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Primarias de trampa y cartón

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La opacidad en las urnas internas: ¿a quién le importa la participación?

Hoy me he detenido a pensar en algo que damos por hecho, pero que es extraño si lo miras de cerca: las primarias de los partidos políticos. Se supone que son el momento en que la militancia (o los simpatizantes) toma el mando, el acto democrático por excelencia dentro de una organización. Pero, curiosamente, cuando llega la hora de los resultados, la transparencia no siempre brilla por su ausencia.

Más Madrid

Ayer se cerraron las primarias de Más Madrid y, como era de esperar, Mónica García y Rita Maestre han revalidado su liderazgo para encabezar las candidaturas a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid, respectivamente. Los resultados publicados hablan de un respaldo claro: Mónica García ha obtenido un 80% de los votos y Rita Maestre un 81,2% en sus respectivas listas. Es un mensaje de continuidad y solidez para la formación, que ha querido cerrar filas y consolidar sus nombres de cara a las próximas elecciones de 2027.  

[[File:Mónica García Gómez.jpg|Mónica_García_Gómez]]

Sin embargo, al ver esos porcentajes tan redondos, no puedo evitar sentir que falta la pieza más importante del rompecabezas: la participación. Nos dan los tantos por ciento del éxito, pero no la cifra real de personas que han dedicado su tiempo a votar. Se habla de 800 o 900 votos en total, algo ridículo. Al final, nos encontramos ante el mismo dilema de siempre: sabemos quién ha ganado, pero no sabemos realmente cuánta gente ha hecho falta para ganar. ¿Es un proceso con una movilización masiva o es más bien un acto de ratificación simbólica de la dirección? Esa falta de transparencia numérica me deja siempre con la misma duda sobre qué representa realmente ese porcentaje frente a la totalidad de su base.

Izquierda Unida

Y hablando de porcentajes que esconden el bosque, no puedo dejar de pensar en Izquierda Unida. Hace poco, cuando Antonio Maíllo ganó sus primarias para convertirse en coordinador federal, la noticia se centró en ese 53,4% que le dio la victoria frente a Sira Rego. Pero, de nuevo, el dato de cuántas personas se tomaron la molestia de votar —es decir, la participación real de esa base militante— quedó diluido en un segundo plano.  

[[File:Antonio Maíllo en la Conferencia Interparlamentaria de IU (2025) 4.jpg|Antonio_Maíllo_en_la_Conferencia_Interparlamentaria_de_IU_(2025)_4]]

Es una dinámica que se repite: se nos presenta el tanto por ciento como si fuera la medida definitiva de la legitimidad, ignorando que el porcentaje solo tiene valor si sabemos sobre qué cantidad de gente se aplica. ¿Estamos ante una militancia activa que mueve los hilos del partido, o ante un proceso donde la cifra total de participantes se evita precisamente para no revelar lo pequeño que ha sido el cónclave? Cuando un partido de izquierdas, que históricamente ha hecho de la participación su razón de ser, se vuelve opaco con sus propias urnas, algo chirría en el discurso.

Podemos

En el otro lado de la balanza política, es innegable que Podemos juega con otras reglas en lo que a transparencia interna se refiere. En sus procesos, como ocurrió en sus últimas primarias estatales, no se andan con rodeos: cuando dicen que han votado 27.172 personas, ponen esa cifra sobre la mesa, sin esconderla detrás de un porcentaje. Esa decisión de auditar su propia participación, independientemente de si el número es alto o bajo, aporta una honestidad que brilla por su ausencia en otras formaciones.

Ione Belarra en la III Marcha Republicana en Madrid 2.jpg

Al final, esta es la gran diferencia. Mientras que en otros partidos de izquierda parece que se busca evitar el foco sobre la movilización real de la militancia, Podemos mantiene esa costumbre de dar el dato absoluto. Puede que estén en un momento de mayor o menor fuerza política, pero al menos no intentan maquillar el peso real de su base con porcentajes vacíos. Esa costumbre de contar a sus votantes, uno a uno, te obliga a preguntarte: ¿qué miedo tienen los demás a decirnos cuánta gente ha participado realmente en sus procesos?

Democracia interna: el espejo donde mirarse 

Si los partidos a la izquierda del PSOE quieren diferenciarse, si realmente aspiran a ser esa alternativa regeneradora que no solo pide democracia hacia afuera, sino que la practica hacia adentro, tienen que ser valientes con sus números. No se puede abanderar la «nueva política» y el empoderamiento ciudadano mientras se esconde, entre porcentajes opacos, la magnitud real de la participación en sus procesos internos. La transparencia no es solo un valor estético o un eslogan electoral; es la prueba del algodón. Si no son capaces de ser claros con sus propios militantes y simpatizantes sobre cuántos somos y cuántos decidimos, ¿cómo vamos a confiar en que serán diferentes a los partidos tradicionales cuando llegue el momento de gestionar algo más grande? La izquierda necesita menos discursos sobre lo democráticos que son y mucha más honestidad en el recuento de sus votos.

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Feijóo y el falso debate sobre las bajas médicas: confundir enfermedad con absentismo laboral es un grave error

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Las bajas médicas no son un privilegio, son un derecho de las personas trabajadoras

Las recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral han vuelto a situar en el centro del debate a miles de trabajadores y trabajadoras que se encuentran de baja médica por motivos de salud. Sin embargo, el discurso del líder del Partido Popular incurre en una peligrosa simplificación: equiparar una incapacidad temporal derivada de una enfermedad o un accidente con el absentismo laboral.

No solo es una afirmación injusta para quienes atraviesan un problema de salud, sino que además transmite una imagen completamente alejada de la realidad del sistema laboral español.

Una baja médica no significa cobrar el salario íntegro

Uno de los argumentos que con frecuencia se utilizan para alimentar este tipo de discursos es que las personas de baja continúan percibiendo el mismo sueldo sin trabajar. Esa afirmación es falsa en la mayoría de los casos.

La prestación económica por incapacidad temporal depende del origen de la baja y de la duración de la misma.

En caso de enfermedad común o accidente no laboral

La normativa general establece que:

  • Los tres primeros días no se cobra prestación, salvo que el convenio colectivo mejore esta situación.
  • Desde el día 4 hasta el día 20 se percibe el 60% de la base reguladora.
  • A partir del día 21 se cobra el 75% de la base reguladora.

