Madrid, 14 de mayo de 2026. Mañana se cumplen quince años del 15M, una fecha que ya forma parte de la memoria política reciente de España. Lo que comenzó como una manifestación convocada bajo el lema “Democracia Real Ya. Toma la calle. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros” terminó convirtiéndose en un ciclo de movilización que desbordó los cauces habituales de la protesta y modificó el lenguaje político de una generación.

El 15 de mayo de 2011, miles de personas salieron a la calle en Madrid en un contexto marcado por la crisis económica, el desempleo, los recortes, la desafección política y la percepción de que las instituciones no respondían al malestar social. Según la base de datos propia revisada con más de 7.500 eventos de protesta documentados en la calles de Madrid en 25 años del siglo XXI, aquella primera protesta reunió a 18.000 personas. La marcha salió de Cibeles en dirección a la Puerta del Sol, que pronto dejaría de ser solo un lugar de paso para convertirse en el centro simbólico del movimiento.

La cabecera llegó a Sol hacia las 19:30 horas. Más tarde, en torno a las 21:15, se produjeron cargas policiales en zonas como Tirso de Molina y Callao. Hubo 19 detenidos y varios heridos. Pero la represión no cerró la protesta: la abrió. Tras las cargas, un pequeño grupo decidió quedarse en la Puerta del Sol. Primero fueron alrededor de un centenar de personas. Aquella permanencia nocturna, aparentemente improvisada, dio origen a la acampada y, con ella, al movimiento de los indignados. Esa noche volvieron a se desalojados.
En los días siguientes, las redes sociales jugaron un papel decisivo. El 16 de mayo comenzaron a circular mensajes que llamaban a volver a Sol. El 17 de mayo, la policía disolvió de madrugada a quienes permanecían en la plaza, pero el intento de expulsión produjo el efecto contrario: multiplicó la convocatoria. Esa misma tarde, Sol volvió a llenarse. Según el registro, alrededor de 1.000 personas se quedaron a dormir. Nacían las asambleas, los turnos de palabra, los grupos de trabajo y una forma de participación que desbordaba la lógica clásica de partido, sindicato o asociación.

El 15M no fue únicamente una protesta contra la crisis económica. Fue, sobre todo, una impugnación moral y política de la forma en que se estaba gestionando la crisis. Sus lemas condensaban ese diagnóstico: “Lo llaman democracia y no lo es”, “No nos representan”, “Esta crisis no la pagamos”, “No hay pan para tanto chorizo”. En ellos aparecía una crítica doble: contra la subordinación de la política a los mercados y contra una representación institucional percibida como distante, cerrada y poco sensible a la ciudadanía.
La Puerta del Sol se convirtió entonces en un laboratorio democrático. Allí se ensayaron formas de deliberación colectiva, se organizaron comisiones, se discutieron propuestas y se produjo una intensa reapropiación del espacio público. Durante semanas, la plaza fue algo más que una plaza: fue foro, campamento, ágora, escuela política y escenario de una nueva cultura de protesta. La acampada fue levantada el 12 de junio de 2011, después de 28 días, bajo un lema que resumía la estrategia posterior: “No nos vamos, nos expandimos”.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El 15M se extendió a barrios, pueblos, ciudades y luchas sectoriales. La base analizada registra 245 protestas vinculadas al ciclo 15M entre 2011 y 2022. En 2011 aparecen 68 protestas; en 2012, 80; en 2013, 58, que fueron analizadas y registradas. El movimiento se diversificó: vivienda, desahucios, sanidad pública, educación, deuda, banca, corrupción, reforma laboral, represión policial y defensa de derechos sociales. La protesta dejó de concentrarse únicamente en Sol y empezó a desplazarse hacia juzgados, sedes bancarias, ministerios, barrios, hospitales, sedes de partidos y marchas sobre Madrid.

El derecho a la vivienda se convirtió en una de las derivaciones más significativas. Las acciones contra desahucios, los escraches y las protestas ante bancos mostraron que el 15M había pasado de la indignación general a la intervención concreta sobre conflictos sociales. También las mareas ciudadanas, especialmente la Marea Blanca en defensa de la sanidad pública, o las Marchas de la Dignidad, expresaron esa capacidad de transformar el malestar en organización.

