El martes, Diario Red publicó que Villarejo había sido condenado a tres años y medio de prisión por el Caso Dina.

Empecemos por el principio: en 2015, a Dina Bousselham le robaron su teléfono móvil en un centro comercial. En su teléfono, aparte de fotos personales o documentos de trabajo, también tenía chats internos de Podemos.

Meses después del robo de su teléfono móvil, parte del contenido apareció publicado en el pseudo medio de Eduardo Inda, OkDiario y en El Confidencial.

En el 2019, durante el registro de la casa de Villarejo, la policía encontró una copia del contenido del teléfono de Dina.

No, no me he olvidado de Pablo Iglesias. Hicieron lo posible para que Iglesias fuese condenado, su nombre apareció en todos lados durante mucho tiempo.

El Caso Dina sirvió para abrir portadas en los medios, llenar horas y horas de tertulias de radio, horas y horas de tertulias en la TV, y todos con un denominador común, atacar a Podemos.

Uno de ellos fue José María Olmo, jefe de investigación de El Confidencial. Este “periodista” fue uno de los que publicó contenido de la tarjeta de Dina y lo utilizó para atacar a Podemos y a Pablo Iglesias.

Vamos con Eduardo Inda, uno de los grandes capos de las llamadas cloacas del Estado. Este sinvergüenza fue el que más protagonismo le dio a este caso, utilizando su pseudomedio para difundir todo tipo de bulos, y no solo en su medio, Inda fue invitado en varios programas de La Sexta para lanzar sus bulos contra Podemos y Pablo Iglesias.

Hablando de La Sexta, seguramente la cadena que más protagonismo le dio al Caso Dina, horas y horas de tertulias en Al Rojo Vivo y en La Sexta Noche con personajes como el mencionado anteriormente, Eduardo Inda. Ferreras no dudó en darle voz a este tipo de personajes, aun sabiendo lo que era, una máquina de difundir bulos, le dio igual, lo que sea para ir contra Podemos y contra Pablo Iglesias.

Y podría seguir. Vox puso una querella contra este caso, algo que hizo que el juez pidiese al Supremo la imputación de Pablo Iglesias. Ultras como Javier Negre y su pseudomedio EdaTv, Cristina Seguí, ABC, El Mundo, etc.

Todo esto no hubiese sido posible sin Manuel García-Castellón, el juez encargado de la instrucción del Caso Dina y gran enemigo de Podemos durante todos estos años. Porque sí, todo el lawfare que ha sufrido Podemos durante todos estos años no hubiese sido posible sin jueces como Manuel García-Castellón.

10 años han tenido que pasar para ver esta sentencia sobre Villarejo. 10 años de todo tipo de bulos y difamaciones sobre Podemos, Dina y Pablo Iglesias. Nadie pedirá perdón, nadie rectificará, todo seguirá igual. Y así funcionan las cloacas del Estado.

Las educadoras infantiles han dicho basta. Tras años soportando salarios de miseria, ratios imposibles y un abandono institucional vergonzoso, miles de trabajadoras del ciclo de 0 a 3 años continúan en huelga indefinida mientras los gobiernos autonómicos y estatal siguen sin ofrecer soluciones reales. Quienes sostienen una de las etapas más importantes en el desarrollo de nuestros hijos e hijas están siendo tratadas como mano de obra barata, invisibilizada y precarizada. Y lo más indignante es que sus reivindicaciones no son excesivas ni radicales: piden condiciones dignas para poder educar, cuidar y atender a la infancia como merece.

Mientras que los gobiernos autonómicos y estatal se llenan la boca hablando de conciliación, natalidad y “apoyo a las familias”, miles de educadoras infantiles continúan en huelga indefinida denunciando unas condiciones laborales que rozan la explotación. Y lo más grave es que sus reivindicaciones no son ningún privilegio: son demandas básicas para garantizar una educación digna y segura para nuestros hijos e hijas.

