Pedro Sánchez se jactaba en varias entrevistas de que esta iba a ser la «legislatura de la vivienda». Sin embargo, la realidad ha demostrado ser muy distinta: la crisis habitacional amenaza con convertirse en la tumba política de su Gobierno.
Mientras desde el Ejecutivo se lanzan discursos triunfalistas, España y el mundo han sido testigos de cómo se desahuciaba a Mari Carmen: una señora de 87 años con movilidad reducida que llevaba viviendo en su casa más de siete décadas. Resulta incomprensible que, bajo el mandato del autodenominado «gobierno más progresista de la historia» y en plena «legislatura de la vivienda», se sigan permitiendo este tipo de atrocidades sociales.
Especulación voraz e impunidad inmobiliaria
El caso de Mari Carmen, desgraciadamente, no es un hecho aislado; los desahucios continúan a la orden del día en este país. Pero el drama se vuelve aún más sangrante cuando la afectada es una persona de 87 años que ha cumplido rigurosamente con el pago de su alquiler durante toda su vida.
Inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L. Quédense con este nombre. Esta fue la firma que adquirió el inmueble donde residía Mari Carmen. Tras hacerse con la propiedad, rompieron el equilibrio contractual exigiéndole un incremento inasumible para obligarla a marcharse: le aumentaron la renta un 275% de golpe, exigiéndole pasar de pagar cerca de 500 euros a más de 2.500 euros mensuales. Un chantaje económico imposible de afrontar para cualquier pensionista.
Como en el caso de Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., existen multitud de fondos buitre e inmobiliarias agresivas que compran edificios habitados, incrementan los precios desorbitadamente y expulsan a los inquilinos de toda la vida. Lo que se conoce, en definitiva, como especulación inmobiliaria de libro.
La inacción política que abre la puerta a la derecha
Esta dinámica descontrolada ocurre en el marco de la tan cacareada «legislatura de la vivienda». El Ejecutivo no solo ha sido incapaz de frenar este tipo de aberraciones, sino que no ha tomado medidas estructurales firmes: no se han intervenido o bajado los precios del alquiler de forma efectiva por ley, ni se ha recurrido a la función social de la vivienda mediante la expropiación o cesión obligatoria de grandes tenedores. La respuesta institucional ha quedado reducida a parches propagandísticos, como el lanzamiento del portal Casa 47, una plataforma prácticamente vacía y carente de inmuebles reales.
El diagnóstico es claro: si la derecha y la extrema derecha terminan gobernando este país, será en gran medida por la inactividad y la falta de valentía de este Gobierno ante el problema de la vivienda. La inacción social siempre la acaba capitalizando la oposición.
La ironía es absoluta. Pedro Sánchez presumía de liderar el mandato de la vivienda, pero la gestión de la vivienda ha terminado por cavar su propia tumba política.