Es cierto que algunos convenios colectivos complementan estas cantidades hasta alcanzar el 100% del salario, pero no es una obligación general de la legislación española.

En caso de accidente laboral o enfermedad profesional

Cuando la baja deriva de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional:

  • Desde el día siguiente a la baja se percibe el 75% de la base reguladora.
  • También aquí numerosos convenios colectivos completan el salario hasta el 100%, aunque nuevamente no es una obligación legal universal.

Por tanto, afirmar o insinuar que todas las personas de baja siguen cobrando exactamente igual que quienes trabajan es sencillamente incorrecto.

Enfermar no es absentismo laboral

Uno de los principales problemas del discurso de Feijóo es mezclar conceptos que jurídicamente son distintos.

El absentismo laboral suele utilizarse para describir las ausencias al trabajo, pero cuando estas están justificadas mediante una incapacidad temporal reconocida por un médico, no pueden considerarse un comportamiento irresponsable del trabajador.

Una baja médica existe porque un profesional sanitario determina que una persona no puede desarrollar su actividad laboral sin poner en riesgo su salud o la de otras personas.

Confundir enfermedad con absentismo supone trasladar la sospecha sobre cualquier trabajador que atraviesa una situación complicada.

Nadie decide romperse una pierna.

Nadie elige sufrir un cáncer.

Nadie planifica una operación quirúrgica.

Nadie busca padecer una depresión, una ansiedad incapacitante o una enfermedad crónica.

Hablar de estas situaciones como si fueran simples «ausencias laborales» invisibiliza la realidad de millones de personas.

El verdadero problema no son los trabajadores enfermos

España lleva años sufriendo problemas estructurales relacionados con el empleo.

Entre ellos destacan:

  • La precariedad laboral.
  • La elevada temporalidad.
  • Los salarios insuficientes.
  • Las largas jornadas.
  • Los riesgos psicosociales.
  • El aumento de problemas de salud mental derivados del trabajo.

Muchos trabajadores continúan acudiendo enfermos a sus puestos por miedo a perder ingresos o incluso su empleo.

Este fenómeno, conocido como presentismo laboral, también genera importantes pérdidas económicas y puede agravar enfermedades o provocar accidentes.

Sin embargo, este aspecto apenas aparece en el debate político cuando se habla de bajas médicas.

Criminalizar a quienes están enfermos es una estrategia equivocada

Cada vez que desde determinados sectores políticos se pone el foco sobre las bajas médicas como si fueran un abuso generalizado, el mensaje que reciben miles de trabajadores es muy claro: si enfermas, estarás bajo sospecha.

Ese discurso genera un clima de desconfianza hacia personas que ya atraviesan situaciones complicadas.

La inmensa mayoría de las incapacidades temporales están controladas por:

  • Médicos de Atención Primaria.
  • Inspecciones médicas.
  • Servicios públicos de salud.
  • Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
  • El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

No basta con que un trabajador diga que está enfermo. Existe un sistema médico y administrativo que supervisa cada proceso de incapacidad temporal.

Resulta contradictorio hablar de absentismo mientras se acumulan ausencias parlamentarias

Las declaraciones sobre el absentismo laboral también han provocado críticas políticas hacia Alberto Núñez Feijóo debido a sus propias ausencias en el Congreso de los Diputados.

Diversas publicaciones han señalado que el líder del Partido Popular ha faltado a numerosas sesiones parlamentarias durante la legislatura.

Más allá del debate político, la comparación pone de manifiesto una diferencia esencial: una baja médica está respaldada por criterios sanitarios y protegida por la legislación laboral, mientras que las ausencias parlamentarias obedecen a una lógica completamente distinta, vamos que no acude al Congreso por que no quiere y no le pasa nada, eso si EL si cobra lo mismo, si va al congreso o se queda en su casa.

Defender las bajas médicas es defender la salud pública

Las bajas laborales existen para proteger tanto a los trabajadores como al conjunto de la sociedad.

Permiten la recuperación de enfermedades.

Evitan contagios en los centros de trabajo.

Reducen riesgos laborales.

Favorecen una reincorporación segura.

Convertirlas en un arma política solo contribuye a estigmatizar a quienes atraviesan problemas de salud.

Conclusión

Las palabras de Alberto Núñez Feijóo contribuyen a alimentar un relato que presenta a las personas de baja médica como responsables de un supuesto problema de absentismo laboral. Sin embargo, esa equiparación ignora una realidad evidente: una incapacidad temporal reconocida por un médico no es un acto de absentismo, sino el ejercicio de un derecho protegido por la legislación española.

Además, la mayoría de los trabajadores de baja no perciben el 100% de su salario, sino prestaciones que, con carácter general, se sitúan en el 60% de la base reguladora entre los días 4 y 20 de una enfermedad común y en el 75% a partir del día 21. En caso de accidente laboral o enfermedad profesional, la prestación general es del 75% desde el día siguiente a la baja, salvo que el convenio colectivo establezca mejoras.

Si realmente se quiere mejorar la productividad y reducir las ausencias en el trabajo, el debate debería centrarse en combatir la precariedad, mejorar la prevención de riesgos laborales, reforzar la salud mental y garantizar condiciones laborales dignas, en lugar de señalar a quienes, sencillamente, tienen la mala fortuna de enfermar.

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Podemos Móstoles acusa al Gobierno municipal de presentar unos presupuestos irreales y corregirlos mediante modificaciones de crédito

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Mónica Monterreal, Portavoz de Podemos Móstoles.

La última modificación presupuestaria aprobada por el Gobierno municipal de Móstoles ha reabierto el debate sobre la gestión económica del Ayuntamiento. Desde Podemos Móstoles consideran que esta decisión confirma lo que ya advirtieron durante la aprobación del presupuesto: las cuentas municipales no reflejaban las verdaderas necesidades de la ciudad y estaban elaboradas con un marcado carácter político y propagandístico, en lugar de responder a una planificación rigurosa.

Durante el Pleno extraordinario celebrado para aprobar esta modificación de crédito, la formación morada criticó que el Ejecutivo del Partido Popular haya convertido las modificaciones presupuestarias en una práctica habitual para gestionar el Ayuntamiento, en lugar de elaborar unas cuentas completas y realistas desde el inicio del ejercicio.

