Ayer, el Congreso de los Diputados acogió un acto impulsado por Vox que ha levantado una fuerte polémica. Bajo el pretexto de unas jornadas sobre “denuncias falsas” y “violencia intrafamiliar”, la ultraderecha utilizó la institución para cuestionar la existencia misma de la violencia machista y para atacar las leyes de igualdad aprobadas en España durante las dos últimas décadas.
Un discurso sin datos, pero con muchos bulos
Las intervenciones repitieron mensajes que ya forman parte del argumentario negacionista: que la Ley Integral contra la Violencia de Género discrimina a los hombres, que la mayoría de denuncias son falsas, o que la llamada “ideología de género” es una amenaza para la nación. Ninguno de esos planteamientos se sostiene en la realidad. Las estadísticas oficiales muestran que las denuncias falsas representan una fracción mínima (0,01% según datos de la Fiscalía General del Estado) y que la violencia machista deja decenas de asesinadas cada año en nuestro país.
Ataques a mujeres y colectivos LGTBI
El tono del encuentro fue abiertamente ofensivo hacia mujeres y personas trans. Se recuperaron teorías desacreditadas como el “síndrome de alienación parental” —rechazado por organismos internacionales— y se realizaron burlas explícitas contra la autodeterminación de género. Más que un debate, el acto fue un escaparate de prejuicios y desinformación.
La paradoja de lo institucional
La cuestión de fondo va más allá de Vox: ¿debe el Parlamento, sede de la soberanía popular, prestar su espacio a discursos que ponen en duda derechos humanos básicos? La autorización del evento fue avalada por la Mesa del Congreso (con mayoría de miembros de PSOE y Sumar), también con los votos de PP. El resultado es que el hemiciclo terminó convertido en caja de resonancia de mensajes que socavan años de lucha feminista y avances en igualdad, en los que los colectivos, los movimientos sociales y la sociedad civil tuvieron un papel clave.
Un aviso sobre los riesgos democráticos
Lo ocurrido ayer no es un simple gesto simbólico. Normalizar en las instituciones teorías negacionistas abre la puerta a que se cuestionen políticas públicas esenciales y se retroceda en derechos conquistados.
La libertad de expresión no puede confundirse con el derecho a difundir bulos desde la institución más representativa de la democracia española.
Nuestro compañero Roky escribe sobre el encierro de los docentes en el círculo de Bellar Artes (Pincha en el enlace más abajo)
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