Ático de Chamberí: las contradicciones cercan a Ayuso

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septiembre 18, 2026

La denuncia sobre las listas de espera del Ramón y Cajal exige explicaciones claras. Sin embargo, la respuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso plantea otra preocupación: el señalamiento público del médico que ha alertado de las presuntas irregularidades.

La cuestión es demasiado seria para convertirla en una pelea personal. Hablamos de pacientes pendientes de una operación y de la confianza en la sanidad pública. Además, está en juego que sus profesionales puedan denunciar problemas sin miedo a quedar expuestos.

Fachada del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid

¿Qué se ha denunciado?

El cirujano Luis Alberto Martos explicó que detectó pacientes que habían pasado de prioridad preferente a normal sin consultar con los médicos responsables. Según su relato, comunicó la situación a sus superiores y, al no obtener respuesta, acudió a la gerencia. El propio médico aclaró que no podía asegurar que fuera una práctica habitual.

Por su parte, el periodista Fernando Peinado afirmó que la investigación cuenta con correos y capturas del sistema interno. También explicó que una cirujana reclamó por los cambios y que su superior los reconoció. Son elementos que merecen una respuesta documental y contrastable. Declaraciones del periodista en la SER.

Cambiar una clasificación administrativa no mejora la salud de nadie. Por eso, cualquier modificación de la prioridad quirúrgica debe poder explicarse por razones clínicas. La ciudadanía necesita saber quién tomó las decisiones, con qué criterio y qué consecuencias tuvieron.

Fátima Matute, consejera de Sanidad, durante un acto institucional

La respuesta de la Comunidad de Madrid

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, anunció una investigación, pero también acusó a Martos de alterar la prioridad de 57 pacientes para trabajar menos. La Comunidad niega la versión de la denuncia. Según EL PAÍS, otros tres especialistas respaldaron las quejas y la documentación apunta a órdenes de superiores.

Anunciar una investigación mientras se desacredita al denunciante compromete la confianza en su imparcialidad. Una consejera tiene la responsabilidad de aclarar los hechos con pruebas. Su posición institucional exige especial prudencia antes de lanzar acusaciones personales.

Incluso si existen conflictos laborales, estos no resuelven la cuestión central: si las prioridades se cambiaron correctamente. Esa pregunta necesita una respuesta propia.

Un aviso a navegantes para quienes denuncian

La lectura política de esta reacción es preocupante: puede funcionar como un aviso a navegantes para el personal sanitario. Quien observa el señalamiento de un compañero puede preguntarse qué le ocurrirá si denuncia una irregularidad.

No hace falta demostrar una orden expresa de silenciar a la plantilla para advertir ese riesgo. La exposición pública y el cuestionamiento profesional pueden desalentar nuevas alertas. El resultado sería una sanidad con menos capacidad para detectar y corregir sus fallos.

Por eso, proteger a quienes comunican posibles irregularidades también protege a los pacientes. La transparencia requiere condiciones para hablar, además de estadísticas publicadas.

Isabel Díaz Ayuso y Fátima Matute en la Asamblea de Madrid

Investigar las listas de espera del Ramón y Cajal y asumir responsabilidades

El caso exige una investigación independiente, conservar los registros y aclarar cada cambio de prioridad. También deben ofrecerse garantías frente a represalias y explicaciones a los pacientes afectados.

Si se confirman irregularidades, habrá que determinar responsabilidades. Mientras tanto, el Gobierno madrileño debe responder al contenido de la denuncia y garantizar una revisión imparcial.

Defender la sanidad pública significa cuidar a quienes esperan y escuchar a quienes alertan. Ningún interés político puede estar por encima de esas obligaciones. El silencio nunca debe convertirse en una condición para trabajar en un hospital público.

Primarias abiertas, programa claro y sin vetos: la propuesta de Irene Montero para rehacer la izquierda

Por

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septiembre 16, 2026

Basta ya de repartirse los cargos en despachos y despellejarse en las redes sociales. Si queremos frenar a la derecha y a la extrema derecha, toca poner sobre la mesa lo que de verdad le preocupa y le importa a la gente, y que sean ellos y ellas los que voten.

El pasado sábado Irene Montero dio el paso y se presentó como candidata de Podemos para las próximas elecciones generales. Pero no lo hizo de cualquier manera: soltó la noticia del año proponiendo unas primarias abiertas a toda la izquierda, para que se presente y vote quien le dé la gana, sea o no de Podemos. Irene hizo temblar el tablero político.

Ahora la pelota está en el tejado de los demás. ¿Se van a presentar otras candidaturas? ¿O seguiremos con el lío de siempre? Porque hablar de «unidad» habla todo el mundo, pero una cosa es hablar y otra dar el paso.

