En los últimos días hemos asistido a un nuevo episodio de manipulación política y mediática que debería preocupar a cualquiera que crea en una democracia mínimamente sana. El Gobierno ha presentado un decreto al que ha bautizado como “antiapagones”, y varios medios han repetido el eslogan sin apenas cuestionarlo. Cuando un partido decidió votar no al decreto, la reacción fue inmediata: titulares incendiarios, tertulias acusatorias, acusaciones de votar “con la derecha” y portadas diseñadas no para informar, sino para señalar.
Pero ¿de verdad ese decreto era lo que decían que era? ¿Y de verdad el “NO” era un capricho, una irresponsabilidad, o el único voto coherente ante un texto que poco o nada tenía de escudo social?
El decreto en cuestión no prohíbe los cortes de luz como se ha sugerido, ni garantiza el suministro energético como derecho básico universal. No interviene en el mercado eléctrico, ni frena el saqueo de los grandes oligopolios energéticos. No plantea medidas estructurales para evitar que miles de familias pasen calor en verano o frío en invierno. Simplemente prolonga medidas ya existentes de forma temporal, diluye otras y añade aspectos que nada tienen que ver con los “apagones”.
Pese a esto, el marco mediático ya estaba escrito antes de la votación: cualquier crítica, cualquier disidencia, iba a ser utilizada para reforzar un relato simple y falso usando tertulias y conocidas cuentas de X. ¿Por qué? Porque el poder mediático en España, lejos de funcionar como contrapeso democrático, actúa cada vez más como brazo comunicativo de los intereses gubernamentales.
Se ha repetido hasta la saciedad que votar contra el decreto era hacerlo “con el PP y Vox”. Es una acusación tan vacía como peligrosa. No se juzgan los motivos, no se analizan las propuestas, no se entra en el fondo. Solo importa el gesto, el encuadre, el impacto rápido. Es una forma de degradar el debate público y de criminalizar la disidencia.
No es la primera vez que ocurre. Lo hemos visto en votaciones clave sobre vivienda, sobre recortes, sobre derechos laborales. Cada vez que un grupo se niega a firmar un cheque en blanco, se activa la maquinaria de demolición. Se recorta el contexto, se difunde una narrativa diseñada para desacreditar, y se alimenta la idea de que todo lo que no sea obediencia es sabotaje.
El problema no es solo político, es profundamente mediático y cultural. Hemos normalizado no informarnos, no contrastar. Consumimos titulares como si fueran hechos, opinamos a partir de eslóganes, y aceptamos como verdad lo que repiten unas cuantas voces bien colocadas. Leer una opinión se ha vuelto equivalente a saber lo que pasa. Y eso convierte cualquier democracia en un decorado.
Votar contra un decreto tramposo no es estar con la ultraderecha. Fingir que lo es, sí lo es: es manipulación. Y usar esa manipulación para atacar a quienes no se pliegan, eso sí es profundamente antidemocrático.
Frente a esa lógica, hace falta algo tan sencillo como valiente, decir la verdad, aunque duela, aunque no encaje, aunque te pongan en la diana. Porque lo que está en juego no es solo una votación concreta, es el derecho a disentir sin ser criminalizado. Y eso es esencial para que exista democracia.
Hace mucho que no existe la opinión pública, sino la opinión publicada.
