Este domingo, el Real Madrid celebra unas elecciones que, más allá de lo deportivo, vuelven a poner de manifiesto una realidad incómoda: la presidencia del club más poderoso del mundo no se disputa únicamente por los resultados en el terreno de juego, sino por la enorme influencia política, económica y social que otorga el cargo.
Los nombres sobre la mesa son conocidos. Por un lado, Florentino Pérez, presidente durante gran parte de las últimas décadas y máximo responsable de convertir al Real Madrid en una potencia económica global. Por otro, Riquelme, que aspira a disputarle un poder que trasciende con mucho el fútbol. Sin embargo, la verdadera cuestión no es quién fichará mejores jugadores o quién levantará más títulos. La pregunta es quién controlará uno de los mayores centros de influencia de España.
"Lo que estamos viendo realmente es una lucha encarnizada de poder y de intereses entre dos grandes multinacionales que son ACS e Iberdrola"@FonsiLoaiza sobre Florentino, Riquelme y las elecciones del Real Madrid 👇🏽
El palco del Santiago Bernabéu no es un lugar cualquiera. Allí se sientan presidentes de grandes empresas, dirigentes políticos, altos ejecutivos, banqueros y representantes de los principales grupos económicos del país. El palco es un espacio donde se tejen relaciones, se estrechan alianzas y se consolidan redes de poder que van mucho más allá de los noventa minutos de un partido.
Por eso estas elecciones no pueden analizarse únicamente desde la óptica deportiva. Detrás de la disputa aparecen también intereses empresariales de enorme magnitud. La lucha por el control del Real Madrid refleja, en cierta medida, los equilibrios y tensiones existentes entre algunos de los grandes poderes económicos del país. Nombres como ACS o Iberdrola simbolizan esa pugna entre élites económicas que entienden perfectamente el valor estratégico que tiene la presidencia del club blanco.
"El palco del Bernabéu es mucho más que un espacio desde el cual ver un gol con mejor ángulo. Es el epicentro del encuentro entre políticos y empresarios"@menoscanas sobre Florentino, el Real Madrid y el poder 👇🏽
No es casualidad que el Real Madrid sea considerado una de las instituciones con mayor capacidad de influencia en España. Su impacto mediático, económico y social lo convierte en una plataforma privilegiada para quien ocupa la presidencia. El club mueve miles de millones de euros, proyecta una imagen global y ofrece acceso directo a los principales centros de decisión.
Mientras millones de aficionados viven estas elecciones pensando en el futuro deportivo del equipo, conviene recordar que la batalla que se libra en los despachos es mucho más profunda. No se trata solo de fútbol. Se trata de poder. Del poder que proporciona dirigir una institución capaz de abrir puertas, generar influencia y sentar en una misma mesa a quienes toman muchas de las decisiones que afectan al país.
Porque en el Real Madrid, como en tantas otras instituciones, el balón es importante. Pero a menudo, el poder lo es mucho más.
Ione Belarra. Secretaria General de Podemos. Foto de Dani Gago.
Podemos denuncia que la reforma del Reglamento de Comercio de Material de Defensa busca consolidar un «régimen de guerra» mientras continúan sin resolverse los principales problemas sociales del país.
Mientras millones de personas en nuestro país sufren las consecuencias de una crisis de vivienda sin precedentes, listas de espera sanitarias cada vez más largas y el deterioro de los servicios públicos, el Gobierno de PSOE y Sumar ha decidido poner una de sus prioridades en facilitar el negocio de la industria armamentística.
El Ministerio de Economía ha iniciado la reforma del Reglamento de Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Productos y Tecnologías de Doble Uso, una normativa que regula las exportaciones de armamento y tecnologías susceptibles de uso militar. El Ejecutivo defiende que se trata de una actualización técnica para adaptar la legislación a los nuevos escenarios geopolíticos y tecnológicos. Sin embargo, desde Podemos denuncian que el verdadero objetivo es acelerar y facilitar la expansión de la industria militar española.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido contundente al valorar esta reforma. Según denunció en rueda de prensa en el Congreso, el Gobierno pretende «dejar atado y bien atado el régimen de guerra» en España y avanzar hacia una reconversión de la economía nacional para que esté cada vez más orientada a la producción militar. Además, acusó al Ejecutivo de impulsar una normativa «dictada al dedillo por la industria armamentística y por el lobby armamentístico».