Las trabajadoras del ciclo de 0 a 3 años llevan meses denunciando salarios miserables, ratios inasumibles y una absoluta falta de reconocimiento profesional. En muchos centros, especialmente en aquellos gestionados de forma privada o externalizada, las educadoras apenas cobran poco más que el Salario Mínimo Interprofesional. Algunas reconocen públicamente que necesitan un segundo empleo o depender económicamente de sus parejas para sobrevivir.

Y aun así, sobre sus espaldas recae una de las tareas más importantes de cualquier sociedad: el cuidado, la atención y la educación en la primera infancia.

Porque no, las escuelas infantiles no son “guarderías”. Son espacios educativos fundamentales para el desarrollo emocional, cognitivo y social de niños y niñas. Sin embargo, las administraciones continúan tratándolas como un servicio secundario y barato, sostenido casi exclusivamente por mujeres precarizadas. El 97% del sector son mujeres.

Las cifras son escandalosas. Las educadoras denuncian que una sola trabajadora puede llegar a atender a 8 bebés, 14 niños de entre 1 y 2 años o hasta 20 criaturas de 2 a 3 años. Ratios completamente incompatibles con una atención educativa y afectiva de calidad.

¿De verdad alguien cree que una sola persona puede atender adecuadamente a 20 niños pequeños? ¿Qué pasa cuando uno llora, otro necesita cambiarse, otro se cae y otro tiene necesidades especiales? Esto no es educación digna. Es supervivencia diaria.

Las profesionales reclaman algo tan lógico como reducir ratios, aumentar plantillas, reconocer pedagógicamente la etapa 0-3 y mejorar salarios. También piden más recursos para atender a menores con necesidades educativas especiales y acabar con las enormes desigualdades entre centros públicos, privatizados y externalizados.

Pero frente a estas demandas, la respuesta institucional está siendo el silencio o directamente la represión administrativa mediante servicios mínimos abusivos que dificultan el derecho a huelga.

Es especialmente sangrante ver cómo gobiernos que presumen de feminismo permiten que un sector altamente feminizado siga atrapado en la precariedad estructural. Mucho discurso institucional el 8M, pero cuando miles de mujeres trabajadoras salen a la calle exigiendo derechos básicos, desaparecen las cámaras, desaparecen los ministros y desaparecen las consejerías.

La realidad es que la educación infantil de 0 a 3 años nunca ha sido una prioridad política real. Durante años se ha utilizado como herramienta propagandística para anunciar gratuidades o cheques infantiles mientras se mantenía un modelo sostenido sobre bajos salarios, externalizaciones y plantillas agotadas.

Y mientras tanto, las familias también sufren las consecuencias. Porque precarizar a las educadoras infantiles es precarizar la educación de la infancia. No puede haber calidad educativa cuando quienes sostienen el sistema están exhaustas, mal pagadas y completamente abandonadas por las administraciones.

Lo que está ocurriendo con esta huelga retrata perfectamente las prioridades políticas actuales: millones para contratos privatizados, macroproyectos o propaganda institucional, pero ni voluntad ni recursos para dignificar uno de los pilares más importantes del sistema educativo.

Las educadoras infantiles no están pidiendo privilegios. Están pidiendo dignidad. Y cualquier gobierno que ignore estas reivindicaciones está demostrando que considera la educación infantil un gasto y no una inversión social imprescindible.

Porque cuidar y educar a la infancia debería ser una prioridad de país. Pero hoy, en España, parece importar más el titular político que el futuro de nuestros niños y niñas.

El juicio del caso Kitchen ha entrado en una fase decisiva tras la declaración del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Su testimonio no solo ha reactivado uno de los mayores escándalos de corrupción política en España, sino que ha vuelto a poner el foco sobre la responsabilidad directa de la cúpula del PP durante el gobierno de Mariano Rajoy.

