Carlos Mazón ha anunciado su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana, pero lo ha hecho sin abandonar realmente el cargo. A día de hoy, sigue siendo el president en funciones, sin haber convocado elecciones ni haber formalizado su renuncia ante el Boletín Oficial del Estado. Esta maniobra ha generado una oleada de críticas por su ambigüedad, su falta de responsabilidad política y el intento de aferrarse al poder bajo el paraguas de la mayoría parlamentaria que comparte con Vox.

La dimisión llega justo un año después de la DANA que arrasó la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024, dejando 229 víctimas mortales. Durante ese año, Mazón ha sido objeto de duras críticas por su gestión de la emergencia, especialmente por cambiar hasta ocho veces de versión sobre su paradero durante la catástrofe. Desde una comida privada con la periodista Maribel Vilaplana hasta alegaciones de incomunicación, su relato ha sido inconsistente y evasivo.

Aunque Mazón ha dicho que “ya no puede más” y que “por voluntad personal habría dimitido hace tiempo”, lo cierto es que no ha pronunciado la palabra ‘dimisión’ en su comparecencia. Tampoco ha convocado elecciones, como exige la oposición y las asociaciones de víctimas. En su lugar, ha apelado a la mayoría parlamentaria para elegir un sucesor, lo que podría mantener al PP y Vox en el poder sin pasar por las urnas.

Otro dato relevante: Mazón no renuncia a su acta de diputado autonómico, lo que le permite seguir aforado y evitar ser juzgado por tribunales ordinarios. Esta decisión ha sido interpretada por muchos como una forma de blindarse ante posibles responsabilidades judiciales por su gestión de la DANA.

Las reacciones no se han hecho esperar. Se ha calificado la dimisión como “tarde y mal”, “indigna” y “perversa”. Las asociaciones de víctimas han convocado concentraciones y exigen justicia, mientras que la ciudadanía se pregunta por qué no se ha convocado un proceso electoral transparente.

Carlos Mazón ha anunciado su dimisión, pero sigue siendo presidente. No ha convocado elecciones, no ha aclarado cuándo se hará efectiva su renuncia, y mantiene su aforamiento. En un contexto de dolor colectivo y exigencia de responsabilidades, esta salida en diferido no solo es insuficiente: es una burla a la democracia y a las víctimas de la tragedia.

Madrid, 16 de octubre de 2025.
Ayer, miles de personas salieron a las calles de todo el Estado para secundar la huelga general convocada por los sindicatos minoritarios en solidaridad con el pueblo palestino. La jornada, marcada por manifestaciones multitudinarias en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, volvió a demostrar que la ciudadanía está por delante de unas direcciones sindicales mayoritarias que, una vez más, se quedaron cortas en su respuesta.
La Confederación General del Trabajo (CGT), Solidaridad Obrera, la Alternativa Sindical de Clase (ASC) y la Confederación Intersindical, junto a colectivos como Madrid por Palestina y el movimiento BDS, impulsaron una huelga de 24 horas que paralizó sectores clave y visibilizó el rechazo popular al genocidio en Gaza. A su lado, el Sindicato de Estudiantes convocó paros en institutos y universidades, con marchas en más de 40 ciudades.

En contraste, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO se limitaron a convocar paros parciales de dos horas por turno, una fórmula que muchos calificaron de insuficiente y que volvió a generar frustración entre amplios sectores de la clase trabajadora. Mientras miles de personas llenaban las calles con pancartas de “¡Palestina libre!” y “No en nuestro nombre”, las direcciones de UGT y CCOO optaban por un gesto simbólico que, en la práctica, restó fuerza a la movilización.
Las marchas en Madrid fueron especialmente masivas: desde Atocha hasta Callao, pasando por Sol, la marea de banderas palestinas y consignas contra la complicidad internacional con Israel dejó claro que la solidaridad no entiende de medias tintas. En Barcelona, la manifestación unitaria recorrió la ciudad hasta el consulado israelí, mientras en decenas de municipios se organizaron concentraciones frente a ayuntamientos y delegaciones de gobierno.

Más allá de la división sindical, la jornada del 15 de octubre evidenció que la ciudadanía está dispuesta a movilizarse con contundencia frente a la pasividad institucional y la tibieza de quienes deberían estar al frente de la defensa de los derechos humanos. La huelga general no solo fue un acto de solidaridad internacionalista, sino también una denuncia contra la hipocresía de gobiernos y partidos que siguen comerciando con armas mientras hablan de paz.

