Es la palabra más repetida después de unas elecciones: autocrítica.

Podemos tuvo un resultado muy malo en las elecciones de Castilla y León, nos quedamos fuera, sin representación, y es obvio que algo no estamos haciendo bien, y es aquí donde nos tenemos que centrar y hacer esta ansiada autocrítica.

No podemos estar siempre echándole la culpa a los demás; también tenemos que ser capaces de darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo, porque sí, en Podemos cometemos errores, porque somos seres humanos, y los seres humanos cometen errores; no somos máquinas perfectas.

Obviamente, también hay factores externos que hacen que estemos atravesando unos malos resultados, de los cuales hablaré más adelante.

En mi opinión, uno de los errores que estamos cometiendo es el tema de las campañas; creo que no estamos enfocando bien las campañas, y debería ser el momento de sentarnos todos y todas a hablarlo y ver qué podemos cambiar.

También hay un debate muy interesante que es Madrid. Yo soy de la opinión de que, cuanto menos se interfiera desde Madrid, mejor nos va a ir en los territorios, y no lo digo por nada malo, pero la gente vota a su vecino y vecina de toda la vida, que lleva toda la vida allí viviendo y que sabe los problemas de su tierra. Al igual que en los círculos, hay militantes en los territorios que saben perfectamente qué hacer, y creo que se les debería dar más autonomía.

Podemos es un partido muy joven, no somos políticos profesionales, no llevamos 40 años en política, somos gente normal y corriente haciendo política, no le debemos un céntimo a los bancos, no tenemos el poder que tienen el resto de partidos y, aun así, hemos hecho historia en la política de este país.

Tenemos que estar tremendamente orgullosos y orgullosas, y no pasa nada por equivocarnos y tropezar; nos levantamos y seguimos, y si nos volvemos a tropezar, nos volvemos a levantar, una y mil veces.

Y ahora, como diría La Cosa, «es la hora de las tortas».

Como era de esperar tras los malos resultados, han salidos los anti Podemos a meter mierda, a intentar darnos lecciones, pues bien, no, no voy a permitir lecciones de esta gente.

No voy a permitir lecciones de nadie de Movimiento Sumar, de un partido que lo ha destrozado todo, que reventó la ansiada unidad que ahora buscan con Yolanda Díaz a la cabeza, y que son un auténtico cáncer para la izquierda de este país; ojalá desaparezcan pronto del mapa político.

No voy a permitir lecciones de IU, que llevan 40 años en política sin hacer absolutamente nada, que les devolvimos a la vida cuando estaban muertos y con una deuda descomunal, que los llevamos a Europa y al gobierno, y que encima nos traicionaron, ni media lección de esta gente.

No voy a permitir lecciones de «periodistas» como Vallín o Maestre, que apoyaron todo lo que hizo Yolanda Díaz, que se sientan al lado de un corrupto como Ferreras y que llevan años intentando arrasarnos con napalm.

No voy a permitir lecciones de medios de comunicación que antes de las elecciones apenas nos sacan y que cuando sacamos un resultado malo escriben 50 artículos sobre nosotros y nosotras, muchas veces con bulos o medias verdades.

Por cierto, que la gente sepa que el candidato de Podemos, Miguel Ángel, no dudó en apartarse a un lado para buscar ir juntos con IU, igual que en su día hizo Pablo Iglesias con Pedro Sánchez. Si soy yo el problema, me aparto; pues ni por esas, a IU le importa bien poco la unidad, solo buscan sillones, llevan así 40 años y nunca he leído a esta gente pedirles autocrítica.

Algún día os contare mi experiencia de cuando negocié con IU aquí en Petrer, porque vais a alucinar.

Pues nada, esto ha sido todo por mi parte, ah, y que a nadie se le olvide, RESILIENCIA.

Ah, y autocrítica.