De la ilusión de Unidas Podemos al desastre de Sumar

La famosa unidad ya se consiguió en su día con Unidas Podemos y demostró que se podía plantar cara. Lo que vino después con Sumar fue justo el manual de cómo no hacer las cosas. Aquello se convirtió en una feria de vetos a compañeros y compañeras de Podemos, de apartar y dejar sin voz a gente que se había dejado la piel en el Gobierno, y de un maltrato continuo que no solo afectó a las filas moradas, sino a otras formaciones.

El resultado lo vimos todos: primero Podemos tuvo que salirse porque aquello era irrespirable, y luego otros partidos terminaron apartándose. De aquellos barros, estos lodos. Unir no puede ser tragar con vetos en un despacho ni hacerle la jugada al de al lado para quitarle el puesto.

Primero el programa: qué coño vamos a hacer

Por eso, antes de hablar de quién va en la foto, hay que responder a una pregunta muy sencilla: ¿unir la izquierda para qué?

Unir por unir, para rascar tres sillones y luego no cambiar nada, no le sirve a nadie en el barrio. Por eso el acierto de la propuesta de Montero es poner la carne en el asador con las cosas claras antes de hablar de nombres. Un programa con cinco medidas concretas para la gente corriente:

1. Salario Mínimo a 1.800 euros: Para que llegar a fin de mes deje de ser un deporte de riesgo.

2. Jornada laboral de 30/35 horas: Trabajar para vivir, no vivir para trabajar.

3. Intervenir el mercado de la vivienda: Bajar los precios del alquiler y prohibir la especulación con algo que es un derecho.

4. Paz y no a las armas: Ni un euro de nuestros impuestos para financiar guerras ni inflar el gasto militar.

5. Frenar la emergencia climática y defender los servicios públicos: Sanidad y educación con sueldos dignos para sus profesionales.

Una vez acordado esto, el mensaje es claro: «Mira, esto es lo que proponemos hacer si gobernamos. ¿Quién se apunta?». Y a partir de ahí, votación abierta, sin trampa ni cartón. Que sean los ciudadanos y ciudadanas quienes elijan las listas con su voto y no cuatro dirigentes encerrados en una habitación.

El camino ya se ha abierto: de Rufián al País Valencià

Esto no surge de la nada. Hay que recordar a Gabriel Rufián, que en su momento fue uno de los pioneros en defender esto mismo: salir de gira, hablar con unos y otros y proponer listas unitarias de la gente de izquierdas para aglutinar el voto y no perder escaños tontamente por culpa del sistema electoral. Por cierto, ¿Rufián se atreverá a presentarse?

Y no es una utopía. Ahí tenemos el ejemplo reciente en el País Valencià, donde se ha logrado un acuerdo entre Podemos, Compromís e Izquierda Unida a base de reunirse, hablar de frente y mantener las buenas formas, sin las puñaladas por la espalda que vimos en Sumar.

Si en la calle la gente está harta de que la derecha y la extrema derecha vayan ganando terreno, la solución no es lamentarse. La solución es dar la voz a la gente, poner las propuestas por delante y volver a hacer política de la buena.

Ceuta: desinformación, racismo e inacción.

Opinión

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septiembre 1, 2026

Llevo unos días dándole vueltas a todo lo que está pasando en Ceuta. Al final no entiendo por qué en los medios de comunicación y desde partidos como el PP o Vox se empeñan en vender el relato de que esto es una «invasión». ¿Por qué no se habla con propiedad de lo que realmente es: una crisis migratoria y humanitaria? A mí me da la sensación de que se usa esa palabra con mucha ligereza para meter miedo, como si las personas que llegan nadando o saltando la valla fueran un ejército invasor y no gente desesperada buscando cómo salir adelante.

El relato de la invasión frente a la crisis humanitaria

Lo que más rabia me da es la doble vara de medir. Cuando empezó la guerra de Ucrania, toda Europa abrió las puertas de par en par, dio permisos de residencia al instante y puso facilidades para que la gente se adaptase y rehiciera su vida. Me pareció bien porque eran familias huyendo de las bombas, pero te hace pensar: ¿por qué cuando no son europeos cuesta tanto abrir las puertas? ¿Qué pasa con los que huyen de los horrores de Siria, del infierno de Afganistán o de la situación atascada y sin salida en el Sáhara? Para ellos no hay vías legales, ni facilidades, ni protección inmediata. Se tienen que jugar la vida en el mar o en la frontera porque para ellos los corredores seguros sencillamente no existen. Al final da la impresión de que las puertas se abren o se cierran según el origen o el color de piel, y eso es racismo nos guste o no.