Una modificación presupuestaria que, según Podemos, confirma sus advertencias

Podemos Móstoles recuerda que votó en contra de los presupuestos municipales precisamente porque los consideraba «poco realistas». Meses después, aseguran que la necesidad de modificar las cuentas les da la razón.

La portavoz del grupo municipal Mónica Monterreal defendió durante el Pleno que un presupuesto debe reflejar las prioridades políticas de una ciudad y no convertirse en un documento provisional que necesita ser corregido constantemente.

Según la formación, el hecho de que apenas unos meses después de su aprobación sea necesario incorporar nuevas partidas evidencia que el presupuesto inicial no contemplaba gastos e inversiones perfectamente previsibles.

Gastos que podían haberse previsto desde el primer momento

Uno de los principales argumentos expuestos por Podemos Móstoles es que muchas de las partidas incorporadas mediante esta modificación eran conocidas antes incluso de aprobar el presupuesto.

Entre ellas destacan:

  • Ayudas destinadas a las familias.
  • Seguros municipales.
  • El alquiler de la sede de la Concejalía de Participación.
  • Financiación para diversas inversiones municipales.

La formación considera que ninguno de estos gastos puede calificarse de imprevisto, por lo que entiende que deberían haber figurado desde el inicio en las cuentas municipales. Para Podemos, dejar estas partidas fuera del presupuesto inicial solo obliga posteriormente a recurrir a modificaciones de crédito que transmiten una imagen de improvisación en la gestión económica.

Proyectos anunciados sin financiación suficiente

Otro de los aspectos que más criticó el grupo municipal fue la situación de varios proyectos que el Gobierno local había anunciado durante meses.

Según explicó Podemos Móstoles, actuaciones como:

  • El Plan de Asfaltado.
  • El Plan Especial de Iluminación.

carecían de financiación suficiente en el presupuesto aprobado y ahora necesitan ejecutarse utilizando remanentes de tesorería.

Desde la formación consideran que esta circunstancia demuestra que los anuncios políticos no iban acompañados de una planificación económica adecuada, algo que, a su juicio, perjudica la credibilidad del Ejecutivo municipal y retrasa la ejecución de inversiones importantes para la ciudad.

Inversiones excluidas para mantener el equilibrio presupuestario

Durante el debate plenario también se puso sobre la mesa el contenido del propio expediente administrativo.

Podemos denunció que el documento reconoce expresamente que determinadas inversiones quedaron fuera del presupuesto con el objetivo de mantener el denominado equilibrio presupuestario.

Entre los proyectos citados se encuentran:

  • El pabellón de la calle Nueva York.
  • Las pistas de fútbol 7.

Para la formación, esta práctica supone presentar unas cuentas «maquilladas» que ofrecen una apariencia de estabilidad económica que posteriormente debe corregirse mediante sucesivas modificaciones presupuestarias.

Podemos defiende una planificación económica más rigurosa

Pese a las críticas, Podemos Móstoles dejó claro que comparte algunas de las inversiones incorporadas en esta modificación presupuestaria e incluso recordó que varias de ellas llevan años siendo reclamadas por la propia formación.

Sin embargo, insisten en que el problema no reside en el contenido de determinadas actuaciones, sino en la forma en que el Gobierno municipal planifica y gestiona los recursos públicos.

A juicio del grupo municipal, los vecinos necesitan unos presupuestos que respondan desde el primer día a las necesidades reales del municipio, evitando que las cuentas tengan que modificarse constantemente conforme avanza el ejercicio.

Una crítica a la forma de gobernar del Ejecutivo municipal

Podemos Móstoles concluye que esta nueva modificación presupuestaria refleja una manera de gobernar basada en la improvisación y no en la planificación.

La formación considera que el Ayuntamiento debe abandonar la política de anuncios y elaborar presupuestos que contemplen desde el inicio los gastos previsibles, prioricen los servicios públicos y permitan una gestión más eficiente de los recursos municipales.

Desde su punto de vista, la estabilidad económica no puede construirse sobre presupuestos incompletos que posteriormente necesiten continuas correcciones, sino sobre una planificación responsable capaz de responder a las necesidades reales de la ciudadanía de Móstoles.

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Feijóo y la inmigración: cuando el oportunismo político pesa más que la realidad

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El PP vuelve a convertir la inmigración en un arma electoral

La inmigración ha vuelto a ocupar el centro del debate político español. En esta ocasión, ha sido Alberto Núñez Feijóo quien ha reabierto la polémica al afirmar que España necesita inmigrantes para sostener su economía, pero rechazando al mismo tiempo la inmigración irregular y apostando por endurecer las políticas migratorias.

El mensaje pretende transmitir firmeza, pero deja al descubierto una contradicción difícil de justificar. ¿Cómo puede un país reconocer que necesita mano de obra extranjera mientras criminaliza o margina a miles de personas que ya viven, trabajan y contribuyen a la sociedad?

Más que ofrecer soluciones, el líder del Partido Popular parece buscar un equilibrio entre las necesidades económicas y la presión de una parte de su electorado, cada vez más influido por el discurso de la extrema derecha.

Una contradicción que evidencia la falta de un proyecto

España afronta importantes retos demográficos. El envejecimiento de la población, la falta de relevo generacional y la escasez de trabajadores en sectores como la agricultura, la hostelería, los cuidados o la construcción son una realidad ampliamente reconocida.

Sin embargo, el discurso de Feijóo plantea una paradoja: se admite que el país necesita inmigración, pero se rechaza una parte importante de quienes ya forman parte del tejido económico y social.

La consecuencia es un mensaje ambiguo que alimenta la desconfianza hacia las personas migrantes en lugar de impulsar políticas eficaces para ordenar los flujos migratorios, facilitar la integración y combatir la explotación laboral.

La inmigración no es el problema

Durante demasiados años, una parte de la derecha española ha utilizado la inmigración como herramienta de confrontación política.

Cuando existen dificultades para acceder a una vivienda, encontrar un empleo digno o recibir una atención sanitaria adecuada, resulta mucho más sencillo señalar a un colectivo vulnerable que afrontar las causas estructurales de esos problemas.