El Gobierno quiere dejar atado y bien atado el régimen de guerra con la reforma del Reglamento de Comercio de Material de Defensa y de doble uso.
Es la peor noticia cuando estamos viviendo la peor crisis de vivienda o la privatización de la sanidad.
Las palabras de Belarra reflejan una preocupación creciente entre quienes consideran que Europa y España están entrando en una peligrosa dinámica de rearme. Mientras se anuncian miles de millones para gasto militar y se diseñan reformas destinadas a favorecer la producción y exportación de armamento, siguen sin llegar soluciones efectivas para problemas que afectan directamente a la mayoría social.
La vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Miles de jóvenes no pueden emanciparse, los alquileres baten récords históricos y los desahucios siguen produciéndose cada semana. En paralelo, la sanidad pública atraviesa una situación crítica tras años de privatizaciones, falta de inversión y deterioro de las condiciones laborales de sus profesionales.
«Más armas y menos derechos: el Gobierno prioriza el rearme mientras se agravan la crisis de vivienda y el deterioro de la sanidad pública»
Resulta difícil explicar a quienes esperan meses para una operación quirúrgica o destinan más de la mitad de su salario al alquiler que las prioridades del Gobierno pasen por reformar la normativa para facilitar las exportaciones de material militar. La pregunta es inevitable: ¿por qué hay recursos, voluntad política y rapidez para impulsar el negocio armamentístico mientras se retrasan medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda o reforzar los servicios públicos?
Desde Podemos insisten en que el camino debe ser justamente el contrario. Frente a la economía de guerra y el rearme, defienden invertir en vivienda pública, sanidad, educación, dependencia y transición ecológica. Frente a los intereses de los grandes lobbies armamentísticos, proponen poner los recursos del Estado al servicio de las necesidades reales de la ciudadanía.
La reforma del Reglamento de Comercio de Material de Defensa y de Doble Uso abre un debate de fondo sobre el modelo de país que se quiere construir. Un país que destina cada vez más recursos a la industria militar o un país que garantiza derechos básicos a su población. En un momento marcado por la emergencia habitacional y el deterioro de los servicios públicos, la elección debería ser evidente.
Los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social vuelven a desmontar uno de los grandes bulos de las derechas. España ha alcanzado un nuevo récord histórico con más de 22,3 millones de personas afiliadas, sumando cerca de 232.000 cotizantes más durante el mes de mayo. Lejos de provocar problemas económicos o sociales, la incorporación de miles de personas migrantes al mercado laboral está contribuyendo a fortalecer nuestro sistema público y a impulsar la economía.
Durante años, PP y Vox han alimentado discursos de miedo contra la migración. Han asegurado que regularizar a las personas migrantes supondría una carga para los servicios públicos, una amenaza para el empleo o incluso un riesgo para la sostenibilidad de la Seguridad Social. La realidad vuelve a demostrar exactamente lo contrario.
Las personas migrantes trabajan, cotizan, consumen y contribuyen al sostenimiento de nuestro Estado del bienestar. Gracias a su incorporación al empleo formal, aumentan los ingresos de la Seguridad Social, se combate la economía sumergida y se garantiza una mayor protección para toda la sociedad. Los datos publicados hoy muestran que una parte importante del crecimiento del empleo y de la afiliación está vinculada a la incorporación de trabajadores y trabajadoras migrantes a la economía regularizada.
Este avance no es fruto de la casualidad. Durante años, Podemos ha defendido la necesidad de una regularización amplia que permita a cientos de miles de personas salir de la precariedad y acceder a derechos básicos. Frente a quienes utilizan el racismo para dividir a la sociedad, Podemos ha apostado por políticas que mejoran la vida de la mayoría social y fortalecen las cuentas públicas.
La regularización no solo beneficia a quienes obtienen una situación administrativa estable. Beneficia también al conjunto del país. Más personas cotizando significa más recursos para financiar las pensiones, la sanidad pública, la educación y los servicios sociales. Significa también mejores condiciones laborales, ya que evita que empresarios sin escrúpulos utilicen la irregularidad administrativa para explotar a trabajadores y presionar a la baja los salarios.