[[File:Sánchez visita el Centro de Atención, Recepción y Derivación de refugiados ucranianos en Barcelona (2).jpg|Sánchez_visita_el_Centro_de_Atención,*Recepción_y_Derivación_de_refugiados_ucranianos_en_Barcelona*(2)]]

Aquí en Ceuta la tensión se nota en la calle. Es agotador ver la cantidad de bulos y desinformación que circulan por WhatsApp y redes sociales: vídeos sacados de contexto, inventos sobre ayudas que supuestamente reciben, o acusaciones de delitos sin ningún tipo de prueba. La gente se traga esas cadenas sin verificar nada y eso solo sirve para encender el odio y crispar el ambiente.

La huella del racismo y la desinformación en las calles

Esto ya lo vimos en Torre Pacheco. Bulos y desinformación que acabaron con gente, con fascistas y racistas llegados de todos los puntos de España para cazar a migrantes. Exactamente lo mismo que estamos viendo ahora en Ceuta: gente llegada de todas partes para lo mismo, para cazarlos, alentados por esas palabras de Figaredo en televisión hablando de cazar migrantes.

Las imágenes que hemos visto estos días en Ceuta son desalentadoras. Hemos visto cómo grupos racistas quemaban lo poco que tenían los migrantes en la playa para resguardarse y no dormir a la intemperie. Hemos visto incluso cómo se sentaban en la carretera para impedir que el camión de la Cruz Roja les llevase algo de comida. Al final, toda esa desinformación se termina convirtiendo en pura crueldad. ¿Dónde ha quedado la empatía? ¿Es que la gente ya no tiene corazón? Hay que recordar que son seres humanos, personas como tú o como yo, que han sido utilizadas y empujadas hasta aquí por la dictadura de Mohamed VI. Muchos se han ahogado por el camino y los que llegan están solos, desamparados y traumatizados. Que haya gente buscando literalmente que se mueran de hambre es inhumano. Qué menos que darles de comer, qué menos que garantizarles lo básico a personas que no tienen nada.

Inacción política: la responsabilidad del gobierno

Pero no todo es culpa del racismo, de los bulos y de la desinformación. También hay que mirar directamente al Gobierno y a su inacción. Desde el minuto uno debieron estar aquí en Ceuta gestionando y resolviendo esta crisis, pero no han hecho absolutamente nada. Han demostrado una tibieza desesperante y una cobardía enorme frente a Marruecos y su rey Mohamed VI. En la política de hoy en día no se puede actuar así. Cuando eres así de blando, la extrema derecha te pasa por encima: el discurso de odio de Vox hay que contrarrestarlo de frente y con dureza. Al final, con esta pasividad y esta forma de actuar tan tibia, el propio Gobierno se está convirtiendo en una máquina de regalarle votos a la derecha y a la extrema derecha.

Al final, Ceuta se ha convertido en el reflejo de un problema mucho mayor: mientras unos usan a personas vulnerables para sembrar odio y otros miran para otro lado por cobardía, la realidad es que hay seres humanos sufriendo en nuestras calles. Se nos está olvidando algo tan básico como la empatía. Ojalá empecemos a exigir soluciones reales y valientes, pero, sobre todo, ojalá no perdamos la capacidad de ver en el otro a un igual, porque la verdadera derrota de una sociedad es dejar que la crueldad se vuelva algo cotidiano.

El ático de Ayuso en Chamberí: seis millones de dinero público, opacidad y una venta precipitada

Política Nacional

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agosto 26, 2026

La Comunidad de Madrid compró en abril un ático de lujo de 485 metros cuadrados, con casi 200 metros de terraza, en una de las zonas más caras de la capital. Lo hizo mediante la empresa pública Planifica Madrid, pagó 6,3 millones de euros y justificó la operación como una solución temporal para Isabel Díaz Ayuso durante las obras de la Real Casa de Correos. Sin embargo, el inmueble es residencial y no puede utilizarse como oficina en los términos anunciados. Cuando la compra salió a la luz, el Gobierno regional se apresuró a ponerlo a la venta.

Ayuso niega que el inmueble fuera a destinarse a su uso personal. Pero la presidenta no puede pretender que su negativa cierre el debate. La sucesión de decisiones, silencios y contradicciones hace que la versión oficial resulte muy poco creíble. En política, las explicaciones deben encajar con los hechos. En este caso, no encajan.

Una compra millonaria conocida meses después

Planifica Madrid adquirió el ático del paseo del General Martínez Campos el 14 de abril de 2026 por 6,3 millones de euros. La operación no se conoció públicamente hasta finales de julio.