Sin embargo, la precariedad laboral, el elevado precio de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo o el deterioro de los servicios públicos no son consecuencia de la inmigración. Son el resultado de decisiones políticas y económicas acumuladas durante años.

Convertir a las personas migrantes en chivo expiatorio solo genera división social y desvía la atención de los verdaderos responsables de esas dificultades.

Derechos humanos y responsabilidad institucional

Toda política migratoria debe combinar orden administrativo con respeto a los derechos humanos.

Eso implica perseguir las mafias que trafican con personas, reforzar los mecanismos de acogida y garantizar procedimientos legales eficaces, pero también proteger la dignidad de quienes buscan una oportunidad para vivir y trabajar.

El debate político pierde calidad cuando se simplifica hasta convertir a miles de personas en un problema de seguridad o en una amenaza para la convivencia.

Las instituciones tienen la responsabilidad de ofrecer soluciones reales, no de alimentar el miedo.

Un discurso condicionado por la competencia con Vox

El endurecimiento del discurso migratorio del Partido Popular también puede interpretarse como una respuesta al crecimiento electoral de Vox.

En lugar de marcar diferencias claras, el PP ha optado en numerosas ocasiones por aproximarse a planteamientos cada vez más duros sobre inmigración, identidad nacional o control fronterizo.

Esta estrategia puede resultar rentable a corto plazo desde un punto de vista electoral, pero también contribuye a desplazar el debate público hacia posiciones más polarizadas.

Cuando los grandes partidos compiten por quién ofrece el mensaje más duro, el espacio para el consenso y las soluciones prácticas se reduce considerablemente.

España necesita una política migratoria seria

España necesita una política migratoria basada en datos, planificación y derechos.

Eso significa reforzar las vías legales de entrada, agilizar los procesos administrativos, combatir la explotación laboral, facilitar la integración y responder a las necesidades reales del mercado de trabajo.

También implica abandonar los discursos simplistas que presentan la inmigración únicamente como un problema.

La realidad es mucho más compleja. Miles de personas migrantes sostienen sectores esenciales de la economía española, pagan impuestos, cotizan a la Seguridad Social y forman parte de nuestras ciudades y barrios.

Conclusión

Las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo reflejan una tensión entre el reconocimiento de una necesidad económica y la voluntad de mantener un discurso de firmeza en materia migratoria.

Ese equilibrio puede resultar políticamente útil, pero difícilmente ofrece respuestas a uno de los grandes desafíos que afronta España.

La inmigración exige políticas responsables, coordinación institucional y respeto por los derechos fundamentales. Reducir el debate a mensajes que enfrentan a unos ciudadanos con otros no resuelve los problemas del país.

Si España necesita inmigración para mantener su economía y afrontar su reto demográfico, el verdadero debate debería centrarse en cómo construir un sistema ordenado, justo y eficaz, no en convertir a las personas migrantes en el centro de una confrontación política permanente.

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Alicante es antifascista.

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Manifestación antifascista Alicante

Alicante no olvida: el antifascismo toma las calles frente al local de la Falange

Ayer Alicante demostró que tiene memoria, que sabe perfectamente lo que es el fascismo y todo el daño que conlleva. No es solo un tema de política, es una cuestión de dignidad y de no dejar que el odio se asiente en nuestro suelo.

Alerta antifascista: nadie se quedó en casa

Durante toda la semana se respiraba tensión, se anunció una alerta antifascista en toda regla. La noticia de que la Falange pretendía abrir un local en nuestra ciudad no se podía dejar pasar, y la respuesta fue inmediata. Se convocó una manifestación para el viernes por la tarde y, como era de esperar, los antifascistas no fallamos.

Cientos de antifascistas por las calles de Alicante

Memoria histórica contra el olvido

Alicante tiene memoria, y ayer quedó claro. Los alicantinos y las alicantinas no olvidan el trágico bombardeo del Mercado Central por parte de la aviación fascista italiana, una herida que sigue presente en nuestra historia.

Además, el ambiente estuvo marcado por la reivindicación y el recuerdo. Durante el recorrido se escucharon cánticos en honor a Guillem Agulló, aquel joven antifascista asesinado hace ya 33 años, recordándonos que la lucha sigue vigente y que su nombre no se borra.

Una respuesta firme ante el despliegue policial

Cientos de personas acudimos a la plaça de les Oliveretes, punto de encuentro para el inicio de la marcha. Allí nos rodeó un fuerte despliegue policial, con cuatro lecheras blindando el paso. Como bien sabemos quienes salimos a la calle, el despliegue es constante cuando se trata de proteger a los que nos quieren silenciar, recordándonos de qué pie cojean la mayoría de Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Final manifestación antifascista Alicante

El mensaje es claro

A pesar de la presión, ayer Alicante dejó un mensaje que resonó alto y claro: fuera fascistas de nuestros barrios. No queremos que se normalice el odio en nuestras plazas ni en nuestras calles. La movilización fue un éxito y, ante todo, una lección: mientras estemos unidos y tengamos memoria, el fascismo no tendrá ni un respiro en nuestra ciudad.

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Sumar se descompone: la crisis interna acelera el desgaste del proyecto de Yolanda Díaz

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Movimiento Sumar vive uno de los momentos más convulsos desde su creación. La dimisión de su coordinadora, Lara Hernández, apenas unos días antes de la tercera asamblea del partido, supone un nuevo golpe para una organización que en poco más de tres años ha perdido buena parte de sus principales referentes políticos y orgánicos.

La salida de Hernández no llega aislada. Se produce tras meses de enfrentamientos internos, denuncias cruzadas, dimisiones en la dirección y una evidente pérdida de liderazgo que ha debilitado la estructura del partido impulsado por Yolanda Díaz.

Aunque Hernández ha anunciado su marcha después de que la investigación interna abierta contra ella por presunto acoso laboral fuese archivada por falta de pruebas y tras la retirada de las denuncias, la propia dirigente denunció haber sido víctima de una «operación política» dentro de la organización.

Una nueva dimisión en una larga lista

La renuncia de Lara Hernández supone otro episodio más de una crisis que lleva meses creciendo.

En apenas unas semanas también abandonaron sus responsabilidades dos figuras clave de la dirección:

  • Laura Moreno, secretaria de Organización.
  • David Comas, secretario de Comunicación.

