La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que en España nunca termina de afrontarse de verdad: el funcionamiento del régimen del 78, las puertas giratorias y la enorme red de intereses económicos y políticos que conecta a gobiernos, grandes empresas y élites mediáticas. Porque el problema no es únicamente un nombre propio. El problema es un sistema construido para garantizar impunidad a quienes han gobernado durante décadas.
Durante años, el PSOE ha tratado de presentarse como un muro frente a la derecha y la extrema derecha. Sin embargo, mientras se pronunciaban discursos progresistas, se consolidaba un modelo donde antiguos ministros y expresidentes acababan asesorando grandes corporaciones, participando en consejos de administración o influyendo desde despachos privados en decisiones estratégicas del país. Las famosas puertas giratorias no son una anomalía: son una pieza estructural del sistema político español.
La imputación de Zapatero no debería analizarse desde el fanatismo partidista ni desde el “y tú más” permanente que domina la política española. Tampoco desde la defensa ciega que algunos sectores intentan construir cada vez que una figura del PSOE queda señalada judicialmente. La izquierda no puede convertirse en una maquinaria de protección de dirigentes cuando aparecen indicios graves o relaciones opacas con poderes económicos. Si algo debería diferenciar a una izquierda transformadora del bipartidismo tradicional es precisamente la exigencia ética y la capacidad de señalar la corrupción venga de donde venga.
Porque el PSOE lleva décadas participando activamente en las dinámicas de poder del régimen del 78. Un régimen que prometía estabilidad y democracia, pero que también consolidó una arquitectura profundamente dependiente de grandes intereses empresariales, financieros y mediáticos. La corrupción no es un accidente aislado dentro de este modelo: es una consecuencia lógica de una estructura donde las élites políticas y económicas conviven, se protegen y se intercambian favores.
Y mientras tanto, Vox intenta aprovechar cada caso que afecta al PSOE para presentarse como alternativa “antisistema”, cuando en realidad forma parte del mismo engranaje. La extrema derecha habla de regeneración mientras defiende los privilegios de las grandes fortunas, protege a las élites económicas y mantiene intacto el modelo que ha permitido la corrupción estructural durante décadas. Vox no viene a romper el régimen del 78; viene a radicalizarlo en clave autoritaria y reaccionaria.
Lo preocupante no es solo que aparezcan casos de corrupción o imputaciones. Lo verdaderamente grave es la normalización social de estas prácticas. La sensación de que quienes han gobernado siempre juegan con reglas distintas. Que existe una España para la ciudadanía corriente y otra para quienes ocupan consejos de administración, despachos ministeriales o redes de influencia política.
«hay que cambiar los poderes del estado, y acabar con los privilegios de los ex-politicos/as que solo buscan su propio beneficio»
La desafección política no nace de la nada. Nace cuando millones de personas observan cómo se recortan derechos sociales mientras las élites continúan acumulando poder económico y político sin apenas consecuencias. Nace cuando los grandes partidos convierten la corrupción en una batalla propagandística mientras siguen compartiendo los mismos mecanismos de privilegio.
La izquierda no puede limitarse a defender siglas. Tiene que defender principios. Y eso implica denunciar las puertas giratorias, exigir transparencia absoluta y señalar que el problema de fondo no son únicamente determinados dirigentes, sino un sistema político y económico que lleva demasiados años funcionando para unos pocos.
