El 27 de septiembre de 1975, apenas dos meses antes de la muerte de Franco, el régimen dictatorial ejecutó a cinco jóvenes antifascistas tras juicios sumarísimos sin garantías. Fueron los últimos fusilamientos del franquismo, pero no los últimos crímenes. Aquel día, el Estado quiso reafirmar su poder con sangre. Hoy, medio siglo después, seguimos exigiendo verdad, justicia y reparación.

Ione Belarra, Secretaria General de Podemos.

Los nombres que no se borran:

• Xosé Humberto Baena Alonso (24 años)
• José Luis Sánchez-Bravo Solla (22 años)
• Ramón García Sanz (27 años)
  Militantes del FRAP, fusilados en Hoyo de Manzanares (Madrid).
• Juan Paredes Manot “Txiki” (21 años)
  Ejecutado en el cementerio de Collserola (Barcelona).
• Ángel Otaegui Echevarría (33 años)
  Fusilado en Burgos.
  Cinco vidas truncadas por un régimen que agonizaba, pero que quiso morir matando. Cinco ejemplos de dignidad frente al terror. En sus cartas de despedida, Baena pedía “ver la muerte de frente” y Txiki escribía: “Viva la solidaridad de los pueblos”.
  Los consejos de guerra que dictaron las penas de muerte fueron farsas judiciales. Se denegaron pruebas, testigos, defensa. La decisión de matar ya estaba tomada. La presión internacional fue enorme: embajadores retirados, manifestaciones en Europa y América Latina, incluso el Papa Pablo VI pidió clemencia. Pero el régimen no cedió.
  
• Hoy, sus nombres resuenan en actos de homenaje, placas, aulas universitarias y propuestas legislativas. La Ley de Memoria Democrática ha anulado algunas de sus condenas, pero aún queda camino por recorrer. La impunidad persiste, y la memoria sigue siendo campo de disputa.
  Recordarlos no es mirar al pasado: es defender el presente frente a los rebrotes del fascismo, es educar a las nuevas generaciones, es construir una democracia que no olvide a sus víctimas.
  
  Desde colectivos memorialistas, asociaciones vecinales y espacios como el cementerio de Pereiró o Collserola, se alza cada año el grito de justicia. Porque como dijo Flor Baena, hermana de Xosé Humberto: “Lo importante es que para la historia mi hermano quede como un asesinado, no como un asesino”.

Una vez más, la Flotilla de la Libertad, que transporta ayuda humanitaria hacia Gaza, ha sido blanco de ataques. Al menos trece explosiones han sido reportadas en las últimas horas, en un intento evidente de frenar la llegada de alimentos, medicinas y esperanza a una población que lleva años resistiendo un asedio inhumano.
No es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia sistemática del Estado de Israel, que actúa con total impunidad para intimidar a las flotillas solidarias y enviar un mensaje claro: nadie debe atreverse a romper el bloqueo. Este patrón de violencia busca no solo impedir la llegada de ayuda, sino también sembrar miedo entre quienes, desde distintos rincones del mundo, se organizan para acompañar al pueblo palestino.

Hablar de “seguridad” o de “defensa propia” en este contexto es un insulto a la verdad. Lo que vemos es un ejercicio de poder colonial y genocida, que pretende deshumanizar a toda una población y castigar a quienes se solidarizan con ella. Cada ataque contra la Flotilla es también un ataque contra la dignidad, la justicia y el derecho internacional.

Pero la intimidación no está logrando su objetivo. Al contrario: cada explosión, cada intento de silenciar la solidaridad, multiplica la indignación y fortalece la convicción de que Palestina no está sola. La resistencia no se detiene en las fronteras ni en los mares.
Hoy más que nunca, es necesario alzar la voz, denunciar estos crímenes y exigir a la comunidad internacional que deje de mirar hacia otro lado. La Flotilla de la Libertad no es solo un barco: es un símbolo de humanidad frente a la barbarie.

El Gobierno ha concedido el indulto a Adrián Latorre Rayo y Francisco Javier “Javitxu” Aijón Vázquez, dos de los jóvenes condenados por participar en la protesta antifascista del 17 de enero de 2019 contra un mitin de Vox en Zaragoza. Tras más de un año y medio en prisión, la medida de gracia les permitirá recuperar la libertad. Pero no nos engañemos: esto no es justicia completa.
Porque las multas y condenas económicas siguen intactas. Hablamos de cifras que pueden superar los 200.000 euros entre indemnizaciones, costas y sanciones. Una carga asfixiante que no desaparece con el indulto y que demuestra que el castigo no era solo privarles de libertad, sino también quebrarles económicamente.
Estar en la calle, alzar la voz contra el fascismo y defender derechos no debería ser motivo de cárcel. Sin embargo, este caso —como tantos otros— se ha construido sin pruebas sólidas, basándose únicamente en testimonios policiales y grabaciones de mala calidad que no permitían identificar a los acusados. Es la enésima vez que vemos cómo se condena a personas por ejercer su derecho a protestar, mientras el poder policial actúa sin rendir cuentas.

