La denuncia sobre las listas de espera del Ramón y Cajal exige explicaciones claras. Sin embargo, la respuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso plantea otra preocupación: el señalamiento público del médico que ha alertado de las presuntas irregularidades.
La cuestión es demasiado seria para convertirla en una pelea personal. Hablamos de pacientes pendientes de una operación y de la confianza en la sanidad pública. Además, está en juego que sus profesionales puedan denunciar problemas sin miedo a quedar expuestos.
¿Qué se ha denunciado?
El cirujano Luis Alberto Martos explicó que detectó pacientes que habían pasado de prioridad preferente a normal sin consultar con los médicos responsables. Según su relato, comunicó la situación a sus superiores y, al no obtener respuesta, acudió a la gerencia. El propio médico aclaró que no podía asegurar que fuera una práctica habitual.
Por su parte, el periodista Fernando Peinado afirmó que la investigación cuenta con correos y capturas del sistema interno. También explicó que una cirujana reclamó por los cambios y que su superior los reconoció. Son elementos que merecen una respuesta documental y contrastable. Declaraciones del periodista en la SER.
Cambiar una clasificación administrativa no mejora la salud de nadie. Por eso, cualquier modificación de la prioridad quirúrgica debe poder explicarse por razones clínicas. La ciudadanía necesita saber quién tomó las decisiones, con qué criterio y qué consecuencias tuvieron.
La respuesta de la Comunidad de Madrid
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, anunció una investigación, pero también acusó a Martos de alterar la prioridad de 57 pacientes para trabajar menos. La Comunidad niega la versión de la denuncia. Según EL PAÍS, otros tres especialistas respaldaron las quejas y la documentación apunta a órdenes de superiores.
Anunciar una investigación mientras se desacredita al denunciante compromete la confianza en su imparcialidad. Una consejera tiene la responsabilidad de aclarar los hechos con pruebas. Su posición institucional exige especial prudencia antes de lanzar acusaciones personales.
Incluso si existen conflictos laborales, estos no resuelven la cuestión central: si las prioridades se cambiaron correctamente. Esa pregunta necesita una respuesta propia.
Un aviso a navegantes para quienes denuncian
La lectura política de esta reacción es preocupante: puede funcionar como un aviso a navegantes para el personal sanitario. Quien observa el señalamiento de un compañero puede preguntarse qué le ocurrirá si denuncia una irregularidad.
No hace falta demostrar una orden expresa de silenciar a la plantilla para advertir ese riesgo. La exposición pública y el cuestionamiento profesional pueden desalentar nuevas alertas. El resultado sería una sanidad con menos capacidad para detectar y corregir sus fallos.
Por eso, proteger a quienes comunican posibles irregularidades también protege a los pacientes. La transparencia requiere condiciones para hablar, además de estadísticas publicadas.
Investigar las listas de espera del Ramón y Cajal y asumir responsabilidades
El caso exige una investigación independiente, conservar los registros y aclarar cada cambio de prioridad. También deben ofrecerse garantías frente a represalias y explicaciones a los pacientes afectados.
Si se confirman irregularidades, habrá que determinar responsabilidades. Mientras tanto, el Gobierno madrileño debe responder al contenido de la denuncia y garantizar una revisión imparcial.
Defender la sanidad pública significa cuidar a quienes esperan y escuchar a quienes alertan. Ningún interés político puede estar por encima de esas obligaciones. El silencio nunca debe convertirse en una condición para trabajar en un hospital público.
