Ayer, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid volvieron a salir a la calle tras 150 días de huelga indefinida para exigir un convenio digno, estabilidad laboral y protección frente a agentes cancerígenos. Lo hicieron frente a la sede de TRAGSA, empresa pública que se niega a negociar pese a que su convenio colectivo lleva caducado desde 2012. La respuesta del Estado fue la violencia: cargas policiales, pelotas de goma, gas pimienta, heridos y detenidos.
La represión de la policía de Marlaska contra quienes protegen la vida
- 14 heridos y al menos 2 detenidos tras una protesta pacífica.
- Los agentes antidisturbios rodearon a los manifestantes y cargaron “desde el minuto uno”, según los propios bomberos.
- Vídeos difundidos muestran golpes, reducciones violentas y el uso indiscriminado de gas lacrimógeno.
Los bomberos forestales denuncian que se les trata como delincuentes cuando lo único que reclaman es un salario digno (apenas 1.280–1.300 euros al mes por un trabajo de altísimo riesgo) y el cumplimiento de la Ley Básica del Bombero Forestal, aprobada hace más de un año y aún sin aplicar.
Marlaska, responsable político
El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, es responsable directo de la actuación policial. No es un exceso aislado: es una orden política. Cuando quienes arriesgan su vida apagando incendios son gaseados y golpeados por reclamar derechos, hablamos de represión institucional. Marlaska no puede esconderse tras el Delegado del Gobierno en Madrid: la cadena de mando termina en su despacho.
La represión contra los bomberos forestales revela un patrón: criminalizar la protesta social mientras se protege a las grandes empresas públicas y a los intereses políticos. TRAGSA acumula beneficios millonarios, pero se niega a garantizar condiciones dignas a quienes sostienen el servicio. El Ministerio, en lugar de mediar y obligar a negociar, envía antidisturbios.
El Comité de Huelga recuerda que el artículo 37.1 de la Constitución y el Real Decreto-ley 17/1977 obligan a negociar durante una huelga. El Gobierno está vulnerando derechos fundamentales al permitir que TRAGSA bloquee cualquier acuerdo.
La imagen es insoportable: bomberos forestales heridos y detenidos, tras meses de precariedad y silencio institucional. El Ministerio de Marlaska debe asumir responsabilidades: dimisión inmediata del Delegado del Gobierno en Madrid, apertura de una investigación sobre las cargas y garantías de negociación real.
La ciudadanía no puede aceptar que quienes protegen nuestros montes y pueblos sean tratados como enemigos del Estado. La represión de ayer no es solo un ataque a los bomberos forestales: es un ataque a la democracia y a los derechos de todos.
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