Daniel Esteve es el líder de Desokupa, un neonazi que no hace tanto se paseaba por los platós de Atresmedia y Mediaset como el gran salvador contra la okupación.

Daniel Esteve es un neonazi racista, machista y homófobo que lleva años soltando auténticas barbaridades con total impunidad.

Su última perla ha sido amenazar públicamente con agredir y mandar al hospital a Pablo Iglesias, director de Canal Red.

Hace unos días, vimos cómo la policía detuvo en Barcelona a un seguidor del ultra Vito Zoppellari, que amenazó de muerte a Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de FACUA.

Vito Quiles o Daniel Esteve se sienten impunes, porque hasta ahora así lo han sido: discursos de odio y amenazas regadas con dinero público.

La pregunta que todos y todas nos hacemos es ¿hasta cuándo? Hasta cuándo estos ultras van a seguir saliendo impunes con sus amenazas y sus discursos de odio.

Por cierto, ¿y si lo hago yo? ¿Y si yo me grabo un vídeo diciendo que voy a agredir y mandar al hospital a Abascal? ¿Qué pasaría? Hagan sus apuestas, la mía la tengo clara, esa misma noche dormiría en los calabozos.

La información publicada por El País ha destapado uno de los episodios más graves que ha vivido la política municipal de Móstoles en los últimos años. Una Concejala del PP denunció al Alcalde Manuel Bautista (PP) por presunta agresión sexual y acoso laboral a los órganos internos del PP en Madrid, un caso que, lejos de ser atendido con la diligencia que exige cualquier señal de violencia o abuso de poder, habría sido ignorado, minimizado e incluso silenciado por el entorno institucional que debía protegerla.
Según la investigación periodística, la víctima trasladó sus denuncias de forma reiterada a responsables del PP incluida Isabel Diaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid del PP. Lo que encontró, sin embargo, no fue apoyo ni garantías, sino un clima de presión, miedo y advertencias veladas. La Concejala habría recibido mensajes que buscaban disuadirla de continuar con el proceso, recordándole las consecuencias que podría tener para su puesto en el Ayuntamiento y para su vida profesional. Un patrón clásico de intimidación que, de confirmarse, revelaría un uso profundamente perverso del poder institucional.

Pero el escándalo no termina ahí. El País también señala la existencia de indicios de destrucción de pruebas, un extremo especialmente grave porque no solo compromete la integridad de la investigación, sino que apunta a una posible estrategia para obstaculizar la verdad. La desaparición o manipulación de material relevante en un caso de esta naturaleza no es un simple error administrativo: es un ataque directo al derecho de la víctima a obtener justicia.

Todo ello se habría producido en un contexto donde la víctima, lejos de ser escuchada, habría sido tratada como un problema a gestionar, no como una persona que denuncia hechos extremadamente serios. La falta de mecanismos internos eficaces, la ausencia de protocolos aplicados y la aparente voluntad de proteger a Manuel Bautista, antes que a la denunciante dibujan un escenario de impunidad institucional que debería alarmar a cualquier ciudadano o ciudadana.

Este caso no es solo un asunto personal entre dos personas. Es un asunto político, administrativo y ético. Habla de cómo se ejerce el poder, de cómo se protege —o no— a quienes denuncian abusos, y de qué tipo de cultura institucional se ha instalado en la administración local. Si se confirma lo que la investigación periodística ha revelado, estaríamos ante un ejemplo devastador de cómo un Ayuntamiento puede fallar en su obligación más básica: garantizar la seguridad y la dignidad de las mujeres.
Móstoles merece transparencia. Móstoles merece explicaciones. Y, sobre todo, Móstoles merece que se depuren responsabilidades con rigor y sin dilaciones. Porque cuando una víctima denuncia y es ignorada, amenazada y silenciada, no solo falla una institución: falla un sistema entero.

La portavoz de Podemos Móstoles, Mónica Monterreal, ha declarado sobre estos hechos:
“Queremos expresar todo nuestro apoyo a la concejala afectada. Nadie debería sufrir presiones por denunciar una situación injusta. Vamos a pedir explicaciones y a exigir que se investigue hasta el final. Móstoles merece instituciones seguras donde las mujeres puedan ejercer su responsabilidad pública sin miedo y con todas las garantías”.