Bárcenas apunta directamente a la cúpula del PP

En su declaración ante la Audiencia Nacional, Bárcenas fue contundente: la operación Kitchen —una trama parapolicial para espiarle y sustraerle documentación comprometedora— “empieza en el partido”, es decir, en el propio PP.

El juicio del caso Kitchen ha entrado en una fase decisiva tras la declaración del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Su testimonio no solo ha reactivado uno de los mayores escándalos de corrupción política en España, sino que ha vuelto a poner el foco sobre la responsabilidad directa de la cúpula del PP durante el gobierno de Mariano Rajoy.

Bárcenas apunta directamente a la cúpula del PP

En su declaración ante la Audiencia Nacional, Bárcenas fue contundente: la operación Kitchen —una trama parapolicial para espiarle y sustraerle documentación comprometedora— “empieza en el partido”, es decir, en el propio PP.

Según el extesorero, el objetivo era claro: impedir que pruebas sobre la financiación irregular del partido (la conocida “caja B”) llegaran a la justicia.

Más aún, Bárcenas asegura que existían grabaciones extremadamente comprometedoras, incluyendo conversaciones con Mariano Rajoy sobre esa contabilidad paralela, e incluso material que implicaría directamente al expresidente en la destrucción de pruebas.

Estas afirmaciones no son menores: colocan a Rajoy no como un actor ajeno, sino como alguien con interés directo en el éxito de la operación.

Una operación ilegal desde el Estado

Los hechos investigados son de enorme gravedad democrática. La operación Kitchen habría sido un dispositivo organizado desde el Ministerio del Interior entre 2013 y 2014 para robar pruebas a Bárcenas mediante el uso de fondos reservados y un confidente infiltrado —su propio chófer—.

Es decir: recursos públicos, policía y estructuras del Estado al servicio de un partido político para tapar su corrupción.

No se trataba de investigar delitos, sino de hacerlos desaparecer.

¿Por qué Rajoy no está imputado?

Aquí aparece una de las grandes contradicciones del caso. A pesar de los señalamientos de Bárcenas, Mariano Rajoy no está imputado en la causa.

La explicación es jurídica, pero también política. Por un lado, los tribunales han considerado que no existen pruebas directas suficientes que vinculen a Rajoy con la orden o ejecución de la operación. Por otro, el propio proceso se ha centrado en los responsables operativos: policías, mandos de Interior y cargos intermedios.

Además, la declaración de Bárcenas, aunque relevante, no basta por sí sola como prueba incriminatoria sin corroboración material. Esto limita el alcance judicial de sus acusaciones, aunque políticamente resulten devastadoras.

Sin embargo, esta situación deja una pregunta incómoda:
¿cómo es posible que una operación de este calibre se lleve a cabo sin conocimiento del máximo responsable político?

El caso de Cospedal: de imputada a fuera del foco

Más llamativo aún es el caso de María Dolores de Cospedal. Exsecretaria general del PP, sí fue imputada durante la investigación por su presunta implicación en la trama, a raíz de mensajes y audios con el comisario Villarejo.

Sin embargo, terminó quedando fuera del procedimiento judicial principal.

Esto refuerza la sensación de que la causa se ha ido estrechando hacia niveles intermedios, dejando fuera a los máximos responsables políticos pese a los indicios y grabaciones que los sitúan en el centro de la trama.

Más llamativo aún es el caso de María Dolores de Cospedal. Exsecretaria general del PP, sí fue imputada durante la investigación por su presunta implicación en la trama, a raíz de mensajes y audios con el comisario Villarejo.

Sin embargo, terminó quedando fuera del procedimiento judicial principal.

Esto refuerza la sensación de que la causa se ha ido estrechando hacia niveles intermedios, dejando fuera a los máximos responsables políticos pese a los indicios y grabaciones que los sitúan en el centro de la trama.

Más llamativo aún es el caso de María Dolores de Cospedal. Exsecretaria general del PP, sí fue imputada durante la investigación por su presunta implicación en la trama, a raíz de mensajes y audios con el comisario Villarejo.