Cuando fue revelada, no constaba en el portal de transparencia ni en las cuentas anuales de la empresa pública. Tampoco estaba disponible la memoria que debía justificar la necesidad de la adquisición. A los 6,3 millones hay que sumar 378.000 euros de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, aunque ese tributo retorna a las arcas autonómicas. La documentación justificativa seguía sin publicarse el 26 de agosto.

La primera pregunta es elemental: si el ático de Ayuso en Chamberí respondía a una necesidad legítima de la Administración, ¿por qué permanecieron ocultos durante meses el precio, el expediente, la tasación, el análisis de viabilidad y la identidad de quien dio la orden?

No estamos hablando de una compra menor. Son millones de euros de patrimonio público. El Gobierno de Ayuso tenía la obligación de acreditar, antes de firmar, por qué necesitaba ese inmueble concreto, por qué no servían otras dependencias públicas y por qué resultaba razonable comprar una vivienda de lujo para solucionar un traslado provisional.

Se buscaba un ático de lujo, no una oficina

Los datos conocidos posteriormente agravan las sospechas. Según la información publicada por EL PAÍS, entre enero y marzo se encargó buscar un piso de entre 250 y 400 metros cuadrados, situado en Chamberí o sus alrededores y con una gran terraza. Las instrucciones no habrían exigido que el inmueble pudiera albergar legalmente oficinas o despachos.

La búsqueda se confió a Promora, una inmobiliaria especializada en viviendas de lujo. La agencia mostró al menos dos propiedades. Una de ellas, en Pintor Rosales, costaba cuatro millones de euros. Finalmente se eligió la opción más cara: un ático de 485 metros, casi 200 de terraza, cinco habitaciones, seis baños, dos plazas de garaje y dos trasteros.

Es difícil encontrar en esas características una necesidad administrativa. Metros de terraza, lujo residencial y ubicación en Chamberí parecen criterios pensados para la comodidad y el disfrute de una persona, no para el funcionamiento temporal de una oficina pública.

Además, el inmueble se encuentra enfrente de la residencia de la madre de Ayuso y en el entorno en el que la presidenta ha vivido durante años.

Ninguno de estos elementos demuestra por sí solo un delito ni acredita judicialmente que Ayuso pensara instalar allí su vivienda. Pero, sumados, permiten sostener una conclusión política clara: todo apunta a que el inmueble fue elegido pensando en la presidenta y en su uso particular, no en una necesidad objetiva de la Administración.

La carga de disipar esa sospecha corresponde a quien gastó el dinero público, no a quienes exigen explicaciones.

Una “oficina” que legalmente no podía ser oficina

La explicación inicial del Gobierno regional fue que el inmueble serviría como oficina provisional durante las obras de la Real Casa de Correos. El problema es que el ático tiene uso residencial y la normativa urbanística no permite dedicarlo exclusivamente a oficinas.

Hasta Alberto Núñez Feijóo ha reconocido que la Comunidad debe explicar por qué compró un inmueble que no podía destinarse al uso anunciado.

Esta contradicción desmonta el centro de la defensa de Ayuso. Si se buscaba realmente una oficina, lo primero era comprobar que el espacio pudiera funcionar legalmente como oficina.

Resulta inverosímil que una empresa pública gaste 6,3 millones de euros sin verificar algo tan básico. Y, si lo verificó, entonces sabía que la justificación ofrecida no se correspondía con el uso permitido.

Tampoco convence la urgencia por las reformas de Sol. Comprar un ático de lujo para cubrir una necesidad temporal es una decisión desproporcionada cuando la Comunidad dispone de numerosos inmuebles y puede alquilar espacios administrativos.

El Ejecutivo todavía debe demostrar por qué descartó esas alternativas más lógicas, económicas y transparentes.

La puesta a la venta no borra la compra

El Gobierno regional anunció que se desprendería del inmueble apenas día y medio después de conocerse su existencia. La venta se formalizó el 7 de agosto con un precio de salida de 6.694.201 euros, sin impuestos, y un plazo para presentar ofertas hasta el 7 de septiembre.

Por tanto, a 26 de agosto el ático no está vendido: está puesto a la venta. RTVE recogió tanto la licitación como la denuncia anunciada por el PSOE ante la Fiscalía.

La diferencia bruta entre el precio de compra y el precio de salida ronda los 394.000 euros. Sin embargo, eso no permite hablar de beneficio hasta que exista comprador y se descuenten todos los gastos derivados de la operación.

Vender no convierte una compra injustificada en una buena gestión.

El argumento de destinar los ingresos a la reconstrucción de la Sierra Oeste tampoco resuelve el escándalo. El inmueble pertenece a Planifica Madrid, una sociedad mercantil pública con patrimonio y cuentas propias. El dinero de una eventual venta no puede transferirse de manera directa e inmediata a las personas afectadas por los incendios sin una operación societaria posterior.

