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Fractura en la cúpula de Vox: Abascal expulsa a Ortega Smith.

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Vox atraviesa una crisis interna imposible de ocultar tras la retórica de la disciplina que siempre se ha exhibido desde la cúpula. En los últimos meses, el partido de extrema derecha ha encadenado purgas en su dirección, conflictos abiertos con su entorno juvenil y escándalos judiciales graves, dibujando un escenario de fractura orgánica y descomposición interna que contrasta con la imagen de bloque compacto que intenta proyectar hacia fuera.

La salida de Ortega Smith:

El 23 de Diciembre de 2025, la dirección de Vox tomó una decisión de enorme carga simbólica: Javier Ortega Smith fue apartado de la Ejecutiva Nacional. No se trata de un dirigente cualquiera. Ortega Smith fue uno de los fundadores del partido, secretario general durante años y uno de los principales arquitectos del Vox que creció entre 2018 y 2019.
Su salida no fue un hecho aislado ni repentino. En Noviembre ya había sido degradado en el Congreso, perdiendo peso político y visibilidad. Desde hacía tiempo, Ortega Smith venía expresando malestar con el rumbo interno del partido, criticando prácticas que, a su juicio, convertían la organización en una estructura cerrada, personalista y poco transparente.
La expulsión de la Ejecutiva marca un punto de inflexión: Vox prescinde de uno de sus rostros históricos para reforzar un modelo de poder cada vez más concentrado en el entorno de Santiago Abascal, donde la lealtad personal pesa más que la trayectoria política.

Revuelta, la DANA y el choque con las juventudes

Uno de los episodios más dañinos para la estabilidad interna de Vox ha sido el conflicto con Revuelta, la organización juvenil vinculada durante años al partido. La ruptura estalla tras la gestión de donaciones recaudadas para los afectados por la DANA que golpeó el Levante en el otoño de 2024.
A lo largo de 2025, antiguos responsables de Revuelta denunciaron públicamente falta de información sobre el destino de los fondos, ausencia de documentación clara y opacidad en el control económico. Dos exdirigentes llegaron a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, lo que elevó el conflicto de una disputa interna a un problema con dimensión legal.
Vox respondió denunciando a su vez a Revuelta ante los mecanismos de protección de informantes, acusando a la organización de irregularidades. El resultado ha sido devastador: acusaciones cruzadas, ruptura total de relaciones y una desmovilización evidente de una parte de la militancia joven, que observa cómo el partido gestiona una crisis solidaria con lógica de guerra interna. Más allá de lo que determinen las investigaciones, el daño político ya está hecho: un partido que presume de orden y patriotismo aparece incapaz de gestionar con transparencia fondos destinados a una emergencia social.

Escándalo mayúsculo: la denuncia por agresión sexual a un menor

La crisis interna de Vox dio un salto cualitativo cuando, en 2025, el responsable de redes sociales del partido dimitió cuando se hizo pública una denuncia por agresión sexual a un menor de edad. La denuncia fue presentada por un joven que aseguró haber sufrido tocamientos cuando tenía 16 años, en el contexto de encuentros vinculados al entorno militante.
El caso es especialmente grave por dos motivos: primero, por la naturaleza del delito denunciado, y segundo, porque afecta a un área clave del partido: la comunicación digital, uno de los principales instrumentos de crecimiento y radicalización de Vox en los últimos años.
La dimisión confirmó que la dirección consideró insostenible su continuidad. Además, el denunciante afirmó que podrían existir más víctimas, lo que incrementó la alarma dentro y fuera del partido.
Este episodio destrozó uno de los pilares discursivos de Vox: su autoproclamada superioridad moral frente al resto de fuerzas políticas.

Más causas, más grietas

Los problemas no terminan ahí. En 2025, la Fiscalía abrió diligencias contra Juan Manuel Badenas, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental relacionados con la adjudicación de contratos públicos. El caso volvió a colocar a Vox en el centro de las sospechas por uso irregular de recursos públicos.
Otros dirigentes del partido también han sido objeto de denuncias o investigaciones en los últimos años, algunas aún en fase preliminar. El patrón es claro: Vox ya no puede sostener el discurso de “partido limpio” mientras acumula conflictos judiciales y éticos en distintos niveles institucionales.

