El desahucio de Maricarmen me produce rabia, vergüenza e indignación. A sus 87 años, después de siete décadas en su casa de Madrid, ha sido desahuciada mientras su barrio intentaba impedirlo. La Cadena SER ha informado de la ejecución del desalojo este 23 de septiembre. Detrás está Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda.
Me niego a aceptar que podamos contemplar semejante crueldad como un trámite inevitable. Una mujer pierde su hogar, sus rutinas y la seguridad que necesita a su edad. Mientras tanto, las instituciones vuelven a demostrar que sus promesas de protección tienen agujeros por los que cabe una vida entera.
El PSOE gobierna: el PSOE debe responder
Señalo directamente al PSOE. Lo considero el principal responsable político desde el Gobierno central por la falta de una protección efectiva para Maricarmen. Presidir el Ejecutivo y presentarse como garante del escudo social obliga a responder cuando una mujer de 87 años acaba perdiendo su hogar.
No basta con lamentarlo ante las cámaras. La indignación de quienes gobiernan resulta vacía cuando no se traduce en decisiones que lleguen a tiempo.
La semana anterior, el PSOE se abstuvo ante una proposición de ley de Sumar que pretendía prohibir la compra de viviendas a fondos buitres. La iniciativa fue rechazada. Esa abstención debe formar parte del debate sobre qué intereses se protegen en el Congreso.
Aquella propuesta no paralizaba automáticamente el desahucio de Maricarmen. Pero la responsabilidad política permanece: el PSOE renunció a respaldar una medida dirigida a limitar la entrada de empresas en el mercado de la vivienda.
¿Cómo puede presumir de defender este derecho mientras se abstiene ante medidas que buscan frenar el negocio inmobiliario? Esa contradicción merece una crítica frontal.
Estoy harto de sus promesas y de sus excusas. El PSOE pide confianza para gobernar; por tanto, debe aceptar que le exijamos resultados. Maricarmen necesitaba protección a tiempo. La compasión expresada después no le devuelve la seguridad de su hogar.
Al PSOE le exijo que deje de administrar la indignación y asuma el coste político de enfrentarse a la especulación. Gobernar también significa decidir qué intereses se está dispuesto a incomodar.
Una vida sometida al negocio inmobiliario
Maricarmen pagaba unos 500 euros mensuales. La propiedad reclamaba un alquiler de 2.650 euros, superior a su pensión. Estas cifras muestran la distancia entre lo que una persona puede pagar y lo que una empresa pretende obtener de su vivienda.
Además, según su abogada, la propiedad rechazó las alternativas planteadas para evitar el desalojo, incluida la oferta de una persona dispuesta a pagar el alquiler. La defensa denunció también que se negó un margen de tiempo para recoger sus pertenencias.
Esa es la lógica de los fondos buitre que rechazo: convertir una casa en una operación económica y tratar a quien vive dentro como un obstáculo.
Una sociedad decente debe imponer límites a ese poder. Si conservar tu hogar depende de que una empresa acepte una súplica, la protección institucional ha fracasado.
Cargas policiales contra la solidaridad vecinal
A la indignación por el desahucio se suman las cargas policiales contra las personas concentradas para impedirlo. Me resulta insoportable que quienes acudieron a acompañar a Maricarmen se encontraran con esa respuesta de fuerza.
La Delegación del Gobierno sostiene que la Policía actuaba por mandato judicial y que no dirigía el dispositivo. Esa explicación no elimina la obligación de responder por la actuación policial y por cómo se empleó la fuerza.
Exijo que se investigue cualquier posible exceso y que se depuren las responsabilidades que correspondan. La ciudadanía tiene derecho a protestar y a reclamar protección para una persona vulnerable.
El Gobierno debe dar explicaciones. También deben hacerlo el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por sus respectivas actuaciones. Ninguna administración puede convertir el reparto de competencias en una excusa para abandonar a una vecina.
El desahucio de Maricarmen exige leyes urgentes
La vivienda es un derecho y su protección debe concretarse en leyes, recursos y decisiones que se cumplan.
Defiendo una protección efectiva frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional adecuada. También contratos de alquiler estables, límites a las subidas abusivas y medidas que frenen la especulación.
Necesitamos vivienda pública permanente y una respuesta que llegue antes del lanzamiento. Las personas mayores merecen soluciones adaptadas a sus necesidades, que respeten sus vínculos y su autonomía.
El PSOE debe impulsar esas reformas, buscar los apoyos necesarios y responder públicamente por los resultados. Las dificultades parlamentarias requieren trabajo político. No pueden convertirse en una coartada permanente.
Me quedo con la dignidad de quienes acompañaron a Maricarmen y se negaron a mirar hacia otro lado. Esa solidaridad merece unas instituciones a su altura.
Mi enfado tiene un destinatario político claro: el PSOE. Le exijo que asuma su responsabilidad y actúe. Un Gobierno que se reivindica progresista debe rendir cuentas cuando su protección social falla de esta manera.
La valentía de Irene Montero y Podemos frente al desahucio de Maricarmen
Quiero reconocer la enorme valentía de Irene Montero y de las demás dirigentes de Podemos que han acudido a apoyar a Maricarmen, poniendo el cuerpo junto al vecindario para intentar frenar el desahucio. Irene ha estado en primera línea, frente al dispositivo policial, defendiendo que una mujer de 87 años pudiera permanecer en su hogar. Esa implicación merece respeto y reconocimiento. Para mí, expresa el compromiso que debe tener la izquierda: acompañar a quienes sufren una injusticia y sostener sus derechos también en la calle. Al PSOE le corresponde explicar por qué esa solidaridad no encontró una protección institucional capaz de evitar este desenlace.
La próxima vez que el PSOE hable del derecho a la vivienda, recordaré a Maricarmen. Y le preguntaré qué ha cambiado para que ninguna otra persona tenga que pasar por lo mismo.
