en las víctimas más jóvenes.
Las adolescentes y mujeres jóvenes están cada vez más expuestas a relaciones tóxicas, controladoras y violentas. ¿Por qué? Porque el discurso negacionista cala. Porque se les dice que exageran, que “eso no es violencia”, que “los hombres también sufren”. Y mientras tanto, los agresores se sienten legitimados. El resultado: víctimas cada vez más jóvenes, más vulnerables, y más solas.
No es falta de recursos, es falta de voluntad España tiene los medios, los datos y la experiencia para combatir la violencia machista. Lo que falta es voluntad política. No basta con condenar cada asesinato con un tuit. No basta con poner lazos morados en las solapas. Hace falta acción: educación afectivo-sexual en las aulas, campañas que hablen claro, protección real para las víctimas, y una respuesta institucional que no se esconda detrás del miedo a la ultraderecha.
Basta de mirar hacia otro lado La violencia machista no sube “porque sí” en verano. Sube porque el sistema falla. Porque los agresores saben que hay impunidad. Porque las víctimas no encuentran refugio. Y porque quienes deberían estar al frente, están desaparecidos. Es hora de exigir más. Es hora de recuperar el coraje político que representó Irene Montero. Y es hora de decir alto y claro: el negacionismo mata. Y cada día que pasa sin una respuesta firme, el Estado se convierte en cómplice.
Rey Juan Carlos I de España en su visita de estado a Estonia en mayo de 2009
Cinco años después de su exilio dorado en Abu Dabi, el rey emérito Juan Carlos I ha saldado los más de cuatro millones de euros que un grupo de empresarios le prestó para regularizar su situación fiscal en España. Según publica El Mundo, el monarca ha devuelto íntegramente esa suma gracias a ingresos obtenidos en Emiratos Árabes Unidos, principalmente por la venta de derechos para documentales sobre su vida y su intermediación en operaciones comerciales internacionales. Pero esta noticia, lejos de cerrar el capítulo, abre una nueva batería de preguntas incómodas.
¿De dónde sale realmente el dinero?
Las fuentes aseguran que los ingresos provienen de actividades privadas en Emiratos, pero no se han detallado los contratos, las cifras ni los compradores.
Las operaciones comerciales en las que ha actuado como intermediario no han sido especificadas, lo que impide evaluar su legalidad o ética.
Al no residir en España, estos ingresos no están sujetos al escrutinio de la Agencia Tributaria, lo que genera un vacío fiscal y legal preocupante. ¿Préstamos reales o maniobra para evitar el fisco?
Los préstamos fueron firmados con empresarios que han pedido permanecer en el anonimato, lo que impide verificar si hubo una verdadera intención de devolución o si se trató de donaciones encubiertas.
La ley permite regularizaciones voluntarias solo si no hay una investigación abierta. En el caso del emérito, la Fiscalía ya había iniciado diligencias, pero sus asesores se negaron a recibir la notificación, lo que le permitió acogerse a la regularización.
Esta estrategia, aunque legal en apariencia, roza el fraude procesal y pone en evidencia una manipulación del sistema tributario. ¿Qué imagen proyecta la monarquía?
El rey emérito ha estado vinculado a numerosos escándalos financieros, desde los 65 millones regalados a Corinna Larsen hasta el uso de tarjetas opacas y fundaciones offshore como Zagatka.
Aunque todas las causas fueron archivadas, la sombra de la corrupción sigue presente, y este nuevo episodio no ayuda a disiparla.
La devolución de los préstamos no es un acto de transparencia, sino una maniobra para blindarse legalmente, sin rendir cuentas públicamente.
En definitiva, la noticia de que Juan Carlos I ha devuelto los préstamos millonarios no debería celebrarse como un gesto de responsabilidad, sino analizarse como una operación cuidadosamente diseñada para evitar consecuencias legales.
La falta de transparencia, el uso de estructuras opacas y la impunidad con la que se ha movido durante años ponen en entredicho no solo su figura, sino la credibilidad de las instituciones que lo han protegido. ¿Liquidación de deuda o lavado de imagen? La historia aún está lejos de cerrarse.
Últimamente volvemos a escuchar el relato de la tan ansiada unidad para que la derecha no llegue al Gobierno. Pasa siempre cuando se van acercando elecciones o cuando el gobierno de turno va tambaleando.