Ambas salidas evidenciaron la fractura existente en la ejecutiva y llegaron acompañadas de fuertes críticas a la dirección del partido.

Pero el goteo de bajas comenzó mucho antes.

Las principales dimisiones que han marcado la historia de Sumar

Desde su nacimiento como partido, Movimiento Sumar ha ido perdiendo algunos de sus rostros más conocidos.

Yolanda Díaz deja la dirección

El primer gran golpe llegó tras las elecciones europeas de 2024.

Después del mal resultado electoral, Yolanda Díaz anunció que abandonaba la coordinación general del partido, aunque mantuvo sus responsabilidades como vicepresidenta segunda del Gobierno y referente político del espacio.

Aquella decisión abrió una etapa de incertidumbre sobre quién debía liderar el proyecto.

Íñigo Errejón abandona la política

Otro de los nombres más relevantes vinculados a Sumar fue Íñigo Errejón.

El entonces portavoz parlamentario dejó la política tras hacerse públicas denuncias de violencia sexual en su contra, una salida que supuso otro importante desgaste para la imagen pública del espacio político.

Elizabeth Duval deja la dirección

La escritora y filósofa Elizabeth Duval también abandonó sus responsabilidades como secretaria de Comunicación antes de la renovación de la dirección.

Posteriormente fue muy crítica con la evolución interna del partido y llegó a responsabilizar a la dirección del deterioro de la organización.

Carlos Martín renuncia como co-coordinador

En agosto de 2025 fue el turno de Carlos Martín.

El economista abandonó la co-coordinación alegando motivos de salud, aunque continuó como diputado y portavoz económico del grupo parlamentario. Desde entonces la dirección quedó incompleta y nunca llegó a sustituirse plenamente esa vacante.

Laura Moreno rompe con la dirección

La dimisión de Laura Moreno marcó un punto de inflexión.

La hasta entonces secretaria de Organización denunció públicamente problemas internos, aseguró haber sido apartada de decisiones relevantes y cuestionó el funcionamiento de la dirección, además de hacer pública la existencia de la investigación interna contra Lara Hernández.

David Comas también abandona

Pocos días antes ya había dimitido David Comas, secretario de Comunicación.

Su salida reforzó la sensación de descomposición en la ejecutiva a pocas semanas de la celebración de la nueva asamblea del partido.

Lara Hernández cierra una etapa

La dimisión de Lara Hernández supone probablemente el episodio más significativo de esta crisis.

La dirigente no solo abandona la coordinación, sino también toda responsabilidad orgánica y la militancia en Movimiento Sumar.

En su comparecencia aseguró que el procedimiento interno fue utilizado para desacreditarla políticamente y afirmó que la investigación fue archivada al no existir pruebas suficientes ni ratificación de las denuncias presentadas inicialmente.

Un partido que apenas supera los tres años de vida

Movimiento Sumar nació en 2023 con el objetivo de convertirse en el nuevo espacio de referencia de la izquierda alternativa y agrupar a distintas organizaciones políticas bajo un liderazgo común.

Sin embargo, en un periodo muy breve ha atravesado varias crisis de liderazgo, sucesivas reorganizaciones internas y un constante goteo de bajas entre sus principales dirigentes.

La convocatoria de una tercera asamblea en tres años refleja también la dificultad de consolidar una estructura estable dentro del partido.

Un futuro lleno de incertidumbre

La próxima asamblea extraordinaria deberá elegir una nueva dirección e intentar cerrar una etapa marcada por los conflictos internos.

No obstante, la acumulación de dimisiones y la pérdida continuada de referentes han situado a Movimiento Sumar ante uno de los mayores desafíos desde su fundación.

La organización afronta ahora el reto de recomponer su estructura y recuperar la estabilidad en un momento especialmente delicado para el conjunto del espacio político que representa.

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Arranca la investigación judicial por presunto acoso sexual y laboral contra Manuel Bautista, alcalde de Móstoles

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La investigación judicial contra Manuel Bautista, alcalde de Móstoles por el Partido Popular, ha dado un paso decisivo. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles mantiene abiertas las diligencias tras admitir a trámite la querella presentada por una exconcejala del PP, que este lunes ratificó durante cerca de tres horas su denuncia ante la jueza instructora.

La denunciante sostiene que fue víctima de presunto acoso sexual y laboral, además de sufrir posteriormente un proceso de aislamiento profesional tras rechazar las supuestas proposiciones del alcalde. Bautista niega las acusaciones y mantiene que todo responde a una «campaña» contra su persona.

¿Qué investiga el juzgado?

La causa se centra en una querella presentada el pasado mes de febrero en la que la exconcejala atribuye al alcalde varios delitos presuntamente cometidos durante su etapa en el Gobierno municipal.

Entre los hechos denunciados figuran presuntos delitos de:

  • Acoso sexual.
  • Acoso laboral.
  • Coacciones.
  • Lesiones.
  • Delitos contra la integridad moral.
  • Revelación de secretos.

La querella también se dirige contra el Partido Popular por la actuación que, según la denunciante, tuvo la organización cuando comunicó internamente los hechos. La admisión a trámite no supone que exista una condena ni que los hechos hayan quedado probados; implica que la jueza aprecia indicios suficientes para investigarlos.

El origen de la denuncia

Según la versión de la exconcejala, los hechos comenzaron cuando ocupaba responsabilidades en el Ayuntamiento tras las elecciones municipales.

En su declaración judicial ha reiterado que el alcalde realizó tres presuntas proposiciones de carácter sexual que ella rechazó. Afirma que, tras esos rechazos, comenzó un proceso de pérdida de funciones, aislamiento político y deterioro de sus condiciones de trabajo que considera constitutivo de acoso laboral.

Durante su comparecencia también explicó que acudió inicialmente a los canales internos del Partido Popular para solicitar protección antes de acudir a la vía judicial.

Ayuntamiento de Móstoles (Madrid)

Las denuncias contra la actuación del Partido Popular

Uno de los aspectos más relevantes del caso afecta al tratamiento interno que recibió la denuncia.