Podemos Móstoles traslada su solidaridad y apoyo a la exconcejala del municipio afectada por las presuntas presiones internas desveladas por la prensa, que apuntan a un intento de frenar o desincentivar la interposición de una denuncia por acoso. La formación morada considera que se trata de hechos de extrema gravedad.
Desde la organización morada insisten que el caso debe ser
investigado con rigor, y subrayan que ninguna representante pública debería sentirse sola, cuestionada o presionada por trasladar una situación de malestar o posible vulneración de derechos.

El bulo central: “regularizar para alterar el censo electoral”
PP y Vox han difundido la idea de que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno —fruto del acuerdo con Podemos, que ha impulsado esta medida con solo cuatro diputadas— busca manipular el censo electoral.
Sin embargo, la regularización no concede la nacionalidad, y por tanto no otorga derecho a voto en elecciones generales, autonómicas ni municipales ordinarias. Esto está recogido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y confirmado por verificadores independientes.
Para votar en elecciones generales es imprescindible tener nacionalidad española. Obtenerla requiere entre 2 y 10 años de residencia legal continuada, además de superar exámenes oficiales y acreditar buena conducta cívica. Nada de esto cambia con la regularización.

Abascal (Vox) ha afirmado que la regularización es un plan para “alterar el censo electoral”, “sustituir a los españoles” y “beneficiar al PSOE”, llegando a asegurar que “primero los regularizan, luego les dan ayudas y después la nacionalidad con facilidad”.
También ha repetido que esta medida “llamará a millones” y “colapsará los servicios públicos”, pese a que no existe evidencia que respalde estas afirmaciones.

Ayuso (PP) ha insistido en que la regularización es “una trampa para provocar” que “puede alterar el censo electoral”, repitiendo el bulo de que estos migrantes podrán votar en las próximas elecciones.
También ha acusado al Gobierno de “manipular los censos” y de actuar con “fines electoralistas”.
Ambos discursos coinciden en una narrativa ya desmentida: los migrantes regularizados no podrán votar en 2027 ni en ningún proceso electoral sin nacionalidad.

La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno y Podemos establece requisitos claros y verificables:
Requisitos principales

• Haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025.
• Acreditar al menos cinco meses de residencia continuada antes de la solicitud.
• No tener antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.
• Presentar documentación que pruebe la estancia (empadronamiento, facturas, citas médicas, etc.).
  Qué derechos obtienen
• Autorización de residencia temporal.
• Permiso de trabajo desde la admisión a trámite (máximo 15 días).
• Acceso a sanidad, educación y servicios sociales básicos.
• Suspensión de órdenes de expulsión por motivos administrativos.
  Qué derechos NO obtienen
• No obtienen la nacionalidad.
• No pueden votar en elecciones generales, autonómicas ni municipales ordinarias.
• Solo podrían votar en municipales si su país tiene acuerdo de reciprocidad y tras años de residencia legal, lo que no aplica a esta regularización.

El papel decisivo de Podemos
La medida nace del acuerdo entre el Gobierno y Podemos, que ha presionado para desbloquear una regularización extraordinaria que llevaba años siendo reclamada por organizaciones sociales y llevaba varios años guardada en un cajón.
Ione Belarra ha explicado que el objetivo es reducir la violencia burocrática, facilitar la integración y eliminar trabas como la imposibilidad de obtener certificados penales en países en crisis.
Pese a contar solo con cuatro diputadas, Podemos ha logrado que el Gobierno apruebe el Real Decreto sin necesidad de pasar por el Congreso, demostrando que la medida era jurídicamente viable y políticamente urgente.

Los discursos de PP y Vox sobre una supuesta manipulación del censo electoral no se sostienen jurídicamente ni en los hechos.
La regularización:

• No otorga nacionalidad.
• No otorga derecho a voto.
• No altera el censo electoral.
• Sí permite trabajar y vivir legalmente, reduciendo la vulnerabilidad de cientos de miles de personas que ya están en España. Frente a los bulos, los datos son claros: regularizar no es votar.

