Un choque que revela la verdad Hoy en el Congreso, Ione Belarra ha desnudado la ineficacia de las políticas actuales de vivienda y ha puesto contra las cuerdas a la Ministra Isabel Rodríguez. Con contundencia, Belarra señaló que las campañas de publicidad y los vídeos en redes “no valen para absolutamente nada” cuando miles de familias no pueden pagar el alquiler ni acceder a una vivienda digna.
Las propuestas de Belarra no son ocurrencias, sino respuestas directas a la emergencia habitacional:
Expropiar a grandes tenedores que acumulan decenas de viviendas mientras miles de personas no tienen ninguna.
Convertir pisos turísticos en alquiler habitual, ampliando la oferta y frenando la especulación.
Suspender los desahucios para proteger a las familias vulnerables.
Reorientar el gasto público, denunciando que se destinan miles de millones a armamento mientras apenas se invierte en vivienda. Estas medidas son las únicas capaces de bajar los precios de alquiler, frenar la especulación y garantizar el derecho constitucional a la vivienda. Una realidad insostenible Los datos son claros:
Los alquileres han alcanzado máximos históricos en ciudades como Madrid y Barcelona.
Más del 40% de los jóvenes dedica más de la mitad de su salario al alquiler.
Se estima que 1,6 millones de personas verán incrementadas sus rentas en más de 1.700 euros anuales en 2026. La situación es insostenible y las medidas de Belarra son las únicas que atacan el problema de raíz.
El enfrentamiento de hoy no es solo un choque político: es la voz de quienes sufren la crisis de vivienda. Belarra ha puesto sobre la mesa las medidas acertadas, las que realmente pueden garantizar que la vivienda deje de ser un negocio y vuelva a ser un derecho.
[[File:Iván Espinosa de los Monteros (49023548192).jpg|Iván_Espinosa_de_los_Monteros_(49023548192)]]
La imagen de bloque monolítico que VOX ha tratado de mantener durante años acaba de recibir un golpe severo. Iván Espinosa de los Monteros, uno de los rostros más reconocibles que tuvo el partido, ha cruzado una línea que hasta ahora nadie de su nivel había cruzado: denunciar judicialmente a su antigua formación por filtrar información interna para perjudicarle políticamente. El nivel de deterioro que implica un movimiento así señala una ruptura personal y apunta a un proceso de desgaste estructural que ya venía gestándose desde las purgas internas.
La querella de Espinosa deja al descubierto un conflicto que llevaba tiempo latente: hay luchas por el poder internas, agendas enfrentadas y un clima de desconfianza que ha convertido las filtraciones en arma habitual. Esa deriva, que antes podían contener o maquillar, ahora se vuelve imposible de ocultar. Cuando alguien que formó parte del núcleo duro acusa al propio aparato de utilizar información confidencial para destruirle, el mensaje que recibe el ciudadano es inequívoco, dentro de Vox hay una guerra soterrada y nadie controla el fuego amigo.
La coincidencia temporal amplifica el ruido de sables. Todavía resuena el escándalo de corrupción que estalló hace unos días en Revuelta, el colectivo juvenil afín a VOX, envuelto en acusaciones de gestionar de forma irregular dinero recaudado para víctimas de la DANA. Dimisiones, acusaciones cruzadas, dirigentes señalándose unos a otros… Todo ese episodio retrató la otra cara del universo de extrema derecha, un caos organizativo, «trepismo» agresivo y estructuras paralelas que funcionan sin transparencia ni coordinación real.
Ambos casos, el de Espinosa y el de Revuelta, dibujan una misma tendencia. Lo que antes se ha estado vendiendo como disciplina férrea, no era más que un régimen de terror interno. Cuando la narrativa de fuerza se desgasta, empiezan a aflorar los rencores acumulados, los proyectos personales y cultos al líder que compiten entre sí y las dependencias internas que ya no logran encubrirse. La derecha radical española vive de proyectar orden hacia afuera sin embargo ese mismo orden es el que ahora se deshace por dentro.
El mensaje político de fondo es más profundo: una organización que presume de firmeza solo puede sostener su relato si los engranajes internos funcionan con lealtad y silencio corporativo. Hoy VOX pierde ambas. Filtraciones, denuncias, dimisiones y acusaciones suman un retrato que los coloca en la fase de descomposición que tantas veces atribuyeron a otros. Lo que asoma por las grietas es una disputa por el poder que ya no se libra en silencio.
