La Comunidad de Madrid compró en abril un ático de lujo de 485 metros cuadrados, con casi 200 metros de terraza, en una de las zonas más caras de la capital. Lo hizo mediante la empresa pública Planifica Madrid, pagó 6,3 millones de euros y justificó la operación como una solución temporal para Isabel Díaz Ayuso durante las obras de la Real Casa de Correos. Sin embargo, el inmueble es residencial y no puede utilizarse como oficina en los términos anunciados. Cuando la compra salió a la luz, el Gobierno regional se apresuró a ponerlo a la venta.
Ayuso niega que el inmueble fuera a destinarse a su uso personal. Pero la presidenta no puede pretender que su negativa cierre el debate. La sucesión de decisiones, silencios y contradicciones hace que la versión oficial resulte muy poco creíble. En política, las explicaciones deben encajar con los hechos. En este caso, no encajan.
Una compra millonaria conocida meses después
Planifica Madrid adquirió el ático del paseo del General Martínez Campos el 14 de abril de 2026 por 6,3 millones de euros. La operación no se conoció públicamente hasta finales de julio.
Cuando fue revelada, no constaba en el portal de transparencia ni en las cuentas anuales de la empresa pública. Tampoco estaba disponible la memoria que debía justificar la necesidad de la adquisición. A los 6,3 millones hay que sumar 378.000 euros de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, aunque ese tributo retorna a las arcas autonómicas. La documentación justificativa seguía sin publicarse el 26 de agosto.
La primera pregunta es elemental: si el ático de Ayuso en Chamberí respondía a una necesidad legítima de la Administración, ¿por qué permanecieron ocultos durante meses el precio, el expediente, la tasación, el análisis de viabilidad y la identidad de quien dio la orden?
No estamos hablando de una compra menor. Son millones de euros de patrimonio público. El Gobierno de Ayuso tenía la obligación de acreditar, antes de firmar, por qué necesitaba ese inmueble concreto, por qué no servían otras dependencias públicas y por qué resultaba razonable comprar una vivienda de lujo para solucionar un traslado provisional.
Se buscaba un ático de lujo, no una oficina
Los datos conocidos posteriormente agravan las sospechas. Según la información publicada por EL PAÍS, entre enero y marzo se encargó buscar un piso de entre 250 y 400 metros cuadrados, situado en Chamberí o sus alrededores y con una gran terraza. Las instrucciones no habrían exigido que el inmueble pudiera albergar legalmente oficinas o despachos.
La búsqueda se confió a Promora, una inmobiliaria especializada en viviendas de lujo. La agencia mostró al menos dos propiedades. Una de ellas, en Pintor Rosales, costaba cuatro millones de euros. Finalmente se eligió la opción más cara: un ático de 485 metros, casi 200 de terraza, cinco habitaciones, seis baños, dos plazas de garaje y dos trasteros.
Es difícil encontrar en esas características una necesidad administrativa. Metros de terraza, lujo residencial y ubicación en Chamberí parecen criterios pensados para la comodidad y el disfrute de una persona, no para el funcionamiento temporal de una oficina pública.
Además, el inmueble se encuentra enfrente de la residencia de la madre de Ayuso y en el entorno en el que la presidenta ha vivido durante años.
Ninguno de estos elementos demuestra por sí solo un delito ni acredita judicialmente que Ayuso pensara instalar allí su vivienda. Pero, sumados, permiten sostener una conclusión política clara: todo apunta a que el inmueble fue elegido pensando en la presidenta y en su uso particular, no en una necesidad objetiva de la Administración.
La carga de disipar esa sospecha corresponde a quien gastó el dinero público, no a quienes exigen explicaciones.
Una “oficina” que legalmente no podía ser oficina
La explicación inicial del Gobierno regional fue que el inmueble serviría como oficina provisional durante las obras de la Real Casa de Correos. El problema es que el ático tiene uso residencial y la normativa urbanística no permite dedicarlo exclusivamente a oficinas.
