Las educadoras infantiles han dicho basta. Tras años soportando salarios de miseria, ratios imposibles y un abandono institucional vergonzoso, miles de trabajadoras del ciclo de 0 a 3 años continúan en huelga indefinida mientras los gobiernos autonómicos y estatal siguen sin ofrecer soluciones reales. Quienes sostienen una de las etapas más importantes en el desarrollo de nuestros hijos e hijas están siendo tratadas como mano de obra barata, invisibilizada y precarizada. Y lo más indignante es que sus reivindicaciones no son excesivas ni radicales: piden condiciones dignas para poder educar, cuidar y atender a la infancia como merece.
Mientras que los gobiernos autonómicos y estatal se llenan la boca hablando de conciliación, natalidad y “apoyo a las familias”, miles de educadoras infantiles continúan en huelga indefinida denunciando unas condiciones laborales que rozan la explotación. Y lo más grave es que sus reivindicaciones no son ningún privilegio: son demandas básicas para garantizar una educación digna y segura para nuestros hijos e hijas.
Las trabajadoras del ciclo de 0 a 3 años llevan meses denunciando salarios miserables, ratios inasumibles y una absoluta falta de reconocimiento profesional. En muchos centros, especialmente en aquellos gestionados de forma privada o externalizada, las educadoras apenas cobran poco más que el Salario Mínimo Interprofesional. Algunas reconocen públicamente que necesitan un segundo empleo o depender económicamente de sus parejas para sobrevivir.
Y aun así, sobre sus espaldas recae una de las tareas más importantes de cualquier sociedad: el cuidado, la atención y la educación en la primera infancia.
Porque no, las escuelas infantiles no son “guarderías”. Son espacios educativos fundamentales para el desarrollo emocional, cognitivo y social de niños y niñas. Sin embargo, las administraciones continúan tratándolas como un servicio secundario y barato, sostenido casi exclusivamente por mujeres precarizadas. El 97% del sector son mujeres.
Las cifras son escandalosas. Las educadoras denuncian que una sola trabajadora puede llegar a atender a 8 bebés, 14 niños de entre 1 y 2 años o hasta 20 criaturas de 2 a 3 años. Ratios completamente incompatibles con una atención educativa y afectiva de calidad.
¿De verdad alguien cree que una sola persona puede atender adecuadamente a 20 niños pequeños? ¿Qué pasa cuando uno llora, otro necesita cambiarse, otro se cae y otro tiene necesidades especiales? Esto no es educación digna. Es supervivencia diaria.
Las profesionales reclaman algo tan lógico como reducir ratios, aumentar plantillas, reconocer pedagógicamente la etapa 0-3 y mejorar salarios. También piden más recursos para atender a menores con necesidades educativas especiales y acabar con las enormes desigualdades entre centros públicos, privatizados y externalizados.
Pero frente a estas demandas, la respuesta institucional está siendo el silencio o directamente la represión administrativa mediante servicios mínimos abusivos que dificultan el derecho a huelga.
Es especialmente sangrante ver cómo gobiernos que presumen de feminismo permiten que un sector altamente feminizado siga atrapado en la precariedad estructural. Mucho discurso institucional el 8M, pero cuando miles de mujeres trabajadoras salen a la calle exigiendo derechos básicos, desaparecen las cámaras, desaparecen los ministros y desaparecen las consejerías.
La realidad es que la educación infantil de 0 a 3 años nunca ha sido una prioridad política real. Durante años se ha utilizado como herramienta propagandística para anunciar gratuidades o cheques infantiles mientras se mantenía un modelo sostenido sobre bajos salarios, externalizaciones y plantillas agotadas.
Y mientras tanto, las familias también sufren las consecuencias. Porque precarizar a las educadoras infantiles es precarizar la educación de la infancia. No puede haber calidad educativa cuando quienes sostienen el sistema están exhaustas, mal pagadas y completamente abandonadas por las administraciones.
Lo que está ocurriendo con esta huelga retrata perfectamente las prioridades políticas actuales: millones para contratos privatizados, macroproyectos o propaganda institucional, pero ni voluntad ni recursos para dignificar uno de los pilares más importantes del sistema educativo.
Las educadoras infantiles no están pidiendo privilegios. Están pidiendo dignidad. Y cualquier gobierno que ignore estas reivindicaciones está demostrando que considera la educación infantil un gasto y no una inversión social imprescindible.
Porque cuidar y educar a la infancia debería ser una prioridad de país. Pero hoy, en España, parece importar más el titular político que el futuro de nuestros niños y niñas.
