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El Metro de Madrid: el infierno bajo tierra de Ayuso.

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[[File:Madrid Metro Map.svg|Madrid_Metro_Map]]

Hoy me apetece reflexionar con vosotros/as sobre el metro de Madrid, que se ha convertido en una pesadilla diaria y la culpa tiene nombre y apellidos, Isabel Díaz Ayuso.

Quien quiera entender lo que significa Isabel Díaz Ayuso para Madrid, que baje al metro. Ahí está todo, abandono, caos, improvisación y un desprecio constante hacia la gente que se supone que representa. No hacen falta discursos ni ruedas de prensa, basta con subirse a un vagón para comprobar lo poco que le importan los/as madrileños/as a su presidenta.

Trenes que no llegan, andenes abarrotados, averías constantes, escaleras mecánicas y ascensores parados durante semanas… y mientras tanto, la presidenta presume en televisión de lo bien que funciona todo. ¿De verdad nos toma por tontos/as?

Quienes usamos el metro sabemos la verdad, llegar a tiempo al trabajo o a clase es casi un milagro, el calor dentro de los vagones es insoportable, los retrasos son constantes, dentro de los vagones, y en estos dias también fuera de ellos, estamos como en latas de sardinas, la sensación de abandono es absoluta. Pero no pasa nada, somos clase trabajadora, y para ella, nuestro tiempo y nuestra dignidad no importaran.

Mientras el metro colapsa, se nos intenta convencer de que vivimos en una capital moderna y eficiente. La propaganda se impone a la realidad, pero la realidad termina explotando en la cara de millones de usuarios que sienten que no importan.

Ayuso entiende el transporte público como un gasto molesto, (ella nunca y los suyos no lo necesitan). Por eso el metro se pudre lentamente, porque para este gobierno la incomodidad diaria de los/as ciudadanos/as nuestro tiempo y nuestra dignidad no tienen el más mínimo valor frente al rédito político del eslogan fácil.

Y si hablo del metro no me puedo olvidar de mencionar la línea 7B y su nefasta gestión que está causando daños irreparables en las vidas de los y las vecinas de Coslada y San Fernando De Henares.

Las grietas en las casas, los desalojos forzados, la angustia diaria de no saber si tu vivienda será la siguiente en ser demolida… todo esto no es fruto del azar, sino de una gestión negligente y chapucera por parte de los gobiernos autonómicos del Partido Popular. La Comunidad de Madrid lleva años mirando hacia otro lado, ocultando su responsabilidad y dejando que sean los vecinos y vecinas quienes paguen las consecuencias de unos errores técnicos y políticos que nunca debieron producirse.

Los afectados de la 7B no solo han perdido su hogar, también han sido víctimas de una administración que promete soluciones que nunca llegan, que improvisa parches en lugar de dar respuestas reales y que, en definitiva, demuestra un desprecio absoluto por los derechos más elementales de la ciudadanía.

Esto no es un error técnico, es una estafa política. Han destrozado un barrio entero y van camino de destrozar dos municipios completos, pero en lugar de reparar el daño, se dedican a la propaganda y a la mentira. Los/as vecinos y vecinas merecen justicia, no migajas ni excusas. La Comunidad de Madrid ha convertido una infraestructura pública en una máquina de arruinar vidas.

Ayuso puede seguir con su propaganda y sus fotos, pero la realidad la sufrimos nosotros/as, los/as que tenemos que soportar un servicio público que se cae a pedazos por su falta de inversión y de interés. Lo que ocurre en el metro es una vergüenza, un reflejo del desprecio de este gobierno hacia los/as madrileños y madrileñas.

El enfado de estos días de todas las personas que utilizamos el metro es legítimo, porque cada minuto perdido en un andén abarrotado es un recordatorio de que este gobierno de Ayuso nos toma por tontas/os.

Una de las cosas que me parece muy indignante de todo esto es que nos quieren convencer de que no hay alternativa, de que todo “es lo que hay”. Pero no, lo que hay es un gobierno que desprecia a su gente y la alternativa es clara, votar a favor de los servicios públicos en 2027. El metro es solo otra cosa mas de la mala gestion de esta señora y de sus ya famosas politicas de destrucción de lo común.

Ya basta de excusas, queremos un metro que funcione, somos los/as ciudadanos y ciudadanas quienes pagamos el precio en tiempo, en dinero y en paciencia, mi reflexión es clara:
NO TODAS LAS PERSONAS TENEMOS LAS MIMAS 24 HORAS.

Conchi Abellán habla sobre la deriva ultraderechista de Junts y el «grado de catalanidad»

Catalunya no necesita racistas, necesita derechos.