Sin embargo, terminó quedando fuera del procedimiento judicial principal.

Esto refuerza la sensación de que la causa se ha ido estrechando hacia niveles intermedios, dejando fuera a los máximos responsables políticos pese a los indicios y grabaciones que los sitúan en el centro de la trama.

El acto celebrado ayer con Irene Montero y Gabriel Rufián dejó una imagen política nítida: la de dos formas muy distintas de entender el momento actual y el papel de la izquierda en él.

Por un lado, Irene Montero mostró un perfil sólido, seguro y con una hoja de ruta perfectamente definida. Su intervención no solo se centró en diagnosticar los problemas que atraviesa la ciudadanía —precariedad, acceso a la vivienda, deterioro de los servicios públicos o pérdida de poder adquisitivo—, sino que puso el acento en algo que muchas veces se echa en falta en el debate político: las soluciones concretas. La dirigente de Podemos articuló un discurso coherente en el que el programa no es un documento estático, sino una herramienta viva que debe traducirse en acción política inmediata.

Frente a ello, Gabriel Rufián proyectó una imagen más dubitativa. Su insistencia en el “programa, programa, programa” evidenció una voluntad de centrar el debate en los contenidos, pero sin lograr transmitir con la misma claridad cómo convertir esos planteamientos en medidas tangibles. Esa diferencia fue clave durante el acto: mientras Rufián apelaba a la necesidad de definir propuestas, Irene Montero ya estaba un paso por delante, planteando no solo qué hacer, sino cómo hacerlo y con qué urgencia.

El contraste se hizo especialmente evidente en el ritmo y la contundencia de ambos discursos. Irene Montero defendió una lógica política basada en “programa, acción, programa, acción”, insistiendo en que la credibilidad de cualquier proyecto transformador depende de su capacidad para materializar cambios reales en la vida de la gente. No basta con enunciar buenas ideas; es imprescindible ejecutarlas, enfrentándose a los intereses que bloquean esas transformaciones.

Además, la intervención de Irene Montero reforzó la idea de un Podemos con identidad propia y con un proyecto consolidado. Lejos de ambigüedades, se presentó como una alternativa clara que no renuncia a intervenir en el mercado, a topar precios o a blindar derechos sociales. Su discurso conectó programa y práctica política, algo que fue percibido como uno de los puntos fuertes del acto.

En definitiva, el encuentro dejó una conclusión clara: mientras unos siguen debatiendo sobre el qué, otros ya están centrados en el cómo. Y en ese terreno, Irene Montero logró marcar la diferencia, proyectando liderazgo, claridad política y, sobre todo, una propuesta que combina diagnóstico y acción en un mismo horizonte.

Fotos de Dani Gago.

La reciente tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán no representa una victoria diplomática, sino una pausa táctica en un conflicto que nunca debió comenzar. Tras semanas de escalada militar, amenazas abiertas —incluyendo insinuaciones de destrucción total por parte de Donald Trump— y una creciente presión internacional, Washington ha optado por recoger cable ante el riesgo de una catástrofe global.

De la amenaza total a la negociación

Hasta apenas 48 horas antes del acuerdo, Trump había lanzado advertencias extremadamente graves, afirmando que si no había pacto “explotarían todo el país”, en referencia a Irán . Estas declaraciones, que apuntaban incluso a ataques masivos contra infraestructuras civiles, elevaron la tensión al máximo nivel y despertaron el temor a un conflicto de dimensiones imprevisibles.

Sin embargo, el escenario cambió de forma abrupta. Ante el riesgo de escalada, la presión internacional y el impacto económico —especialmente en los mercados energéticos—, Estados Unidos aceptó una tregua temporal basada en una propuesta iraní.