En un momento en el que la política internacional parece avanzar hacia una peligrosa escalada militar, es imprescindible que España mantenga una posición clara, coherente y fiel a su propia tradición democrática: nuestro país es un país de paz, no de guerra. Desde esta convicción, Podemos ha expresado con rotundidad que no apoyará el envío de tropas españolas a Ucrania. Y esta postura no es solo una decisión política; es una cuestión de principios, de soberanía y de responsabilidad histórica.
Ni con Estados Unidos ni con Rusia: no ser cómplices de un reparto geopolítico

La guerra en Ucrania no puede entenderse únicamente como un conflicto entre dos países. Numerosos análisis internacionales señalan que también es un escenario donde grandes potencias —Estados Unidos y Rusia— buscan imponer sus intereses estratégicos, energéticos y comerciales. Ante esta realidad, Podemos sostiene que España no debe convertirse en un peón dentro de un tablero ajeno, ni legitimar dinámicas que solo profundizan el sufrimiento del pueblo ucraniano.
Rechazar el envío de tropas no significa mirar hacia otro lado. Significa no ser cómplices de una lógica de bloques que pretende repartirse territorios, recursos y esferas de influencia a costa de vidas humanas. Significa apostar por una política exterior autónoma, basada en el derecho internacional y en la defensa de la paz.

La responsabilidad de España: diplomacia, no militarización.
España tiene una larga tradición de mediación, cooperación y defensa del multilateralismo. Esa es la vía que Podemos defiende: más diplomacia, más diálogo, más presión internacional para un alto el fuego, y no más soldados, más armas o más escaladas.
Enviar tropas no acercaría la paz. Al contrario, podría arrastrar a nuestro país a un conflicto que no hemos elegido y que no responde a los intereses de la ciudadanía española. La seguridad de Europa no se construye ampliando guerras, sino evitando que se extiendan.
Un mandato democrático: no en nuestro nombre.
Podemos ha sido claro: con nuestros votos no se enviarán tropas a Ucrania. Esta posición responde a un mandato social amplio que rechaza la participación directa de España en conflictos armados y que exige soluciones políticas, no militares.

La ciudadanía española ha demostrado en múltiples ocasiones —desde Irak hasta hoy— que no quiere que su país participe en guerras que solo benefician a intereses ajenos. Defender la paz no es neutralidad: es compromiso activo con la vida, con la justicia y con la soberanía de los pueblos.

España debe ser parte de la solución, no del problema.
En un mundo cada vez más inestable, España tiene la oportunidad de reafirmarse como un actor de paz. Podemos defiende que nuestro país no debe contribuir a la militarización del conflicto en Ucrania, sino trabajar para que la diplomacia, la negociación y el respeto al derecho internacional sean el camino.
Porque España es un país de paz, y porque la paz no se construye enviando tropas, sino evitando que más personas mueran por intereses que no son los suyos.

Para Richard Wolff, la supuesta intervención de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero de 2026 no fue una demostración de poder, sino una confesión de debilidad. Un gesto torpe, ruidoso y tardío que delata el agotamiento de un orden que ya no se sostiene por persuasión económica ni por liderazgo político. Cuando el dinero deja de obedecer, entra en escena la fuerza. Y eso, en la historia de los imperios, nunca es una buena señal.

La advertencia que atraviesa el análisis de Wolff es directa: antes de Groenlandia está México. Antes de las fantasías geoestratégicas lejanas, el verdadero frente de batalla está en América Latina. Y antes del territorio está la moneda.

Venezuela: petróleo, precedentes y amenazas

Venezuela aparece como detonante, no como causa única. No por su discurso político, sino por una combinación que inquieta a Washington: las mayores reservas de petróleo del planeta y la decisión de comerciar fuera del circuito del dólar. Integrarse en redes económicas vinculadas al bloque BRICS y profundizar acuerdos con China no es un detalle técnico: es una ruptura con la arquitectura financiera que ha permitido a Estados Unidos mandar sin gobernar.

La elección del 3 de enero no fue casual. Conmemora la captura de Manuel Noriega en Panamá, un recordatorio de que, cuando la autoridad estadounidense se veía desafiada en el continente, la respuesta era el castigo ejemplar. El mensaje no iba dirigido solo a Caracas. Era un aviso regional: quien se salga del guion pagará un precio.

La factura de la fuerza

Como casi siempre, la factura no la pagan quienes deciden. El coste real de la operación, muy superior al anunciado oficialmente, vuelve a mostrar el patrón: gasto público descomunal, beneficios privados concentrados y ciudadanos asumiendo las consecuencias vía impuestos y encarecimiento energético. El complejo militar-industrial y las grandes petroleras vuelven a aparecer como ganadores automáticos. La fuerza es rentable. La democracia, no tanto.