El acto celebrado ayer por Gabriel Rufián y Emilio Delgado se presentó como un espacio para «repensar la izquierda”, pero terminó reproduciendo exactamente aquello que dicen combatir. Lejos de ofrecer un horizonte transformador, el evento se deslizó hacia un discurso que compró sin matices los marcos de la ultraderecha: miedo, sospecha, identidades amenazadas y una visión profundamente conservadora del conflicto social.

En lugar de confrontar el machismo, el racismo o la criminalización de la pobreza —pilares del discurso reaccionario—, el acto los asumió como si fueran “preocupaciones legítimas” que la izquierda debe incorporar para no quedarse atrás. Ese es el camino más rápido hacia la irrelevancia política: cuando la izquierda deja de disputar el sentido común y se limita a imitarlo, desaparece.
Aceptar esos marcos no es pragmatismo, es renuncia. Y cada renuncia abre la puerta a que la ultraderecha marque la agenda cultural y política.

Un proyecto construido sobre el miedo
El mensaje central del acto fue claro: la izquierda debe replegarse, moderarse y asumir que la sociedad está demasiado asustada como para hablar de derechos, igualdad o justicia social. Ese planteamiento no solo es falso; es profundamente peligroso.
Construir un proyecto político sobre el miedo —miedo al conflicto, miedo a la diversidad, miedo a perder votos— solo conduce a una cosa: dos partidos socialdemócratas compitiendo por el mismo espacio, sin capacidad de transformar nada. Dos PSOE. Dos versiones del mismo proyecto agotado.
La izquierda no necesita duplicarse: necesita valentía

La solución a la crisis de la izquierda no pasa por diluirse, ni por convertirse en una copia tímida del centro, ni por asumir los discursos que históricamente han servido para justificar desigualdades. La solución pasa por recuperar la ambición política, la defensa de los derechos, la claridad frente al odio y la capacidad de señalar a los verdaderos responsables de la precariedad y el malestar.
Cuando un acto político renuncia a todo eso, no está ofreciendo una alternativa: está contribuyendo al problema.
Si la izquierda quiere futuro, debe dejar de pedir permiso
El acto de ayer no abrió caminos; los cerró. No generó esperanza; la administró. No cuestionó el avance reaccionario; lo normalizó. Y una izquierda que normaliza el discurso del adversario deja de ser izquierda.
La tarea no es imitar al miedo, sino enfrentarlo. No es asumir los marcos de la ultraderecha, sino desmontarlos. No es construir un segundo PSOE, sino construir un proyecto que vuelva a hablar de derechos, dignidad y justicia.

En los últimos días hemos visto cómo Gabriel Rufián intenta proyectar una supuesta “unidad de las izquierdas” a nivel estatal, una operación a la que se ha sumado Emilio Delgado. Sin embargo, esta imagen de convergencia no es inocente ni responde a una voluntad real de fortalecer un proyecto transformador. Muy al contrario, reproduce patrones que ya conocemos demasiado bien: maniobras de despacho, acuerdos entre élites políticas y estrategias orientadas a arrinconar a Podemos, no a mejorar la vida de la gente.
La experiencia reciente con Sumar es el ejemplo más claro. Se presentó como un espacio amplio, plural y participativo, pero terminó convirtiéndose en un instrumento para diluir a quienes no se plegaban a una lógica de control interno. Hoy, cuando se habla de “unidad”, muchas personas ya identifican ese discurso como una coartada para repetir la misma jugada. Por eso no sorprende que haya quien lo llame directamente Sumar 2.0.

En este contexto, la figura de Emilio Delgado resulta especialmente significativa. A nivel estatal se suma a la operación, pero en Madrid evita siquiera mencionarla. Esa doble estrategia no es nueva: quienes han seguido su trayectoria política ya conocen sus tácticas, percibidas como maniobras oportunistas orientadas a su propio beneficio personal. Un discurso amable hacia fuera, pero decisiones que luego van en dirección contraria. Una retórica de unidad que, en la práctica, se traduce en exclusión selectiva.

