En la noche del 8 al 9 de septiembre, el Barco Familia —buque insignia de la Flotilla Global Sumud— fue alcanzado por lo que sus tripulantes y portavoces denuncian como un ataque con dron mientras estaba atracado en el puerto tunecino de Sidi Bou Said. A bordo viajaban miembros del comité directivo de la misión, que se preparaban para zarpar rumbo a Gaza con ayuda humanitaria.
Las imágenes difundidas por la propia flotilla muestran un artefacto cayendo desde el cielo, impactando en la cubierta y provocando un incendio cerca de un tanque de diésel. Para los activistas, no hay duda: se trata de un acto de guerra y de terrorismo de Estado contra una misión civil y pacífica cuyo único objetivo es romper el bloqueo ilegal que asfixia a más de dos millones de personas en Gaza.
La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, advirtió que, de confirmarse la autoría, estaríamos ante una agresión no solo contra la flotilla, sino contra la soberanía tunecina. Y recordó que este ataque se inscribe en un patrón de hostigamiento sistemático contra las flotillas solidarias desde hace más de una década.
Un mensaje de intimidación… que no surtirá efecto
Lejos de amedrentarse, la GSF ha reafirmado que continuará su misión. “Tenemos a la historia y al derecho internacional de nuestro lado”, declaró el activista Thiago Ávila. La determinación es clara: ningún dron, bomba o amenaza detendrá la solidaridad internacional con el pueblo palestino.
Este ataque no es un incidente aislado: es parte de una estrategia para criminalizar y neutralizar la acción civil no violenta que desafía el bloqueo. Llamarlo por su nombre —acto de guerra contra civiles— es el primer paso para exigir responsabilidades y poner fin a la impunidad.