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Catalunya no necesita racistas, necesita derechos.

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[[File:Logo partit Junts per Catalunya.png|Logo_partit_Junts_per_Catalunya]]

Estos días Junts va diciendo que Podemos es “catalanófobo”. Mirad: No es una cuestión de si un partido es o no catalonófobo.
Esto va de catalanas y catalanes, de gente de aquí, de los barrios, de los pueblos, de la clase trabajadora que aguanta el peso del país, que levanta la persiana de su negocio cada día, que paga sus impuestos y con su esfuerzo levanta Catalunya.

Y tenemos tanto derecho como cualquiera a decir bien alto que Catalunya no se defiende con racismo ni con discursos que dividen, sino con derechos para todas, todos y todes.
Junts lleva años jugando a lo mismo, lo hemos visto muchas veces, hablan de independencia para tapar sus políticas que recortan, degradan y privatizan los servicios públicos, sin obviar los tantos casos de corrupción que tienen aquellos que les apoyan.

Pero, como ya les van quedando cada vez menos argumentos para seguir con la matraca de sus discursos vacíos ahora van más allá, y lo hacen desde un discurso que huele a xenofobia por todos lados (quizás es que tienen miedo de que les quiten votos AC con Silvia Orriols al mando).

Aquí algunos ejemplos de su racismo:

– Quieren que para tener papeles en Catalunya haya que demostrar tener el catalán https://www.lne.es/espana/2025/03/05/junts-ley-permisos-residencia-conocimiento-catalan-114957177.html.

– Proponen un “grado de catalanidad” para regularizar inmigrantes. ¿De verdad alguien cree que eso no es racismo institucional?
https://elpais.com/espana/catalunya/2025-03-06/junts-quiere-fijar-por-ley-el-grado-de-catalanidad-de-los-nuevos-inmigrantes.html.

Y hasta estudian prohibir el burka, el nicab, el burkini y el velo en escuelas (ojo, que las monjas pueden llevarlo donde les dé la gana)  https://cadenaser.com/nacional/2025/05/21/junts-estudia-prohibir-el-burka-el-nicab-y-el-burkini-en-cataluna-cadena-ser/.

Eso no es defender Catalunya, el territorio, la lengua ni la cultura, eso es levantar muros entre vecinos y vecinas. Es señalar con el dedo a quien de por si ya lo tiene más difícil.
Lo que proponen es seguir dividiendo a la gente trabajadora, a los y las de abajo para que las élites de siempre sigan mandando como quieran y todo siempre mezclado con la independencia, retorciendo sus discursos culpando a otras de su incapacidad de hacer política por el bien común y utilizar sus micrófonos para seguir manteniendo sus poltronas y que no les quiten el espacio y los votos un partido ultra que podría estar alineado con los nazis pero hablando en catalán.

Catalunya será de todas y de todos o no será. No necesitamos que nadie la salve con discursos de odio.
Lo que necesita Catalunya y su gente son más escuelas públicas, más sanidad pública, más vivienda digna, mejores condiciones laborales y más derechos humanos.

Y eso se consigue con presupuestos expansivos que tengan la voluntad política de transformar de verdad, haciendo políticas valientes para ampliar derechos y sean para el bien común y no para una foto ni para defender banderas.

En Catalunya lo tenemos claro: queremos una Catalunya plural, diversa, feminista, antirracista y justa.

Una Catalunya que no deje a nadie atrás, que no pida carnets de identidad cultural para tener derechos, que respete las lenguas pero sobre todo que respete a las personas.
Porque Catalunya no se defiende excluyendo, se defiende compartiendo, cuidando y garantizando derechos para todas y todos y si Junts quiere seguir jugando a dividirnos.

Se defiende regularizando a los y las inmigrantes con la ley propuesta por los colectivos y con apoyo de la sociedad.
Así que Junts tenga claro que aquí estamos y que en los barrios y en los pueblos nos encontrarán de frente y organizadas, levantando el puño y defendiendo la vida por encima de todo.

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Ayuso premia el silencio: millones para una entidad vinculada a un abusador del PP

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[[File:Isabel Díaz Ayuso 2024 (cropped).jpg|Isabel_Díaz_Ayuso_2024_(cropped)]]

Mientras Isabel Díaz Ayuso se envuelve en discursos de “feminismo” para justificar lo injustificable —desde la represión de protestas hasta su silencio ante el genocidio en Gaza— su gobierno adjudica 1,8 millones de euros a una entidad marcada por los abusos sexuales y el nepotismo político.
La Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, vinculada al exconcejal del PP Rodrigo de Santos —condenado por abusos sexuales— ha sido beneficiada por la Comunidad de Madrid para gestionar centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Sí, has leído bien: una entidad ligada a un abusador, premiada para atender a mujeres maltratadas.


