Los incendios forestales que asolan nuestro territorio este verano no son fruto únicamente del azar o de un clima caprichoso. Son la consecuencia previsible —y anunciada por expertos desde hace años— de una combinación letal: cambio climático, abandono rural, y, en algunos casos, políticas erráticas que han debilitado la capacidad de respuesta de las comunidades autónomas.
En las últimas semanas, se ha hecho evidente que varias de las comunidades más afectadas por estos incendios coinciden en un hecho llamativo: están gobernadas por ejecutivos autonómicos del PP, que han aplicado recortes significativos en los servicios de prevención y extinción, han impulsado procesos de privatización de competencias clave y, en numerosos discursos, han minimizado o negado la urgencia del cambio climático.
Este patrón, lejos de ser casual, plantea preguntas incómodas sobre las consecuencias de tales decisiones en la seguridad ambiental y en la protección de vidas y bienes.
La reducción de brigadas forestales permanentes, la externalización de servicios esenciales y la ausencia de planes de gestión integral del monte han tenido un impacto directo en la capacidad de reacción. En emergencias como la actual, cada minuto cuenta, y la falta de medios humanos y materiales multiplica las pérdidas.
Cuando desde la esfera política se relativiza el cambio climático o se asume como un tema secundario, se retrasa la adopción de medidas de adaptación y prevención que podrían salvar miles de hectáreas de bosque. La negación no apaga fuegos; al contrario, los aviva.
Estos incendios no solo carbonizan paisajes: erosionan la confianza ciudadana en unas instituciones que deberían velar por su seguridad y por el patrimonio natural común. La respuesta pasa por invertir de forma sostenida en prevención, reforzar los recursos públicos y asumir, sin ambages, que la crisis climática es el mayor reto ambiental y social de nuestro tiempo.