Un partido disciplinado a base de expulsiones

La suma de estos episodios revela una dinámica preocupante: Vox gestiona sus crisis internas mediante expulsiones, silencios y cierres de filas. La consecuencia es una organización cada vez más vertical, donde las discrepancias se pagan con la marginación y donde los escándalos se afrontan como amenazas, no como problemas políticos reales.
La salida de Ortega Smith, la ruptura con Revuelta, las denuncias por corrupción y el escándalo por agresión sexual no son hechos inconexos. Son síntomas de un mismo proceso: un partido que creció rápido, sin controles sólidos, y que ahora se resquebraja bajo el peso de sus propias contradicciones.
Vox sigue gritando disciplina hacia fuera, pero, por dentro, el ruido ya es imposible de ocultar.

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Púnica: condenas que pasan de puntillas mientras la ciudadanía paga la factura

🗳️ Extremadura 2025: un terremoto político que reconfigura todo el tablero

Es muy burdo pero….

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Caso Púnica: condenas que pasan de puntillas mientras la ciudadanía paga la factura

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[[File:Francisco Granados (2010).jpg|Francisco_Granados_(2010)]]

El Caso Púnica vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: incluso una de las mayores tramas de corrupción vinculadas a administraciones públicas en manos del PP puede cerrarse con condenas firmes y, aun así, pasar casi desapercibida. La atención mediática se desplaza, la agenda política cambia y lo que debería ser un escándalo de primer orden se diluye en un silencio inquietante.
Las sentencias son claras, y los nombres —y sus responsabilidades públicas— también.

  • Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid y dirigente del PP, ha sido condenado a 2 años y 10 meses de prisión por delitos relacionados con la manipulación de contratos públicos.
  • José Luis López Viejo, también exconsejero madrileño del Partido Popular, ha recibido 6 meses de prisión por su papel en adjudicaciones irregulares.
  • Benjamín Martín Vasco, exdiputado autonómico del PP, ha sido condenado a 6 meses por su participación en la red.
  • David Marjaliza, empresario sin cargo político pero figura clave en la trama, ha sido condenado a 1 año y 6 meses tras colaborar con la justicia y reconocer su papel en el entramado de comisiones y contratos amañados.
  • María Teresa Gálvez (exdirectora general de la Comunidad de Madrid, PP) — 6 meses de prisión por su intervención en contratos amañados.
  • María del Carmen Plata (exjefa de gabinete, PP) — 6 meses de prisión por delitos vinculados a la contratación irregular.
  • María José Picazo (exdirectora general de la Comunidad de Madrid, PP) — 6 meses de prisión por su participación en adjudicaciones ilícitas.
  • Otros cargos y técnicos — condenas menores por su papel en la tramitación y firma de contratos manipulados.
    Las condenas no son anecdóticas. Afectan a responsables públicos que, según las sentencias, utilizaron estructuras institucionales para beneficiar intereses privados. Y, sin embargo, el eco social es mínimo.
    La pregunta que debería preocuparnos es otra: ¿Cómo puede una trama que afectó a administraciones, presupuestos y decisiones que impactan directamente en la ciudadanía quedar relegada a un segundo plano? ¿En qué momento asumimos que la corrupción forma parte del paisaje?
    Cada contrato amañado es un servicio que no mejora. Cada euro desviado es un recurso que no llega donde debería. Cada condena que pasa sin debate público es un paso más hacia la normalización de lo intolerable.
    El caso Púnica debería servir como punto de inflexión. No por el morbo de los nombres, sino por lo que revela sobre la fragilidad de los controles institucionales y la facilidad con la que intereses privados pueden infiltrarse en lo público.
    Las condenas existen. Son firmes. Son graves. Y, aun así, están pasando de puntillas.
    Ese silencio es, quizá, la parte más preocupante de toda esta historia.

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🗳️ Extremadura 2025: un terremoto político que reconfigura todo el tablero

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[[File:Acto en Plasencia. Ione Belarra, Irene Montero, Irene de Miguel y Nerea Fernández.png|Acto_en_Plasencia._Ione_Belarra,_Irene_Montero,_Irene_de_Miguel_y_Nerea_Fernández]]

Las elecciones autonómicas de Extremadura del 21 de diciembre de 2025 han dejado un escenario completamente transformado. Con el 99% escrutado, el reparto de escaños queda así:

  • PP: 29 escaños
  • PSOE: 18 escaños
  • Vox: 11 escaños
  • Unidas por Extremadura: 7 escaños
    La mayoría absoluta está fijada en 33 diputados, por lo que ningún partido puede gobernar en solitario.