Puede que intenten restar importancia a esta fractura, pero la sensación general es otra. Cuando un proyecto basado en la obediencia empieza a mostrar fisuras públicas entre sus figuras más importantes, el deterioro se acelera. La pregunta ahora es cuántos terremotos más harán falta para que todo el armazón simbólico que construyeron se venga abajo.
Hoy, por primera vez desde su ascenso, VOX transmite vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad suena a principio de fin, VOX se resquebraja por dentro.
La noticia de que dos altos cargos responsables de los llamados protocolos de la vergüenza han decidido plantar a la jueza es un insulto a la ciudadanía y a las víctimas de unas medidas que ya han sido reconocidas como ilegales y discriminatorias. No comparecen, no rinden cuentas, y mientras tanto la justicia parece mirar hacia otro lado. Martínez Peromingo ha admitido lo evidente: aquellos protocolos eran contrarios a la ley. ¿Qué más hace falta para que se actúe con contundencia? La busca y captura no es una opción, es una obligación. Cada día que pasa sin que se ejecute es un día más de impunidad, un día más en el que se normaliza que quienes vulneran derechos fundamentales puedan esconderse tras sus cargos y sus redes de poder.
La gravedad del asunto no es solo jurídica, es política y moral. Estos protocolos no fueron un error administrativo: fueron una estrategia consciente para discriminar y excluir. Y ahora, quienes los diseñaron y defendieron pretenden escapar de la rendición de cuentas. La ciudadanía no puede aceptar que la justicia se convierta en un teatro donde los poderosos deciden si comparecen o no. La democracia exige igualdad ante la ley, y aquí lo que vemos es privilegio e impunidad. Es hora de decirlo claro: la justicia debe actuar ya, sin dilaciones ni excusas. Busca y captura inmediata. Procesamiento ejemplar. Reparación para las víctimas. Todo lo demás es complicidad.
Pero no todo tiene que acabar ahí, hay que hacer justicia e imputar a la máxima responsable de esta gestión homicida que es sin ninguna duda, la Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Diaz Ayuso del PP.
El 21 de diciembre de 2025, Extremadura se enfrenta a unas elecciones anticipadas que marcarán el rumbo de la región. Tras el adelanto electoral de María Guardiola (PP), más de 890.000 extremeños y extremeñas decidirán si continúan las políticas de recortes y privatizaciones o si apuestan por un proyecto que garantice derechos y gobierne para toda la gente.
Las encuestas reflejan un retroceso del PSOE y un avance del PP sin mayoría absoluta, mientras que Unidas por Extremadura (Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde) se consolida como la fuerza que puede capitalizar el voto progresista. Irene de Miguel, candidata de la coalición, aspira a superar los 4 diputados actuales y convertirse en referente de la izquierda transformadora en la región.
Unidas por Extremadura defiende un programa que pone en el centro los derechos sociales y la justicia:
Vivienda: Regulación del mercado y apuesta por vivienda pública asequible.
Educación: Equiparación salarial de los docentes y refuerzo de la enseñanza pública.
Feminismo: Políticas feministas para frenar el avance de la extrema derecha y garantizar igualdad.
Transición energética: Cierre de la central nuclear de Almaraz y apuesta por energías renovables.
Sanidad y servicios públicos: Defensa de lo público frente a privatizaciones en sanidad y universidad.
Justicia social: Transformaciones profundas para que Extremadura crezca con sostenibilidad y equidad.
A diferencia de otras comunidades, en Extremadura no ha llegado la intoxicación de Sumar. Aquí las fuerzas de izquierdas concurren juntas, sin vetos ni imposiciones, demostrando que la unidad es posible cuando se priorizan los derechos de la gente por encima de intereses partidistas. Unidas por Extremadura se presenta como un bloque sólido, capaz de garantizar un gobierno para la mayoría social.
PP: ronda el 41% de los votos, pero sin mayoría absoluta.
PSOE: cae hasta el 32%, perdiendo fuerza histórica.
Vox: crece hasta un 14% y podría ser clave para el PP.
Unidas por Extremadura: se sitúa en torno al 8% y 4-5 escaños, con posibilidad de ser decisiva.
