El Gobierno ha concedido el indulto a Adrián Latorre Rayo y Francisco Javier “Javitxu” Aijón Vázquez, dos de los jóvenes condenados por participar en la protesta antifascista del 17 de enero de 2019 contra un mitin de Vox en Zaragoza. Tras más de un año y medio en prisión, la medida de gracia les permitirá recuperar la libertad. Pero no nos engañemos: esto no es justicia completa.
Porque las multas y condenas económicas siguen intactas. Hablamos de cifras que pueden superar los 200.000 euros entre indemnizaciones, costas y sanciones. Una carga asfixiante que no desaparece con el indulto y que demuestra que el castigo no era solo privarles de libertad, sino también quebrarles económicamente.
Estar en la calle, alzar la voz contra el fascismo y defender derechos no debería ser motivo de cárcel. Sin embargo, este caso —como tantos otros— se ha construido sin pruebas sólidas, basándose únicamente en testimonios policiales y grabaciones de mala calidad que no permitían identificar a los acusados. Es la enésima vez que vemos cómo se condena a personas por ejercer su derecho a protestar, mientras el poder policial actúa sin rendir cuentas.
Las detenciones se produjeron horas después de los altercados, lejos del lugar, y de forma aleatoria. Aun así, los tribunales ratificaron las condenas una y otra vez. Este patrón se repite: acusaciones sin pruebas materiales, sentencias que se sostienen en la palabra de quienes tienen el monopolio de la fuerza, y un sistema que protege más la imagen de la autoridad que los derechos de la ciudadanía.
El indulto de Adrián y Javitxu es fruto de años de movilización popular: manifestaciones, recogidas de firmas, campañas en redes, actos y solidaridad constante. Pero dos compañeros siguen en prisión —Imad y Daniel— y las sanciones económicas continúan. No podemos hablar de victoria total mientras haya personas encarceladas por protestar y familias endeudadas por defender la dignidad.
Este caso es un recordatorio de que la protesta es un derecho, no un crimen. Y de que la impunidad policial y judicial se combate con organización, solidaridad y presión constante. No nos conformamos con indultos parciales: exigimos la libertad de todos y la anulación de las multas. Porque defender derechos nunca debería costar cárcel… ni 200.000 euros.
Vaya mierda de solución ,que pasa con los otros cuatro? Que pasa con las sanciones economicas , esto no se puede aguantar,que forma es esta de taparnos la boca ante tan grave injusticia .