Pero quienes empiezan con el discurso de la unidad siempre son aquellos medios de comunicación que pretenden que nada cambie, que todo siga igual y seguir perpetuando sus formas de actuar mafiosas y acaparadoras del régimen.
Nos han vendido muchas veces la palabra unidad, pero muchas, incluso la han convertido en bandera, en consigna, en discursos de platós y de mítines, en manifiestos y escritos rimbombantes, pero la realidad es que, mientras se abrazaban muchos y muchas por la foto con discursos grandilocuentes, a nosotras se nos vaciaban los bolsillos y se nos seguía complicando el día a día.
Porque si valoramos bien nuestro día a día
¿De qué ha servido esa «unidad» si seguimos pagando 1.000 euros por un piso de 40 metros? (Tengamos en cuenta que no sólo sirve tener una ley de vivienda, sino que quien gobierna quiera ejecutarla y no pervertirla).
¿De qué sirve si el sueldo apenas llega a mitad de mes y la luz, el gas y el aceite nos cuestan más que hace un año? Si, hemos conseguido la subida del SMI, pero el tope a los precios de los servicios esenciales a venido tarde y sin control, pues gentuza como Juan Roig y otros tantos multimillonarios subían los precios pasando de todo y sin ninguna consecuencia.
¿De qué nos sirve si nuestros barrios se llenan de turistas mientras nosotras no podemos vivir en ellos? Si no se expropian las viviendas a los bancos, si no se multa a los grandes rentistas ni se hace control de viviendas vacías seguimos con un parque de viviendas público nulo y con poca opción a derechos de vivienda.
Nos suben el salario mínimo con una mano y nos lo quitan con la otra. Te lo dan en la nómina y te lo quitan en el alquiler, en el súper, en la factura de la luz y del gas.
Y mientras tanto, muchos de los que hablaban de «cambio» desde el Congreso con risas y abrazos, hoy se han acomodado en sus sillas a costa de nuestro trabajo y esfuerzo.
Y lo han hecho con palabras muy bonitas, sí. Con promesas de transformación, también. Utilizando a mucha gente en pro de la unidad que se la creían de verdad.
Pero a la hora de la verdad, la clase trabajadora sigue igual… o peor.
Y nosotras (las de siempre, las que pagamos impuestos, las que levantamos el país trabajando y nuestros puestos de trabajo y levantando las persianas de nuestro comercios) seguimos resistiendo, pero también nos estamos hartando.
Porque cuando hablamos de unidad, no hablamos de siglas, no, nada más lejos de ello.
Hablamos de juntarnos las que curramos en precario, las que limpiamos casas, las que educamos, las que atendemos en tiendas, las que cuidamos.
Hablamos de inquilinas, de pensionistas, de jóvenes que no pueden emanciparse.
Hablamos de los barrios organizados, de los sindicatos combativos, de las plataformas que paran desahucios, de las que alimentan al barrio cuando el sistema falla.
La verdadera unidad no se construye en los despachos, se construye en las plazas, en los piquetes, en las manifestaciones, en las calles, comprando en nuestros barrios y defendiendo a nuestros vecinos y vecinas.
Se construye cuando dejamos a un lado las banderas y los discursos grandilocuentes para mirar a la cara a quien sufre lo mismo que tú.
Porque lo que tenemos enfrente es mucho más grande que nuestras diferencias:
Un sistema que pone la vivienda al servicio del mercado, un gobierno que permite que trabajes y sigas siendo pobre y unas élites que solo se acuerdan de ti cuando necesitan los votos.
La unidad de verdad no es juntar partidos que se autodenominan de izquierdas pero que son ratas sentadas en despachos para aprovecharse de la gente trabajadora y de la esperanza de sus militantes de base que creen en la necesidad de trabajar por y para el pueblo.
La unidad de verdad es juntar luchas, es reconocer que el enemigo no está entre nosotras, sino en quien se beneficia de nuestro agotamiento y es justo esa gente sentada en los ministerios que dicen que viene el coco pero no hacen políticas que protejan lo público y a la gente trabajadora.
Basta de esperar que «nos salven».
No vendrá está gente a decirnos lo que ya sabemos, así que tenemos que cambiarlo desde abajo.