El PSOE sufre el peor resultado de su historia
Los socialistas Extremeños han vivido un auténtico desplome electoral. Pasan de 28 a 18 escaños, perdiendo 10 diputados y registrando su peor resultado histórico en la región.
Este resultado es un castigo severo a la gestión y al proyecto socialista, que no ha logrado retener a su electorado tradicional y su gran mayoría de votantes prefirieron quedarse en casa en vez de ir a su colegio electoral, en esto esta el gran porcentaje de abstención que han tenido estas elecciones, no por las fechas como dicen por parte del PSOE, si no por su descontento con el partido socialista.

Vox protagoniza la gran subida de la noche:

  • Pasa de 5 a 11 escaños, más del doble de su representación anterior.
    Este ascenso coloca a la formación en una posición de fuerza inédita para negociar la gobernabilidad.
    Según varios análisis publicados tras el escrutinio, Vox se considera incluso “el verdadero vencedor” de los comicios por su capacidad de condicionar al PP.

El PP gana… pero fracasa en su objetivo estratégico que era la mayoría absoluta.
El Partido Popular, con María Guardiola al frente, gana las elecciones pero no logra la mayoría absoluta que buscaba con el adelanto electoral.

  • Sube solo 1 escaño respecto a 2023 (de 28 a 29).
    Pese a proclamarse vencedor, el PP queda en una situación delicada:
  • Depende de Vox para gobernar, igual que antes.
  • Pero ahora Vox es mucho más fuerte, lo que complica la negociación y reduce el margen de maniobra de Guardiola.
    El adelanto electoral, pensado para reforzar al PP, ha terminado reforzando a Vox y dejando a los populares en una posición más frágil que antes.

Unidas por Extremadura: la sorpresa positiva del bloque progresista
Unidas por Extremadura (Podemos–IU–AV) logra un resultado notable:

  • Pasa de 4 a 7 escaños, casi duplicando su representación.
  • Supera el 10% de los votos y se consolida como la alternativa real de izquierdas al PSOE.
    Su candidata, Irene de Miguel, calificó el resultado como “una luz de esperanza” y fruto de “años de trabajo”.

Tras los resultados, se demuestra que Sumar es el verdadero cáncer de la izquierda española, primeras elecciones sin que Sumar este presente y se demuestra que si no están los datos mejoran y la coalición encabezada porPodemos casi duplica los resultados del 2023.

  • Unidas por Extremadura demuestra que un proyecto propio, cohesionado y arraigado en el territorio, puede crecer incluso en un contexto adverso.
  • Hay que tomar nota para los próximos comicios que se presentan en España y tomar nota de que Sumar no debe participar en ellas ya que dividen y restan en los resultados electorales.
  • Podemos es quien tiene la fuerza, tiene la militancia y por eso tiene que encabezar las listas, hay que seguir el ejemplo Extremeño que tan buenos resultados han conseguido.
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Es muy burdo pero….

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[[File:Eduardo Inda-ene 2016.jpg|Eduardo_Inda-ene_2016]]

Corría el año 2016, Unidas Podemos estaba a punto de dar el sorpasso al Partido Socialista, cuando de repente, empezó a aparecer en todos los medios una noticia de Eduardo Inda en OkDiario que titulaba ‘El gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014’.

Una de las cadenas que más espacio dio a esa noticia fue La Sexta, tu cadena de izquierdas. Y en especial, Antonio García Ferreras.

En 2022, gracias a unos audios de Villarejo, supimos que a Ferreras la noticia de las Granadinas le parecía demasiado burda, pero le dio igual, contra Pablo Iglesias y Podemos todo valía.

Hace un par de días, el Tribunal Supremo condenó a Eduardo Inda a indemnizar a Pablo Iglesias con 18.000 euros por publicar la noticia falsa de las Granadinas.

Noticia de la condena en Diario Red

¿Es suficiente esa condena? Por supuesto que no, jamás se va a solucionar el tremendo daño que hizo esa noticia falsa, por mucho dinero que pueda pagar Inda a Iglesias, porque esto no va de dinero.

Eduardo Inda es un mentiroso profesional, un corrupto a sueldo del Partido Popular que lo riega con dinero público para que Eduardo y Ok Diario sigan difundiendo bulos y limpiando la imagen de Ayuso y su partido.

