Opinión | 29 de septiembre de 2026
La vivienda necesita límites de precios, expropiación de los pisos de los fondos buitre y un parque social permanente. Las familias no pueden seguir esperando mientras el Gobierno negocia cómo preservar la rentabilidad de los propietarios.
El decreto de vivienda de PSOE y Sumar llega ante una ciudadanía que ya no puede más. Mi valoración es clara: las medidas anunciadas son insuficientes. Prorrogar contratos puede aliviar una urgencia, pero no resuelve el problema de quien conserva su casa a costa de renunciar a todo lo demás. Tampoco basta con frenar algunas operaciones especulativas mientras se mantiene intacto el poder de quienes acumulan viviendas para vivir de la necesidad ajena.
La acampada de Sol y las movilizaciones en otras ciudades expresan ese hartazgo. RTVE también ha informado de la acampada en la plaza de la Encarnación de Sevilla y de las protestas en Barcelona. Son una advertencia política que PSOE y Sumar deberían escuchar: la paciencia de la gente tiene un límite.
Qué incluye el decreto de vivienda y por qué resulta insuficiente
Según la información publicada por la Cadena SER este martes, el primer decreto incorpora protección frente a desahucios hasta 2030, regulación de alquileres de temporada y habitaciones, restricciones a las compras de fondos buitre hasta 2028 y dos años de prórroga para contratos vigentes que finalicen antes de terminar 2028. La renovación automática se ha situado en un segundo texto. Son anuncios cuyo alcance concreto debe comprobarse en el articulado definitivo.
El borrador explicado por ElPlural incluía además transparencia en los anuncios, derechos de compra preferente para inquilinos, fiscalidad sobre pisos turísticos, deducciones para jóvenes y propietarios, ayudas a la primera compra, protección del parque estatal, cambios en las socimis y menor IVA para construir vivienda protegida permanente.
Reconozco la utilidad de cualquier protección que evite una expulsión. Pero me niego a aceptar que unas prórrogas se presenten como solución suficiente. Si el alquiler sigue siendo inasumible, prolongar el contrato también prolonga el ahogo. Necesitamos seguridad para permanecer y precios que permitan vivir.
Expropiar las viviendas de los fondos buitre y prohibirles comprar
Mi propuesta es inequívoca: hay que expropiar las viviendas de los fondos buitre para incorporarlas a un parque público de alquiler social permanente. Defiendo una expropiación regulada por ley, con las garantías y compensaciones que correspondan, orientada a satisfacer una necesidad social urgente.
Además, debe prohibírseles comprar viviendas por ley y de forma permanente. Una restricción temporal hasta 2028 no responde a lo que reclamo. La vivienda debe dejar de ser un activo con el que estos fondos puedan entrar, extraer rentas y salir cuando hayan obtenido el beneficio esperado.
Esa prohibición necesita una definición precisa de los sujetos afectados, transparencia sobre sus propietarios reales y controles sobre sociedades vinculadas. De lo contrario, bastará con cambiar el nombre de la empresa que compra. Una política seria debe cerrar esas vías de elusión desde el principio.
PSOE y Sumar deberían explicar por qué consideran aceptable preservar ese negocio mientras tantas familias carecen de una vivienda asequible. Gobernar también consiste en decidir qué intereses deben ceder ante una necesidad colectiva.
Topar compra y alquiler: ningún hogar por encima del 30 % de sus ingresos
Defiendo un límite obligatorio: ningún hogar debería dedicar más del 30 % de sus ingresos netos a pagar su vivienda. En el alquiler, ese umbral debe traducirse en una renta máxima asequible. En la compra de vivienda habitual, debe garantizarse que la cuota no supere ese esfuerzo económico.
Esto exige intervenir también sobre los precios de venta. Alargar las hipotecas durante más años para maquillar una mensualidad no abarata una casa. Tampoco sirve facilitar más deuda si el precio permanece fuera del alcance de quien trabaja.
