Un escándalo que sacude Móstoles: denuncias ignoradas, amenazas y presunta destrucción de pruebas en la Alcaldía

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La información publicada por El País ha destapado uno de los episodios más graves que ha vivido la política municipal de Móstoles en los últimos años. Una Concejala del PP denunció al Alcalde Manuel Bautista (PP) por presunta agresión sexual y acoso laboral a los órganos internos del PP en Madrid, un caso que, lejos de ser atendido con la diligencia que exige cualquier señal de violencia o abuso de poder, habría sido ignorado, minimizado e incluso silenciado por el entorno institucional que debía protegerla.
Según la investigación periodística, la víctima trasladó sus denuncias de forma reiterada a responsables del PP incluida Isabel Diaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid del PP. Lo que encontró, sin embargo, no fue apoyo ni garantías, sino un clima de presión, miedo y advertencias veladas. La Concejala habría recibido mensajes que buscaban disuadirla de continuar con el proceso, recordándole las consecuencias que podría tener para su puesto en el Ayuntamiento y para su vida profesional. Un patrón clásico de intimidación que, de confirmarse, revelaría un uso profundamente perverso del poder institucional.


Pero el escándalo no termina ahí. El País también señala la existencia de indicios de destrucción de pruebas, un extremo especialmente grave porque no solo compromete la integridad de la investigación, sino que apunta a una posible estrategia para obstaculizar la verdad. La desaparición o manipulación de material relevante en un caso de esta naturaleza no es un simple error administrativo: es un ataque directo al derecho de la víctima a obtener justicia.


Todo ello se habría producido en un contexto donde la víctima, lejos de ser escuchada, habría sido tratada como un problema a gestionar, no como una persona que denuncia hechos extremadamente serios. La falta de mecanismos internos eficaces, la ausencia de protocolos aplicados y la aparente voluntad de proteger a Manuel Bautista, antes que a la denunciante dibujan un escenario de impunidad institucional que debería alarmar a cualquier ciudadano o ciudadana.


Este caso no es solo un asunto personal entre dos personas. Es un asunto político, administrativo y ético. Habla de cómo se ejerce el poder, de cómo se protege —o no— a quienes denuncian abusos, y de qué tipo de cultura institucional se ha instalado en la administración local. Si se confirma lo que la investigación periodística ha revelado, estaríamos ante un ejemplo devastador de cómo un Ayuntamiento puede fallar en su obligación más básica: garantizar la seguridad y la dignidad de las mujeres.
Móstoles merece transparencia. Móstoles merece explicaciones. Y, sobre todo, Móstoles merece que se depuren responsabilidades con rigor y sin dilaciones. Porque cuando una víctima denuncia y es ignorada, amenazada y silenciada, no solo falla una institución: falla un sistema entero.

La portavoz de Podemos Móstoles, Mónica Monterreal, ha declarado sobre estos hechos:
“Queremos expresar todo nuestro apoyo a la concejala afectada. Nadie debería sufrir presiones por denunciar una situación injusta. Vamos a pedir explicaciones y a exigir que se investigue hasta el final. Móstoles merece instituciones seguras donde las mujeres puedan ejercer su responsabilidad pública sin miedo y con todas las garantías”.

Podemos Móstoles traslada su solidaridad y apoyo a la exconcejala del municipio afectada por las presuntas presiones internas desveladas por la prensa, que apuntan a un intento de frenar o desincentivar la interposición de una denuncia por acoso. La formación morada considera que se trata de hechos de extrema gravedad.
Desde la organización morada insisten que el caso debe ser
investigado con rigor, y subrayan que ninguna representante pública debería sentirse sola, cuestionada o presionada por trasladar una situación de malestar o posible vulneración de derechos.

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