Un corrupto que no tendría el mismo poder que tiene si no se le diera la voz que se le da en ciertos programas de TV, porque sí, Eduardo es un corrupto, pero también lo acaban siendo los que se sientan en un programa que saben que dio una noticia falsa aún sabiendo que era falsa.

Y a propósito de lo comentado en el párrafo anterior, me gustaría acabar este artículo con una pregunta: ¿creen ustedes que tras conocerse esta condena, Antonio Maestre, Pedro Vallín y Sumar, que tienen asiento fijo junto al corrupto de Ferreras, seguirán calentando ese asiento, o tendrán la dignidad para no ir más al programa? Mucho me temo que ya conocemos la respuesta.

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Una denuncia por agresiones sexuales sacude la memoria de la Transición

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[[File:Adolfo Suarez 03 cropped.jpg|Adolfo_Suarez_03_cropped]]

La figura de Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno tras la dictadura franquista y símbolo de la Transición, vuelve al centro del debate público. Una mujer ha denunciado ante la Policía haber sufrido agresiones sexuales continuadas por parte del expresidente durante más de tres años en la década de los 80, comenzando cuando ella era menor de edad. El caso, revelado por diversos medios, abre un debate incómodo sobre la violencia sexual en las élites políticas y la construcción de la memoria democrática.

La denunciante relata que el primer contacto se produjo en 1982, cuando tenía 17 años y buscaba orientación académica. Según su declaración, tras reuniones iniciales de carácter profesional, comenzaron episodios de violencia sexual que se prolongaron hasta 1985.

  • El primer episodio grave habría ocurrido en marzo de 1983, con besos y tocamientos no consentidos, seguidos de una felación bajo coacción.
  • La víctima describe haber quedado paralizada, sin capacidad de reacción, algo que posteriormente psicólogos le explicaron como una respuesta traumática de bloqueo.
  • Los encuentros se habrían repetido en el despacho de Suárez en la calle Antonio Maura y en su domicilio en La Florida, Madrid.

    En los años 80, España carecía de protocolos claros para la protección de menores frente a abusos sexuales. La cultura del silencio y la impunidad era frecuente, especialmente cuando los agresores pertenecían a élites políticas o sociales. Este testimonio pone de relieve cómo el poder político podía encubrir situaciones de abuso, invisibilizadas durante décadas.

    Colectivos feministas y asociaciones de víctimas han subrayado la importancia de esta denuncia, destacando que no se trata de un caso aislado, sino de un ejemplo de cómo el poder político y social ha encubierto abusos.
    La noticia ha generado un intenso debate sobre la necesidad de revisar críticamente la memoria de la Transición, incorporando la perspectiva de género y reconociendo a las víctimas de violencia sexual en ese periodo.

    La denuncia contra una figura tan emblemática como Suárez cuestiona la narrativa idealizada de la Transición y obliga a abrir un debate sobre:
  • La impunidad histórica de las élites.
  • La necesidad de mecanismos de reparación y justicia transicional para víctimas de violencia sexual.
  • El papel de los medios y de la sociedad en romper el silencio y dar credibilidad a testimonios que durante décadas fueron invisibles.

    La valentía de la denunciante al romper el silencio es un acto de memoria y de justicia. Recordar que la violencia sexual existió —y existe— en todos los ámbitos, incluso en las más altas esferas del poder, es fundamental para construir una sociedad más consciente y comprometida con la protección de los derechos humanos.

La denuncia también cuestiona el relato oficial construido en torno a la figura de Adolfo Suárez. La serie de Movistar «Anatomía de un instante» y el hecho de que el aeropuerto de Madrid-Barajas lleve su nombre son ejemplos de un blanqueamiento institucional y cultural que invisibiliza el dolor de la víctima. Estos homenajes, presentados como símbolos de consenso y modernidad, generan un daño añadido a quienes sufrieron violencia, al reforzar una imagen pública idealizada que oculta las sombras de su trayectoria. La memoria democrática no puede construirse sobre la negación de testimonios de abuso.

Desde Todo al Trece ofrecemos todo nuestro apoyo y compresión a la victima y agradecemos su valentía por hacer públicos estos hechos tan repugnantes y pedimos reparación y justicia.