Por ejemplo, un hogar con 1.500 euros netos mensuales no debería pagar más de 450 euros al mes por el alquiler o la cuota de compra. Ese es el criterio social que propongo para evaluar las políticas de vivienda: cuánto dinero queda para comer, desplazarse, cuidar y vivir después de pagar el techo.
El límite debe acompañarse de vivienda pública suficiente y garantías de acceso para las rentas más bajas. También hacen falta controles para evitar que los propietarios seleccionen únicamente a hogares con mayores ingresos o añadan cobros que burlen el tope. El derecho debe poder ejercerse.
Más impuestos al rentismo, no nuevas bonificaciones a los caseros
Del borrador recogido por ElPlural, uno de los aspectos que más rechazo son los beneficios fiscales a propietarios. El artículo describe una posible reducción del 100 % sobre determinados ingresos del alquiler y advierte de que la rebaja exigida se calcularía después de actualizar la renta.
¿Por qué hay que premiar fiscalmente a quien obtiene ingresos de una vivienda para que cobre una renta menos abusiva? ¿Por qué el esfuerzo público debe volver a facilitar la rentabilidad del propietario?
Yo defiendo lo contrario: elevar con fuerza la fiscalidad del negocio rentista, con tipos progresivos según las viviendas acumuladas y los ingresos obtenidos. Mantener viviendas vacías por motivos especulativos también debe tener un coste elevado. El objetivo es que destinar esos inmuebles al interés público resulte preferible a explotarlos con rentas inasequibles.
Esa presión fiscal debe acompañarse de vías para incorporarlos de forma estable al alquiler social, mediante gestión pública y condiciones verificables. Y exige impedir que los nuevos costes se repercutan a los inquilinos. Subir impuestos sin controlar las rentas podría acabar castigando a quienes queremos proteger.
Vivienda social permanente y protección frente a los desahucios
Necesitamos un parque social amplio, con alquileres vinculados a los ingresos y protección permanente. Las viviendas incorporadas con recursos públicos deben seguir cumpliendo esa función y quedar fuera de futuras operaciones especulativas.
También defiendo contratos indefinidos o de renovación automática con causas justificadas de resolución y garantías efectivas. La llegada de una fecha no debería bastar para expulsar a una familia que cumple sus obligaciones. La regulación de temporada y habitaciones debe impedir que esas modalidades se utilicen para eludir la protección del alquiler habitual.
Y ninguna persona vulnerable debería ser desahuciada sin una alternativa habitacional adecuada. Esa garantía necesita presupuesto, viviendas disponibles y administraciones responsables de ofrecer una solución. Una protección escrita que no puede hacerse efectiva deja a la gente igual de desamparada.
PSOE y Sumar deben responder ante la acampada de Sol
PSOE y Sumar comparten la responsabilidad del Gobierno. Por eso no me basta con las discrepancias que escenifican ni con sus explicaciones sobre lo difícil que resulta negociar. La dificultad de llegar a un acuerdo no reduce la urgencia de quienes no pueden pagar.
Al PSOE le exijo que deje de situar la rentabilidad inmobiliaria en el centro de sus respuestas. A Sumar le exijo que no convierta cada cesión en una victoria propagandística. Quien forma parte del Consejo de Ministros debe responder por sus decisiones y por sus límites.
Para mí, Sol y las demás plazas movilizadas muestran una ruptura de confianza. Hay personas que ya no esperan una solución de otra rueda de prensa. Necesitan comprobarla en el recibo del alquiler, en la posibilidad de quedarse en su barrio y en la tranquilidad de saber que conservarán su hogar.
Por eso respaldo que la presión social continúe. La medida del éxito será que las viviendas resulten accesibles y seguras. Expropiar los pisos de los fondos buitre, impedir nuevas compras, limitar precios y esfuerzo económico y poner las viviendas al servicio del interés público son decisiones que defiendo abiertamente.
PSOE y Sumar tienen que decidir si están dispuestos a tocar los privilegios que sostienen este problema. La gente ya ha esperado demasiado.