Las derechas decían que regularizar a las personas migrantes rompería España. Los datos vuelven a demostrar que era mentira.
Más afiliación a la Seguridad Social, más empleo, más ingresos para sostener nuestros servicios públicos. Lejos de debilitar nuestro país, la inclusión lo… pic.twitter.com/MHyWIIdzTS
Los datos de afiliación conocidos hoy son una prueba más de que la inclusión funciona. España no se rompe cuando amplía derechos. España se hace más fuerte. Una sociedad que integra, protege y garantiza oportunidades es una sociedad más cohesionada, más próspera y más justa.
Mientras algunos siguen sembrando miedo y enfrentando a los trabajadores entre sí, la realidad demuestra que la solidaridad y los derechos son herramientas mucho más eficaces para construir un futuro mejor. Los récords de empleo y afiliación alcanzados este año son una buena noticia para el conjunto del país y también una demostración de que las políticas que defienden la regularización y la inclusión social van en la dirección correcta.
Podemos Móstoles llevará al próximo Pleno municipal una moción que busca implantar formularios de parada, identificación y registro en las actuaciones de la Policía Local, con el objetivo de garantizar una mayor transparencia, supervisión y respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La propuesta nace en un contexto en el que distintas organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales e incluso el Defensor del Pueblo han denunciado durante años la existencia de identificaciones policiales basadas en perfiles raciales. Una práctica que, además de poner en cuestión derechos básicos, genera desconfianza hacia las instituciones y contribuye a la estigmatización de personas migrantes, racializadas y pertenecientes a minorías étnicas.
La moción presentada por Podemos Móstoles plantea que cada identificación policial quede registrada mediante un formulario específico donde conste el motivo concreto de la actuación, el resultado de la intervención y otros datos relevantes que permitan detectar posibles patrones discriminatorios. Todo ello, según recoge la iniciativa, garantizando en todo momento la protección de datos personales y el respeto a los derechos de la ciudadanía.
Desde la formación defienden que esta medida no pretende cuestionar el trabajo de la Policía Local, sino dotar a los agentes de herramientas que permitan desarrollar sus funciones con mayores garantías jurídicas, criterios objetivos y mecanismos de supervisión democrática. En este sentido, la moción también incluye la puesta en marcha de formación específica para la Policía Local en materia de intervenciones no discriminatorias y derechos humanos.
Otro de los aspectos destacados de la propuesta es la recopilación y análisis anonimizado de los datos obtenidos en estas actuaciones. El objetivo sería detectar posibles prácticas discriminatorias estructurales y corregirlas mediante políticas públicas y protocolos transparentes. Además, Podemos plantea abrir canales permanentes de diálogo entre el Ayuntamiento, entidades sociales y colectivos afectados para reforzar la confianza institucional y mejorar la convivencia en la ciudad.
🚨 En el próximo Pleno Municipal llevaremos una moción para implantar el Formulario de Identificación y Parada (FIP) en Móstoles.
— Podemos Móstoles 🔻 (@PodemosMostoles) May 26, 2026
La portavoz de Podemos Móstoles, Mónica Monterreal Barrios, ha defendido que “la seguridad y los derechos humanos no son incompatibles; al contrario, deben ir siempre de la mano”, subrayando que “no podemos mirar hacia otro lado ante prácticas que pueden señalar injustamente a vecinos y vecinas por su apariencia o su origen”.
«no podemos mirar hacia otro lado ante prácticas que pueden señalar injustamente a vecinos y vecinas por su apariencia o su origen»
La iniciativa abre además un debate político y social sobre el modelo de seguridad que necesita Móstoles. Frente a discursos basados exclusivamente en el endurecimiento policial, la moción apuesta por una seguridad democrática, basada en la transparencia institucional, la prevención de abusos y la protección de los derechos fundamentales de toda la población.
En un momento donde las denuncias por discriminación racial continúan creciendo en distintos puntos del país, la propuesta de Podemos Móstoles busca situar en el centro una cuestión que afecta directamente a la convivencia y a la calidad democrática: garantizar que ninguna persona pueda ser señalada o identificada únicamente por su aspecto físico, su origen o el color de su piel.