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Dimite el responsable de redes de Vox tras una denuncia por acoso sexual a un menor

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Santiago Abascal By Contando Estrelas from Vigo, España / Spain – 48962709726_3daa9c8d1e_k, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88063085

El responsable de redes sociales de Vox ha presentado su dimisión y ha abandonado el partido después de que trascendiera la existencia de una denuncia por presunto acoso sexual a un menor de edad. La formación ha confirmado su salida de la estructura interna tras conocerse los hechos.

Según la información publicada por distintos medios, la denuncia hace referencia a comportamientos de carácter sexual hacia un militante que en el momento de los hechos era menor. El caso se encuentra en fase de investigación policial y judicial, por lo que todavía no existe una resolución firme.

El ya exdirigente ha negado las acusaciones y ha asegurado públicamente que demostrará su inocencia, al tiempo que ha enmarcado la denuncia en conflictos internos dentro del partido. Vox, por su parte, ha evitado hacer valoraciones sobre el fondo del asunto y se ha limitado a confirmar la dimisión.

La salida del responsable de redes se produce en un contexto de fuerte exposición pública del partido y añade presión a su dirección, dado el papel estratégico que la comunicación digital tiene en su acción política. El avance de la investigación determinará el alcance judicial de los hechos denunciados.

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Cuando la moderación desarma: lecciones de Chile.

[[File:Bandera Chile paradero 14.jpg|Bandera_Chile_paradero_14]]

La victoria de José Antonio Kast en Chile no irrumpe como un rayo en cielo despejado. Llega tras un ciclo largo de expectativas incumplidas, de reformas a medio camino y de una promesa de cambio que se fue diluyendo entre pactos extraños, vetos cruzados y una pedagogía política cada vez más tímida e irrisoria. El resultado no puede leerse como una adhesión de la población a un proyecto autoritario, no es el clásico y siempre errado «la gente es tonta», todo esto es la consecuencia de un proceso en el que amplios sectores populares dejaron de percibir a la izquierda institucional como una fuerza capaz de transformar de verdad sus condiciones de vida.

En ese contexto, conviene revisar críticamente la utilidad real de los llamados frentes amplios cuando su lógica interna deriva en la moderación sistemática del programa, del lenguaje y del horizonte político. No es cuestión de una discusión identitaria ni de una cuita táctica menor. Es una cuestión estratégica de primer orden que responde a la pregunta de: ¿qué tipo de izquierda puede resistir el avance de la extrema derecha cuando el ciclo político se vuelve adverso?

El problema estructural de los frentes amplios

Los frentes amplios nacen, en teoría, como herramientas para ampliar mayorías sociales y electorales pero en la práctica, demasiadas veces se utilizan como dispositivos de contención de la ideología. Su arquitectura interna (pensada para integrar sensibilidades diversas) tiende a desplazar el centro de gravedad hacia posiciones que resulten aceptables para actores económicos, mediáticos e institucionales ya consolidados. El resultado es un proyecto que administra expectativas y no construye poder popular, no atiende a las demandas más acuciantes de la sociedad y acaba siendo decepcionante, lo que conduce a la ciudadanía a la abstención o al voto protesta en el espectro político inverso.

En Chile, como antes en otros países, esa dinámica produjo un doble efecto corrosivo. Por un lado, la derecha radical encontró un campo fértil para presentarse como la única alternativa clara, con discurso nítido y radical y promesas simples frente a una izquierda percibida como parte del problema, tecnocrática, inútil y vacilante. Por otro, una parte significativa de la base social que había protagonizado movilizaciones masivas experimentó frustración, desmovilización y, finalmente, retirada del terreno político institucional.

La extrema derecha no avanza únicamente por su propia fuerza. Avanza, sobre todo, cuando el adversario renuncia a disputar el sentido común en términos materiales y simbólicos, dejando el campo de batalla política vacío de un ejército de ideales que rápidamente ocupa el neoliberalismo de la mano de la derecha más reaccionaria.

Precedentes históricos: cuando el péndulo se acelera

La historia reciente ofrece paralelismos elocuentes. En América Latina, los ciclos progresistas que no lograron consolidar transformaciones estructurales (especialmente en materia de redistribución, control de sectores estratégicos y democratización económica) dejaron tras de sí escenarios propicios para reacciones conservadoras agresivas. Brasil tras el agotamiento del lulismo moderado, Argentina después de etapas de gestión defensiva, o incluso Ecuador tras la descomposición del correísmo y la moderación de la izquierda, todas ellas muestran un patrón común: cuando la promesa de cambio se convierte en gestión prudente y connivente con el poder fáctico, la derecha radical capitaliza el malestar.

