Mientras medio país desconecta por Navidad y los informativos se llenan de luces, lotería y balances amables, el Gobierno ha aprovechado el silencio social para colar una excepción clave en el Real Decreto-ley que supuestamente debía cortar toda relación militar con Israel. El resultado: España sigue comprando y permitiendo armamento vinculado al Estado que está ejecutando el genocidio en Gaza, con total cobertura legal y sin coste político inmediato.
El Ejecutivo vendió el RDL como un giro histórico: prohibición de venta de armas, veto al tránsito por puertos y aeropuertos, y ruptura con la industria bélica israelí. Pero el texto incluye una cláusula que lo cambia todo: se permiten excepciones cuando esté en juego el “interés nacional” o proyectos estratégicos de la industria militar española.
Traducido: el embargo no es un embargo.
La excepción tiene nombre y apellidos. El Gobierno ha decidido excluir de facto a grandes programas militares liderados por Airbus, alegando que muchos de sus sistemas —aviones de transporte, reabastecimiento aéreo, drones o equipos electrónicos— dependen de tecnología y componentes israelíes “sin sustitución inmediata”.
Es decir, si la economía y la industria militar española lo necesitan, el genocidio puede continuar.
La consecuencia directa es que España sigue importando tecnología militar israelí, sosteniendo contratos y manteniendo viva una cadena de valor que acaba en bombardeos sobre población civil. Todo ello mientras el Ejecutivo mantiene el discurso público de condena y se presenta como actor “responsable” en el escenario internacional.
Un embargo de cara a la galería
No es un error técnico ni un descuido legal. Las excepciones estaban previstas desde el principio. El Gobierno sabía que sin ellas el decreto chocaría con los intereses de Defensa, con compromisos internacionales y con los grandes actores de la industria armamentística.
Por eso el RDL se diseñó con una doble cara: gesto simbólico hacia la opinión pública y vía libre real para que el negocio continúe. Un embargo que permite seguir comprando, colaborando y produciendo material militar vinculado a Israel, siempre que se haga bajo el paraguas adecuado.
Organizaciones pro-palestinas como Rescop y sectores políticos críticos lo han denunciado con claridad: no se puede afirmar que se rompe con el genocidio mientras se siguen alimentando sus engranajes genocidas.
El Gobierno quiere el relato sin asumir las consecuencias. Condenar sin cortar relaciones, se indigna sin romper contratos y habla de derechos humanos mientras protege intereses militares y empresariales.
La excepción del RDL es la prueba de que, para el poder, hay vidas que valen menos que un programa industrial.
Y mientras nos desean felices fiestas, las bombas siguen cayendo.
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