Hasta Alberto Núñez Feijóo ha reconocido que la Comunidad debe explicar por qué compró un inmueble que no podía destinarse al uso anunciado.
Esta contradicción desmonta el centro de la defensa de Ayuso. Si se buscaba realmente una oficina, lo primero era comprobar que el espacio pudiera funcionar legalmente como oficina.
Resulta inverosímil que una empresa pública gaste 6,3 millones de euros sin verificar algo tan básico. Y, si lo verificó, entonces sabía que la justificación ofrecida no se correspondía con el uso permitido.
Tampoco convence la urgencia por las reformas de Sol. Comprar un ático de lujo para cubrir una necesidad temporal es una decisión desproporcionada cuando la Comunidad dispone de numerosos inmuebles y puede alquilar espacios administrativos.
El Ejecutivo todavía debe demostrar por qué descartó esas alternativas más lógicas, económicas y transparentes.
La puesta a la venta no borra la compra
El Gobierno regional anunció que se desprendería del inmueble apenas día y medio después de conocerse su existencia. La venta se formalizó el 7 de agosto con un precio de salida de 6.694.201 euros, sin impuestos, y un plazo para presentar ofertas hasta el 7 de septiembre.
Por tanto, a 26 de agosto el ático no está vendido: está puesto a la venta. RTVE recogió tanto la licitación como la denuncia anunciada por el PSOE ante la Fiscalía.
La diferencia bruta entre el precio de compra y el precio de salida ronda los 394.000 euros. Sin embargo, eso no permite hablar de beneficio hasta que exista comprador y se descuenten todos los gastos derivados de la operación.
Vender no convierte una compra injustificada en una buena gestión.
El argumento de destinar los ingresos a la reconstrucción de la Sierra Oeste tampoco resuelve el escándalo. El inmueble pertenece a Planifica Madrid, una sociedad mercantil pública con patrimonio y cuentas propias. El dinero de una eventual venta no puede transferirse de manera directa e inmediata a las personas afectadas por los incendios sin una operación societaria posterior.
La secuencia es reveladora: primero se compra en silencio; después se improvisa una explicación que choca con la normativa; cuando la prensa descubre la operación, se anuncia una venta acelerada; y finalmente se intenta presentar esa retirada como solidaridad con las víctimas de los incendios.
Eso no es planificación. Es una huida hacia delante.
Ayuso no puede cerrar el caso con un “chao, pescao”
Ayuso pretende zanjar la polémica diciendo que nunca pidió una residencia oficial y despachando las preguntas con un “chao, pescao”. Pero el patrimonio de la Comunidad de Madrid no es suyo. Cada euro pertenece a la ciudadanía madrileña y exige rendición de cuentas.
Mientras miles de jóvenes y familias no pueden acceder a una vivienda digna, el Gobierno regional encontró 6,3 millones para comprar un ático de lujo vinculado al uso de su presidenta.
Mientras Ayuso rechaza intervenir un mercado inmobiliario que expulsa a la población trabajadora, su Ejecutivo sí intervino con dinero público para adquirir una propiedad excepcional en Chamberí.
El problema no es únicamente el ático de Ayuso en Chamberí. El problema es una forma de ejercer el poder que confunde lo institucional con lo personal, que oculta información hasta que la descubre la prensa y que responde a las preguntas como si fiscalizar millones de euros fuera una molestia.
La venta no puede servir de borrón y cuenta nueva. Antes de dar el asunto por cerrado, Planifica Madrid debe publicar el expediente completo, la tasación, las actas, la memoria justificativa, el análisis de alternativas y la orden que inició la búsqueda.
Ayuso debe explicar quién decidió comprar el ático, para qué se quería realmente y por qué se eligió una vivienda de lujo que no podía funcionar como la oficina prometida.
Hasta que esas respuestas lleguen, la sospecha seguirá plenamente justificada: el Gobierno de Ayuso quiso poner un ático de lujo a disposición particular de la presidenta y solo renunció a la operación cuando fue descubierto.
Negarlo no basta. La transparencia se demuestra con documentos, no con eslóganes ni desplantes.