La secuencia es reveladora: primero se compra en silencio; después se improvisa una explicación que choca con la normativa; cuando la prensa descubre la operación, se anuncia una venta acelerada; y finalmente se intenta presentar esa retirada como solidaridad con las víctimas de los incendios.

Eso no es planificación. Es una huida hacia delante.

Ayuso no puede cerrar el caso con un “chao, pescao”

Ayuso pretende zanjar la polémica diciendo que nunca pidió una residencia oficial y despachando las preguntas con un “chao, pescao”. Pero el patrimonio de la Comunidad de Madrid no es suyo. Cada euro pertenece a la ciudadanía madrileña y exige rendición de cuentas.

Mientras miles de jóvenes y familias no pueden acceder a una vivienda digna, el Gobierno regional encontró 6,3 millones para comprar un ático de lujo vinculado al uso de su presidenta.

Mientras Ayuso rechaza intervenir un mercado inmobiliario que expulsa a la población trabajadora, su Ejecutivo sí intervino con dinero público para adquirir una propiedad excepcional en Chamberí.

El problema no es únicamente el ático de Ayuso en Chamberí. El problema es una forma de ejercer el poder que confunde lo institucional con lo personal, que oculta información hasta que la descubre la prensa y que responde a las preguntas como si fiscalizar millones de euros fuera una molestia.

La venta no puede servir de borrón y cuenta nueva. Antes de dar el asunto por cerrado, Planifica Madrid debe publicar el expediente completo, la tasación, las actas, la memoria justificativa, el análisis de alternativas y la orden que inició la búsqueda.

Ayuso debe explicar quién decidió comprar el ático, para qué se quería realmente y por qué se eligió una vivienda de lujo que no podía funcionar como la oficina prometida.

Hasta que esas respuestas lleguen, la sospecha seguirá plenamente justificada: el Gobierno de Ayuso quiso poner un ático de lujo a disposición particular de la presidenta y solo renunció a la operación cuando fue descubierto.

Negarlo no basta. La transparencia se demuestra con documentos, no con eslóganes ni desplantes.

El PP retira el catering de hasta 880.000 euros, pero Móstoles sigue esperando explicaciones

Municipalismo

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agosto 24, 2026

El Gobierno municipal de Manuel Bautista ha terminado retirando la polémica licitación de catering promovida por Móstoles Desarrollo. El contrato permitía gastar hasta 880.000 euros durante cuatro años en desayunos, brunch, cócteles, cenas, sushi preparado en directo y jamón ibérico con cortador.

La rectificación llega después de varios días de indignación pública. Sin embargo, retirar el procedimiento no basta. El Partido Popular debe explicar quién diseñó este contrato, qué necesidades pretendía cubrir y cómo pudo establecerse un límite económico tan alejado del gasto real de los últimos años.

La documentación oficial del perfil del contratante ya recoge el “desistimiento del procedimiento de adjudicación”. Por tanto, no estamos ante una simple revisión técnica. Estamos ante una marcha atrás política provocada por una licitación que nunca debió plantearse en esos términos.

Un máximo de 880.000 euros que exige explicaciones

La licitación establecía un importe anual máximo de 200.000 euros. Su duración inicial podía alcanzar los dos años, con la posibilidad de prorrogarla hasta cuatro. El valor máximo estimado ascendía así a 880.000 euros.

Es importante explicar con rigor que esa cifra no constituía un gasto obligatorio. Al tratarse de un acuerdo marco, Móstoles Desarrollo únicamente habría pagado los servicios solicitados.

No obstante, esa precisión no elimina el problema. El propio Ayuntamiento asegura que el gasto real en catering fue de unos 20.000 euros en 2024 y una cantidad similar en 2025. Por tanto, el límite anual previsto multiplicaba por diez el gasto de cada uno de esos ejercicios.

Si el consumo anterior rondaba los 20.000 euros anuales, ¿por qué se diseñó un contrato con capacidad para alcanzar los 200.000 euros cada año? ¿Qué previsiones justificaban semejante diferencia? ¿Cuántos actos pensaba organizar el Gobierno municipal? ¿Cuántas personas asistirían y qué beneficio concreto obtendría la ciudad?

El PP no puede responder a estas preguntas limitándose a decir que el importe era solo un máximo. Los límites de los contratos públicos también deben calcularse con criterios objetivos, proporcionados y transparentes.

💸 200.000 € al año en catering: jamón ibérico de bellota y vinos de «calidad superior».

Mientras muchas familias de #Móstoles hacen malabares para llegar a fin de mes, el PP se prepara el menú de lujo.

