La noticia de que dos altos cargos responsables de los llamados protocolos de la vergüenza han decidido plantar a la jueza es un insulto a la ciudadanía y a las víctimas de unas medidas que ya han sido reconocidas como ilegales y discriminatorias. No comparecen, no rinden cuentas, y mientras tanto la justicia parece mirar hacia otro lado.
Martínez Peromingo ha admitido lo evidente: aquellos protocolos eran contrarios a la ley. ¿Qué más hace falta para que se actúe con contundencia? La busca y captura no es una opción, es una obligación. Cada día que pasa sin que se ejecute es un día más de impunidad, un día más en el que se normaliza que quienes vulneran derechos fundamentales puedan esconderse tras sus cargos y sus redes de poder.
La gravedad del asunto no es solo jurídica, es política y moral. Estos protocolos no fueron un error administrativo: fueron una estrategia consciente para discriminar y excluir. Y ahora, quienes los diseñaron y defendieron pretenden escapar de la rendición de cuentas.
La ciudadanía no puede aceptar que la justicia se convierta en un teatro donde los poderosos deciden si comparecen o no. La democracia exige igualdad ante la ley, y aquí lo que vemos es privilegio e impunidad.
Es hora de decirlo claro: la justicia debe actuar ya, sin dilaciones ni excusas. Busca y captura inmediata. Procesamiento ejemplar. Reparación para las víctimas. Todo lo demás es complicidad.
Pero no todo tiene que acabar ahí, hay que hacer justicia e imputar a la máxima responsable de esta gestión homicida que es sin ninguna duda, la Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Diaz Ayuso del PP.