[[File:Con Santiago Abascal en Sol y en Ferraz 12·11·2023 Contra la Amnistía - 53329203419.jpg|Con_Santiago_Abascal_en_Sol_y_en_Ferraz_12·11·2023_Contra_la_Amnistía_-_53329203419]]
Revuelta, la “marca joven” de Vox, se encuentra al borde del abismo. Lo que era hasta ahora un brazo de movilización para la extrema derecha (con manifestaciones, actos de agitación y una fuerte presencia mediática) se ha convertido en un polvorín interno después de denuncias graves por malversación.
Concretamente, varios miembros de su junta directiva han dimitido (entre ellos su vicepresidente, Arturo Villarroya González, y el también dirigente Javier Esteban Bejarano) y han denunciado ante la Fiscalía la gestión de donaciones recaudadas tras la catástrofe de la DANA en País Valenciá. Los acusados son el presidente de Revuelta, Jaime Hernández Zúñiga, y dos de sus colaboradores, Santiago Aneiros y Pablo González Gasca. También la ex-portavoz Elsa Almada abandonó el proyecto, alegando falta de transparencia.
Entre los cargos que se imputan figuran posible estafa, mala gestión de fondos, cobro de cuotas de afiliación sin los derechos correspondientes, y desvío de donaciones que se habían prometido a víctimas de la DANA.
Lo más llamativo es, según los denunciantes, que la asociación nunca convocó juntas ni asambleas, no hay registros financieros o administrativos claros, y no existe transparencia real sobre en qué se gastó el dinero recaudado.
El resultado? Revuelta se rompe. El desánimo entre simpatizantes es evidente, y la reaparición pública reciente, en una protesta con muy baja asistencia, es interpretada como un síntoma del distanciamiento definitivo de muchos con la dirección.
Vox, Disenso y el agujero financiero: la maquinaria del dinero.
Pero la debacle de Revuelta hay que entenderla situándola en un contexto más amplio: la enorme controversia sobre la financiación de Vox y la opacidad de su fundación oficial, Disenso.
Según un informe reciente del Tribunal de Cuentas, Vox transfirió (solo en 2021 y 2022) 2,5 millones de euros cada año a Disenso.
En total, en cinco años, la fundación habría recibido cerca de 11 millones de euros del partido.
A pesar de estas cuantiosas inyecciones, según sus cuentas de 2024, Disenso registró pérdidas (373.861 euros), lo que evidencia que esos recursos no se están traduciendo en un “éxito organizativo o editorial” claro, sino en gasto.
Parte de ese gasto corresponde a “gastos de personal”: más de un millón de euros en 2023, según La Sexta.
La grave acusación proviene incluso de los exdirigentes del propio Vox: Idoia Ribas, ex portavoz del partido en Baleares, declaró que la dirección estatal había presionado al grupo parlamentario en las islas para transferir hasta el50 % de su asignación pública al partido, y que esos fondos acababan en Disenso, que a su juicio es “una estafa piramidal con estructura de secta”.
Ribas acusa directamente al líder de Vox, Santiago Abascal (presidente de Disenso) de usar esos mecanismos para enriquecerse a costa de fondos públicos.
Esto pone en cuestión la promesa recurrente de Vox de ser distintos, de luchar contra la corrupción y de prescindir de las prácticas opacas propias de los partidos tradicionales. Resulta irónico que quienes alzaban la voz contra “los mismos de siempre” acaben gestionando un entramado de dinero de difícil rastreo.
Una convulsión interna que demuestra la fragilidad del proyecto.
La caída de Revuelta no es solo una crisis juvenil. Es una grieta en la supuesta unidad orgánica de Vox. Cuando miembros internos presentan denuncias por estafa, malversación, falta de transparencia, y dimiten en bloque: estamos ante algo más que un enfrentamiento puntual: es una implosión. Una fractura que demuestra que las tensiones internas (entre quienes buscan poder, quienes quieren controlar recursos, quienes buscan presionar al partido) son reales y profundas.
El hecho de que las fundaciones, los think tanks y los “aparatos” afines empiecen a devorar a sus propias estructuras deja en evidencia que este tipo de organizaciones no son instrumentos ideologicos que se utilicen para convencer y ensachar la base electoral, realmente máquinas de recaudación y canalización de recursoshacia entramados opacos.
Conclusión: la ultraderecha como proyecto fraudulento y para sorpresa de nadie, un timo
Lo que estamos viendo con Revuelta, Vox y Disenso es parte de un patrón de la derecha históricamente: usar la movilización social, el discurso populista y la victimización de causas sensibles para recaudar dinero, consolidar estructuras de poder, y alimentar organizaciones paralelas cuyos balances apenas se explican.