Los puntos clave de la tregua

Aunque no existe un documento público definitivo, distintas fuentes coinciden en que el acuerdo se basa en una propuesta iraní de aproximadamente 10 puntos, que sirve como base para las negociaciones. Entre los principales elementos destacan:

• Alto el fuego inmediato durante dos semanas entre Estados Unidos e Irán
• Reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo
• Suspensión de ataques por ambas partes, incluidos bombardeos y operaciones defensivas
• Inicio de negociaciones diplomáticas en Islamabad con mediación internacional
• Exigencia iraní de levantar sanciones económicas
• Retirada de tropas estadounidenses de la región como parte de las demandas de Teherán
• Reconocimiento del derecho de Irán a su programa nuclear (bajo disputa)
• Garantías de seguridad para la navegación internacional en el Golfo Pérsico

Además, Estados Unidos plantea condiciones adicionales en una posible “hoja de ruta”, como limitaciones nucleares más estrictas y controles internacionales .

Una tregua frágil y llena de contradicciones

Lejos de resolver el conflicto, la tregua evidencia las profundas contradicciones de la guerra. Estados Unidos no ha logrado desmantelar el programa nuclear iraní ni doblegar al régimen, mientras que Irán llega a la mesa de negociación manteniendo sus posiciones estratégicas .

El alto el fuego tampoco cubre todos los frentes: Israel continúa sus operaciones en Líbano, lo que demuestra que el conflicto sigue abierto en múltiples escenarios .

Además, los objetivos de ambas partes siguen siendo incompatibles: control del estrecho de Ormuz, sanciones, programa nuclear… todo sigue en disputa .

Una guerra por intereses económicos

Más allá del discurso oficial sobre seguridad o democracia, los hechos apuntan a otra realidad: esta guerra ha estado profundamente vinculada a intereses económicos y geoestratégicos.

El estrecho de Ormuz —por donde pasa una parte fundamental del petróleo mundial— ha sido uno de los ejes centrales del conflicto. Su bloqueo disparó los precios energéticos y afectó directamente a la economía global . Tras el anuncio de la tregua, los mercados reaccionaron de inmediato con caídas en el precio del petróleo y subidas en las bolsas, evidenciando que lo que está en juego no es la democracia, sino el control de recursos y rutas comerciales.

Una guerra que nunca debió comenzar

El balance es claro: destrucción, inestabilidad global, tensión nuclear y miles de millones en pérdidas económicas. Todo ello sin avances reales en los objetivos declarados.

La tregua no es una solución, sino el reconocimiento implícito de que la vía militar ha fracasado. La amenaza nuclear, utilizada como herramienta de presión, ha demostrado hasta qué punto esta guerra ha estado más cerca del desastre que de cualquier ideal democrático.

Hoy, la diplomacia vuelve a abrirse paso. Pero la pregunta sigue siendo inevitable:
¿cuántas vidas, cuánto sufrimiento y cuántos riesgos eran necesarios para llegar exactamente al mismo punto donde nunca se debió salir?

En política no todo vale, y mucho menos cuando hablamos de vivienda, de alquileres imposibles y de gente que no llega a fin de mes. Por eso es especialmente grave lo que ha hecho Más Madrid difundiendo que el decreto no saldrá adelante o que está en riesgo por la posición de Podemos, cuando Podemos ya ha dejado clara su posición: la abstención será contra la masiva bajada de impuestos, pero votará SÍ al decreto de vivienda.

Es decir, Más Madrid está mezclando deliberadamente dos votaciones distintas para generar confusión y miedo entre los inquilinos. Y eso tiene un nombre: desinformación. O dicho más claro: un bulo político con intereses partidistas.

Un bulo con intención política

No estamos ante un error ni ante una confusión. Estamos ante una estrategia. Más Madrid forma parte del Gobierno de España y sabe perfectamente cómo funcionan los decretos, las convalidaciones y las votaciones separadas. Saben que el decreto de vivienda y la bajada de impuestos no son lo mismo. Saben que Podemos ha dicho públicamente que las medidas de vivienda hay que apoyarlas. Y aun así han decidido lanzar el mensaje de que todo está en peligro.