Las detenciones se produjeron horas después de los altercados, lejos del lugar, y de forma aleatoria. Aun así, los tribunales ratificaron las condenas una y otra vez. Este patrón se repite: acusaciones sin pruebas materiales, sentencias que se sostienen en la palabra de quienes tienen el monopolio de la fuerza, y un sistema que protege más la imagen de la autoridad que los derechos de la ciudadanía.

El indulto de Adrián y Javitxu es fruto de años de movilización popular: manifestaciones, recogidas de firmas, campañas en redes, actos y solidaridad constante. Pero dos compañeros siguen en prisión —Imad y Daniel— y las sanciones económicas continúan. No podemos hablar de victoria total mientras haya personas encarceladas por protestar y familias endeudadas por defender la dignidad.

Este caso es un recordatorio de que la protesta es un derecho, no un crimen. Y de que la impunidad policial y judicial se combate con organización, solidaridad y presión constante. No nos conformamos con indultos parciales: exigimos la libertad de todos y la anulación de las multas. Porque defender derechos nunca debería costar cárcel… ni 200.000 euros.

Mientras Isabel Díaz Ayuso se envuelve en discursos de “feminismo” para justificar lo injustificable —desde la represión de protestas hasta su silencio ante el genocidio en Gaza— su gobierno adjudica 1,8 millones de euros a una entidad marcada por los abusos sexuales y el nepotismo político.
La Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, vinculada al exconcejal del PP Rodrigo de Santos —condenado por abusos sexuales— ha sido beneficiada por la Comunidad de Madrid para gestionar centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Sí, has leído bien: una entidad ligada a un abusador, premiada para atender a mujeres maltratadas.

¿Cómo se adjudican estos contratos?

• En al menos dos casos, solo se presentó esta fundación, lo que ha levantado sospechas sobre los pliegos y la transparencia del proceso.
• Las trabajadoras han impugnado la contratación, paralizando el proceso desde agosto.
• La adjudicación se hizo a dedo, tras quedar desierta la licitación.
  ¿Quién está detrás?
• La fundación ha estado dirigida por figuras del PP, como Lola Navarro, exdirectora de Asuntos Sociales en la Comunidad y actual consejera en el Ayuntamiento de Almeida.
• Rodrigo de Santos, condenado por abusos, fue contratado por esta entidad cuando ya había sido sentenciado.
  ¿Feminismo?
  Ayuso utiliza el feminismo como escudo retórico mientras financia con dinero público a quienes han encubierto o colaborado con agresores. Su gobierno prohíbe gestos de apoyo a Palestina en las escuelas, pero premia a entidades con historial de abusos. ¿Qué clase de valores defiende realmente?

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez continúa con gestos simbólicos y declaraciones vacías, Podemos ha dado un paso firme y valiente: denunciar por prevaricación al Ministerio de Economía por no detener el comercio y tránsito de armas con Israel. Una acción que no solo señala responsabilidades, sino que rompe el silencio cómplice que permite que continúe el genocidio contra el pueblo palestino.
La denuncia, presentada por la formación morada, acusa al Ministerio de Carlos Cuerpo de “inacción deliberada” ante una solicitud formal para suspender todos los contratos armamentísticos con Israel, en línea con resoluciones de la ONU y la Corte Penal Internacional. No solo ignoraron la petición, sino que han seguido firmando contratos millonarios con empresas israelíes, por más de 1.000 millones de euros. ¿Cómo puede un gobierno que se dice progresista justificar esto?

En un contexto internacional donde cada vez más voces denuncian crímenes de guerra y posibles actos de genocidio en Gaza, Podemos es la única fuerza política en España que ha decidido actuar con coherencia y valentía. No basta con condenar en Twitter. No basta con declaraciones diplomáticas. Hace falta cortar el suministro de armas, frenar el comercio, y exigir responsabilidades políticas y penales.
Mientras el PSOE se escuda en trámites y promesas que nunca llegan, Podemos interpela directamente a la justicia, a la ciudadanía y a la conciencia colectiva. Esta denuncia no es solo un gesto jurídico: es un grito político que exige que España deje de ser cómplice.

Ione Belarra lo dijo claro: “Estaban obligados a detener el comercio de armas… y no lo hicieron”.
La denuncia por prevaricación omisiva no es una maniobra partidista. Es una exigencia ética. Podemos está diciendo lo que muchos pensamos: no en nuestro nombre. No con nuestro dinero. No con nuestras instituciones.

La pelota está en el tejado del poder judicial. Pero también en el de la sociedad civil. Podemos ha abierto una vía institucional para frenar el genocidio. Ahora toca que la ciudadanía empuje, que los movimientos sociales se movilicen, y que la presión no cese.
Porque cuando el Gobierno mira hacia otro lado, Podemos mira de frente. Y actúa.