La exedil sostiene que informó de la situación a responsables del PP de Madrid y que esperaba la activación de los protocolos internos frente al acoso. Sin embargo, asegura que no obtuvo el amparo solicitado y que incluso recibió presiones para no judicializar el caso, extremo que el Partido Popular niega.

Estos hechos forman parte igualmente de la investigación judicial abierta.

La declaración ante la jueza

La comparecencia celebrada el 29 de junio constituye uno de los primeros actos procesales relevantes desde que la causa fue admitida.

Durante aproximadamente tres horas, la denunciante ratificó íntegramente su querella y respondió a las preguntas de la jueza y de las partes personadas en el procedimiento. Según su abogado, aportó detalles sobre los hechos denunciados y explicó las consecuencias personales y profesionales que, según afirma, sufrió tras los acontecimientos.

Por el momento, el alcalde todavía no ha prestado declaración en esta fase del procedimiento. Será el juzgado quien determine los siguientes pasos de la instrucción.

La posición de Manuel Bautista

Desde que trascendió el caso, Manuel Bautista ha rechazado todas las acusaciones.

El alcalde sostiene que las denuncias son falsas, defiende que nunca existió el comportamiento descrito por la exconcejala y ha solicitado el archivo de la causa. También ha manifestado públicamente que se considera víctima de una campaña de desprestigio y mantiene su decisión de continuar al frente de la Alcaldía de Móstoles.

¿Qué puede ocurrir ahora?

La instrucción judicial continúa abierta.

En esta fase, la jueza deberá valorar toda la documentación aportada, las declaraciones practicadas y las posibles diligencias adicionales antes de decidir si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento o, por el contrario, acordar su archivo.

Es importante recordar que la apertura de una investigación judicial no implica una declaración de culpabilidad. El proceso se encuentra en fase de instrucción y será la autoridad judicial quien determine si existen pruebas suficientes para la apertura de juicio oral o para el sobreseimiento de la causa.

Conclusión

La investigación contra Manuel Bautista marca un momento de especial relevancia política para el Ayuntamiento de Móstoles. La ratificación de la denuncia ante el juzgado supone un avance procesal significativo en un procedimiento que analiza graves acusaciones de presunto acoso sexual y laboral.

Mientras la denunciante mantiene íntegramente su versión de los hechos, el alcalde continúa defendiendo su inocencia y rechazando cualquier responsabilidad. Será ahora la instrucción judicial la que determine si los indicios reunidos permiten que el caso continúe hacia una eventual fase de enjuiciamiento.

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El Congreso vive instalado en el «y tú más» mientras los problemas reales siguen sin respuesta

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Spanish Parliament Building exterior (Congreso de los Diputados)
Spanish Parliament Building exterior (Congreso de los Diputados)

PSOE y PP convierten el Congreso en un espectáculo de acusaciones mientras la ciudadanía espera soluciones

La sesión de esta semana en el Congreso de los Diputados dejó una imagen difícil de justificar ante la ciudadanía. Durante horas, el debate parlamentario estuvo marcado por un intercambio constante de acusaciones entre el PSOE y el Partido Popular, con la corrupción como eje principal de una confrontación basada en el conocido «y tú más». Lejos de ofrecer propuestas para mejorar la vida de la mayoría social, ambos partidos centraron gran parte de sus intervenciones en recordar los escándalos del adversario.

El resultado fue un Parlamento completamente desconectado de las preocupaciones cotidianas de millones de personas. Mientras en el hemiciclo se discutía sobre quién acumula más casos de corrupción, fuera del Congreso la realidad sigue siendo la misma: el precio de la vivienda continúa disparado, la cesta de la compra sigue siendo demasiado cara para muchas familias, los salarios pierden poder adquisitivo y acceder a un alquiler digno se ha convertido en una misión casi imposible para miles de jóvenes y trabajadores.

La sensación que transmite el Congreso es la de una institución atrapada en una batalla permanente entre PSOE y PP, incapaz de responder a los problemas que realmente afectan a la ciudadanía.

Un Congreso centrado en la corrupción y no en las soluciones

La corrupción es un asunto que merece toda la atención política y judicial necesaria. Los casos deben investigarse y, cuando existan responsabilidades, depurarse con todas las garantías. Sin embargo, lo ocurrido esta semana fue algo distinto.

El debate parlamentario quedó reducido a un intercambio de reproches entre los dos grandes partidos del llamado bipartidismo. El PSOE recordó los numerosos casos que han afectado al PP durante las últimas décadas. El PP respondió señalando los casos que actualmente salpican al entorno socialista.

Durante horas apenas hubo espacio para hablar de vivienda, de salarios, de sanidad pública, de educación o del elevado coste de la vida. Los ciudadanos asistieron a un espectáculo político en el que parecía más importante desgastar al rival que presentar soluciones concretas.

Esta dinámica no es nueva, pero cada vez resulta más evidente el cansancio social que genera una política basada únicamente en la confrontación.

Una legislatura completamente paralizada

Más allá del enfrentamiento entre PSOE y PP, la sesión volvió a evidenciar otro problema de fondo: la legislatura transmite una sensación de agotamiento.

El Gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar atraviesa una etapa marcada por la falta de iniciativa política. Muchas de las grandes reformas prometidas permanecen bloqueadas o avanzan con enorme lentitud.

La impresión que ofrece el Ejecutivo es la de un gobierno dedicado principalmente a gestionar las crisis del día a día, sin capacidad para impulsar grandes transformaciones que mejoren la vida de la ciudadanía.

Mientras tanto, la oposición centra buena parte de su estrategia en el desgaste político constante, lo que termina alimentando un clima de enfrentamiento permanente del que apenas salen propuestas útiles para la mayoría social.

El resultado es una legislatura que muchos ciudadanos perciben como prácticamente paralizada.

La vivienda continúa siendo el gran problema

Uno de los ejemplos más claros de esa desconexión es la vivienda.

Comprar una casa resulta inalcanzable para una gran parte de la población, especialmente para los jóvenes. Al mismo tiempo, los alquileres siguen marcando precios muy elevados en numerosas ciudades españolas.

Cada mes son miles las familias que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos únicamente a poder mantener un techo.

Sin embargo, durante buena parte del debate parlamentario este asunto apenas ocupó espacio.

Resulta difícil comprender que uno de los principales problemas sociales del país quede eclipsado por un intercambio permanente de acusaciones entre los dos grandes partidos.