Muchos de los promotores de esta estrategia (como Abascal) han defendido públicamente las transferencias a Disenso, justificándolas como parte de una “batalla cultural”. Pero los hechos (dimisiones, denuncias, agujeros contables, sanciones del Tribunal de Cuentas) muestran otra cosa: un entramado con estética política, pero esencia empresarial, con fachada de idealismo, pero trasfondo de lucro.
Así que sí: Vox se está rompiendo por dentro. Y para quien haya querido verlo desde fuera, quizá no sea sorpresa que la ultraderecha, en muchos casos haya sido un enorme timo. Un timo organizado, con sello institucional, con estructura de partido, con fundaciones, con “juventudes”, con donaciones y subvenciones. Pero un timo.
[[File:Eurovision Song Contest heart (2014–2025).svg|Eurovision_Song_Contest_heart_(2014–2025)]]
La decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU) de permitir la participación de Israel en Eurovisión 2026 ha desencadenado una reacción en cadena entre varios radiodifusores públicos europeos. España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia anunciaron entre el 4 y el 5 de diciembre que no formarán parte del festival que el próximo año acogerá Viena.
RTVE fue una de las primeras en comunicar su retirada. La dirección del ente público explicó que ya tenían sobre la mesa la posibilidad de abandonar el concurso si Israel era admitido y, una vez confirmada la decisión de la EBU, activaron el plan. Minutos después, la televisión irlandesa RTÉ hizo público un comunicado similar, al que se sumaron más tarde AVROTROS (Países Bajos) y RTVSLO (Eslovenia).
Los cuatro organismos coinciden en que el contexto internacional convierte la participación en el festival en un gesto político imposible de evitar, pese a los intentos de la EBU por reforzar la neutralidad del concurso. Las nuevas reglas aprobadas —entre ellas límites a la promoción de las delegaciones— no han sido suficientes para quienes consideran que permitir la presencia de Israel contradice valores fundamentales de los propios radiodifusores.
Desde la EBU se ha insistido en mantener el festival sin excluir a ningún miembro del organismo y se han mostrado “preocupados” por la retirada en bloque de varios participantes históricos. La organización ha convocado reuniones internas en un intento de frenar la escalada y evitar más salidas, aunque no está claro si otros países podrían seguir el mismo camino.
Las reacciones no se han hecho esperar. Colectivos artísticos y organizaciones pro derechos humanos han celebrado la decisión de los países que se retiran, mientras que otros sectores critican lo que consideran una politización inevitable de un evento que siempre ha presumido de ser estrictamente musical.
Con varias delegaciones fuera y un debate cada vez más polarizado, Eurovisión 2026 se perfila como una de las ediciones más tensas de su historia reciente, marcada por un pulso entre la neutralidad tradicional del festival y las urgencias políticas del momento.
Según un comunicado del Ministerio del Interior, la Policía Nacional ha desmantelado en Castellón la que sería la primera célula terrorista de extrema derecha de carácter aceleracionista detectada en España.
Tres personas han sido detenidas por su presunta pertenencia a The Base; entre ellas figura el presunto líder de la célula de extrema derecha, que ya ha ingresado en prisión provisional por orden del juzgado competente. Según el Ministerio, los imputados están acusados de delitos de: pertenencia a organización terrorista; captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas; y tenencia ilícita de armas.
En los registros practicados en la provincia de Castellón, las fuerzas de seguridad han intervenido un amplio arsenal y material de corte extremista: un total de nueve armas (dos de ellas de fuego), munición, más de veinte armas blancas, equipamiento táctico militar y documentación vinculada a ideología de extrema derecha, supremacista y aceleracionista, así como propaganda de The Base.
Policía Nacional
Antecedentes de la operación
La investigación comenzó a principios de 2025, cuando agentes especializados detectaron a un individuo altamente radicalizado, alineado con los postulados de The Base. A partir de ahí, se identificó a otros dos miembros formando una célula cohesionada, y se constató que realizaban entrenamientos paramilitares, mantenían contacto directo con el fundador internacional de la organización y difundían propaganda violenta a través de redes sociales.