¿Cómo se adjudican estos contratos?

  • En al menos dos casos, solo se presentó esta fundación, lo que ha levantado sospechas sobre los pliegos y la transparencia del proceso.
  • Las trabajadoras han impugnado la contratación, paralizando el proceso desde agosto.
  • La adjudicación se hizo a dedo, tras quedar desierta la licitación.
    ¿Quién está detrás?
  • La fundación ha estado dirigida por figuras del PP, como Lola Navarro, exdirectora de Asuntos Sociales en la Comunidad y actual consejera en el Ayuntamiento de Almeida.
  • Rodrigo de Santos, condenado por abusos, fue contratado por esta entidad cuando ya había sido sentenciado.
    ¿Feminismo?
    Ayuso utiliza el feminismo como escudo retórico mientras financia con dinero público a quienes han encubierto o colaborado con agresores. Su gobierno prohíbe gestos de apoyo a Palestina en las escuelas, pero premia a entidades con historial de abusos. ¿Qué clase de valores defiende realmente?
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EL SAQUEO DE DISENSO: «NOS OBLIGAN A TRANSFERIR INGENTES CANTIDADES DE DINERO A LA FUNDACIÓN»

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[[File:Fundación Disenso Logo.svg|Fundación_Disenso_Logo]]

La denuncia desde dentro

La bomba ha estallado en el corazón de la ultraderecha. Idoia Ribas, exdiputada de Vox en Baleares, ha destapado lo que muchos sospechaban: el partido obligaba a desviar dinero público hacia la fundación Disenso, un chiringuito diseñado a medida de Santiago Abascal. No hablamos de pequeñas cantidades, sino de trasvases millonarios, que iban a parar a una entidad en la que Abascal se autoproclamó presidente vitalicio.

Las palabras de Ribas no son una anécdota. Su testimonio confirma que el proyecto ultra no es solo reaccionario en lo ideológico, sino profundamente corrupto en lo material. Vox se presenta como la “alternativa limpia” frente a los partidos tradicionales, pero sus prácticas internas lo asemejan más a una mafia con estética verde que a una organización democrática.

El doble discurso de Vox

El discurso oficial del partido insiste en que las subvenciones son el cáncer de España. Señalan a los migrantes, a las familias precarizadas, a las mujeres que reciben ayudas, a los jóvenes que acceden a becas. Con cada discurso repiten la misma idea: “vivís de lo público”.

Pero la realidad es exactamente la contraria. Quienes viven de lo público son ellos. Mientras insultan a los barrios obreros por supuestamente “chupar del bote”, desvían impuestos de toda la ciudadanía para reforzar su red clientelar y financiar la maquinaria propagandística de Disenso.

En otras palabras: los pobres son estigmatizados por recibir ayudas mínimas, mientras Abascal y su partido montan su propio cortijo subvencionado.

Disenso: un chiringuito ultra con dinero de todas y todos

La fundación Disenso nació en 2020 como el “think tank” de Vox. Oficialmente, su misión es “difundir ideas patrióticas” y generar discurso. En la práctica, se convirtió en un cajero automático para el partido, financiado con fondos que deberían destinarse a necesidades sociales reales.

La trampa está en que, al ser fundación privada, Disenso permite operar con opacidad. Así, Vox transforma dinero público en poder privado, blindado bajo la figura de Abascal como presidente vitalicio. Ninguna democracia seria debería tolerar semejante nivel de privatización de lo común.

El método mafioso: lealtad o expulsión

Ribas no solo denunció el desvío de fondos. También explicó cómo se ejerce la disciplina interna: quien se niega a participar en estas prácticas es apartado. El mecanismo es claro: obediencia absoluta o expulsión inmediata.

La propia Ribas fue purgada por no tragar con el engranaje. Y no es un caso aislado. Otras voces críticas dentro del partido han relatado presiones, amenazas y un ambiente asfixiante que poco tiene que ver con la democracia interna.

Un espejo de los viejos partidos

El caso de Disenso demuestra que Vox es más parecido al viejo PP de Gürtel o Bárcenas de lo que quieren reconocer. Redes clientelares, desvío de fondos, cajas opacas… El envoltorio puede ser nuevo —banderas, discursos incendiarios, propaganda ultra— pero el fondo es el mismo: corrupción estructural para enriquecer a una élite reducida.