Pero, para Wolff, el problema de fondo no está solo en el petróleo ni en el negocio de la guerra. Está en algo más profundo y más peligroso para Washington: el colapso de su monopolio financiero.

UNIT: la revolución que no pide permiso

El verdadero punto de inflexión, sostiene Wolff, se produjo el 31 de octubre de 2025 con el lanzamiento de UNIT, la primera alternativa funcional al dominio del dólar desde la Segunda Guerra Mundial. No hubo desfiles ni declaraciones solemnes. Por eso la llama una revolución silenciosa.

UNIT no es una moneda simbólica. Está respaldada por oro físico y por una cesta de monedas de los BRICS. Opera a través de Brickpay, un sistema de pagos que no pasa por SWIFT ni por la infraestructura controlada por Estados Unidos. Transacciones rápidas, costes mínimos y, sobre todo, independencia técnica. Traducido a lenguaje político: Washington pierde la capacidad de vigilar, sancionar y asfixiar economías enteras con un clic.

Cuando el comercio deja de hablar dólar, el imperio se queda sin su arma más eficaz.

México, el eslabón decisivo

Aquí es donde entra México. Aunque no sea miembro formal de los BRICS, Wolff lo sitúa ya como un nodo central del nuevo sistema. Contratos industriales liquidados en UNIT, exportaciones automotrices a Brasil, maquinaria desde India, flujos financieros que el Banco de México observa con atención. No es retórica: es práctica económica en marcha.

Las previsiones de inversión para 2026 refuerzan esta posición. Decenas de miles de millones procedentes de China, India y Emiratos Árabes, denominados en yuanes, rupias y UNIT, no en dólares. México empieza a funcionar como puente entre dos mundos: el viejo orden dominado por Estados Unidos y un sistema multipolar que ya no pide permiso.

La reacción de Washington: nerviosismo y amenazas

En este contexto, las amenazas de presión militar o económica contra México dejan de parecer una estrategia y empiezan a parecer pánico.

Para Wolff, no son gestos de fortaleza, sino actos desesperados. Si el comercio migra a UNIT, Estados Unidos pierde la capacidad de usar sanciones financieras y chantaje tecnológico como herramientas de política exterior. Pierde, en suma, su capacidad de castigar sin disparar.

La paradoja es evidente: cuanto más presiona Washington, más acelera la transición. Obliga a México a buscar refugios financieros alternativos, a blindar su soberanía económica y a diversificar alianzas. El efecto búmeran vuelve a cumplirse: la intimidación produce independencia.

Cuando el cambio llega a la vida cotidiana

Wolff insiste en que este giro no es abstracto. Afecta a la vida diaria. Remesas casi sin comisiones, créditos menos expuestos a la volatilidad del peso, pequeñas y medianas empresas exportando directamente a Asia sin pasar por Wall Street. La soberanía financiera deja de ser un concepto académico y se convierte en experiencia concreta.

Y con esa experiencia cambia la política. Tener alternativas reales permite decir “no” sin provocar el colapso económico. Y eso altera radicalmente el equilibrio de poder.

El fin del privilegio

En conjunto, Wolff sostiene que el monopolio del dólar se ha resquebrajado. Estados Unidos ya no puede imprimir dinero sin límites y trasladar el coste al resto del mundo. La intervención en Venezuela, la presión sobre México y el tono cada vez más agresivo no son signos de control, sino de transición forzada.

La imagen final es incómoda pero clara: durante décadas, México solo podía hablar “dólar” para entenderse con el mundo. Washington controlaba la conversación. Hoy empieza a manejar un nuevo idioma financiero. Y cuando el lenguaje cambia, el poder deja de estar donde siempre estuvo.