Hace una semana escribí sobre el ascenso de un histórico como el Racing de Santander a Primera División. Hoy, los amantes del fútbol estamos de enhorabuena: el Deportivo de La Coruña, otro club histórico, acompañará al Racing
Es imposible no alegrarse de ver al Depor de nuevo en Primera. Si echamos la vista atrás, nos emocionamos con aquel «Super Depor», de Arsenio Iglesias, con jugadores como Fran, Djukic, Donato, Mauro Silva, Bebeto y compañía, un equipazo. Aquel penalti fallado por Djukic, o la Copa del Rey que ganaron en el 95.
Lo de la temporada 1999-2000, consiguieron ganar la liga con el gran Javier Irureta en el banquillo y con un tal Roy Makaay o Djalminha en el terreno de juego. El Depor es uno de los pocos equipos que ha conseguido ganarle una liga al Madrid o al Barça
El Centenariazo, con este nombre fue conocida la Copa del Rey que se llevó el Depor en el año 2002, ganando en la final al Real Madrid en su propio estadio, el año en que el conjunto blanco celebraba sus primeros 100 años.
Y, como no, ese EuroDepor que maravilló a Europa con jugadores como Valerón, Naybet, Luque, Pandiani. Esa remontada ante el Milán de Carlo Ancelotti, un auténtico equipazo que barrió al Dépor en San Siro por 4 a 1, y que sirvió para ver uno de los mejores partidos de fútbol que uno puede ver. El Depor, en Riazor, consiguió remontar esa eliminatoria, ganando por 4 a 0.
8 años después de descender a segunda división, el Depor por fin está de vuelta. El mundo del fútbol aplaude, su afición llora de alegría. ¡Enhorabuena!
Hubo un tiempo, no tan lejano, en que las calles de Madrid fueron escribiendo, con grito y pancarta, el final político del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No fue un derrumbe repentino, ni una simple alternancia electoral. Fue un proceso de desgaste social, moral y político que puede reconstruirse con bastante precisión si se mira desde la protesta. Entre 2010 y 2011, la calle fue diciendo lo que después las urnas confirmaron: una parte importante de la sociedad había dejado de confiar en aquel Gobierno.
El año 2010 marca el punto de inflexión. La crisis económica ya no era solo una amenaza exterior ni una turbulencia financiera. Se había convertido en paro, miedo, precariedad, deuda, cierre de empresas y pérdida de derechos. El Gobierno que había llegado al poder con un lenguaje de ampliación de derechos terminó aplicando medidas de ajuste que golpearon directamente a sus bases sociales. Y la protesta lo registró.
Una de las primeras grandes fracturas fue la reforma de las pensiones. El 29 de enero de 2010 aparece ya una protesta ante la sede del PSOE en Ferraz contra la subida de la edad de jubilación. El lema era claro: «no a trabajar hasta los 67 años». Aquella decisión no era menor. Tocaba uno de los pilares simbólicos del pacto social: el derecho a retirarse después de una vida laboral completa. Poco después, el 23 de febrero, nuevas movilizaciones sindicales volvieron a colocar las pensiones en el centro de la disputa. No se protestaba solo por una cifra; se protestaba por un cambio de época.
A esa herida se sumó otra: el recorte salarial a los trabajadores públicos. En mayo de 2010, el llamado «tijeretazo» del Gobierno abrió una brecha profunda con funcionarios, empleados públicos, sanitarios, docentes y trabajadores de la administración. La protesta del 20 de mayo ante el Ministerio de Economía y Hacienda, bajo el lema «contra el tijeretazo del Gobierno», sintetiza bien aquel momento. El Gobierno socialista asumía el lenguaje de la austeridad y trasladaba parte del coste de la crisis a quienes no la habían provocado.
La huelga general del 8 de junio de 2010 en la Administración pública anticipó lo que vendría después. «Gobierno irresponsable, ni empleados públicos ni pensionistas, ni culpables ni pagadores», decían algunas pancartas. La frase condensaba una acusación política de fondo: se hacía pagar la crisis a trabajadores, pensionistas y servicios públicos mientras bancos, grandes empresas y poderes financieros conservaban su capacidad de presión.
