La crisis de vivienda se ha convertido en el retrato más cruel del fracaso de PSOE y Sumar. Pedro Sánchez ha anunciado elecciones anticipadas para el 29 de noviembre de 2026, después de la derrota parlamentaria de los dos decretos de vivienda. Pero el fracaso político empezó mucho antes: cuando tener un empleo dejó de garantizar un techo y el Gobierno siguió sin ofrecer una respuesta a la altura.
Este ha sido el peor Gobierno de la democracia en relación con las esperanzas de transformación que decía representar. Prometió proteger a la mayoría social y ha sido incapaz de resolver uno de sus problemas más urgentes. Mientras tanto, quienes debían enfrentarse a los privilegios dedicaron demasiadas energías a apartar a Podemos.
La crisis de vivienda desmonta el relato de PSOE y Sumar
No se puede hablar de prosperidad sin preguntar cuánto dinero queda después de pagar el alquiler. Tampoco se puede presumir de avances si independizarse se convierte en un privilegio y formar una familia exige asumir una deuda asfixiante.
Los datos reflejan la magnitud del problema. Según el INE, el precio de compraventa de la vivienda libre aumentó un 12,2 % interanual en el segundo trimestre de 2026. Es un dato de compraventa, no de alquiler, pero muestra hasta qué punto sigue encareciéndose el acceso a una casa.
Ese es el balance que debe afrontar el Ejecutivo. Las familias necesitan soluciones que se noten en sus cuentas, en sus contratos y en su tranquilidad. Una rueda de prensa no paga una mensualidad. Un anuncio no evita que una persona tenga que abandonar su barrio.
El fracaso de PSOE-Sumar va más allá de una votación
La derecha tiene responsabilidad en el bloqueo. PP, Vox, Junts y UPN votaron contra los dos decretos de vivienda. Esa decisión merece una crítica contundente. Sin embargo, su actuación no borra la responsabilidad de quienes gobiernan.
El fracaso de PSOE-Sumar también consiste en haber llegado a este punto sin una respuesta suficiente a la emergencia habitacional. No basta con presentar medidas cuando la indignación ya desborda las instituciones. Gobernar exige anticiparse, fijar prioridades y construir el respaldo necesario para hacerlas realidad.
Al PSOE le corresponde responder por la dirección del Ejecutivo. A Sumar, por su incapacidad para convertir su presencia en el Consejo de Ministros en una transformación suficiente de la política de vivienda.
El gran fracaso de su fórmula: presentaron la reducción del conflicto dentro de la coalición como una ventaja, pero esa supuesta ventaja no ha garantizado una vivienda accesible.
Apartaron a Podemos y debilitaron la capacidad transformadora
La exclusión de Podemos tuvo hechos concretos. Irene Montero quedó fuera de las candidaturas de Sumar en 2023. Después, el nuevo Gobierno se constituyó sin ministros de Podemos.
Se preocuparon demasiado por apartar a quienes estaban dispuestos a incomodar al PSOE. Confundieron una izquierda exigente con un problema y vendieron su debilitamiento como una solución.
Hoy debemos preguntarnos qué ganó la mayoría social con aquella operación. ¿Alquileres asequibles? ¿Mayor capacidad para enfrentarse a los grandes propietarios? ¿Una solución estructural al problema de la vivienda?
Podemos sigue siendo la fuerza que mejor representa una voluntad transformadora y valiente. Su utilidad está en empujar los límites de lo posible y mantener las exigencias sociales cuando resultan incómodas para el socio mayoritario.
Los logros de Podemos en el Gobierno tienen nombres concretos
Defender el papel de Podemos exige hablar de medidas verificables. Fueron avances de un Gobierno de coalición y necesitaron apoyos parlamentarios, además del empuje de los movimientos sociales. Dentro de ese trabajo compartido, los ministerios dirigidos por Podemos impulsaron cambios importantes.
La protección de la infancia frente a la violencia fue uno de ellos. La aprobación de la ley de protección integral de la infancia y la adolescencia reforzó la prevención y la respuesta ante las agresiones a menores. El Ministerio de Derechos Sociales situó esta cuestión entre sus prioridades.
La dependencia recibió un nuevo impulso presupuestario. El plan de choque promovido desde Derechos Sociales incorporó 600 millones de euros adicionales al sistema en 2021. Detrás de esa decisión había una necesidad concreta: atender mejor a quienes necesitan cuidados y apoyar a sus familias.
La ampliación de los derechos LGTBI tuvo en Irene Montero una impulsora fundamental. El Ministerio de Igualdad llevó al Consejo de Ministros el proyecto de ley trans y LGTBIQ+ ,Ley solo es sí, posteriormente convertido en ley. Defender esos derechos frente a las resistencias fue una decisión política.
La primera ley estatal por el derecho a la vivienda también contó con el impulso de Ione Belarra. Fue un avance y, al mismo tiempo, una norma insuficiente para resolver el problema pero al menos se intento, pero el boicot de las Comunidades gobernadas por el PP hizo imposible que fuera útil al negarse a aplicarla. Reconocer sus límites refuerza la necesidad de seguir avanzando.
Ese balance permite entender qué aportaba Podemos: prioridades sociales, presión dentro del Ejecutivo y disposición a asumir conflictos para ampliar derechos.
La vivienda necesita decisiones que afecten a la especulación
La lección de esta crisis debe traducirse en medidas concretas. Hay que limitar los precios, ampliar de forma sostenida la vivienda pública y garantizar protección efectiva frente a los desahucios sin alternativa habitacional.
Hay impedir que los fondos especulativos sigan acumulando viviendas y movilizar sus inmuebles para destinarlos al alquiler social, mediante los instrumentos legales necesarios. El objetivo debe ser que el acceso a un hogar deje de depender de cuánto beneficio espera obtener un gran propietario.
Las ayudas públicas tienen que evaluarse por su efecto real sobre las familias. Si una política moviliza dinero público pero mantiene intacta la carga del alquiler, no está resolviendo el problema de fondo.
Para conseguir cambios hacen falta organización social, recursos y voluntad de enfrentarse a intereses poderosos. Esa debe ser la prioridad de una izquierda que aspire a gobernar.
El 29 de noviembre exige aprender la lección
Las elecciones anticipadas del 29 de noviembre no pueden convertirse en una nueva invitación a olvidar el balance del Gobierno. Pedir confianza exige explicar qué se ha hecho, qué ha fallado y qué va a cambiar.
Fortalecer a Podemos es imprescindible para recuperar una izquierda capaz de exigir, negociar y sostener sus compromisos. La valentía debe medirse en decisiones y en resultados para la mayoría social.
También Podemos tiene que escuchar, organizar y convencer. Su trayectoria ofrece razones para defenderlo, pero el futuro exige convertir esa experiencia en una propuesta clara y creíble.
Podemos tiene que ser el referente de lucha y valentía que necesitamos. Un partido presente en las instituciones y junto a quienes defienden sus derechos en la calle. Porque la confianza se recupera demostrando que, cuando toca elegir, se está del lado de la gente.