Nunca olvidemos que Emilio Delgado fue uno de los instructores con Iñigo Errejón, que con jugadas rastreras y vendiendo a gran parte de la militancia, orquesto en Madrid y en Móstoles en particular, una jugada para destruir literalmente a Podemos Móstoles, pero le salió mal ya que se adelantaron a su malas artes y hoy en día seguimos en activo y mas fuertes de lo que deseaban. Además de entregar el Gobierno de la Comunidad de Madrid al PP, donde Podemos partía muy fuerte y con oportunidad de hacerse con el, pero ellos y ellas decidieron dar un golpe de estado, fundar Mas Madrid al no conseguir en primarias tras la derrota de Errejón frente a Pablo Iglesias. Mas Madrid fue quien dividió a la Izquierda no vengan ahora a vender lo contrario, como luego copio Yolanda Diaz repitiendo la jugada.

Por lo cual no, no es una persona de fiar, su trabajo en Móstoles ha sido mas de hacer oposición a Podemos Móstoles, que al actual Gobierno de PP y Vox, que en muchas ocasiones se ha plegado a sus intereses. Pero claro de esto su militancia no se entera ya que lo hacen de forma disimulada. Vamos que confiar en un político que su mayor capacidad es la traición y el engaño, no es el mas correcto.

La ciudadanía merece claridad. No se puede hablar de unidad mientras se trabaja para marginar a un actor político concreto. No se puede hablar de proyecto colectivo mientras se repiten dinámicas de traición interna. Y no se puede pedir confianza cuando los hechos contradicen sistemáticamente las palabras.
Por eso es importante no dejarse engañar por los grandes titulares ni por los discursos bien construidos. La verdadera unidad no se decreta desde arriba ni se utiliza como arma contra quienes no se someten. La verdadera unidad nace del respeto, de la democracia interna y de la voluntad real de transformar la vida de la gente, no de maniobras para recolocar piezas en el tablero político.

Hablar del PP en el País Valencià es hablar de corrupción, son innumerables casos donde esta gente nos ha robado a manos llenas: Caso Erial, Caso Terra Mítica, Caso Gürtel, Caso Trajes, Caso Fitur, etc.

Este escándalo empezó en Les Naus, una promoción de viviendas protegidas en la playa de San Juan, donde varios de los adjudicatarios han sido personas vinculadas al propio Ayuntamiento.

Rocío Gómez, concejala de Urbanismo, fue una de las agraciadas, incluyendo a su suegro y una ex cuñada. Puede parecer una broma, pero no, es la triste realidad de estos ladrones. Rocío ha dimitido.

Se está investigando a nueve funcionarios municipales que presuntamente han estado también en el ajo, incluyendo al arquitecto de Urbanismo.

También se ha sabido que una interventora de la Generalitat con 70.000 euros de sueldo también adquirió una VPO de Alicante que ganó cargos del PP.

Y que nadie piense que Luis Barcala va a dimitir, de eso nada, no por él mismo, si lo hace será por la presión social de la gente, como así ocurrió con el miserable Carlos Mazón.

Ah, ¿y a qué no sabéis lo que dijo cuando le preguntaron sobre todo esto? Exacto, que él no sabía nada, que no tenía conocimiento de nada. Poco más y le faltó decir, oigan, pregúntenle al alcalde, a mí que me cuentan.

En fin, es terrible ver cómo son capaces hasta de meter la mano en algo como es la vivienda protegida, no tienen escrúpulos, son gentuza sin dignidad alguna, y lo peor de todo, da la sensación de que hagan lo que hagan no les pasa factura, siempre acaban ganando y gobernando, terrible.

Daniel Esteve es el líder de Desokupa, un neonazi que no hace tanto se paseaba por los platós de Atresmedia y Mediaset como el gran salvador contra la okupación.

Daniel Esteve es un neonazi racista, machista y homófobo que lleva años soltando auténticas barbaridades con total impunidad.

Su última perla ha sido amenazar públicamente con agredir y mandar al hospital a Pablo Iglesias, director de Canal Red.