El ciclo culminó con la reforma laboral y la Huelga General del 29 de septiembre de 2010. Las protestas previas fueron acumulando consignas: «No a la reforma laboral», o «sobran las razones». El 29-S no fue solo una protesta sindical más. Fue la constatación de que una parte de la izquierda social consideraba que Zapatero había cruzado una línea. Se le reprochaba haber aceptado el marco de los mercados, de Bruselas, de los poderes financieros y de la patronal.
Pero 2011 fue todavía más decisivo. Si 2010 fue el año del ajuste, 2011 fue el año de la quiebra de legitimidad. Las protestas contra la reforma de las pensiones continuaron. El 29 de enero de 2011, desde Vallecas y Moratalaz, se marchó «contra la reforma de las pensiones, por un trabajo digno ya, no a los recortes laborales y sociales, por una nueva huelga general». En marzo, miles de personas volvieron a salir «por las pensiones, el empleo y los derechos sociales». En junio, pensionistas de CCOO protestaron contra la congelación de las pensiones y el recorte de derechos sociales.
El Primero de Mayo de 2011 fue especialmente expresivo. Las calles hablaban contra el pacto social, contra la reforma laboral, contra el recorte de las pensiones y contra una salida de la crisis construida sobre la resignación. Ya no se trataba solo de protestar contra medidas concretas. Se empezaba a impugnar el conjunto del modelo político-económico.
Y entonces llegó el 15M. El 15 de mayo de 2011, la consigna «No somos mercancía en manos de políticos y banqueros» transformó el campo de protesta. El malestar ya no cabía únicamente en el repertorio sindical clásico. Había paro, precariedad juvenil, vivienda imposible, corrupción, descrédito institucional y una sensación creciente de secuestro democrático. «No nos representan» no era una frase contra un solo partido, pero golpeaba de lleno al Gobierno que estaba en ese momento en La Moncloa.
El 15M no fue simplemente una protesta contra Zapatero. Fue algo más profundo: una protesta contra la democracia realmente existente. Pero precisamente por eso afectó tanto al Gobierno socialista. Porque Zapatero aparecía como presidente de un régimen incapaz de responder a la crisis sin obedecer a los mercados. La acampada de Sol, las asambleas, las marchas de junio y julio, y la gran movilización global del 15 de octubre mostraron que el conflicto ya no era solo laboral: era democrático.
La reforma del artículo 135 de la Constitución cerró el círculo. En agosto y septiembre de 2011, PSOE y PP pactaron una modificación constitucional exprés para introducir la estabilidad presupuestaria, mientras españa estaba de vacaciones. La calle respondió con protestas que exigían referéndum: «No a esta reforma de la Constitución. Ni un paso atrás»; «Contra la reforma de la Constitución, referéndum ya». Aquello tuvo una enorme carga simbólica. La Constitución, tantas veces presentada como intocable, podía reformarse en pocos días cuando lo exigían los mercados. Pero no se consultaba al pueblo.
Vistos desde la protesta, los dos últimos años del Gobierno de Zapatero fueron los años de una ruptura. Se rompió la confianza sindical, se rompió la expectativa progresista, se rompió la idea de que el PSOE podía proteger a las clases trabajadoras frente a la crisis y se abrió una crisis de representación que el 15M expresó con una claridad histórica.
¿Nos acordamos? Conviene hacerlo. Porque la memoria política no puede reducirse a balances electorales ni a relatos partidistas. En la calle quedaron registradas las decisiones: jubilación a los 67, recorte a empleados públicos, reforma laboral, congelación de pensiones, reforma constitucional sin referéndum, subordinación de la política económica a los mercados. La protesta no dicta sentencia judicial, pero sí deja constancia social. Y lo que dejó escrito en 2010 y 2011 fue una acusación severa: cuando un Gobierno elegido para proteger derechos termina gestionando sacrificios en nombre de la estabilidad, la calle se convierte en archivo vivo de la decepción colectiva.
La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que en España nunca termina de afrontarse de verdad: el funcionamiento del régimen del 78, las puertas giratorias y la enorme red de intereses económicos y políticos que conecta a gobiernos, grandes empresas y élites mediáticas. Porque el problema no es únicamente un nombre propio. El problema es un sistema construido para garantizar impunidad a quienes han gobernado durante décadas.