Europa no es ajena a esta lógica. La socialdemocracia alemana tras la «Agenda 2010», el socialismo francés tras la presidencia de Hollande o el caso griego después de la capitulación de Syriza frente a las instituciones europeas evidencian que la renuncia explícita a confrontar intereses estructurales de clase no sirve para desactivar a la derecha; la legitima y le da armas dialécticas que destrozan cualquier posibilidad de articular cambios reales. El péndulo no se queda quieto en el centro: oscila con violencia cuando se le priva de alternativas creíbles a la izquierda.

Chile como advertencia, no como excepción

El triunfo de Kast debe entenderse como una advertencia sistémica. No ha emergido únicamente de una batalla cultural ganada por la derecha, ha emergido de un vacío estratégico dejado por una izquierda que, en nombre de la gobernabilidad, fue estrechando su propio marco de acción. La promesa constitucional, las reformas sociales y la democratización profunda del país quedaron atrapadas en un laberinto institucional que erosionó la confianza popular y desmovilizó a los actores que protagonizan la batalla cultural en la calle, en los centros de trabajo y en las casas.

Cuando la política deja de ser un instrumento para disputar el poder real y se convierte en un ejercicio de administración de límites y «bienquedismo», el terreno queda libre para proyectos autoritarios que prometen orden, identidad y certidumbre. No porque ofrezcan soluciones reales a la clase trabajadora, de hecho es más bien al contrario si nos atenemos a sus políticas, sino porque hablan sin ambages a un malestar que otros prefieren amortiguar y no ponen cortapisas a sus programas electorales.

El espejo español

El paralelismo con el gobierno de España resulta inevitable. La experiencia de coalición progresista ha demostrado nulos avances en derechos y políticas públicas y varios intentos de recortes en derechos, con la propia ministra de trabajo pidiendo escuelas infantiles 24 horas e incumpliendo todas y cada una de sus promesas electorales en pos de una gobernabilidad que cada día se hace más difícil, pero también, ha evidenciado los límites de una estrategia basada en la moderación permanente y en la subordinación a marcos económicos intocables. La contención del conflicto social, la renuncia a reformas estructurales en vivienda, sanidad, educación, energía o sistema productivo, y la aceptación de consensos heredados del bipartidismo han generado una sensación creciente de estancamiento y el ruido de sables de unas, presumiblemente, muy próximas elecciones generales.

Ese clima no fortalece a la izquierda, la debilita frente a una extrema derecha que crece alimentándose de frustraciones acumuladas y un ‘lawfare’ que ahora también alcanza al principal partido del gobierno y a la judicatura. Al igual que en Chile, el riesgo no es solamente de la fuerza del adversario, que ya de por sí cuenta con resortes en el régimen que lo protegen, además también habita en la incapacidad de ofrecer un horizonte claro de transformación que merezca la pena ser defendido por la gente incluso en contextos adversos.

Resistir hasta que el péndulo cambie

La enseñanza central es incómoda pero es más necesaria que nunca. Las fuerzas de izquierda que sobreviven a los ciclos reaccionarios no son las que se mimetizan con el centro político, capitulan sus ideas y olvidan «el motivo que les trajo aquí», son las que mantienen coherencia, arraigo social y una narrativa comprensible sobre el conflicto, son aquellas capaces de articular un discurso que interpele a amplias capas de la población en aquello que les une, las que son valientes y tienen una juventud a la vanguardia que abre paso en en la selva ideológica que empuja desde abajo. Aguantar el embite de la extrema derecha implica asumir momentos de aislamiento institucional, presión mediática y derrota electoral, sin abandonar el proyecto ni diluirlo en fórmulas rocambolescas o imitaciones pobres de lo que funcionó en un determinado momento o en X país.

El péndulo político siempre se mueve, pero no lo hace solo, cambia de lado cuando existen organizaciones capaces de sostener una posición clara, de acompañar a las mayorías en sus derrotas y de estar preparadas ideológicamente cuando la ventana de oportunidad se abre de nuevo. Chile muestra lo que ocurre cuando esa preparación se sustituye por la expectativa de una estabilidad fantasma. España haría bien en tomar nota.

No se trata de nostalgia ni de maximalismo retórico. Se trata de comprender que, sin una izquierda dispuesta a confrontar intereses y a asumir costes políticos, el espacio político se llena de soluciones autoritarias. Y que la moderación, lejos de ser un refugio seguro, suele ser el preludio de retrocesos más profundos.

