La nueva exigencia del certificado de empadronamiento para acceder al transporte público vuelve a poner el foco sobre los más vulnerables mientras el Gobierno madrileño sigue sin actuar contra la especulación inmobiliaria
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado un nuevo paso en una estrategia política que parece tener un objetivo claro: señalar a los más débiles mientras se protege a quienes realmente están deteriorando las condiciones de vida de la mayoría social madrileña.
Desde el pasado 15 de junio, el Gobierno regional exige acreditar el empadronamiento para poder obtener la Tarjeta de Transporte Público Personal. Una medida que afecta especialmente a migrantes y trabajadores que, por diversas circunstancias administrativas o económicas, no están empadronados en la Comunidad de Madrid. Diversas organizaciones sociales y fuerzas políticas han denunciado que esta decisión introduce una barrera adicional para colectivos vulnerables y dificulta procesos de integración y regularización. Además, la oposición ya ha anunciado recursos ante los tribunales.
Un problema inventado para no hablar de los problemas reales
La pregunta es inevitable: ¿por qué el Gobierno de Ayuso dedica tantos esfuerzos a perseguir a quienes utilizan el transporte público para ir a trabajar, mientras guarda absoluto silencio frente a quienes están provocando una auténtica emergencia habitacional?
Madrid vive una crisis de vivienda sin precedentes. Los alquileres se han disparado, la compra de vivienda se ha convertido en un sueño imposible para miles de jóvenes y cada vez más familias destinan más de la mitad de sus ingresos a pagar un techo.
Sin embargo, Ayuso no exige certificados especiales a los fondos de inversión extranjeros que compran edificios enteros para especular. No impone restricciones a los grandes tenedores que acumulan viviendas vacías. No pone límites a los fondos buitre que expulsan a vecinos de sus barrios mediante subidas abusivas de alquileres.
Para esos actores económicos no hay controles extraordinarios, no hay campañas mediáticas ni discursos sobre quién tiene derecho a vivir en Madrid.
La falsa defensa de los recursos públicos
El Gobierno regional justifica esta medida afirmando que las bonificaciones al transporte deben beneficiar a quienes contribuyen fiscalmente en la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, ese argumento se derrumba rápidamente cuando se analiza la realidad de miles de personas migrantes y trabajadores que desarrollan su actividad económica en Madrid, consumen en Madrid, pagan impuestos indirectos en Madrid y contribuyen diariamente al funcionamiento de la región.
La movilidad no es un privilegio. Es una herramienta fundamental para acceder al empleo, la educación y los servicios públicos.
Convertir el transporte público en un instrumento de exclusión social supone atacar precisamente a quienes más dependen de él para desarrollar su proyecto de vida.
La normalización del discurso de la extrema derecha
Resulta especialmente preocupante que incluso desde Vox hayan interpretado esta decisión como una victoria ideológica de sus planteamientos sobre la llamada «prioridad nacional». El debate abierto en torno a esta medida evidencia cómo determinadas políticas terminan legitimando marcos discursivos que presentan a migrantes y personas vulnerables como responsables de problemas que tienen causas muy diferentes.
Mientras se señala a quien utiliza un abono transporte para acudir al trabajo, desaparece del debate público el verdadero problema: la concentración de vivienda en manos de grandes propietarios, la especulación inmobiliaria y la ausencia de una política pública ambiciosa de vivienda.
Madrid necesita soluciones, no chivos expiatorios
Los madrileños y madrileñas no tienen dificultades para encontrar vivienda porque exista un exceso de usuarios del transporte público. No pagan alquileres desorbitados porque haya estudiantes o migrantes utilizando Metro y Cercanías.
Los problemas reales tienen responsables reales: décadas de privatización, especulación urbanística, venta de vivienda pública y ausencia de regulación efectiva frente a los grandes actores financieros que han convertido un derecho fundamental en un negocio multimillonario.
Mientras Ayuso exige certificados de empadronamiento para acceder a una tarjeta de transporte, miles de familias siguen esperando medidas contundentes contra quienes están convirtiendo Madrid en una ciudad cada vez más inaccesible para quienes viven y trabajan en ella.
La pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué tanta dureza contra quienes apenas intentan desplazarse para trabajar y tanta complacencia con quienes están expulsando a los madrileños de sus propios barrios?
