La compra por 6,3 millones de euros, las explicaciones sobre su uso y una subasta sin ofertas mantienen abierta una polémica que el Gobierno madrileño no consigue cerrar.
El ático de Chamberí se ha convertido en un problema de credibilidad para Isabel Díaz Ayuso. Su Gobierno debe explicar por qué destinó 6.3 millones de euros a este inmueble y cómo encajan las sucesivas justificaciones de la operación. Las novedades conocidas esta semana refuerzan una conclusión política: intentar dar el asunto por cerrado resulta cada vez menos convincente.
La empresa pública Planifica Madrid formalizó la compra el 14 de abril por 6,3 millones de euros, según los datos expuestos por el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín.
Esa cantidad exige una explicación completa. ¿Qué necesidad pública justificaba la compra? ¿Qué alternativas se estudiaron? ¿Por qué se eligió precisamente ese inmueble?
Del despacho temporal al alojamiento de autoridades
La explicación inicial vinculó el ático a las obras de la Real Casa de Correos. Se presentó como un espacio provisional de trabajo. Además, Ayuso negó haber pedido una residencia institucional, según recogió El País el 17 de agosto.
Sin embargo, la comparecencia del 17 de septiembre incorporó un elemento relevante. La memoria citada por el consejero contemplaba también zonas de descanso y alojamiento ocasional para autoridades visitantes y de la propia Comunidad. El Ejecutivo sigue negando que se adquiriera como residencia de la presidenta.
Ese reconocimiento no demuestra por sí solo que Ayuso fuera a instalarse allí. Sí obliga a explicar por qué la comunicación inicial no detalló con claridad todos los usos previstos.
La ciudadanía merece conocer el propósito completo de una compra pública desde el principio. No debería tener que reconstruirlo a través de noticias y comparecencias.
Una compra en abril y una memoria de julio
La cronología añade preguntas. Según la información de Público sobre los informes presentados, al menos dos documentos utilizados para justificar la operación están fechados en julio, meses después de la adquisición.
En concreto, la memoria de necesidades citada en la Asamblea lleva fecha del 2 de julio.
Esto no permite concluir, sin examinar todo el expediente, que no existiera documentación previa. Pero plantea una pregunta que el Gobierno debe responder: ¿qué informes justificaban el gasto antes de autorizarlo?
La transparencia requiere mostrar la secuencia completa. Quién propuso la operación, quién la aprobó y con qué argumentos. Presentar documentos posteriores no resuelve por sí solo esas dudas.
Una gran terraza también necesita explicación
La selección del inmueble merece el mismo escrutinio. El encargo a la inmobiliaria Promora incluía buscar una propiedad de entre 250 y 400 metros cuadrados con una gran terraza.
¿Qué función institucional justificaba ese requisito? ¿Cómo se comparó su coste con otras opciones?
Son preguntas razonables sobre prioridades públicas. Cuanto más singular y costosa es una adquisición, mayor debe ser el esfuerzo para demostrar su utilidad.
La subasta no cierra el caso del ático de Chamberí
Después de la polémica, el Gobierno anunció la venta del inmueble y vinculó la operación a la reconstrucción de la Sierra Oeste. Sin embargo, la primera subasta terminó sin ofertas.
Por tanto, anunciar la venta no equivale a recuperar el dinero. Tampoco sustituye la explicación de la compra original.
Incluso si el inmueble acaba vendiéndose, seguirá siendo necesario conocer los gastos asociados y el resultado económico final. La rendición de cuentas no puede depender de que desaparezca el foco mediático.
Ayuso debe responder con documentos
El consejero anunció también que los servicios jurídicos estudiarían posibles acciones contra las portavoces de PSOE y Más Madrid por sus acusaciones.
El Gobierno puede defender su versión. Pero esa defensa debe ir acompañada de respuestas verificables. La crítica política no desaparece porque se anuncien actuaciones judiciales.
Ayuso queda políticamente más cuestionada cuando las explicaciones dejan abiertas preguntas esenciales. El problema de fondo es la confianza en quienes administran recursos públicos.
Madrid necesita conocer el expediente completo, los criterios de selección y las responsabilidades de cada decisión. El dinero público exige transparencia, coherencia y rendición de cuentas. Y ninguna mayoría absoluta exime de esas obligaciones.