Si queremos unidad, venga, hagámosla real. Pero no desde los discursos, sino desde el hacer, desde el día a día, desde la calle y los hechos, juntando colectivos, coordinadoras, plataformas, sindicatos de barrio, grupos de vivienda, espacios autogestionados y entidades.
Peleando juntos y juntas, no por un escaño, sino por una vida digna para todas.
Porque cuando el pueblo se organiza, ya no nos para nadie. Porque cuando lo hacemos juntas, la rabia se transforma en fuerza.
Y porque esta vez, no vamos a dejar que nos dividan quienes sólo quieren utilizarnos para volver a coger un ministerio, plegarse al PSOE para no cambiar nada.
Unidad sí, pero desde el barrio, con la gente que ha demostrado y demuestra que le preocupa la situación real de nuestro pueblo.
Ignacio Higuero de Juan, hasta ahora consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en la Junta de Extremadura, ha presentado su renuncia tras revelarse que su currículum académico incluía una licenciatura en Marketing por la Universidad CEU San Pablo, supuestamente obtenida en 1993. Ese título no existía en esa fecha: ni la carrera estaba reconocida oficialmente ni la universidad tenía autorización para expedirlo.
Según consta en el portal institucional de la Junta, Higuero alegaba haber concluido esos estudios en el CEU en 1993. No obstante, en España los estudios de Marketing como carrera universitaria comenzaron apenas en el curso 2009‑2010, y las primeras promociones se graduaron en 2013. Además, el CEU no obtuvo reconocimiento como universidad privada oficial hasta 1994.
La dimisión fue formalizada en un escrito dirigido el jueves pasado a la presidenta autonómica, María Guardiola (PP), quien aceptó de inmediato su renuncia. El Ejecutivo regional anunció que convocará un Consejo de Gobierno extraordinario para oficializar el cese y proponer un nuevo titular para la consejería.
Higuero ha defendido que su decisión responde a un “acto de responsabilidad”, manifestando su voluntad de no perjudicar al Gobierno autonómico. También agradeció públicamente la confianza depositada por la presidenta y el trato recibido durante su gestión, en especial en los asuntos rurales .
Durante la etapa de coalición con Vox, Higuero ocupó previamente el cargo de director general de Caza y Pesca tras ser nombrado por su partido. Tras la ruptura del pacto con el PP en julio de 2024, se mantuvo como consejero ya no militando en la formación liderada por Santiago Abascal.
Higuero se convierte así en el último en dimitir por inconsistencias académicas, una práctica que ha vuelto a poner el foco sobre la verificación de méritos en cargos públicos.
El dirigente socialista José María Ángel ha presentado su dimisión como presidente del PSPV-PSOE y comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA, después de que salieran a la luz dudas sobre la veracidad de uno de sus títulos académicos. La decisión ha sido confirmada por la secretaria general del partido en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, quien ha calificado el gesto como “honroso”.
José María Ángel, con más de 40 años de trayectoria política a sus espaldas, habría figurado en su currículum como poseedor de un título cuya autenticidad fue cuestionada por varios medios durante los últimos días. Aunque el PSPV no ha confirmado oficialmente si el título era falso o no, la presión interna y mediática ha precipitado la renuncia.
En declaraciones ante los medios, Diana Morant defendió la figura de Ángel subrayando que “nunca le pedimos títulos, le pedimos una hoja de servicios, y eso lo ha cumplido con creces”. La líder socialista también destacó que su renuncia “le honra” y envió un mensaje de agradecimiento por su labor durante las últimas décadas, especialmente en la coordinación de las ayudas tras la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana.
Fuentes del partido aseguran que la dimisión busca evitar que esta controversia empañe el nuevo rumbo del PSPV tras la salida de Ximo Puig. No obstante, la polémica ha reabierto el debate sobre la necesidad de verificar los méritos académicos de los cargos públicos y la responsabilidad ética en la representación institucional.
José María Ángel no ha realizado declaraciones públicas hasta el momento. Desde su entorno, afirman que quiere “preservar la imagen del partido” y “cerrar su etapa con dignidad”.
Roky escribe en Todo al Trece sobre el 15% de aranceles que ha aceptado Europa
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Funcional
Siempre activo
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.