El imperio puede seguir golpeando. Pero cada golpe confirma lo mismo: que ya no manda como antes.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=s8CUUK3NtV0

Profesor-Tutor en la UNED y experto en protestas

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La reciente afirmación de que Caracas entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos de forma inmediata —el equivalente a uno o dos meses de producción— no es un simple dato técnico. Es una radiografía brutal de cuáles son los intereses reales que han guiado la política estadounidense hacia Venezuela durante años. Y, sobre todo, desmonta la narrativa moralista que pretendía justificar sanciones, bloqueos y presiones bajo la bandera de la “democracia”, como han hecho con su actual invasión y secuestro de Maduro.
Porque cuando el petróleo entra en juego, las máscaras caen rápido.
Durante más de una década, Washington ha presentado sus acciones contra Venezuela como una defensa de valores democráticos. Sin embargo, la rapidez con la que ahora se aseguran el acceso a millones de barriles revela otra cosa: que el conflicto nunca fue ideológico, sino comercial. Que la prioridad no era la libertad del pueblo venezolano, sino asegurar el flujo energético hacia Estados Unidos en un momento de tensión global.

La entrega inmediata de semejante volumen de crudo no es un gesto menor. Es una apropiación estratégica que, en cualquier otro contexto, habría sido presentada como una amenaza para la soberanía venezolana. Pero cuando el beneficiario es Washington, el relato cambia. La coherencia nunca ha sido el fuerte de las potencias cuando sus intereses económicos están en juego.
Y es precisamente esa lógica —la del interés por encima de la legalidad— la que ha llevado a que Estados Unidos actué en Venezuela saltándose principios básicos del derecho internacional, con intervenciones encubiertas, invasión y un acto de guerra que, en la práctica, han tenido efectos equivalentes a una agresión. La reciente acción contra Venezuela ha sido una forma de intervención que vulnera la soberanía del país, impulsada por el mismo motivo que hoy explica la entrega acelerada de barriles: el petróleo.
La pregunta es inevitable: ¿Cuántos años de sufrimiento económico en Venezuela podrían haberse evitado si la prioridad hubiera sido el bienestar de la población y no el control del crudo?

Este episodio no solo expone la hipocresía de la política exterior Estadounidense. También obliga a reflexionar sobre la fragilidad de los discursos que se construyen para justificar intervenciones, bloqueos y agresiones. Cuando el petróleo entra en escena, la moral desaparece. Y lo que queda es un negocio.
Un negocio que, una vez más, se hace a costa de un país convertido en tablero de ajedrez en la disputa energética global.

La reciente decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de destinar 500 millones de euros a empresas privadas como Quirón y Ribera Salud ha reavivado un debate que nunca llegó a cerrarse: ¿hasta qué punto la administración regional está comprometida con la sanidad pública, y hasta qué punto está impulsando un modelo de privatización encubierta?
Diversos colectivos sanitarios, plataformas ciudadanas y profesionales del sector sostienen que este movimiento no es un hecho aislado, sino la continuación de una estrategia que lleva años debilitando la red pública para justificar su externalización.

El patrón se repite: recortes, saturación, falta de personal, listas de espera interminables… y, en paralelo, un flujo constante de dinero público hacia empresas privadas que operan con criterios de rentabilidad.

Esta operación señala que Quirón y Ribera Salud no son simples proveedores: son conglomerados empresariales con intereses expansivos en el negocio sanitario. Entregarles 500 millones de euros en plena crisis de atención primaria y con hospitales públicos al límite es una decisión política que prioriza el beneficio privado sobre el derecho universal a la salud.
Además, hay que recordar que estos contratos suelen firmarse con escasa transparencia, con cláusulas difíciles de fiscalizar y con resultados que, según múltiples informes independientes, no siempre mejoran la calidad asistencial.

Mientras tanto, los centros de salud de barrios y municipios madrileños continúan denunciando falta de personal, agendas imposibles y condiciones laborales que empujan a profesionales a abandonar el sistema público. Las urgencias extrahospitalarias siguen sin estabilizarse, y las listas de espera quirúrgica baten récords año tras año.
La ecuación es clara: si se infrafinancia lo público y se sobrealimenta lo privado, el deterioro no es un accidente, sino una consecuencia buscada.

Organizaciones ciudadanas y profesionales sanitarios insisten en que este tipo de decisiones no solo afectan al presente, sino que condicionan el futuro del sistema sanitario madrileño. Temen que cada euro desviado hacia empresas privadas sea un ladrillo más en la construcción de un modelo dual: una sanidad pública empobrecida para la mayoría y una privada floreciente para quien pueda pagarla.
La pregunta ya no es si se está privatizando la sanidad madrileña, sino a qué velocidad y con qué consecuencias para la población.