Mañana el Congreso de los Diputados afronta una votación que puede marcar la vida de cerca de 900.000 personas jubiladas. Se trata de una iniciativa impulsada por Podemos de la Plataforma Regularización Ya con la que ha trabajado la formación morada para presentar esta ILP, para corregir una injusticia histórica que castiga a quienes han dedicado más de cuatro décadas de su vida al trabajo y que, sin embargo, siguen sufriendo penalizaciones en sus pensiones por haber accedido a la jubilación anticipada tras largas carreras de cotización.
La propuesta es sencilla y de puro sentido común: quien ha trabajado durante más de 40 años no debería ver reducida su pensión. Después de toda una vida levantando el país con su esfuerzo, estas personas merecen una jubilación digna y justa, no un castigo económico permanente.
La votación de mañana va mucho más allá de una cuestión técnica o presupuestaria. Es una prueba política para todos aquellos partidos que llenan sus discursos de referencias a los derechos laborales, a la justicia social y a la defensa de la clase trabajadora. Llegó el momento de pasar de las palabras a los hechos.
Durante años hemos escuchado a numerosas formaciones políticas presentarse como representantes de los trabajadores y trabajadoras. Hemos visto discursos sobre la necesidad de proteger las pensiones, combatir las desigualdades y reconocer el esfuerzo de quienes han sostenido nuestro sistema productivo. Sin embargo, cuando llega la hora de votar medidas concretas, demasiadas veces esos compromisos quedan en papel mojado.
Mañana no habrá excusas. Los grupos parlamentarios tendrán que decidir si están con las 900.000 personas afectadas o si vuelven a darles la espalda. Tendrán que elegir entre defender a quienes han cotizado durante más de 40 años o proteger los intereses de quienes consideran que los derechos sociales son siempre un gasto y nunca una inversión.
La iniciativa impulsada por Podemos responde a una reivindicación histórica del movimiento pensionista. Miles de personas llevan años movilizándose para exigir el fin de unas penalizaciones que consideran profundamente injustas. Han llenado plazas, han recorrido las calles y han demostrado una perseverancia ejemplar para reclamar algo tan básico como recibir una pensión acorde al esfuerzo realizado durante toda una vida laboral.
Por eso la votación de mañana tiene también un enorme valor simbólico. Servirá para comprobar quién escucha realmente a los movimientos sociales y quién solo los recuerda durante las campañas electorales. Servirá para saber quién está dispuesto a traducir las reivindicaciones populares en leyes y quién prefiere mantener el statu quo.
Las personas jubiladas que han trabajado más de cuatro décadas no necesitan homenajes ni discursos vacíos. Necesitan justicia. Necesitan que se reconozca su aportación al conjunto de la sociedad. Necesitan que el Congreso deje de mirar hacia otro lado y actúe.
Mañana cada partido tendrá que retratarse. Tendrá que decidir si se pone del lado de quienes han trabajado toda una vida o si, una vez más, abandona a quienes más merecen el respaldo de las instituciones.
Porque defender las pensiones no debería ser una cuestión ideológica. Debería ser una cuestión de dignidad.