Desde el Ministerio del Interior se destaca que esta desarticulación supone un hito en la lucha contrainsurgente: por primera vez en el Estado se neutraliza una célula de ideología aceleracionista —es decir, un grupo de extrema derecha supremacista preparado no solo para difundir odio, sino para llevar a cabo atentados violentos con preparación paramilitar—. La operación además evidencia la capacidad de organizaciones extremistas transnacionales para expandirse a través de redes descentralizadas, lo que refuerza la prioridad de vigilancia policial sobre estructuras neonazis y grupos radicales.
El Juzgado número 47 de Madrid ha decidido procesar al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá. La resolución supone el cierre de la fase de instrucción y abre la puerta a un posible juicio oral, al considerar el magistrado que existen indicios suficientes para que el caso avance.
Según fuentes judiciales, el juez sostiene que el relato de Mouliaá presenta coherencia en los elementos centrales y no observa motivaciones espurias que pudieran desacreditar su testimonio. El auto recoge tres momentos diferenciados ocurridos la misma noche —en un ascensor, un domicilio y un taxi— que, de acuerdo con la denunciante, habrían tenido lugar sin su consentimiento.
Errejón ha negado la versión de la actriz y mantiene que las interacciones fueron voluntarias. Su defensa ha anunciado que recurrirá la decisión del magistrado, alegando que no existen pruebas materiales ni testigos directos que sostengan la acusación.
Un procesamiento con impacto político inmediato
El exdirigente, que abandonó la política institucional el año pasado, vuelve a situarse en el centro del debate público tras avanzar la causa. La decisión judicial no implica culpabilidad, pero sí que la justicia considera plausible que los hechos deban ser valorados en un juicio. Para parte del movimiento feminista, este avance representa un paso relevante en la defensa de la credibilidad de las víctimas, especialmente cuando denuncian a figuras con elevada visibilidad pública.
Próximos pasosen lo judicial
Las acusaciones y defensas disponen ahora de un plazo para presentar sus escritos, tras lo cual el juez decidirá si se abre juicio oral. El proceso judicial seguirá desarrollándose en los próximos meses y podría convertirse en uno de los casos mediáticos más relevantes del final de año.
La pugna por la universidad pública española se ha convertido en un laboratorio de la «guerra cultural» contemporánea.
La extrema derecha, ante la dificultad de capturar orgánicamente las reglas de producción de conocimiento —pares, currículos, ética científica, autonomía— ha desplegado una doble estrategia: (a) presión y deslegitimación interna mediante episodios de provocación y choque, y (b) construcción de una infraestructura paralela de educación superior privada, fuertemente subsidiada, que sirva de vector de colonización ideológica y de reconfiguración del campo académico.
Los choques en campus y ciudades universitarias —desde colisiones entre convocatorias de Vox y Arran por clases extraescolares, hasta actos de Falange con coreografías nostálgicas, pasando por irrupciones performativas como las de Vito Quiles en facultades — deben leerse menos como fines y más como «dispositivos de entrada»: crean pánicos morales, encuadran a la universidad como «espacio capturado por la izquierda» y habilitan dispositivos regulatorios (vetos, endurecimiento disciplinario, auditorías ad hoc) que erosionan la autonomía.
Sin embargo, este asalto frontal acumula derrotas parciales. El régimen de validación científica resiste: tribunales, agencias, comités de ética y redes internacionales preservan estándares que no se doblegan a golpes de plató. De ahí el desplazamiento al segundo vector: el atajo privatizador. Allí donde no se gobierna el ethos de la universidad pública, se propone «competencia» mediante universidades privadas afines, financiadas directa o indirectamente con fondos públicos (becas con sesgo de destino, conciertos, exenciones, contratos-programa a medida). No se trata solo de diversificar oferta, sino de generar enclaves donde la verdad académica se subordine a un ideario preestablecido y los mecanismos de control por pares se sustituyan por jerarquías doctrinales. La retórica es conocida: libertad de cátedra entendida como inmunidad de verificación, «neutralidad» como exclusión de enfoques de género o memoria democrática, excelencia como marca.