La jornada de huelga general en apoyo a Palestina contó también con la destacada presencia de Podemos, que se sumó activamente a las movilizaciones en distintas ciudades. Dirigentes y portavoces de la formación participaron en las marchas, acompañando a centenares de personas en las calles y subrayando que la solidaridad con el pueblo palestino no puede quedarse en declaraciones simbólicas. Desde Murcia hasta Madrid, representantes de Podemos denunciaron que Israel ya está incumpliendo los compromisos del supuesto acuerdo de paz y reclamaron al Gobierno español un embargo real de armas y la ruptura de relaciones institucionales y económicas con el régimen de Netanyahu. Su implicación visibilizó que, frente a la tibieza de otros actores políticos y sindicales, existe una fuerza política dispuesta a situar la defensa de los derechos humanos en el centro de la agenda.

Cuando Isabel Díaz Ayuso dice que las mujeres que quieran abortar “se vayan a otro lado”, no está improvisando. Está verbalizando una política de fondo: la negación activa del derecho a decidir. No es solo una frase desafortunada. Es una declaración de guerra contra la autonomía de las mujeres, contra la sanidad pública, y contra décadas de lucha feminista.
En la Comunidad de Madrid, el acceso al aborto ya está lleno de obstáculos: objeción de conciencia masiva, derivaciones a clínicas privadas, falta de información, presión institucional. Pero Ayuso va más allá. Su mensaje es claro: aquí no queremos que abortes. Aquí no tienes derecho.

¿A dónde pretende que vayan las mujeres? ¿A Londres como nuestras abuelas? ¿A una privada si puedes pagar? ¿A otra comunidad más garantista? ¿O simplemente al silencio, al miedo, a la clandestinidad?
Este tipo de declaraciones no son anecdóticas. Son parte de una estrategia de desmantelamiento de derechos, de criminalización encubierta, de retroceso social. Y lo más grave: se hacen desde el poder, con altavoz institucional, y con total impunidad.
No lo vamos a permitir. El derecho al aborto es un derecho humano, un derecho sanitario, un derecho feminista. No se negocia, no se externaliza, no se expulsa. Se garantiza.

Ayer Madrid volvió a demostrar que la solidaridad con Palestina no entiende de silencios ni de excusas. Cientos de miles de personas tomaron las calles en una manifestación histórica donde la juventud fue la gran protagonista, llenando la capital de energía, creatividad y fuerza combativa. Estudiantes, jóvenes trabajadores y colectivos organizados marcaron el pulso de la protesta con pancartas, cánticos y consignas que no dejaron lugar a dudas: ¡Embargo de armas ya, ruptura con Israel ya, libertad para la flotilla ya!

Pero no estuvieron solos. Familias enteras, personas mayores, veteranos de luchas sociales y nuevas generaciones marcharon codo con codo, demostrando que la causa palestina atraviesa a todo el pueblo. Desde abuelas con pañuelos palestinos hasta niños con banderas pintadas en la cara, la manifestación fue un mosaico intergeneracional de dignidad y resistencia.
Solo Podemos acompañó al pueblo
Mientras el resto de partidos políticos se escondieron, Podemos fue la única fuerza presente en la manifestación, respaldando a la juventud y al conjunto de la ciudadanía movilizada. Su presencia contrastó con la ausencia y el silencio cómplice del Gobierno y de la Unión Europea, que siguen manteniendo relaciones con un Estado que practica el apartheid y el genocidio.

La manifestación de Madrid dejó claro que la solidaridad con Palestina no es una moda ni una consigna pasajera:

• La juventud marca el ritmo y la fuerza.
• Las generaciones mayores aportan memoria, experiencia y legitimidad.
• Juntas, todas las edades exigen justicia y dignidad para Palestina.
  Madrid habló alto y claro: no hay neutralidad posible frente al genocidio. La solidaridad se hereda, se multiplica y se transmite de generación en generación.