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13 de diciembre de 1979: la herida abierta de la Transición que vuelve a interpelarnos

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13 de diciembre de 1979: la herida abierta de la Transición que vuelve a interpelarnos

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El 13 de diciembre de 1979 constituye uno de los episodios más significativos —y más silenciados— de la violencia política en los inicios de la democracia española. Aquella tarde-noche, en el sur de Madrid, convergieron dos grandes corrientes de movilización: por un lado, la manifestación sindical convocada por CCOO, USO y el Sindicato Unitario contra el proyecto de Estatuto de los Trabajadores; por otro, el masivo movimiento estudiantil que se oponía a la Ley de Autonomía Universitaria y al Estatuto de Centros Docentes. La intersección entre ambas protestas cristalizó un fugaz pero decisivo frente obrero-estudiantil, expresión de una sociabilidad política que desbordaba los márgenes institucionales de la nueva democracia.
Según la documentación histórica consultada, la marcha sindical —cerca de 300.000 personas según los organizadores— avanzó de forma ordenada desde Legazpi hasta Embajadores. Allí, hacia las 21:00 horas, comenzaron a confluir columnas estudiantiles dispersadas previamente por la policía en otras zonas de la ciudad. Los cánticos que emergen en la glorieta —“Obreros y estudiantes, unidos y adelante”— condensan el imaginario de alianza de clase que impregnó buena parte de la cultura política del tardofranquismo y de la primera Transición.

El giro represivo llegó de forma abrupta. Las unidades antidisturbios, hasta entonces expectantes, iniciaron cargas masivas, uso de botes de humo y pelotas de goma. En la Ronda de Valencia, un jeep policial quedó rodeado en medio de la confusión y sus agentes efectuaron alrededor de quince disparos con munición real. Los estudiantes José Luis Montañés Gil, de 23 años, y Emilio Martínez Menéndez, de 20, resultaron mortalmente heridos; varios manifestantes y viandantes fueron alcanzados también por las balas. El archivo de la Transición, los testimonios de prensa e investigaciones posteriores coinciden en señalar este episodio como uno de los casos más graves de violencia policial de la época, marcado por la ausencia de responsabilidades penales y por una persistente sensación de impunidad.

El 13D no solo fue un momento de duelo; también se convirtió en un hito de memoria colectiva y en un recordatorio de las tensiones estructurales entre movilización social, democratización y persistencias autoritarias. Como muestran los estudios sobre protestas y cambio social, la represión no clausura necesariamente la acción colectiva, sino que puede convertirse en un vector de politización y articulación de nuevas identidades. La huelga universitaria del día siguiente, el ciclo de movilizaciones de duelo y las pancartas que proclamaban “José Luis y Emilio, no os olvidamos” son buena muestra de ello.
Más de cuatro décadas después, estos acontecimientos siguen convocándonos a pensar críticamente el relato hegemónico de la Transición: sus silencios, sus márgenes y sus víctimas.

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El verdadero “Me Too” socialista: los casos de acoso que sacuden al PSOE y la impasividad de Sumar

Extremadura pasa por las urnas

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El verdadero “Me Too” socialista: los casos de acoso que sacuden al PSOE y la impasividad de Sumar

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[[File:PSOE LOGO.png|PSOE_LOGO]]

En las últimas semanas, el PSOE ha quedado atrapado en un auténtico tsunami de denuncias por acoso sexual, un “Me Too” interno que ha puesto en evidencia quiénes eran los amigos de Pedro Sánchez, muchos de ellos dirigentes de entre 40 y 50 años que ocuparon cargos de confianza y poder dentro del partido.
Los casos que han salido a la luz

  • Paco Salazar, exasesor de Moncloa, señalado por varias trabajadoras del Gabinete de Presidencia. Las denuncias describen un ambiente degradante y presiones constantes.
  • José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo, obligado a dimitir tras acusaciones de acoso sexual, aunque mantiene su cargo de alcalde.
  • Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, denunciado por acoso sexual y suspendido cautelarmente de militancia.
  • Javier Izquierdo, senador y miembro de la Ejecutiva Federal, que renunció a todos sus cargos tras ser señalado por acoso.
  • Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde de Belalcázar (Córdoba), dimitió tras enviar mensajes obscenos a una trabajadora municipal.
  • Toni González, alcalde de Almussafes y vicesecretario del PSPV en Valencia, investigado por denuncias de acoso sexual y laboral.
    En apenas dos semanas, seis dirigentes socialistas han sido acusados de acoso sexual, lo que ha desatado una crisis interna sin precedentes.