Este proceso no opera en el vacío. Se alimenta de repertorios callejeros cuidadosamente escenificados —desde consignas franquistas hasta performances agro-soberanistas del Frente Obrero — que ofrecen materia prima a la batalla simbólica: el universitario como «élite desconectada», el profesor como «adoctrinador», el estudiante organizado como «antifa violento». La función de agitadores mediáticos —y aquí Vito Quiles cumple el papel de bufón cortesano— es proveer un entretenimiento indignado que desplace la discusión de los fundamentos de la vida universitaria (ciencia abierta, precariedad del PDI, financiación basal) hacia el espectáculo del «Orden vs. Caos». Ese bufón no gobierna, pero entretiene y distrae: es el intermezzo que legitima la entrada de los poderes fácticos al escenario principal, donde se tramitan presupuestos, licencias y convenios.
Frente a este movimiento, las universidades han activado repertorios defensivos: huelgas, encierros, manifiestos interuniversitarios, cláusulas estatutarias de integridad, redes de observatorios de libertad académica. No es un reflejo corporativo; es la defensa de las condiciones de posibilidad del trabajo científico. Cuando los campus paran, señalan que el verdadero «privilegio» no es el debate plural, sino el acceso a recursos públicos para construir burbujas privadas sin controles epistémicos. La huelga, en este sentido, es tanto un instrumento negociador como una pedagogía pública: visibiliza que la autonomía no es un capricho gremial, sino un bien constitucional que protege a la sociedad de los ciclos de hegemonía pasajera.
El proyecto de conquistar la universidad pública ha fracasado allí donde se ha topado con contrapesos institucionales y con comunidades epistémicas densas. Por eso se ensaya la vía oblicua: crear universidades-marca privada que, con dinero público, reescriban el «mercado» de títulos y acreditaciones, desplazando la autoridad del método por la del patrocinio. La respuesta no puede limitarse a la denuncia. Exige blindar la financiación basal de la pública, transparentar los flujos a la privada, reforzar la evaluación por pares y la cooperación europea, y ampliar la participación estudiantil y del PDI en el gobierno universitario. Y exige, además, no caer en la trampa del espectáculo: el bufón mediático busca que discutamos sus gestos y no los presupuestos; que respondamos a la provocación en vez de consolidar instituciones.
En suma, el intento de conquista se topa con una universidad que, con todas sus fisuras, sigue siendo un dispositivo de autonomía, método y pluralismo. Cuando ese asalto deriva en privatización financiada por todos, la huelga no es la «politización» del campus, sino su autodefensa democrática. Y en ese escenario, los payasos útiles de la guerra cultural solo sirven para tapar el ruido de fondo: la transferencia silenciosa de lo común a enclaves doctrinales. La tarea, por tanto, es doble: sostener el conflicto donde importa — gobernanza, financiación, estándares— y mantener a raya la distracción performativa que busca convertir el conocimiento en propaganda.
[[File:Manifestación por una vivienda digna - 250209 124752.jpg|Manifestación_por_una_vivienda_digna_-_250209_124752]]
Mientras los titulares se llenan de ruido, el IX Informe FOESSA nos recuerda lo que de verdad importa: 4,3 millones de personas viven en exclusión severa. No hablamos de cifras abstractas, hablamos de familias que no pueden pagar el alquiler, jóvenes que encadenan contratos precarios, mayores que eligen entre comer o encender la calefacción. Y lo más grave: no se está haciendo nada serio para revertir esta situación. Los precios de la vivienda se han disparado. Con los sueldos actuales, llegar a fin de mes es una hazaña. El mercado está completamente desregulado, y las medidas que podrían poner freno —como el control de alquileres o la movilización de vivienda vacía— se bloquean sistemáticamente. ¿Por quién? Por el propio Gobierno que se dice progresista.
Podemos ha sido la única fuerza que ha puesto sobre la mesa propuestas valientes: control de precios, parque público de vivienda, reforma fiscal para que los que más tienen contribuyan más. Pero estas medidas no avanzan porque el PSOE y Sumar las frenan, las diluyen o directamente las vetan. ¿De qué sirve hablar de justicia social si se impide legislarla? Tener trabajo ya no es sinónimo de estabilidad. El informe FOESSA lo deja claro: el empleo precario y mal pagado es una de las principales causas de exclusión. ¿Dónde están las reformas laborales que prometían acabar con esto? ¿Dónde está el compromiso real con los trabajadores? No es la diversidad, ni los derechos de las minorías, ni las luchas feministas lo que rompe España. Lo que la rompe es la desigualdad estructural, el abandono de millones de personas, y la traición a los principios de la izquierda. Porque ser de izquierdas no es posar en mítines, es transformar la vida de la gente.
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Funcional
Siempre activo
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.
