El 8 de septiembre, Pedro Sánchez anunció con solemnidad un paquete de medidas “urgentes” para frenar el genocidio en Gaza, entre ellas un embargo de armas a Israel. Lo presentó como un paso firme, casi histórico, que consolidaría jurídicamente una prohibición que —según él— ya se aplicaba “de facto” desde 2023. Sin embargo, apenas una semana después, la realidad ha dejado en evidencia que el compromiso era más retórico que político: el decreto no se ha aprobado, y su tramitación se ha pospuesto indefinidamente. La excusa oficial es la “complejidad técnica” del texto. Pero, ¿Qué complejidad puede justificar que una medida anunciada como urgente se congele durante semanas, mientras continúan las exportaciones e importaciones de material militar con Israel, como han denunciado organizaciones de la sociedad civil?

La sensación es clara: el Ejecutivo actúa por obligación, no por convicción. El embargo no es fruto de una voluntad política firme, sino de la presión de sus socios y de una ciudadanía movilizada que lleva casi dos años exigiendo el fin de la complicidad con el régimen de Netanyahu. Si no fuera por esa presión, es dudoso que el Gobierno siquiera hubiera puesto el tema sobre la mesa.
Mientras tanto, el genocidio en Gaza sigue su curso, con más de 65.000 personas asesinadas, incluidos 20.000 niños. Y España, que podría liderar en Europa una respuesta contundente, se queda atrapada en sus propias contradicciones: proclama principios en los discursos, pero titubea cuando llega la hora de actuar.
El retraso del embargo no es un simple fallo de agenda: es una señal de que, si el Gobierno no se ve forzado por la presión política y social, esta medida podría quedar en el cajón de las promesas incumplidas. Y cada día que pasa sin aprobarse, España sigue siendo cómplice —por acción u omisión— de un régimen que perpetra crímenes de guerra.
La pregunta ya no es si el embargo se aprobará, sino si el Ejecutivo tiene la valentía de hacerlo sin que se lo impongan. Porque la historia no recordará las excusas técnicas, pero sí la tibieza moral.

Hace diez meses una de las mayores catástrofes del país —la DANA que dejó 228 víctimas— sacudió el País Valencià. Han pasado diez meses desde el fatídico día, y aún hoy desconocemos todos los detalles de la comida de Carlos Mazón en El Ventorro.

Hemos tenido que esperar diez meses para que Maribel Vilaplana, la periodista que acompañaba a Mazón ese día, publicara una carta en la que revela la verdad sobre los hechos. Gracias a su testimonio, queda claro que Carlos Mazón ha mentido durante todo este tiempo. La periodista afirma que Mazón pasó cuatro horas en la comida, recibiendo mensajes y llamadas de aviso sobre la grave situación en la que los valencianos y las valencianas se estaban ahogando.

Una de las excusas de Mazón fue la falta de cobertura en El Ventorro; ahora sabemos que esa afirmación es falsa. Vilaplana confirma que Mazón sí tenía señal, recibió los avisos y no actuó. También desmiente el horario oficial de su llegada al Palau de la Generalitat: Mazón no llegó a las 18:00, sino que seguía en El Ventorro a esa hora. Aún se desconoce qué hizo desde las 18:30 hasta las 20:28, momento en que llegó al CECOPI.
Diez meses después, persisten las mentiras y la falta de transparencia sobre las acciones de Mazón aquel día. Lo que sí es evidente es que incumplió sus responsabilidades. Debió haber dimitido al día siguiente y, dada la gravedad de los hechos, debería responder ante la justicia.

No pararemos hasta que se haga justicia y Carlos Mazón acabe en prisión.

La recepción de Eduardo Inda y la cúpula de OKDIARIO en el Palacio de la Zarzuela, con motivo del décimo aniversario del medio, no es un gesto inocente. Es un acto cargado de simbolismo político que, lejos de ser “protocolo institucional”, supone un espaldarazo a uno de los principales difusores de bulos fabricados por las cloacas del Estado.

El pasado 3 de septiembre, Felipe VI recibió en audiencia a Eduardo Inda y a la dirección de OKDIARIO en el Salón de Audiencias de la Zarzuela. Oficialmente, el motivo era celebrar los diez años del medio. Sin embargo, la foto del monarca con el periodista no puede desligarse de la trayectoria de Inda como altavoz de operaciones de intoxicación política, como el falso informe PISA contra PODEMOS.
Inda ha sido señalado por difundir informaciones fabricadas por la red parapolicial del excomisario Villarejo, destinadas a destruir adversarios políticos. Entre ellas:

• El bulo de la supuesta cuenta de Pablo Iglesias en paraísos fiscales.
• La publicación de material robado del móvil de Dina Bousselham.
• La amplificación de filtraciones interesadas contra independentistas catalanes.
  Todas estas operaciones fueron archivadas por los tribunales, pero no antes de cumplir su función: intoxicar el debate público.

1. La paradoja de la Zarzuela
   La Casa Real justifica la audiencia como parte de la “normalidad institucional” con medios relevantes. Pero recibir a un actor central de las cloacas equivale a legitimar sus métodos. Es un mensaje claro: la monarquía no solo tolera, sino que acoge y reconoce a quienes han contribuido a erosionar la democracia mediante campañas de difamación.
2. El blanqueo mediático
   En su discurso ante el Rey, Inda se definió como “monárquico pragmático” y elogió la monarquía parlamentaria como algo que “funciona”. El acto sirvió para que el director de OKDIARIO se presentara como un defensor del sistema, mientras su historial demuestra un uso sistemático del periodismo como arma política.
3. Lo que significa para la salud democrática
   La audiencia no es un gesto aislado: es parte de un patrón en el que las instituciones del Estado premian a quienes han servido a sus intereses en la guerra sucia contra rivales políticos. Este blanqueo institucional erosiona la confianza ciudadana y normaliza la desinformación como herramienta legítima de poder.

La foto de Felipe VI con Eduardo Inda no es solo un retrato de cortesía: es la imagen de un Estado que abraza a sus cloacas. Un recordatorio de que, en España, quienes manipulan y difaman desde el periodismo no son marginados, sino invitados de honor en palacio.