Ayer, las calles de Madrid volvieron a ser un clamor. Más de 10.000 personas —según las organizaciones convocantes— se concentraron en el centro de la capital para denunciar el secuestro en aguas internacionales de la Flotilla Sumud, interceptada por la marina israelí cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza. La protesta, convocada de urgencia, se convirtió en una marea de banderas palestinas, pancartas y cánticos que mezclaban la solidaridad con la rabia de una ciudadanía harta de la impunidad.
La manifestación fue pacífica, con un ambiente de dignidad y resistencia. Sin embargo, la respuesta del Estado volvió a ser la represión: la policía cargó contra manifestantes que protestaban de forma no violenta, dejando escenas de tensión y varios heridos. Una vez más, se criminaliza la protesta social mientras se tolera la barbarie internacional.

La indignación se multiplicó al conocerse que el gobierno español, que había enviado un buque humanitario hacia Gaza, decidió retirarlo justo cuando más se necesitaba. Un gesto que muchos interpretan como una claudicación ante las presiones internacionales y una muestra de hipocresía política: titulares de solidaridad que no se traducen en hechos.
En este contexto, las declaraciones de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, resonaron con fuerza. Belarra denunció que “la Flotilla acaba de ser interceptada por las fuerzas genocidas israelíes. Hacemos responsables a sus cómplices, todos los gobiernos europeos, de cualquier cosa que ocurra. Han tenido un mes para protegerles y no lo han hecho. Todas con Palestina y todas con la Flotilla”. Además, criticó la “política de titulares que no vale para nada” del Ejecutivo español, reclamando que se actúe ante la Corte Penal Internacional y que se deje de jugar con gestos vacíos mientras se abandona a activistas y población civil.

La protesta de ayer en Madrid no fue un hecho aislado. Se suma a una ola de movilizaciones en todo el Estado y en Europa, donde miles de personas exigen el fin del genocidio en Gaza y la liberación inmediata de las activistas secuestradas. La calle habló alto y claro: la solidaridad no se secuestra, la protesta no se reprime y la complicidad se denuncia.

Lo de ayer fue un grito colectivo que atraviesa fronteras:
¡Basta de genocidio!
¡Libertad para la Flotilla!
¡La calle no se calla!

Mientras el mundo mira hacia otro lado, Israel vuelve a violar el derecho internacional con total impunidad. Esta vez, interceptando la Global Sumud Flotilla, una misión humanitaria compuesta por más de 500 activistas de 44 países que pretendía romper el bloqueo ilegal sobre Gaza y entregar ayuda médica, alimentos y material escolar.
La escena es tan predecible como indignante: buques israelíes rodeando embarcaciones civiles en aguas internacionales, cortando comunicaciones, realizando maniobras peligrosas, amenazando con hundir barcos. Todo mientras los gobiernos europeos, incluido el español, se limitan a emitir recomendaciones tibias y lavarse las manos. El buque español Furor, presente en la zona, se ha replegado para evitar “choques directos” con Israel. ¿Choques? ¿Con quién? ¿Con un Estado que está a punto de asaltar una misión pacífica y desarmada?
La Flotilla, que incluye figuras como Greta Thunberg y dirigentes de Podemos, ha declarado estado de emergencia ante el inminente ataque. Y no es para menos: Israel ha desplegado fuerzas de élite, ha preparado centros de detención y tribunales exprés para los activistas, y ha anunciado que algunos barcos serán hundidos.

Todo esto ocurre mientras Gaza sigue siendo un cementerio abierto: más de 66.000 personas asesinadas en dos años de ofensiva militar declaradas, que serán muchísimas mas, con la Corte Internacional investigando por genocidio. Y sin embargo, Europa calla. España calla. Italia y España retira su fragata. Grecia pide que se entregue la ayuda a la Iglesia. ¿Dónde está la diplomacia? ¿Dónde está la defensa de los derechos humanos?
La Flotilla no es solo una misión humanitaria. Es un acto de dignidad frente a la barbarie. Es un grito colectivo que dice: no en nuestro nombre. Y cada gobierno que hoy se esconde tras excusas diplomáticas está dejando claro que su compromiso con la justicia termina donde empieza el chantaje geopolítico.

Israel no tiene jurisdicción sobre esas aguas. No tiene derecho a interceptar barcos civiles. No tiene legitimidad para imponer un bloqueo que condena a millones de personas al hambre, al trauma y al exterminio. Y cada vez que lo hace, lo hace con el aval silencioso de quienes deberían estar defendiendo la legalidad internacional.
Hoy, más que nunca, toca señalar a los cómplices. Porque el genocidio no se perpetra solo con bombas. También con silencios.