PROTESTA
PSOE
Hubo un tiempo, no tan lejano, en que las calles de Madrid fueron escribiendo, con grito y pancarta, el final político del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No fue un derrumbe repentino, ni una simple alternancia electoral. Fue un proceso de desgaste social, moral y político que puede reconstruirse con bastante precisión si se mira desde la protesta. Entre 2010 y 2011, la calle fue diciendo lo que después las urnas confirmaron: una parte importante de la sociedad había dejado de confiar en aquel Gobierno.
El año 2010 marca el punto de inflexión. La crisis económica ya no era solo una amenaza exterior ni una turbulencia financiera. Se había convertido en paro, miedo, precariedad, deuda, cierre de empresas y pérdida de derechos. El Gobierno que había llegado al poder con un lenguaje de ampliación de derechos terminó aplicando medidas de ajuste que golpearon directamente a sus bases sociales. Y la protesta lo registró.
Una de las primeras grandes fracturas fue la reforma de las pensiones. El 29 de enero de 2010 aparece ya una protesta ante la sede del PSOE en Ferraz contra la subida de la edad de jubilación. El lema era claro: «no a trabajar hasta los 67 años». Aquella decisión no era menor. Tocaba uno de los pilares simbólicos del pacto social: el derecho a retirarse después de una vida laboral completa. Poco después, el 23 de febrero, nuevas movilizaciones sindicales volvieron a colocar las pensiones en el centro de la disputa. No se protestaba solo por una cifra; se protestaba por un cambio de época.
A esa herida se sumó otra: el recorte salarial a los trabajadores públicos. En mayo de 2010, el llamado «tijeretazo» del Gobierno abrió una brecha profunda con funcionarios, empleados públicos, sanitarios, docentes y trabajadores de la administración. La protesta del 20 de mayo ante el Ministerio de Economía y Hacienda, bajo el lema «contra el tijeretazo del Gobierno», sintetiza bien aquel momento. El Gobierno socialista asumía el lenguaje de la austeridad y trasladaba parte del coste de la crisis a quienes no la habían provocado.
La huelga general del 8 de junio de 2010 en la Administración pública anticipó lo que vendría después. «Gobierno irresponsable, ni empleados públicos ni pensionistas, ni culpables ni pagadores», decían algunas pancartas. La frase condensaba una acusación política de fondo: se hacía pagar la crisis a trabajadores, pensionistas y servicios públicos mientras bancos, grandes empresas y poderes financieros conservaban su capacidad de presión.
El ciclo culminó con la reforma laboral y la Huelga General del 29 de septiembre de 2010. Las protestas previas fueron acumulando consignas: «No a la reforma laboral», o «sobran las razones». El 29-S no fue solo una protesta sindical más. Fue la constatación de que una parte de la izquierda social consideraba que Zapatero había cruzado una línea. Se le reprochaba haber aceptado el marco de los mercados, de Bruselas, de los poderes financieros y de la patronal.
Pero 2011 fue todavía más decisivo. Si 2010 fue el año del ajuste, 2011 fue el año de la quiebra de legitimidad. Las protestas contra la reforma de las pensiones continuaron. El 29 de enero de 2011, desde Vallecas y Moratalaz, se marchó «contra la reforma de las pensiones, por un trabajo digno ya, no a los recortes laborales y sociales, por una nueva huelga general». En marzo, miles de personas volvieron a salir «por las pensiones, el empleo y los derechos sociales». En junio, pensionistas de CCOO protestaron contra la congelación de las pensiones y el recorte de derechos sociales.
El Primero de Mayo de 2011 fue especialmente expresivo. Las calles hablaban contra el pacto social, contra la reforma laboral, contra el recorte de las pensiones y contra una salida de la crisis construida sobre la resignación. Ya no se trataba solo de protestar contra medidas concretas. Se empezaba a impugnar el conjunto del modelo político-económico.
Y entonces llegó el 15M. El 15 de mayo de 2011, la consigna «No somos mercancía en manos de políticos y banqueros» transformó el campo de protesta. El malestar ya no cabía únicamente en el repertorio sindical clásico. Había paro, precariedad juvenil, vivienda imposible, corrupción, descrédito institucional y una sensación creciente de secuestro democrático. «No nos representan» no era una frase contra un solo partido, pero golpeaba de lleno al Gobierno que estaba en ese momento en La Moncloa.
El 15M no fue simplemente una protesta contra Zapatero. Fue algo más profundo: una protesta contra la democracia realmente existente. Pero precisamente por eso afectó tanto al Gobierno socialista. Porque Zapatero aparecía como presidente de un régimen incapaz de responder a la crisis sin obedecer a los mercados. La acampada de Sol, las asambleas, las marchas de junio y julio, y la gran movilización global del 15 de octubre mostraron que el conflicto ya no era solo laboral: era democrático.
La reforma del artículo 135 de la Constitución cerró el círculo. En agosto y septiembre de 2011, PSOE y PP pactaron una modificación constitucional exprés para introducir la estabilidad presupuestaria, mientras españa estaba de vacaciones. La calle respondió con protestas que exigían referéndum: «No a esta reforma de la Constitución. Ni un paso atrás»; «Contra la reforma de la Constitución, referéndum ya». Aquello tuvo una enorme carga simbólica. La Constitución, tantas veces presentada como intocable, podía reformarse en pocos días cuando lo exigían los mercados. Pero no se consultaba al pueblo.
Vistos desde la protesta, los dos últimos años del Gobierno de Zapatero fueron los años de una ruptura. Se rompió la confianza sindical, se rompió la expectativa progresista, se rompió la idea de que el PSOE podía proteger a las clases trabajadoras frente a la crisis y se abrió una crisis de representación que el 15M expresó con una claridad histórica.
¿Nos acordamos? Conviene hacerlo. Porque la memoria política no puede reducirse a balances electorales ni a relatos partidistas. En la calle quedaron registradas las decisiones: jubilación a los 67, recorte a empleados públicos, reforma laboral, congelación de pensiones, reforma constitucional sin referéndum, subordinación de la política económica a los mercados. La protesta no dicta sentencia judicial, pero sí deja constancia social. Y lo que dejó escrito en 2010 y 2011 fue una acusación severa: cuando un Gobierno elegido para proteger derechos termina gestionando sacrificios en nombre de la estabilidad, la calle se convierte en archivo vivo de la decepción colectiva.