Quince años después, el 15M puede leerse como un acontecimiento fundacional de una nueva etapa de protesta en España. No produjo un único movimiento cerrado, sino una constelación de prácticas, lenguajes y repertorios. Su herencia no está solo en sus efectos electorales o institucionales, sino en haber devuelto al centro de la vida pública una idea sencilla y poderosa: que la ciudadanía puede ocupar la calle para hacerse visible, deliberar y disputar el sentido de la democracia.
Mañana, 15 de mayo de 2026, el aniversario no recuerda solo una manifestación. Recuerda el momento en que una protesta se quedó a dormir en una plaza y, al hacerlo, despertó una época.

El martes, Diario Red publicó que Villarejo había sido condenado a tres años y medio de prisión por el Caso Dina.

Empecemos por el principio: en 2015, a Dina Bousselham le robaron su teléfono móvil en un centro comercial. En su teléfono, aparte de fotos personales o documentos de trabajo, también tenía chats internos de Podemos.

Meses después del robo de su teléfono móvil, parte del contenido apareció publicado en el pseudo medio de Eduardo Inda, OkDiario y en El Confidencial.

En el 2019, durante el registro de la casa de Villarejo, la policía encontró una copia del contenido del teléfono de Dina.

No, no me he olvidado de Pablo Iglesias. Hicieron lo posible para que Iglesias fuese condenado, su nombre apareció en todos lados durante mucho tiempo.

El Caso Dina sirvió para abrir portadas en los medios, llenar horas y horas de tertulias de radio, horas y horas de tertulias en la TV, y todos con un denominador común, atacar a Podemos.

Uno de ellos fue José María Olmo, jefe de investigación de El Confidencial. Este “periodista” fue uno de los que publicó contenido de la tarjeta de Dina y lo utilizó para atacar a Podemos y a Pablo Iglesias.

Vamos con Eduardo Inda, uno de los grandes capos de las llamadas cloacas del Estado. Este sinvergüenza fue el que más protagonismo le dio a este caso, utilizando su pseudomedio para difundir todo tipo de bulos, y no solo en su medio, Inda fue invitado en varios programas de La Sexta para lanzar sus bulos contra Podemos y Pablo Iglesias.

Hablando de La Sexta, seguramente la cadena que más protagonismo le dio al Caso Dina, horas y horas de tertulias en Al Rojo Vivo y en La Sexta Noche con personajes como el mencionado anteriormente, Eduardo Inda. Ferreras no dudó en darle voz a este tipo de personajes, aun sabiendo lo que era, una máquina de difundir bulos, le dio igual, lo que sea para ir contra Podemos y contra Pablo Iglesias.

Y podría seguir. Vox puso una querella contra este caso, algo que hizo que el juez pidiese al Supremo la imputación de Pablo Iglesias. Ultras como Javier Negre y su pseudomedio EdaTv, Cristina Seguí, ABC, El Mundo, etc.

Todo esto no hubiese sido posible sin Manuel García-Castellón, el juez encargado de la instrucción del Caso Dina y gran enemigo de Podemos durante todos estos años. Porque sí, todo el lawfare que ha sufrido Podemos durante todos estos años no hubiese sido posible sin jueces como Manuel García-Castellón.

10 años han tenido que pasar para ver esta sentencia sobre Villarejo. 10 años de todo tipo de bulos y difamaciones sobre Podemos, Dina y Pablo Iglesias. Nadie pedirá perdón, nadie rectificará, todo seguirá igual. Y así funcionan las cloacas del Estado.

Las educadoras infantiles han dicho basta. Tras años soportando salarios de miseria, ratios imposibles y un abandono institucional vergonzoso, miles de trabajadoras del ciclo de 0 a 3 años continúan en huelga indefinida mientras los gobiernos autonómicos y estatal siguen sin ofrecer soluciones reales. Quienes sostienen una de las etapas más importantes en el desarrollo de nuestros hijos e hijas están siendo tratadas como mano de obra barata, invisibilizada y precarizada. Y lo más indignante es que sus reivindicaciones no son excesivas ni radicales: piden condiciones dignas para poder educar, cuidar y atender a la infancia como merece.

