El bulo central: “regularizar para alterar el censo electoral”
PP y Vox han difundido la idea de que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno —fruto del acuerdo con Podemos, que ha impulsado esta medida con solo cuatro diputadas— busca manipular el censo electoral.
Sin embargo, la regularización no concede la nacionalidad, y por tanto no otorga derecho a voto en elecciones generales, autonómicas ni municipales ordinarias. Esto está recogido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y confirmado por verificadores independientes.
Para votar en elecciones generales es imprescindible tener nacionalidad española. Obtenerla requiere entre 2 y 10 años de residencia legal continuada, además de superar exámenes oficiales y acreditar buena conducta cívica. Nada de esto cambia con la regularización.
Abascal (Vox) ha afirmado que la regularización es un plan para “alterar el censo electoral”, “sustituir a los españoles” y “beneficiar al PSOE”, llegando a asegurar que “primero los regularizan, luego les dan ayudas y después la nacionalidad con facilidad”.
También ha repetido que esta medida “llamará a millones” y “colapsará los servicios públicos”, pese a que no existe evidencia que respalde estas afirmaciones.
Ayuso (PP) ha insistido en que la regularización es “una trampa para provocar” que “puede alterar el censo electoral”, repitiendo el bulo de que estos migrantes podrán votar en las próximas elecciones.
También ha acusado al Gobierno de “manipular los censos” y de actuar con “fines electoralistas”.
Ambos discursos coinciden en una narrativa ya desmentida: los migrantes regularizados no podrán votar en 2027 ni en ningún proceso electoral sin nacionalidad.
La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno y Podemos establece requisitos claros y verificables:
Requisitos principales
- Haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025.
- Acreditar al menos cinco meses de residencia continuada antes de la solicitud.
- No tener antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.
- Presentar documentación que pruebe la estancia (empadronamiento, facturas, citas médicas, etc.).
Qué derechos obtienen - Autorización de residencia temporal.
- Permiso de trabajo desde la admisión a trámite (máximo 15 días).
- Acceso a sanidad, educación y servicios sociales básicos.
- Suspensión de órdenes de expulsión por motivos administrativos.
Qué derechos NO obtienen - No obtienen la nacionalidad.
- No pueden votar en elecciones generales, autonómicas ni municipales ordinarias.
- Solo podrían votar en municipales si su país tiene acuerdo de reciprocidad y tras años de residencia legal, lo que no aplica a esta regularización.
El papel decisivo de Podemos
La medida nace del acuerdo entre el Gobierno y Podemos, que ha presionado para desbloquear una regularización extraordinaria que llevaba años siendo reclamada por organizaciones sociales y llevaba varios años guardada en un cajón.
Ione Belarra ha explicado que el objetivo es reducir la violencia burocrática, facilitar la integración y eliminar trabas como la imposibilidad de obtener certificados penales en países en crisis.
Pese a contar solo con cuatro diputadas, Podemos ha logrado que el Gobierno apruebe el Real Decreto sin necesidad de pasar por el Congreso, demostrando que la medida era jurídicamente viable y políticamente urgente.
Los discursos de PP y Vox sobre una supuesta manipulación del censo electoral no se sostienen jurídicamente ni en los hechos.
La regularización:
- No otorga nacionalidad.
- No otorga derecho a voto.
- No altera el censo electoral.
- Sí permite trabajar y vivir legalmente, reduciendo la vulnerabilidad de cientos de miles de personas que ya están en España. Frente a los bulos, los datos son claros: regularizar no es votar.
