Podemos denuncia que la reforma del Reglamento de Comercio de Material de Defensa busca consolidar un «régimen de guerra» mientras continúan sin resolverse los principales problemas sociales del país.
Mientras millones de personas en nuestro país sufren las consecuencias de una crisis de vivienda sin precedentes, listas de espera sanitarias cada vez más largas y el deterioro de los servicios públicos, el Gobierno de PSOE y Sumar ha decidido poner una de sus prioridades en facilitar el negocio de la industria armamentística.
El Ministerio de Economía ha iniciado la reforma del Reglamento de Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Productos y Tecnologías de Doble Uso, una normativa que regula las exportaciones de armamento y tecnologías susceptibles de uso militar. El Ejecutivo defiende que se trata de una actualización técnica para adaptar la legislación a los nuevos escenarios geopolíticos y tecnológicos. Sin embargo, desde Podemos denuncian que el verdadero objetivo es acelerar y facilitar la expansión de la industria militar española.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido contundente al valorar esta reforma. Según denunció en rueda de prensa en el Congreso, el Gobierno pretende «dejar atado y bien atado el régimen de guerra» en España y avanzar hacia una reconversión de la economía nacional para que esté cada vez más orientada a la producción militar. Además, acusó al Ejecutivo de impulsar una normativa «dictada al dedillo por la industria armamentística y por el lobby armamentístico».
Las palabras de Belarra reflejan una preocupación creciente entre quienes consideran que Europa y España están entrando en una peligrosa dinámica de rearme. Mientras se anuncian miles de millones para gasto militar y se diseñan reformas destinadas a favorecer la producción y exportación de armamento, siguen sin llegar soluciones efectivas para problemas que afectan directamente a la mayoría social.
La vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Miles de jóvenes no pueden emanciparse, los alquileres baten récords históricos y los desahucios siguen produciéndose cada semana. En paralelo, la sanidad pública atraviesa una situación crítica tras años de privatizaciones, falta de inversión y deterioro de las condiciones laborales de sus profesionales.
«Más armas y menos derechos: el Gobierno prioriza el rearme mientras se agravan la crisis de vivienda y el deterioro de la sanidad pública»
Resulta difícil explicar a quienes esperan meses para una operación quirúrgica o destinan más de la mitad de su salario al alquiler que las prioridades del Gobierno pasen por reformar la normativa para facilitar las exportaciones de material militar. La pregunta es inevitable: ¿por qué hay recursos, voluntad política y rapidez para impulsar el negocio armamentístico mientras se retrasan medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda o reforzar los servicios públicos?
Desde Podemos insisten en que el camino debe ser justamente el contrario. Frente a la economía de guerra y el rearme, defienden invertir en vivienda pública, sanidad, educación, dependencia y transición ecológica. Frente a los intereses de los grandes lobbies armamentísticos, proponen poner los recursos del Estado al servicio de las necesidades reales de la ciudadanía.
La reforma del Reglamento de Comercio de Material de Defensa y de Doble Uso abre un debate de fondo sobre el modelo de país que se quiere construir. Un país que destina cada vez más recursos a la industria militar o un país que garantiza derechos básicos a su población. En un momento marcado por la emergencia habitacional y el deterioro de los servicios públicos, la elección debería ser evidente.