Durante años, el PSOE ha tratado de presentarse como un muro frente a la derecha y la extrema derecha. Sin embargo, mientras se pronunciaban discursos progresistas, se consolidaba un modelo donde antiguos ministros y expresidentes acababan asesorando grandes corporaciones, participando en consejos de administración o influyendo desde despachos privados en decisiones estratégicas del país. Las famosas puertas giratorias no son una anomalía: son una pieza estructural del sistema político español.
La imputación de Zapatero no debería analizarse desde el fanatismo partidista ni desde el “y tú más” permanente que domina la política española. Tampoco desde la defensa ciega que algunos sectores intentan construir cada vez que una figura del PSOE queda señalada judicialmente. La izquierda no puede convertirse en una maquinaria de protección de dirigentes cuando aparecen indicios graves o relaciones opacas con poderes económicos. Si algo debería diferenciar a una izquierda transformadora del bipartidismo tradicional es precisamente la exigencia ética y la capacidad de señalar la corrupción venga de donde venga.
Porque el PSOE lleva décadas participando activamente en las dinámicas de poder del régimen del 78. Un régimen que prometía estabilidad y democracia, pero que también consolidó una arquitectura profundamente dependiente de grandes intereses empresariales, financieros y mediáticos. La corrupción no es un accidente aislado dentro de este modelo: es una consecuencia lógica de una estructura donde las élites políticas y económicas conviven, se protegen y se intercambian favores.
Y mientras tanto, Vox intenta aprovechar cada caso que afecta al PSOE para presentarse como alternativa “antisistema”, cuando en realidad forma parte del mismo engranaje. La extrema derecha habla de regeneración mientras defiende los privilegios de las grandes fortunas, protege a las élites económicas y mantiene intacto el modelo que ha permitido la corrupción estructural durante décadas. Vox no viene a romper el régimen del 78; viene a radicalizarlo en clave autoritaria y reaccionaria.
Lo preocupante no es solo que aparezcan casos de corrupción o imputaciones. Lo verdaderamente grave es la normalización social de estas prácticas. La sensación de que quienes han gobernado siempre juegan con reglas distintas. Que existe una España para la ciudadanía corriente y otra para quienes ocupan consejos de administración, despachos ministeriales o redes de influencia política.
«hay que cambiar los poderes del estado, y acabar con los privilegios de los ex-politicos/as que solo buscan su propio beneficio»
La desafección política no nace de la nada. Nace cuando millones de personas observan cómo se recortan derechos sociales mientras las élites continúan acumulando poder económico y político sin apenas consecuencias. Nace cuando los grandes partidos convierten la corrupción en una batalla propagandística mientras siguen compartiendo los mismos mecanismos de privilegio.
La izquierda no puede limitarse a defender siglas. Tiene que defender principios. Y eso implica denunciar las puertas giratorias, exigir transparencia absoluta y señalar que el problema de fondo no son únicamente determinados dirigentes, sino un sistema político y económico que lleva demasiados años funcionando para unos pocos.
Móstoles necesita avanzar hacia una movilidad más segura y sostenible. Con ese objetivo, Podemos Móstoles llevará al próximo pleno municipal una moción para impulsar la creación de una red de aparcabicicletas seguros en distintos puntos estratégicos de la ciudad. La iniciativa busca facilitar el uso cotidiano de la bicicleta y fomentar alternativas reales al vehículo privado.
Actualmente, uno de los principales problemas a los que se enfrentan quienes utilizan la bicicleta en Móstoles es la falta de infraestructuras adecuadas para estacionarla de forma segura. Muchas personas se ven obligadas a dejar sus bicicletas en anclajes insuficientes o en espacios poco protegidos frente a robos y actos vandálicos. Esta situación acaba desincentivando especialmente los desplazamientos diarios al trabajo, centros educativos o estaciones de transporte público.
La propuesta presentada por Podemos Móstoles plantea la elaboración de un estudio técnico para identificar las ubicaciones prioritarias donde instalar estos aparcabicis seguros. Además, la moción incluye la creación de un plan municipal de implantación progresiva, el desarrollo de una fase piloto y la incorporación de una partida específica en los próximos presupuestos municipales para garantizar su puesta en marcha.
Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es la apuesta por reforzar la intermodalidad, es decir, la conexión entre la bicicleta y el transporte público. La formación considera prioritario instalar estos estacionamientos en estaciones de Cercanías y otros nudos de transporte urbano para facilitar que más vecinos y vecinas puedan combinar distintos medios de transporte de manera cómoda y sostenible.
La portavoz de Podemos Móstoles, Mónica Monterreal Barrios, ha defendido que “Móstoles no puede seguir llegando tarde a las políticas de movilidad sostenible mientras otras ciudades de nuestro entorno avanzan con medidas útiles y realistas”. Asimismo, ha señalado que fomentar el uso de la bicicleta no puede quedarse únicamente en campañas institucionales o discursos puntuales, sino que requiere inversiones e infraestructuras que den respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía.
“Móstoles no puede seguir llegando tarde a las políticas de movilidad sostenible mientras otras ciudades de nuestro entorno avanzan con medidas útiles y realistas”.
La implantación de una red de aparcabicis seguros supondría un paso importante para avanzar hacia una ciudad más habitable, menos contaminante y mejor conectada. Además de promover hábitos de movilidad más saludables, la medida podría contribuir a reducir el tráfico y mejorar la calidad del aire en Móstoles, alineando a la ciudad con las políticas de movilidad sostenible que ya se están desarrollando en numerosos municipios europeos.
La propuesta presentada por Podemos Móstoles toma como referencia experiencias que ya están funcionando con éxito en otros municipios del sur de Madrid, como Getafe. Allí, la Concejalía de Movilidad y Transporte, gestionada por Podemos Getafe, ha impulsado la implantación de aparcabicis seguros como parte de una estrategia para fomentar una movilidad más sostenible y reducir el uso del vehículo privado. El Concejal Delegado de Movilidad y Transporte, Carlos Enjuto, ha sido uno de los principales impulsores de esta medida, que ha contado con una gran aceptación entre los vecinos y vecinas de la ciudad, consolidándose como una alternativa útil y eficaz para favorecer el uso cotidiano de la bicicleta.
Ayer, la indignación volvió a tomar las calles de Madrid. La Plaza de Callao fue escenario de una protesta convocada para denunciar el secuestro ilegal en aguas internacionales de los integrantes de las flotillas humanitarias interceptadas por el ejército de Israel. Lo que comenzó como una concentración de denuncia terminó trasladándose hasta las puertas del Congreso de los Diputados, donde decenas de personas realizaron una sentada como símbolo de resistencia y de denuncia ante el silencio institucional europeo.
«La protesta celebrada ayer en Madrid contra el secuestro ilegal en aguas internacionales de los integrantes de las flotillas humanitarias por parte del ejército de Israel terminó convirtiéndose en una contundente denuncia política frente al Congreso de los Diputados»
La movilización reflejó un sentimiento cada vez más extendido entre amplios sectores de la ciudadanía: el hartazgo frente a la pasividad de los gobiernos europeos mientras continúan vulnerándose de manera sistemática los derechos humanos del pueblo palestino. Cada nuevo ataque, cada bloqueo y cada acción contra activistas internacionales parece encontrarse con la misma respuesta desde las instituciones europeas: silencio, tibieza o complicidad.
Los integrantes de las flotillas humanitarias no transportan armas ni intereses económicos. Llevan ayuda humanitaria destinada a un pueblo arrasado tras meses de destrucción, bombardeos y bloqueo. Medicinas, alimentos y material de primera necesidad son tratados como una amenaza por un Estado que actúa con total impunidad incluso fuera de sus fronteras y en aguas internacionales, vulnerando el derecho internacional sin consecuencias reales.
El Área Joven de Podemos Comunidad de Madrid, al frente de la protesta.
La protesta de ayer en Madrid no fue únicamente un gesto de solidaridad con las personas retenidas o atacadas en las flotillas. Fue también una denuncia directa contra la hipocresía de unas instituciones europeas que hablan constantemente de democracia y derechos humanos mientras permiten que se siga castigando colectivamente a millones de personas en Gaza.