Para esto sí hay presupuesto. Qué vergüenza.https://t.co/P4SX6SM4p5 pic.twitter.com/9mwDTr876b
— Podemos Móstoles 🔻 (@PodemosMostoles) August 20, 2026

Sushi, jamón ibérico y menús de hasta 95 euros

El contenido de la licitación explica buena parte de la indignación ciudadana. El expediente estaba dividido en cuatro lotes destinados a desayunos y brunch, aperitivos y cócteles, almuerzos y cenas, y estaciones gastronómicas.

El contrato contemplaba desayunos premium, cócteles de hasta 42 euros por persona y menús sentados que podían alcanzar los 95 euros por comensal. También incluía estaciones de sushi elaborado en directo por personal especializado.

El jamón tampoco podía ser cualquiera. El pliego exigía una pieza de unos ocho kilos, de bellota, con un mínimo del 50 % de raza ibérica y precinto rojo. Además, debía servirse con un cortador profesional durante el evento.

La primera pieza con cortador podía alcanzar los 800 euros sin IVA. Mientras tanto, los vinos blancos y tintos debían ser de “calidad superior”.

No se cuestiona que una administración pueda ofrecer un servicio sencillo de catering en determinados encuentros. Lo que se cuestiona es la incorporación de modalidades premium y productos muy específicos dentro de un contrato público con un límite económico desproporcionado respecto al consumo anterior.

Una empresa pública que debería crear empleo

La polémica resulta todavía más grave porque la licitación partía de Móstoles Desarrollo. Esta empresa municipal asegura que su finalidad es impulsar el desarrollo socioeconómico, el empleo, la formación, el emprendimiento y la innovación empresarial.

Por eso resulta legítimo preguntar qué relación existe entre esos objetivos y la contratación de sushi en directo, cócteles premium o jamón ibérico con cortador.

Móstoles Desarrollo debería concentrar sus recursos en ayudar a quienes buscan empleo, apoyar al pequeño comercio, acompañar a las personas autónomas y fortalecer el tejido empresarial de la ciudad. No debería convertirse en una agencia dedicada a organizar actos para la promoción política del Gobierno municipal.

Además, la licitación apareció después de que las cuentas de 2025 reflejaran pérdidas superiores a los 224.000 euros, según la información publicada por la Cadena SER. Este contexto obligaba a actuar con especial prudencia. Sin embargo, el PP hizo exactamente lo contrario: presentó un contrato sobredimensionado y lleno de servicios difíciles de defender.

El PP rectifica cuando queda retratado

El Gobierno municipal sostiene ahora que reformulará el procedimiento para que su configuración económica refleje mejor el consumo real de Móstoles Desarrollo.

Esta explicación confirma que la primera licitación estaba mal calculada. Si el contrato reflejaba correctamente las necesidades municipales, ¿por qué retirarlo? Y si no las reflejaba, ¿cómo llegó a publicarse?

El problema no es solo la cifra. También lo es la forma de gobernar. La licitación se publicó el 16 de agosto, en pleno parón estival. Solo después de que los medios de comunicación y la oposición denunciaran su contenido, el Ejecutivo municipal decidió dar marcha atrás.

Móstoles no necesita gobiernos que rectifiquen únicamente cuando los descubren. Necesita planificación, transparencia y control previo del dinero público.

Mónica Monterreal. Portavoz de Podemos Móstoles.

La ciudadanía merece conocer toda la verdad

La retirada del contrato es una buena noticia, pero no puede cerrar el debate. Podemos Móstoles exige que el Gobierno municipal publique la memoria que justificó la licitación, detalle los eventos previstos y explique cómo calculó el límite de 880.000 euros.

También debe aclarar quién autorizó el expediente, qué controles internos superó y por qué no se utilizó desde el principio una estimación ajustada al gasto histórico.

Asimismo, cualquier nuevo procedimiento debe limitarse a servicios realmente necesarios. Sus importes deben ser proporcionados y cada encargo debe quedar publicado de forma accesible, con el número de asistentes, el coste y la finalidad del acto.

Menos propaganda y más servicios públicos

Mientras el PP preparaba este catálogo de catering, Móstoles continuaba acumulando problemas de mantenimiento, limpieza, accesibilidad, vivienda y políticas sociales. Los comerciantes y las pequeñas empresas también siguen reclamando apoyo efectivo.

La portavoz de Podemos Móstoles, Mónica Monterreal, lo resume con claridad: “Mientras Móstoles tiene necesidades pendientes en servicios públicos, vivienda, mantenimiento, accesibilidad o políticas sociales, el Gobierno del PP pretende despilfarrar casi un millón de euros en catering”.

El Partido Popular ha retirado la licitación, pero no puede retirar las preguntas. Tampoco puede borrar el documento ni las prioridades políticas que revela.