Hace unos días, vimos cómo la policía detuvo en Barcelona a un seguidor del ultra Vito Zoppellari, que amenazó de muerte a Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de FACUA.

Vito Quiles o Daniel Esteve se sienten impunes, porque hasta ahora así lo han sido: discursos de odio y amenazas regadas con dinero público.

La pregunta que todos y todas nos hacemos es ¿hasta cuándo? Hasta cuándo estos ultras van a seguir saliendo impunes con sus amenazas y sus discursos de odio.

Por cierto, ¿y si lo hago yo? ¿Y si yo me grabo un vídeo diciendo que voy a agredir y mandar al hospital a Abascal? ¿Qué pasaría? Hagan sus apuestas, la mía la tengo clara, esa misma noche dormiría en los calabozos.

La información publicada por El País ha destapado uno de los episodios más graves que ha vivido la política municipal de Móstoles en los últimos años. Una Concejala del PP denunció al Alcalde Manuel Bautista (PP) por presunta agresión sexual y acoso laboral a los órganos internos del PP en Madrid, un caso que, lejos de ser atendido con la diligencia que exige cualquier señal de violencia o abuso de poder, habría sido ignorado, minimizado e incluso silenciado por el entorno institucional que debía protegerla.
Según la investigación periodística, la víctima trasladó sus denuncias de forma reiterada a responsables del PP incluida Isabel Diaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid del PP. Lo que encontró, sin embargo, no fue apoyo ni garantías, sino un clima de presión, miedo y advertencias veladas. La Concejala habría recibido mensajes que buscaban disuadirla de continuar con el proceso, recordándole las consecuencias que podría tener para su puesto en el Ayuntamiento y para su vida profesional. Un patrón clásico de intimidación que, de confirmarse, revelaría un uso profundamente perverso del poder institucional.

Pero el escándalo no termina ahí. El País también señala la existencia de indicios de destrucción de pruebas, un extremo especialmente grave porque no solo compromete la integridad de la investigación, sino que apunta a una posible estrategia para obstaculizar la verdad. La desaparición o manipulación de material relevante en un caso de esta naturaleza no es un simple error administrativo: es un ataque directo al derecho de la víctima a obtener justicia.

Todo ello se habría producido en un contexto donde la víctima, lejos de ser escuchada, habría sido tratada como un problema a gestionar, no como una persona que denuncia hechos extremadamente serios. La falta de mecanismos internos eficaces, la ausencia de protocolos aplicados y la aparente voluntad de proteger a Manuel Bautista, antes que a la denunciante dibujan un escenario de impunidad institucional que debería alarmar a cualquier ciudadano o ciudadana.

Este caso no es solo un asunto personal entre dos personas. Es un asunto político, administrativo y ético. Habla de cómo se ejerce el poder, de cómo se protege —o no— a quienes denuncian abusos, y de qué tipo de cultura institucional se ha instalado en la administración local. Si se confirma lo que la investigación periodística ha revelado, estaríamos ante un ejemplo devastador de cómo un Ayuntamiento puede fallar en su obligación más básica: garantizar la seguridad y la dignidad de las mujeres.
Móstoles merece transparencia. Móstoles merece explicaciones. Y, sobre todo, Móstoles merece que se depuren responsabilidades con rigor y sin dilaciones. Porque cuando una víctima denuncia y es ignorada, amenazada y silenciada, no solo falla una institución: falla un sistema entero.

La portavoz de Podemos Móstoles, Mónica Monterreal, ha declarado sobre estos hechos:
“Queremos expresar todo nuestro apoyo a la concejala afectada. Nadie debería sufrir presiones por denunciar una situación injusta. Vamos a pedir explicaciones y a exigir que se investigue hasta el final. Móstoles merece instituciones seguras donde las mujeres puedan ejercer su responsabilidad pública sin miedo y con todas las garantías”.

