Universidad sitiada: la ofensiva ultra y la deriva privatizadora con fondos públicos.

La pugna por la universidad pública española se ha convertido en un laboratorio de la «guerra cultural» contemporánea.

La extrema derecha, ante la dificultad de capturar orgánicamente las reglas de
producción de conocimiento —pares, currículos, ética científica, autonomía— ha desplegado una doble estrategia:
(a) presión y deslegitimación interna mediante episodios de provocación y choque, y  (b) construcción de una infraestructura paralela de educación superior privada, fuertemente subsidiada, que sirva de vector
de colonización ideológica y de reconfiguración del campo académico.

Los choques en campus y ciudades universitarias —desde colisiones entre convocatorias de Vox y Arran por clases extraescolares, hasta actos de Falange con coreografías nostálgicas, pasando por
irrupciones performativas como las de Vito Quiles en facultades — deben leerse menos como fines y más como «dispositivos de
entrada»: crean pánicos morales, encuadran a la universidad como «espacio capturado por la izquierda» y habilitan dispositivos regulatorios (vetos, endurecimiento disciplinario, auditorías ad hoc) que erosionan la autonomía.

Sin embargo, este asalto frontal acumula derrotas parciales. El régimen de validación científica resiste: tribunales, agencias, comités
de ética y redes internacionales preservan estándares que no se doblegan a golpes de plató. De ahí el desplazamiento al segundo vector: el atajo privatizador. Allí donde no se gobierna el ethos de la universidad pública, se propone «competencia» mediante
universidades privadas afines, financiadas directa o indirectamente con fondos públicos (becas con sesgo de destino, conciertos,
exenciones, contratos-programa a medida). No se trata solo de diversificar oferta, sino de generar enclaves donde la verdad académica se subordine a un ideario preestablecido y los mecanismos de control por pares se sustituyan por jerarquías doctrinales. La retórica es conocida: libertad de cátedra entendida como inmunidad de verificación, «neutralidad» como exclusión de enfoques de género o memoria democrática, excelencia como marca.

Este proceso no opera en el vacío. Se alimenta de repertorios callejeros cuidadosamente escenificados —desde consignas franquistas hasta performances agro-soberanistas del Frente Obrero — que ofrecen materia prima a la batalla simbólica: el universitario
como «élite desconectada», el profesor como «adoctrinador», el estudiante organizado como «antifa violento». La función de
agitadores mediáticos —y aquí Vito Quiles cumple el papel de bufón cortesano— es proveer un entretenimiento indignado que desplace la discusión de los fundamentos de la vida universitaria (ciencia abierta,
precariedad del PDI, financiación basal) hacia el espectáculo del «Orden vs. Caos». Ese bufón no gobierna, pero entretiene y distrae:
es el intermezzo que legitima la entrada de los poderes fácticos al escenario principal, donde se tramitan presupuestos, licencias y
convenios.

Frente a este movimiento, las universidades han activado repertorios defensivos: huelgas, encierros, manifiestos interuniversitarios,
cláusulas estatutarias de integridad, redes de observatorios de libertad académica. No es un reflejo corporativo; es la defensa de las
condiciones de posibilidad del trabajo científico. Cuando los campus paran, señalan que el verdadero «privilegio» no es el debate plural, sino el acceso a recursos públicos para construir burbujas privadas sin controles epistémicos. La huelga, en este sentido, es tanto un instrumento negociador como una pedagogía pública: visibiliza que la autonomía no es un capricho gremial, sino un bien constitucional que protege a la sociedad de los ciclos de hegemonía pasajera.

El proyecto de conquistar la universidad pública ha fracasado allí donde se ha topado con contrapesos institucionales y con
comunidades epistémicas densas. Por eso se ensaya la vía oblicua: crear universidades-marca privada que, con dinero público, reescriban el «mercado» de títulos y acreditaciones, desplazando la autoridad
del método por la del patrocinio. La respuesta no puede limitarse a la denuncia. Exige blindar la financiación basal de la pública,
transparentar los flujos a la privada, reforzar la evaluación por pares y la cooperación europea, y ampliar la participación estudiantil y del PDI en el gobierno universitario. Y exige, además, no caer en la
trampa del espectáculo: el bufón mediático busca que discutamos sus gestos y no los presupuestos; que respondamos a la provocación en vez de consolidar instituciones.

En suma, el intento de conquista se topa con una universidad que, con todas sus fisuras, sigue siendo un dispositivo de autonomía,
método y pluralismo. Cuando ese asalto deriva en privatización financiada por todos, la huelga no es la «politización» del campus,
sino su autodefensa democrática. Y en ese escenario, los payasos útiles de la guerra cultural solo sirven para tapar el ruido de fondo: la transferencia silenciosa de lo común a enclaves doctrinales. La tarea,
por tanto, es doble: sostener el conflicto donde importa — gobernanza, financiación, estándares— y mantener a raya la
distracción performativa que busca convertir el conocimiento en propaganda.

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