En la Asamblea de Madrid, el bipartidismo ha vuelto a dar una lección… pero no de servicio público, sino de cómo blindar privilegios. PP y PSOE han aprobado una nueva subida salarial para sus diputados y diputadas, la segunda en menos de un año, que eleva el sueldo base a 3.883,02 euros brutos mensuales. Y eso sin contar los jugosos complementos que, en algunos casos, disparan la nómina por encima de los 5.900 euros.
La justificación oficial es ya un clásico: “dignificar la política”. Pero la realidad es que, mientras millones de madrileños lidian con alquileres imposibles, sueldos congelados y servicios públicos tensionados, sus representantes se han asegurado un incremento acumulado del 8,5% entre 2024 y 2025.
El argumento de que “otros parlamentos cobran más” suena hueco cuando se recuerda que el Ministerio de Hacienda ha aclarado que no existía obligación legal alguna para aplicar esta subida. Fue, simple y llanamente, una decisión política. Una decisión que revela prioridades: igualarse con otros parlamentos… pero no con la ciudadanía a la que dicen representar.
En un contexto de inflación, precariedad y desigualdad, esta medida es un recordatorio de que, para algunos y algunas, la política no es un servicio, sino una carrera profesional con beneficios blindados. Y que la “dignidad” que defienden parece medirse en euros, no en compromiso.
Porque si algo queda claro tras esta nueva subida es que la política madrileña no necesita más dignidad, sino más decencia. Mientras los ciudadanos y ciudadanas hacen malabares para llegar a fin de mes, sus representantes se aseguran que el fin de mes les llegue con holgura. Y todo esto, envuelto en discursos vacíos y apelaciones a la “responsabilidad institucional”. Lo que realmente dignificaría la política sería renunciar a privilegios, rendir cuentas y vivir con los mismos límites que impone la realidad a quienes les votan. Pero claro, eso no cotiza en la Asamblea.