La sentada frente al Congreso simbolizó precisamente eso: una ciudadanía que ya no quiere mirar hacia otro lado. Personas cansadas de que se criminalice la solidaridad y de que se normalicen imágenes de destrucción, hambre y muerte. Porque mientras algunos gobiernos siguen calculando costes diplomáticos, hay quienes arriesgan su vida para llevar ayuda humanitaria a quienes más la necesitan.
Cada vez son más las voces que exigen el fin del bloqueo, el respeto al derecho internacional y una posición firme frente a los crímenes que se están cometiendo. La movilización social continúa creciendo porque frente al silencio institucional, la solidaridad sigue organizándose en las calles.
Hoy hemos cortado la calle al congreso para que el presidente del gobierno saliese a dar explicaciones de por qué no actúa contra el ente genocida mientras secuestran a nuestra gente y siguen comerciando con nuestro gobierno, por lo que sea, no ha bajado a darlas. pic.twitter.com/KrsNVFFllp
— Área Joven Podemos (@PodemosJovenCM) May 19, 2026
En el fútbol hay equipos que todo el mundo quiere ver en Primera División, por su afición, por su estadio, por su historia. Y no me equivoco si digo que uno de ellos es el Racing de Santander.
Alineación del Real Racing Club de Santander en 1922
Ayer, 14 años después, el conjunto santanderino volvió a Primera. 14 años deambulando por un auténtico infierno, no solo en lo deportivo, también en lo institucional.
En el 2012, el Racing dijo adiós a Primera, quedando último con tan solo 27 puntos. Bajaba uno de los clubes fundadores, uno de los equipos más queridos por los amantes del fútbol.
Al año siguiente, en el 2013, ya en Segunda División se llevó otro revés: el equipo acabó antepenúltimo, lo que hizo que perdiese la categoría y cayese a Segunda B.
El Racing estaba viviendo un auténtico infierno. A pesar de que al año siguiente volvieron a segunda, solo les duró un año; en el 2015 volvieron a bajar.
Así estuvieron hasta la temporada 2021/2022 deambulando entre la Segunda División y la Segunda B. Ese año consiguieron estabilizarse en la Segunda División del fútbol español; hasta ayer, cuando por fin consiguieron su ansiado ascenso a Primera, sin lugar a dudas, el sitio donde merecen estar.
ESA MIRADA. TODA UNA VIDA VIENDO AL REAL RACING DE SANTANDER 🥹
Y no solo ha sido un infierno en lo deportivo, también en lo institucional. El Racing ha pasado por impagos, rebelión de la plantilla y hasta estafas internacionales.
En 2011 Alí Syed compró el club. La operación no pudo salirle peor al Racing. Alí Syed dejó de pagar; sus empresas estaban investigadas por todo el mundo, e incluso la Interpol lo buscaba por estafas. Alí huyó de España, dejando el club con una deuda enorme y obligándolo a acogerse a la Ley Concursal para evitar el descenso administrativo.
Y esto no acabó aquí. El club acabó en manos de Ángel Lavín, que continuó hundiendo al equipo. En 2014 la plantilla se plantó, y esta imagen dio la vuelta al mundo. En cuartos de la Copa del Rey, la plantilla decidió no jugar contra la Real Sociedad en protesta por los impagos del club y pidiendo la dimisión del presidente y la directiva. El partido contra la Real empezó, y los jugadores del Racing se juntaron en el centro del campo mientras se abrazaban. El partido se suspendió, pero la presión fue tan grande que esa misma noche la directiva dimitió.
Tras esto, el club pasó a ser gestionado por exjugadores y por miles de aficionados que compraron acciones, lo que llevó a que el Racing se estabilizase económicamente.
14 años de auténtico sufrimiento, de estar al borde de la desaparición. Por eso, ayer, tras el pitido final, pudimos ver la emoción de los jugadores y la afición, que no pudo contener sus lágrimas. Por fin pudieron celebrar que el Racing volvía a Primera, dejando atrás un auténtico infierno.
La emoción de Íñigo Sainz-Maza 🥹
El que estuvo cuando el Racing de Santander estuvo a punto de irse a la cuarta categoría, está hoy viviendo un ascenso a LALIGA 💚🤍#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/HYDiXYMusD
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