El dinero público debe utilizarse para mejorar la vida de los vecinos y las vecinas. Móstoles necesita más empleo, más apoyo al comercio local, mejores servicios públicos y barrios cuidados. No necesita sushi institucional, cócteles premium ni jamón ibérico para alimentar la propaganda del Gobierno municipal.

España vuelve a arder: más de 170.000 hectáreas calcinadas evidencian que la prevención sigue siendo la gran asignatura pendiente

Política Nacional

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julio 28, 2026

España vive una emergencia sin precedentes

España vuelve a enfrentarse a un verano marcado por incendios forestales de una magnitud extraordinaria. Miles de profesionales continúan luchando contra las llamas mientras decenas de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y cientos de kilómetros cuadrados de bosque han quedado reducidos a cenizas.

Los datos disponibles son demoledores. Según la información actualizada de los operativos de emergencia y de los principales medios nacionales, la superficie quemada supera ya las 172.000 hectáreas en lo que va de 2026, una cifra que sitúa este año entre los más devastadores registrados en las últimas décadas.

El mayor incendio afecta a un amplio corredor entre Ávila, Madrid y Toledo, donde el fuego ha alcanzado dimensiones históricas, convirtiéndose en uno de los mayores incendios forestales registrados en España. Las llamas han obligado a decretar la Emergencia de Interés Nacional, con decenas de miles de personas evacuadas o confinadas y cientos de efectivos trabajando sin descanso.

Estado de los principales incendios

La situación continúa siendo muy complicada, aunque algunos incendios muestran una evolución más favorable gracias a las condiciones meteorológicas registradas durante las últimas horas.

Entre los incendios más importantes destacan:

Madrid-Ávila-Toledo: el mayor incendio del año, con más de 40.000 hectáreas afectadas según las estimaciones iniciales y un perímetro superior a 200 kilómetros. En otras estimaciones realizadas mediante imágenes satelitales la superficie afectada supera ampliamente esa cifra.
Castellón (La Vall d’Uixó): miles de hectáreas calcinadas y numerosas evacuaciones, aunque la evolución comienza a ser favorable.
Otros incendios relevantes han afectado durante las últimas semanas a León, Guadalajara, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Badajoz y otras provincias, obligando a movilizar recursos estatales y autonómicos.

El cambio climático multiplica el riesgo

Los incendios actuales poco tienen que ver con los de hace apenas dos décadas.

Las elevadas temperaturas, las sequías prolongadas, la escasa humedad del combustible vegetal y los episodios de viento extremo favorecen incendios de comportamiento mucho más agresivo, rápidos e impredecibles.

Numerosos especialistas en incendios forestales llevan años advirtiendo de que el calentamiento global está aumentando tanto la duración como la intensidad de la temporada de incendios. La propia Agencia Estatal de Meteorología viene alertando del incremento de las olas de calor y de las condiciones meteorológicas extremas que favorecen la propagación del fuego.

Cada verano se repite el mismo patrón: temperaturas récord, vegetación extremadamente seca y grandes incendios imposibles de controlar durante sus primeras horas.

La prevención sigue siendo insuficiente

Sin embargo, reducir el problema únicamente al cambio climático sería un error.

La gestión forestal y la prevención continúan siendo una de las grandes debilidades del sistema español de lucha contra incendios.

Las competencias ordinarias en materia forestal corresponden principalmente a las comunidades autónomas, responsables de la planificación preventiva, la gestión del monte y la organización de los dispositivos de extinción, mientras que el Estado presta apoyo mediante medios extraordinarios como la UME o las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales cuando la situación lo requiere.

Diversos profesionales del sector llevan años reclamando:

Mayor inversión en prevención durante todo el año.
Gestión activa del monte.
Recuperación de zonas rurales y del aprovechamiento forestal.
Refuerzo de las plantillas de bomberos forestales.
Más recursos permanentes, no únicamente durante la campaña de verano.

Cada euro invertido en prevención evita posteriormente millones de euros en daños ambientales, económicos y sociales.

¿Se está haciendo lo suficiente?

Las imágenes de este verano vuelven a plantear una pregunta inevitable.

Año tras año se repite el mismo escenario: incendios cada vez más grandes, evacuaciones masivas, viviendas destruidas y miles de hectáreas perdidas.

Desde una perspectiva política puede sostenerse que las medidas preventivas adoptadas por distintas administraciones autonómicas han resultado insuficientes para afrontar un escenario climático cada vez más extremo. Esa es una valoración respaldada por las reiteradas demandas de numerosos profesionales del sector, que reclaman reforzar la prevención y mantener dispositivos estables durante todo el año.

España necesita una estrategia de prevención permanente

Los incendios forestales ya no son una emergencia exclusivamente estacional.