La cesta de la compra sigue asfixiando a muchas familias

Otro de los asuntos ausentes fue el incremento del coste de la vida.

Aunque la inflación se ha moderado respecto a los momentos más complicados de los últimos años, muchas familias continúan pagando precios muy elevados por productos básicos.

Ir al supermercado sigue suponiendo un esfuerzo económico considerable para millones de hogares.

Los alimentos, la energía y otros gastos esenciales continúan presionando las economías familiares.

Sin embargo, el Congreso volvió a dedicar mucho más tiempo a los escándalos políticos que a debatir medidas que permitan aliviar esta situación.

La ciudadanía espera respuestas, no enfrentamientos

Cada vez son más los ciudadanos que sienten que el Congreso discute sobre cuestiones alejadas de su realidad cotidiana.

Quien busca un alquiler asequible, quien espera meses para una cita médica, quien hace cuentas para llegar a final de mes o quien teme perder su empleo necesita respuestas concretas.

Sin embargo, el debate político continúa girando alrededor de los enfrentamientos entre partidos.

Esta desconexión alimenta la desconfianza hacia las instituciones y aumenta la sensación de que la política vive encerrada en sí misma.

Cuando los representantes públicos priorizan el enfrentamiento permanente sobre las soluciones, quienes terminan perdiendo son los ciudadanos.

El desgaste del bipartidismo vuelve a hacerse evidente

La sesión parlamentaria también volvió a reflejar las limitaciones de un modelo político basado en el enfrentamiento continuo entre PSOE y PP.

Ambos partidos utilizan los casos de corrupción del contrario como arma política, pero pocas veces el debate avanza hacia reformas profundas que refuercen la transparencia, mejoren los mecanismos de control o aumenten la rendición de cuentas.

La corrupción no debería utilizarse únicamente como instrumento de confrontación política.

También debería servir para impulsar medidas que dificulten su repetición y refuercen la confianza ciudadana en las instituciones.

Una política que vuelva a hablar de los problemas reales

España necesita un debate político mucho más centrado en las preocupaciones cotidianas.

Hablar de vivienda.

Hablar de salarios.

Hablar de empleo digno.

Hablar de sanidad pública.

Hablar de educación.

Hablar del coste de la vida.

Hablar de la juventud que no puede emanciparse.

Hablar de las familias que llegan con dificultades al final de cada mes.

Ese debería ser el centro de la acción política.

Sin embargo, la imagen ofrecida esta semana por el Congreso fue precisamente la contraria.

Conclusión

Lo vivido esta semana en el Congreso de los Diputados deja una sensación preocupante. Mientras PSOE y PP mantienen una batalla constante por atribuirse mutuamente mayores responsabilidades en materia de corrupción, los principales problemas sociales continúan esperando soluciones.

Al mismo tiempo, el Gobierno de PSOE y Sumar transmite una imagen de parálisis política que alimenta la percepción de una legislatura agotada y con escasa capacidad para impulsar reformas de calado.

Los ciudadanos esperan mucho más de sus representantes. Esperan propuestas para facilitar el acceso a la vivienda, reducir el coste de la vida, fortalecer los servicios públicos y mejorar las condiciones laborales.

El Parlamento debería ser el lugar donde se debatan esas soluciones.

Sin embargo, la imagen proyectada esta semana fue la de una institución más preocupada por el enfrentamiento político que por responder a las necesidades reales de la sociedad.

Mientras esa dinámica no cambie, seguirá creciendo la sensación de que el Congreso vive cada vez más alejado de los problemas cotidianos de la ciudadanía.

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Podemos denuncia que el PP mantiene paralizado el Consejo Sectorial LGTBIQ+ de Móstoles en pleno Orgullo

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Un año sin convocatorias para un órgano clave de participación

Podemos Móstoles ha denunciado la paralización del Consejo Sectorial para la Erradicación de la Homofobia y la Transfobia, un órgano municipal destinado a fomentar la participación de las entidades LGTBIQ+ en las políticas públicas de la ciudad. Según la formación morada, este consejo no se reúne desde el 25 de julio de 2025, una situación que consideran especialmente grave al coincidir con la celebración del mes del Orgullo.

La denuncia pone el foco en la falta de convocatoria de un espacio que fue creado para canalizar propuestas, inquietudes y aportaciones de asociaciones y colectivos comprometidos con la defensa de los derechos LGTBIQ+ en Móstoles. Para Podemos, la ausencia de reuniones durante casi un año demuestra una falta de interés político por impulsar mecanismos reales de participación ciudadana.

El Consejo Sectorial LGTBIQ+, un espacio esencial para la diversidad

Los consejos sectoriales son herramientas de participación que permiten a asociaciones, entidades y ciudadanía colaborar con las administraciones locales en la elaboración de políticas públicas. En el caso del Consejo Sectorial para la Erradicación de la Homofobia y la Transfobia, su función principal es promover medidas que favorezcan la igualdad, la diversidad y la lucha contra cualquier forma de discriminación por orientación sexual o identidad de género.

Desde Podemos Móstoles consideran que mantener paralizado este órgano supone privar al tejido asociativo de una vía fundamental para trasladar propuestas y necesidades al Ayuntamiento. Además, señalan que la falta de actividad del consejo limita la capacidad de desarrollar políticas consensuadas y adaptadas a la realidad del colectivo LGTBIQ+.

Podemos critica la falta de voluntad política del Gobierno municipal

La formación recuerda que el Partido Popular justificó en numerosas ocasiones la ausencia de avances en materia de diversidad debido a la influencia de Vox dentro del Ejecutivo municipal. Sin embargo, Podemos sostiene que esa explicación ya no resulta válida.

Según la organización, la salida de Vox del Gobierno municipal ha demostrado que el problema no estaba únicamente en la presencia de su antiguo socio, sino en la falta de voluntad política del Partido Popular para impulsar medidas de igualdad y participación.

Desde Podemos afirman que la situación actual evidencia una continuidad en la inacción institucional y una falta de compromiso con los derechos del colectivo LGTBIQ+, especialmente en un momento tan simbólico como la celebración del Orgullo.