    Mientras las denuncias se acumulan y el partido intenta contener el daño, Sumar se mantiene en su papel habitual: declaraciones grandilocuentes, pero ninguna acción concreta. Yolanda Díaz ha calificado la situación de “insoportable”, pero más allá de las palabras, no se han visto medidas reales. La coalición que prometía ser garante del feminismo y la igualdad se ha limitado a la retórica, dejando a las víctimas sin respaldo político efectivo.

    El PSOE, que durante años se presentó como abanderado del feminismo, ahora se enfrenta a la contradicción de tener que explicar cómo figuras cercanas a Sánchez y a la dirección socialista han protagonizado estos escándalos. La falta de contundencia inicial, el retraso en trasladar los casos a la Fiscalía y la resistencia a actuar de forma ejemplar han minado la credibilidad del partido.

    Este verdadero “Me Too” socialista no solo expone las redes de poder y complicidad dentro del PSOE, sino también la impasividad de Sumar, que confirma lo que ya muchos sospechaban: mucho discurso, poca acción. La crisis no es solo interna, es política y social. Y mientras tanto, las víctimas siguen esperando justicia y hechos, no palabras.
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Cargas policiales contra quienes apagan nuestros incendios: la vergüenza del Ministerio de Marlaska

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[[File:Fernando Grande-Marlaska with Alejandro Mayorkas.jpg|Fernando_Grande-Marlaska_with_Alejandro_Mayorkas]]

Ayer, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid volvieron a salir a la calle tras 150 días de huelga indefinida para exigir un convenio digno, estabilidad laboral y protección frente a agentes cancerígenos. Lo hicieron frente a la sede de TRAGSA, empresa pública que se niega a negociar pese a que su convenio colectivo lleva caducado desde 2012. La respuesta del Estado fue la violencia: cargas policiales, pelotas de goma, gas pimienta, heridos y detenidos.
La represión de la policía de Marlaska contra quienes protegen la vida

  • 14 heridos y al menos 2 detenidos tras una protesta pacífica.
  • Los agentes antidisturbios rodearon a los manifestantes y cargaron “desde el minuto uno”, según los propios bomberos.
  • Vídeos difundidos muestran golpes, reducciones violentas y el uso indiscriminado de gas lacrimógeno.
    Los bomberos forestales denuncian que se les trata como delincuentes cuando lo único que reclaman es un salario digno (apenas 1.280–1.300 euros al mes por un trabajo de altísimo riesgo) y el cumplimiento de la Ley Básica del Bombero Forestal, aprobada hace más de un año y aún sin aplicar.
    Marlaska, responsable político
    El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, es responsable directo de la actuación policial. No es un exceso aislado: es una orden política. Cuando quienes arriesgan su vida apagando incendios son gaseados y golpeados por reclamar derechos, hablamos de represión institucional. Marlaska no puede esconderse tras el Delegado del Gobierno en Madrid: la cadena de mando termina en su despacho.
    La represión contra los bomberos forestales revela un patrón: criminalizar la protesta social mientras se protege a las grandes empresas públicas y a los intereses políticos. TRAGSA acumula beneficios millonarios, pero se niega a garantizar condiciones dignas a quienes sostienen el servicio. El Ministerio, en lugar de mediar y obligar a negociar, envía antidisturbios.

    El Comité de Huelga recuerda que el artículo 37.1 de la Constitución y el Real Decreto-ley 17/1977 obligan a negociar durante una huelga. El Gobierno está vulnerando derechos fundamentales al permitir que TRAGSA bloquee cualquier acuerdo.

    La imagen es insoportable: bomberos forestales heridos y detenidos, tras meses de precariedad y silencio institucional. El Ministerio de Marlaska debe asumir responsabilidades: dimisión inmediata del Delegado del Gobierno en Madrid, apertura de una investigación sobre las cargas y garantías de negociación real.
    La ciudadanía no puede aceptar que quienes protegen nuestros montes y pueblos sean tratados como enemigos del Estado. La represión de ayer no es solo un ataque a los bomberos forestales: es un ataque a la democracia y a los derechos de todos.
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