Mientras que los gobiernos autonómicos y estatal se llenan la boca hablando de conciliación, natalidad y “apoyo a las familias”, miles de educadoras infantiles continúan en huelga indefinida denunciando unas condiciones laborales que rozan la explotación. Y lo más grave es que sus reivindicaciones no son ningún privilegio: son demandas básicas para garantizar una educación digna y segura para nuestros hijos e hijas.

Las trabajadoras del ciclo de 0 a 3 años llevan meses denunciando salarios miserables, ratios inasumibles y una absoluta falta de reconocimiento profesional. En muchos centros, especialmente en aquellos gestionados de forma privada o externalizada, las educadoras apenas cobran poco más que el Salario Mínimo Interprofesional. Algunas reconocen públicamente que necesitan un segundo empleo o depender económicamente de sus parejas para sobrevivir.

Y aun así, sobre sus espaldas recae una de las tareas más importantes de cualquier sociedad: el cuidado, la atención y la educación en la primera infancia.

Porque no, las escuelas infantiles no son “guarderías”. Son espacios educativos fundamentales para el desarrollo emocional, cognitivo y social de niños y niñas. Sin embargo, las administraciones continúan tratándolas como un servicio secundario y barato, sostenido casi exclusivamente por mujeres precarizadas. El 97% del sector son mujeres.

Las cifras son escandalosas. Las educadoras denuncian que una sola trabajadora puede llegar a atender a 8 bebés, 14 niños de entre 1 y 2 años o hasta 20 criaturas de 2 a 3 años. Ratios completamente incompatibles con una atención educativa y afectiva de calidad.

¿De verdad alguien cree que una sola persona puede atender adecuadamente a 20 niños pequeños? ¿Qué pasa cuando uno llora, otro necesita cambiarse, otro se cae y otro tiene necesidades especiales? Esto no es educación digna. Es supervivencia diaria.

Las profesionales reclaman algo tan lógico como reducir ratios, aumentar plantillas, reconocer pedagógicamente la etapa 0-3 y mejorar salarios. También piden más recursos para atender a menores con necesidades educativas especiales y acabar con las enormes desigualdades entre centros públicos, privatizados y externalizados.

Pero frente a estas demandas, la respuesta institucional está siendo el silencio o directamente la represión administrativa mediante servicios mínimos abusivos que dificultan el derecho a huelga.

Es especialmente sangrante ver cómo gobiernos que presumen de feminismo permiten que un sector altamente feminizado siga atrapado en la precariedad estructural. Mucho discurso institucional el 8M, pero cuando miles de mujeres trabajadoras salen a la calle exigiendo derechos básicos, desaparecen las cámaras, desaparecen los ministros y desaparecen las consejerías.

La realidad es que la educación infantil de 0 a 3 años nunca ha sido una prioridad política real. Durante años se ha utilizado como herramienta propagandística para anunciar gratuidades o cheques infantiles mientras se mantenía un modelo sostenido sobre bajos salarios, externalizaciones y plantillas agotadas.

Y mientras tanto, las familias también sufren las consecuencias. Porque precarizar a las educadoras infantiles es precarizar la educación de la infancia. No puede haber calidad educativa cuando quienes sostienen el sistema están exhaustas, mal pagadas y completamente abandonadas por las administraciones.

Lo que está ocurriendo con esta huelga retrata perfectamente las prioridades políticas actuales: millones para contratos privatizados, macroproyectos o propaganda institucional, pero ni voluntad ni recursos para dignificar uno de los pilares más importantes del sistema educativo.

Las educadoras infantiles no están pidiendo privilegios. Están pidiendo dignidad. Y cualquier gobierno que ignore estas reivindicaciones está demostrando que considera la educación infantil un gasto y no una inversión social imprescindible.

Porque cuidar y educar a la infancia debería ser una prioridad de país. Pero hoy, en España, parece importar más el titular político que el futuro de nuestros niños y niñas.

El juicio del caso Kitchen ha entrado en una fase decisiva tras la declaración del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Su testimonio no solo ha reactivado uno de los mayores escándalos de corrupción política en España, sino que ha vuelto a poner el foco sobre la responsabilidad directa de la cúpula del PP durante el gobierno de Mariano Rajoy.