¿Por qué? Porque el objetivo no es informar, es desgastar a Podemos y disputar el espacio político de la izquierda utilizando incluso el miedo de la gente que vive de alquiler.

Y eso es profundamente irresponsable.

Podemos y la vivienda: hechos, no propaganda

Si hoy en España se habla de:

• Limitar precios del alquiler
• Prohibir desahucios sin alternativa habitacional
• Contratos más largos
• Zonas tensionadas
• Topes a los alquileres

No es por Más Madrid. Es porque Podemos puso la vivienda en el centro del debate político cuando nadie quería tocar el mercado inmobiliario.

Podemos ha sido la fuerza política que más ha presionado para intervenir el mercado de la vivienda, para poner límites a los fondos buitre y para que la vivienda deje de ser un negocio y empiece a ser un derecho.

Mientras unos hacen campañas y tuits, otros han estado negociando leyes, topes al alquiler y protección a inquilinos.

La política útil no es mentir

La izquierda no puede parecerse a la derecha en lo peor: en la mentira, en el bulo y en la manipulación. Si queremos que la gente confíe en la política, lo primero es no mentirle.

Difundir que un decreto de vivienda peligra cuando sabes que un partido lo va a votar a favor es jugar con el miedo de la gente. Y eso no es hacer política progresista. Eso es hacer propaganda.

La vivienda es demasiado importante como para usarla como arma electoral contra otro partido de izquierdas. La gente no necesita más ruido ni más bulos. Necesita alquileres más bajos, estabilidad y protección.

Y en esa pelea, guste más o guste menos, quien ha empujado de verdad las políticas de vivienda en España ha sido Podemos.

En política hay momentos que definen a las organizaciones. Momentos en los que hay que elegir entre la comodidad de aceptar lo que hay o la responsabilidad de defender a la gente que te vota. Y en esta ocasión, Podemos ha elegido plantarse.

La decisión de Podemos de abstenerse ante las medidas aprobadas por el Gobierno por la guerra de Irán no es un gesto menor. Es un mensaje político claro: no se puede volver a hacer lo mismo de siempre, no se puede volver a rescatar a los de arriba mientras se abandona a la mayoría social a la inflación, a los precios disparados y a la pérdida de poder adquisitivo.

Las medidas del Gobierno vuelven a ser insuficientes. Mucho titular, mucha rueda de prensa, pero ninguna intervención real del mercado, ningún tope efectivo a los precios, ninguna medida valiente contra quienes se están enriqueciendo con la crisis. Otra vez se protege al capital y se deja sola a la clase trabajadora.

Y aquí es donde se ve la diferencia entre Podemos y Sumar.
Mientras unos se plantan y dicen “hasta aquí”, otros vuelven a hacer lo de siempre: ceder. Ceder antes las presiones del PSOE, ceder antes de la negociación, ceder antes incluso de dar la batalla.

Sumar ha asumido el papel de quien gestiona lo que hay, aunque lo que hay sea injusto. Podemos ha decidido asumir el papel de quien pelea para cambiarlo. Y esa es la diferencia entre estar en política para ocupar sillones o estar en política para cambiar la vida de la gente.

Porque la solución es conocida y no es ningún secreto:

• Topar los precios de la energía y los alimentos
• Intervenir los mercados cuando haya beneficios abusivos
• Proteger salarios y pensiones
• Hacer que la crisis la paguen quienes se están forrando, no quienes trabajan

La abstención de Podemos no es ponerse de perfil. Es decir alto y claro que así no, que con medidas cosméticas no se protege a la gente, que gobernar no es gestionar la resignación, sino tomar decisiones valientes.

En tiempos difíciles es cuando se ve quién está dispuesto a molestar a los poderosos y quién prefiere no incomodar a sus socios. Y en este momento, la diferencia ha quedado clara.

Podemos se ha plantado. Y plantarse, a veces, es la única forma de defender a la mayoría.

Foto de Dani Gago.