El Orgullo como compromiso político y social

El mes de junio se ha convertido en una fecha clave para reivindicar los avances alcanzados en materia de derechos y para recordar que todavía existen desafíos pendientes en la lucha contra la discriminación.

Para Podemos Móstoles, las campañas institucionales o los actos conmemorativos resultan insuficientes si no van acompañados de mecanismos efectivos de participación. La formación considera que la celebración del Orgullo debe traducirse en políticas concretas y en una colaboración permanente con las entidades que trabajan diariamente por la igualdad y la diversidad.

En este sentido, denuncian que la ausencia de convocatorias del Consejo Sectorial contradice cualquier mensaje institucional que pretenda mostrar compromiso con los derechos LGTBIQ+.

Reclaman la convocatoria urgente del Consejo Sectorial

La portavoz de Podemos Móstoles, Mónica Monterreal, ha reclamado la convocatoria inmediata del órgano de participación para que las entidades puedan intervenir en el diseño y desarrollo de las políticas municipales relacionadas con la diversidad.

La formación insiste en que el Ayuntamiento debe abrir espacios reales de diálogo y colaboración con el tejido asociativo. A su juicio, la participación ciudadana no puede convertirse en un elemento meramente simbólico ni en una herramienta utilizada únicamente para mejorar la imagen institucional.

Podemos considera que el Gobierno municipal tiene la responsabilidad de garantizar el funcionamiento de los órganos participativos y de escuchar a quienes trabajan sobre el terreno en la defensa de los derechos humanos y la igualdad.

Mónica Monterreal, Portavoz de Podemos Móstoles.

Una cuestión de participación democrática

Más allá del debate sobre las políticas LGTBIQ+, la controversia pone sobre la mesa el papel de la participación ciudadana en la gestión municipal. Los consejos sectoriales fueron concebidos como instrumentos para acercar las instituciones a la ciudadanía y favorecer una toma de decisiones más abierta y transparente.

La paralización de estos espacios genera preocupación entre quienes consideran que la colaboración entre administraciones y sociedad civil es fundamental para construir políticas públicas más eficaces y representativas.

Por ello, Podemos Móstoles reclama que el Consejo Sectorial para la Erradicación de la Homofobia y la Transfobia vuelva a reunirse cuanto antes y recupere su función como espacio de encuentro, diálogo y participación para las entidades y colectivos de la ciudad.

Conclusión

La denuncia de Podemos Móstoles sitúa nuevamente en el centro del debate el compromiso del Gobierno municipal con la participación ciudadana y los derechos del colectivo LGTBIQ+. Mientras el Ayuntamiento no convoque el Consejo Sectorial para la Erradicación de la Homofobia y la Transfobia, continuará abierta la polémica sobre la falta de actividad de un órgano considerado esencial para la construcción de políticas de igualdad y diversidad en Móstoles.

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El atestado policial justifica la agresión policial a una profesora en Valencia: la polémica que reabre el debate sobre el uso de la fuerza

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La agresión policial a una profesora en Valencia durante una jornada de huelga educativa sigue generando indignación. El motivo es el contenido del atestado elaborado tras los hechos. Según ha trascendido, el documento concluye que el agente antidisturbios implicado actuó utilizando la «mínima fuerza» necesaria durante la intervención.

La resolución ha provocado numerosas críticas entre sindicatos, docentes y organizaciones sociales. Muchos consideran que la actuación policial fue desproporcionada y que el atestado intenta justificar una actuación que quedó registrada por testigos y cámaras presentes en la movilización.

Qué ocurrió durante la huelga educativa en Valencia

Los hechos tuvieron lugar durante una protesta vinculada a las movilizaciones del sector educativo valenciano. La jornada reunió a docentes, estudiantes y trabajadores de la enseñanza que reclamaban mejoras para la educación pública y mejores condiciones laborales.

En uno de los momentos más tensos de la protesta se produjo una intervención policial que terminó con una profesora en el suelo. Las imágenes difundidas posteriormente generaron un intenso debate sobre la proporcionalidad de la actuación y sobre el papel de las unidades antidisturbios en manifestaciones pacíficas.

Desde entonces, el caso ha permanecido en el centro de la actualidad política y sindical.

El atestado policial defiende que se utilizó la «mínima fuerza»

La principal controversia surge por la valoración incluida en el atestado policial. El documento sostiene que el agente actuó siguiendo criterios de proporcionalidad y que empleó la mínima fuerza necesaria para cumplir con su función.

Sin embargo, esta conclusión ha sido cuestionada por numerosos sectores. Los críticos consideran que resulta difícil compatibilizar esa valoración con las imágenes que muestran a la profesora siendo empujada por la espalda durante la intervención.

Para los sindicatos educativos, la redacción del informe transmite una sensación de impunidad y dificulta la depuración de posibles responsabilidades.

La reacción del sector educativo

La comunidad educativa valenciana ha reaccionado con preocupación ante las conclusiones del atestado. Diversas organizaciones consideran que el caso va más allá de un incidente aislado y refleja un problema más amplio relacionado con la gestión de las protestas sociales.

Los representantes docentes defienden que las movilizaciones forman parte del ejercicio legítimo de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de manifestación.

Por ese motivo, reclaman una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo sucedido y determinar si la actuación policial fue adecuada.

Un debate sobre derechos y uso de la fuerza

La agresión policial a una profesora en Valencia ha vuelto a abrir el debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad durante las protestas ciudadanas.

Las imágenes difundidas han generado preguntas sobre la proporcionalidad de determinadas intervenciones y sobre los mecanismos de control existentes para supervisar este tipo de actuaciones.

Expertos en derechos civiles recuerdan que cualquier actuación policial debe ajustarse a los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima intervención. Cuando existen dudas sobre el cumplimiento de estos principios, resulta imprescindible que los hechos sean analizados con transparencia.

Conclusión

La polémica por la agresión policial a una profesora en Valencia continúa lejos de cerrarse. Mientras el atestado sostiene que se utilizó la mínima fuerza necesaria, una parte importante de la comunidad educativa y de la sociedad cuestiona esa interpretación.

El caso se ha convertido en un símbolo del debate sobre el derecho a la protesta y sobre la necesidad de garantizar que todas las actuaciones policiales sean transparentes, proporcionadas y sometidas al correspondiente control democrático.

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