Bárcenas apunta directamente a la cúpula del PP

En su declaración ante la Audiencia Nacional, Bárcenas fue contundente: la operación Kitchen —una trama parapolicial para espiarle y sustraerle documentación comprometedora— “empieza en el partido”, es decir, en el propio PP.

El juicio del caso Kitchen ha entrado en una fase decisiva tras la declaración del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Su testimonio no solo ha reactivado uno de los mayores escándalos de corrupción política en España, sino que ha vuelto a poner el foco sobre la responsabilidad directa de la cúpula del PP durante el gobierno de Mariano Rajoy.

Bárcenas apunta directamente a la cúpula del PP

En su declaración ante la Audiencia Nacional, Bárcenas fue contundente: la operación Kitchen —una trama parapolicial para espiarle y sustraerle documentación comprometedora— “empieza en el partido”, es decir, en el propio PP.

Según el extesorero, el objetivo era claro: impedir que pruebas sobre la financiación irregular del partido (la conocida “caja B”) llegaran a la justicia.

Más aún, Bárcenas asegura que existían grabaciones extremadamente comprometedoras, incluyendo conversaciones con Mariano Rajoy sobre esa contabilidad paralela, e incluso material que implicaría directamente al expresidente en la destrucción de pruebas.

Estas afirmaciones no son menores: colocan a Rajoy no como un actor ajeno, sino como alguien con interés directo en el éxito de la operación.

Una operación ilegal desde el Estado

Los hechos investigados son de enorme gravedad democrática. La operación Kitchen habría sido un dispositivo organizado desde el Ministerio del Interior entre 2013 y 2014 para robar pruebas a Bárcenas mediante el uso de fondos reservados y un confidente infiltrado —su propio chófer—.

Es decir: recursos públicos, policía y estructuras del Estado al servicio de un partido político para tapar su corrupción.

No se trataba de investigar delitos, sino de hacerlos desaparecer.

¿Por qué Rajoy no está imputado?

Aquí aparece una de las grandes contradicciones del caso. A pesar de los señalamientos de Bárcenas, Mariano Rajoy no está imputado en la causa.

La explicación es jurídica, pero también política. Por un lado, los tribunales han considerado que no existen pruebas directas suficientes que vinculen a Rajoy con la orden o ejecución de la operación. Por otro, el propio proceso se ha centrado en los responsables operativos: policías, mandos de Interior y cargos intermedios.

Además, la declaración de Bárcenas, aunque relevante, no basta por sí sola como prueba incriminatoria sin corroboración material. Esto limita el alcance judicial de sus acusaciones, aunque políticamente resulten devastadoras.

Sin embargo, esta situación deja una pregunta incómoda:
¿cómo es posible que una operación de este calibre se lleve a cabo sin conocimiento del máximo responsable político?

El caso de Cospedal: de imputada a fuera del foco

Más llamativo aún es el caso de María Dolores de Cospedal. Exsecretaria general del PP, sí fue imputada durante la investigación por su presunta implicación en la trama, a raíz de mensajes y audios con el comisario Villarejo.

Sin embargo, terminó quedando fuera del procedimiento judicial principal.

Esto refuerza la sensación de que la causa se ha ido estrechando hacia niveles intermedios, dejando fuera a los máximos responsables políticos pese a los indicios y grabaciones que los sitúan en el centro de la trama.

Más llamativo aún es el caso de María Dolores de Cospedal. Exsecretaria general del PP, sí fue imputada durante la investigación por su presunta implicación en la trama, a raíz de mensajes y audios con el comisario Villarejo.

Sin embargo, terminó quedando fuera del procedimiento judicial principal.

Esto refuerza la sensación de que la causa se ha ido estrechando hacia niveles intermedios, dejando fuera a los máximos responsables políticos pese a los indicios y grabaciones que los sitúan en el centro de la trama.

Más llamativo aún es el caso de María Dolores de Cospedal. Exsecretaria general del PP, sí fue imputada durante la investigación por su presunta implicación en la trama, a raíz de mensajes y audios con el comisario Villarejo.

Sin embargo, terminó quedando fuera del procedimiento judicial principal.

Esto refuerza la sensación de que la causa se ha ido estrechando hacia niveles intermedios, dejando fuera a los máximos responsables políticos pese a los indicios y grabaciones que los sitúan en el centro de la trama.