El cambio climático está transformando profundamente el comportamiento del fuego y obliga a replantear completamente las políticas públicas de prevención.

Invertir únicamente cuando aparecen las llamas ya no basta.

España necesita una estrategia permanente basada en la gestión forestal, la recuperación del medio rural, el refuerzo de los bomberos forestales, la coordinación entre administraciones y una mayor inversión en prevención durante los doce meses del año.

Porque cuando un bosque arde no solo desaparecen árboles.

Se pierde biodiversidad, se destruyen viviendas, desaparecen medios de vida y se compromete el futuro ambiental de generaciones enteras. La lucha contra los incendios no puede comenzar cuando ya vemos el humo: debe empezar mucho antes, con políticas preventivas sostenidas y adaptadas a una realidad climática cada vez más extrema.

16 años después

Deportes

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julio 20, 2026

En el 2010 yo tenía 20 años y recuerdo como si fuese ayer el Mundial de Sudáfrica. Esas vuvuzelas que no paramos de escuchar durante todo el torneo. Cómo empezamos perdiendo contra Suiza en lo que parecía que nos íbamos a casa a las primeras de cambio. A partir de ahí, ganamos todos los partidos hasta convertirnos en campeones del mundo por primera vez en nuestra historia.

De Johannesburgo a Nueva Jersey

Anoche, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un campo en el que nunca se debió jugar una final de un mundial, ganamos nuestra segunda estrella. Un mundial en el que empezamos empatando a cero contra Cabo Verde. En ese momento, yo creo que mucha gente nos montamos en el DeLorean y nos fuimos a ese partido del 2010 contra Suiza.

España ha hecho un mundial espectacular. Solo hemos encajado un gol, y eso jugando contra selecciones como Portugal, Bélgica, Uruguay, Francia o Argentina. Jugando contra Cristiano Ronaldo, Mbappé, Dembélé, Messi… Vamos, una locura.

Una final sufrida y un nuevo héroe inesperado

En la final contra Argentina, literalmente, no nos chutaron a puerta en todo el partido. Fue una final difícil, en un campo vergonzoso por lo seco que estaba, con mucho calor y ante una Argentina que prefirió pegar palos a jugar al fútbol. Fue el último mundial de un Messi que jugó todo el partido andando y que apenas tuvo protagonismo.

Al igual que jamás olvidaremos aquel gol de Iniesta en el minuto 116, tampoco nos olvidaremos del gol de Ferran, ¡oh, Ferran!, en el 106. Un Ferran que estuvo muy discutido durante todo el campeonato y que apareció en el mejor momento.

España consigue así su segundo mundial, después de ser campeones de Europa en el 2024, campeones de la Nations League en el 2023 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2024. Y no nos olvidemos de las chicas, campeonas del mundo en el 2023. Ni de los que vienen por detrás: la Sub-19 masculina y la femenina, con las que hemos ganado la Eurocopa.

La radiografía de una España plural y ganadora

Una selección diversa y plural, desde Pedro Porro, ese extremeño de Don Benito, pasando por Ferran Torres, valenciano de Foios; Pau Cubarsí, catalán de Estanyol; Mikel Oyarzabal, vasco de Éibar; Lamine Yamal, nacido en Esplugues de Llobregat y criado en Rocafonda, de padre marroquí y madre de Guinea Ecuatorial; hasta Nico Williams, nacido en Pamplona de padres ghaneses.

Desde el Soccer City de Johannesburgo al MetLife Stadium de Nueva Jersey. Desde Iniesta hasta Ferran. Somos campeones del mundo.

Movimientos sociales reclaman unidad de acción para la defensa de nuestros servicios públicos

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julio 10, 2026

Ante la creciente preocupación por el estado de nuestra sanidad y el futuro del sistema de pensiones, se hace más necesario que nunca reflexionar sobre la estrategia de defensa de nuestros servicios públicos.

Este audio nos hace reflexionar sobre un mensaje fundamental: la dispersión de las demandas ciudadanas solo debilita nuestra capacidad de protección. La unidad de acción entre todas las personas comprometidas con lo público es, a día de hoy, la herramienta más eficaz para garantizar su sostenibilidad y defender los derechos que nos pertenecen a todos. A continuación, compartimos el audio con sus declaraciones

Tras escuchar este mensaje, queda claro que la implicación ciudadana es fundamental. Si compartes esta visión, te animamos a difundir este audio entre tus contactos y participar en las próximas asambleas de tu colectivo.

ÚLTIMA HORA | Incendio en Los Gallardos: un incendio devastador deja al menos 11 fallecidos y decenas de desaparecidos

Política Nacional

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julio 10, 2026