Podemos Móstoles traslada su solidaridad y apoyo a la exconcejala del municipio afectada por las presuntas presiones internas desveladas por la prensa, que apuntan a un intento de frenar o desincentivar la interposición de una denuncia por acoso. La formación morada considera que se trata de hechos de extrema gravedad.
Desde la organización morada insisten que el caso debe ser
investigado con rigor, y subrayan que ninguna representante pública debería sentirse sola, cuestionada o presionada por trasladar una situación de malestar o posible vulneración de derechos.

El bulo central: “regularizar para alterar el censo electoral”
PP y Vox han difundido la idea de que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno —fruto del acuerdo con Podemos, que ha impulsado esta medida con solo cuatro diputadas— busca manipular el censo electoral.
Sin embargo, la regularización no concede la nacionalidad, y por tanto no otorga derecho a voto en elecciones generales, autonómicas ni municipales ordinarias. Esto está recogido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y confirmado por verificadores independientes.
Para votar en elecciones generales es imprescindible tener nacionalidad española. Obtenerla requiere entre 2 y 10 años de residencia legal continuada, además de superar exámenes oficiales y acreditar buena conducta cívica. Nada de esto cambia con la regularización.

Abascal (Vox) ha afirmado que la regularización es un plan para “alterar el censo electoral”, “sustituir a los españoles” y “beneficiar al PSOE”, llegando a asegurar que “primero los regularizan, luego les dan ayudas y después la nacionalidad con facilidad”.
También ha repetido que esta medida “llamará a millones” y “colapsará los servicios públicos”, pese a que no existe evidencia que respalde estas afirmaciones.

Ayuso (PP) ha insistido en que la regularización es “una trampa para provocar” que “puede alterar el censo electoral”, repitiendo el bulo de que estos migrantes podrán votar en las próximas elecciones.
También ha acusado al Gobierno de “manipular los censos” y de actuar con “fines electoralistas”.
Ambos discursos coinciden en una narrativa ya desmentida: los migrantes regularizados no podrán votar en 2027 ni en ningún proceso electoral sin nacionalidad.

La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno y Podemos establece requisitos claros y verificables:
Requisitos principales

• Haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025.
• Acreditar al menos cinco meses de residencia continuada antes de la solicitud.
• No tener antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.
• Presentar documentación que pruebe la estancia (empadronamiento, facturas, citas médicas, etc.).
  Qué derechos obtienen
• Autorización de residencia temporal.
• Permiso de trabajo desde la admisión a trámite (máximo 15 días).
• Acceso a sanidad, educación y servicios sociales básicos.
• Suspensión de órdenes de expulsión por motivos administrativos.
  Qué derechos NO obtienen
• No obtienen la nacionalidad.
• No pueden votar en elecciones generales, autonómicas ni municipales ordinarias.
• Solo podrían votar en municipales si su país tiene acuerdo de reciprocidad y tras años de residencia legal, lo que no aplica a esta regularización.

El papel decisivo de Podemos
La medida nace del acuerdo entre el Gobierno y Podemos, que ha presionado para desbloquear una regularización extraordinaria que llevaba años siendo reclamada por organizaciones sociales y llevaba varios años guardada en un cajón.
Ione Belarra ha explicado que el objetivo es reducir la violencia burocrática, facilitar la integración y eliminar trabas como la imposibilidad de obtener certificados penales en países en crisis.
Pese a contar solo con cuatro diputadas, Podemos ha logrado que el Gobierno apruebe el Real Decreto sin necesidad de pasar por el Congreso, demostrando que la medida era jurídicamente viable y políticamente urgente.

Los discursos de PP y Vox sobre una supuesta manipulación del censo electoral no se sostienen jurídicamente ni en los hechos.
La regularización:

• No otorga nacionalidad.
• No otorga derecho a voto.
• No altera el censo electoral.
• Sí permite trabajar y vivir legalmente, reduciendo la vulnerabilidad de cientos de miles de personas que ya están en España. Frente a los bulos, los datos son claros: regularizar no es votar.