La investigación judicial sobre la gestión política durante la catástrofe de la DANA en la Comunidad Valenciana sigue escalando y ya se sienta en el corazón del Consell. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa en Catarroja, ha decidido citar a declarar a Susana Camarero, vicepresidenta primera de la Generalitat, consellera de Servicios Sociales y una de las figuras más relevantes del gobierno de Carlos Mazón.
El paso de la jueza no es casual. La línea de investigación se centra en la responsabilidad política y administrativa por las muertes y negligencias ocurridas durante las lluvias torrenciales del 29 de octubre de 2024, especialmente en las residencias de mayores dependientes directamente del área de Camarero. El caso más doloroso sigue siendo el de la residencia Savia en Paiporta, donde varios internos fallecieron atrapados por el agua sin que existiera una evacuación preventiva eficaz.
La citación de Camarero introduce un cambio de ritmo en la instrucción: por primera vez una vicepresidenta en activo deberá responder ante la justicia por la gestión del desastre. Y el hecho de que Mazón tenga sobre la mesa, otra vez, la oferta de declarar como investigado refleja que la magistrada no descarta ninguna responsabilidad en lo más alto de la Generalitat.
La catástrofe de la DANA dejó más de 220 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Lo que está en juego ahora no es solo dirimir responsabilidades técnicas, sino responder a una pregunta política y social mucho más grave: ¿se pudo evitar la tragedia o se agravó por decisiones —o indecisiones— de quienes debían proteger a la ciudadanía?
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