El Gobierno municipal de Manuel Bautista ha terminado retirando la polémica licitación de catering promovida por Móstoles Desarrollo. El contrato permitía gastar hasta 880.000 euros durante cuatro años en desayunos, brunch, cócteles, cenas, sushi preparado en directo y jamón ibérico con cortador.
La rectificación llega después de varios días de indignación pública. Sin embargo, retirar el procedimiento no basta. El Partido Popular debe explicar quién diseñó este contrato, qué necesidades pretendía cubrir y cómo pudo establecerse un límite económico tan alejado del gasto real de los últimos años.
La documentación oficial del perfil del contratante ya recoge el “desistimiento del procedimiento de adjudicación”. Por tanto, no estamos ante una simple revisión técnica. Estamos ante una marcha atrás política provocada por una licitación que nunca debió plantearse en esos términos.
Un máximo de 880.000 euros que exige explicaciones
La licitación establecía un importe anual máximo de 200.000 euros. Su duración inicial podía alcanzar los dos años, con la posibilidad de prorrogarla hasta cuatro. El valor máximo estimado ascendía así a 880.000 euros.
Es importante explicar con rigor que esa cifra no constituía un gasto obligatorio. Al tratarse de un acuerdo marco, Móstoles Desarrollo únicamente habría pagado los servicios solicitados.
No obstante, esa precisión no elimina el problema. El propio Ayuntamiento asegura que el gasto real en catering fue de unos 20.000 euros en 2024 y una cantidad similar en 2025. Por tanto, el límite anual previsto multiplicaba por diez el gasto de cada uno de esos ejercicios.
Si el consumo anterior rondaba los 20.000 euros anuales, ¿por qué se diseñó un contrato con capacidad para alcanzar los 200.000 euros cada año? ¿Qué previsiones justificaban semejante diferencia? ¿Cuántos actos pensaba organizar el Gobierno municipal? ¿Cuántas personas asistirían y qué beneficio concreto obtendría la ciudad?
El PP no puede responder a estas preguntas limitándose a decir que el importe era solo un máximo. Los límites de los contratos públicos también deben calcularse con criterios objetivos, proporcionados y transparentes.
Sushi, jamón ibérico y menús de hasta 95 euros
El contenido de la licitación explica buena parte de la indignación ciudadana. El expediente estaba dividido en cuatro lotes destinados a desayunos y brunch, aperitivos y cócteles, almuerzos y cenas, y estaciones gastronómicas.
El contrato contemplaba desayunos premium, cócteles de hasta 42 euros por persona y menús sentados que podían alcanzar los 95 euros por comensal. También incluía estaciones de sushi elaborado en directo por personal especializado.
El jamón tampoco podía ser cualquiera. El pliego exigía una pieza de unos ocho kilos, de bellota, con un mínimo del 50 % de raza ibérica y precinto rojo. Además, debía servirse con un cortador profesional durante el evento.
La primera pieza con cortador podía alcanzar los 800 euros sin IVA. Mientras tanto, los vinos blancos y tintos debían ser de “calidad superior”.
No se cuestiona que una administración pueda ofrecer un servicio sencillo de catering en determinados encuentros. Lo que se cuestiona es la incorporación de modalidades premium y productos muy específicos dentro de un contrato público con un límite económico desproporcionado respecto al consumo anterior.
Una empresa pública que debería crear empleo
La polémica resulta todavía más grave porque la licitación partía de Móstoles Desarrollo. Esta empresa municipal asegura que su finalidad es impulsar el desarrollo socioeconómico, el empleo, la formación, el emprendimiento y la innovación empresarial.
Por eso resulta legítimo preguntar qué relación existe entre esos objetivos y la contratación de sushi en directo, cócteles premium o jamón ibérico con cortador.
Móstoles Desarrollo debería concentrar sus recursos en ayudar a quienes buscan empleo, apoyar al pequeño comercio, acompañar a las personas autónomas y fortalecer el tejido empresarial de la ciudad. No debería convertirse en una agencia dedicada a organizar actos para la promoción política del Gobierno municipal.
Además, la licitación apareció después de que las cuentas de 2025 reflejaran pérdidas superiores a los 224.000 euros, según la información publicada por la Cadena SER. Este contexto obligaba a actuar con especial prudencia. Sin embargo, el PP hizo exactamente lo contrario: presentó un contrato sobredimensionado y lleno de servicios difíciles de defender.
El PP rectifica cuando queda retratado
El Gobierno municipal sostiene ahora que reformulará el procedimiento para que su configuración económica refleje mejor el consumo real de Móstoles Desarrollo.
Esta explicación confirma que la primera licitación estaba mal calculada. Si el contrato reflejaba correctamente las necesidades municipales, ¿por qué retirarlo? Y si no las reflejaba, ¿cómo llegó a publicarse?
El problema no es solo la cifra. También lo es la forma de gobernar. La licitación se publicó el 16 de agosto, en pleno parón estival. Solo después de que los medios de comunicación y la oposición denunciaran su contenido, el Ejecutivo municipal decidió dar marcha atrás.
Móstoles no necesita gobiernos que rectifiquen únicamente cuando los descubren. Necesita planificación, transparencia y control previo del dinero público.
La ciudadanía merece conocer toda la verdad
La retirada del contrato es una buena noticia, pero no puede cerrar el debate. Podemos Móstoles exige que el Gobierno municipal publique la memoria que justificó la licitación, detalle los eventos previstos y explique cómo calculó el límite de 880.000 euros.
También debe aclarar quién autorizó el expediente, qué controles internos superó y por qué no se utilizó desde el principio una estimación ajustada al gasto histórico.
Asimismo, cualquier nuevo procedimiento debe limitarse a servicios realmente necesarios. Sus importes deben ser proporcionados y cada encargo debe quedar publicado de forma accesible, con el número de asistentes, el coste y la finalidad del acto.
Menos propaganda y más servicios públicos
Mientras el PP preparaba este catálogo de catering, Móstoles continuaba acumulando problemas de mantenimiento, limpieza, accesibilidad, vivienda y políticas sociales. Los comerciantes y las pequeñas empresas también siguen reclamando apoyo efectivo.
La portavoz de Podemos Móstoles, Mónica Monterreal, lo resume con claridad: “Mientras Móstoles tiene necesidades pendientes en servicios públicos, vivienda, mantenimiento, accesibilidad o políticas sociales, el Gobierno del PP pretende despilfarrar casi un millón de euros en catering”.
El Partido Popular ha retirado la licitación, pero no puede retirar las preguntas. Tampoco puede borrar el documento ni las prioridades políticas que revela.
El dinero público debe utilizarse para mejorar la vida de los vecinos y las vecinas. Móstoles necesita más empleo, más apoyo al comercio local, mejores servicios públicos y barrios cuidados. No necesita sushi institucional, cócteles premium ni jamón ibérico para alimentar la propaganda del Gobierno municipal.