La diferencia es que Vox combina esa corrupción con un discurso reaccionario que erosiona derechos y libertades. Es decir: son corruptos y además quieren acabar con la democracia.

¿Dónde está el control público?

La pregunta clave es: ¿cómo es posible que un partido reciba dinero de las instituciones y lo utilice para financiar su fundación privada? ¿Qué controles fallan para que esto suceda a plena luz del día?

El caso Ribas debería servir para abrir un debate urgente: la financiación de los partidos no puede seguir siendo una caja negra. La ciudadanía tiene derecho a saber a dónde va cada euro de sus impuestos.

Vox no es solo un peligro por su ideología machista, racista y clasista. Lo es también porque usa lo público para enriquecerse a costa de la mayoría social. Abascal no defiende a España: defiende su caja privada, su puesto vitalicio y los privilegios de su camarilla.

La denuncia de Ribas ha abierto una grieta en el muro ultra. La tarea ahora es empujar con fuerza, señalar cada chanchullo, cada euro robado, cada mentira disfrazada de patriotismo.

Porque si algo está claro es que la democracia no puede permitirse seguir financiando a sus enemigos.

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Podemos denuncia al Ministerio de Economía: cuando la dignidad política se convierte en acción

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Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez continúa con gestos simbólicos y declaraciones vacías, Podemos ha dado un paso firme y valiente: denunciar por prevaricación al Ministerio de Economía por no detener el comercio y tránsito de armas con Israel. Una acción que no solo señala responsabilidades, sino que rompe el silencio cómplice que permite que continúe el genocidio contra el pueblo palestino.
La denuncia, presentada por la formación morada, acusa al Ministerio de Carlos Cuerpo de “inacción deliberada” ante una solicitud formal para suspender todos los contratos armamentísticos con Israel, en línea con resoluciones de la ONU y la Corte Penal Internacional. No solo ignoraron la petición, sino que han seguido firmando contratos millonarios con empresas israelíes, por más de 1.000 millones de euros. ¿Cómo puede un gobierno que se dice progresista justificar esto?


En un contexto internacional donde cada vez más voces denuncian crímenes de guerra y posibles actos de genocidio en Gaza, Podemos es la única fuerza política en España que ha decidido actuar con coherencia y valentía. No basta con condenar en Twitter. No basta con declaraciones diplomáticas. Hace falta cortar el suministro de armas, frenar el comercio, y exigir responsabilidades políticas y penales.
Mientras el PSOE se escuda en trámites y promesas que nunca llegan, Podemos interpela directamente a la justicia, a la ciudadanía y a la conciencia colectiva. Esta denuncia no es solo un gesto jurídico: es un grito político que exige que España deje de ser cómplice.


Ione Belarra lo dijo claro: “Estaban obligados a detener el comercio de armas… y no lo hicieron”.
La denuncia por prevaricación omisiva no es una maniobra partidista. Es una exigencia ética. Podemos está diciendo lo que muchos pensamos: no en nuestro nombre. No con nuestro dinero. No con nuestras instituciones.

La pelota está en el tejado del poder judicial. Pero también en el de la sociedad civil. Podemos ha abierto una vía institucional para frenar el genocidio. Ahora toca que la ciudadanía empuje, que los movimientos sociales se movilicen, y que la presión no cese.
Porque cuando el Gobierno mira hacia otro lado, Podemos mira de frente. Y actúa.

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Embargo de armas a Israel: la promesa que el Gobierno ya está incumpliendo

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[[File:Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Oficial).jpg|Pedro_Sánchez_Pérez-Castejón_(Oficial)]]

El 8 de septiembre, Pedro Sánchez anunció con solemnidad un paquete de medidas “urgentes” para frenar el genocidio en Gaza, entre ellas un embargo de armas a Israel. Lo presentó como un paso firme, casi histórico, que consolidaría jurídicamente una prohibición que —según él— ya se aplicaba “de facto” desde 2023. Sin embargo, apenas una semana después, la realidad ha dejado en evidencia que el compromiso era más retórico que político: el decreto no se ha aprobado, y su tramitación se ha pospuesto indefinidamente. La excusa oficial es la “complejidad técnica” del texto. Pero, ¿Qué complejidad puede justificar que una medida anunciada como urgente se congele durante semanas, mientras continúan las exportaciones e importaciones de material militar con Israel, como han denunciado organizaciones de la sociedad civil?


La sensación es clara: el Ejecutivo actúa por obligación, no por convicción. El embargo no es fruto de una voluntad política firme, sino de la presión de sus socios y de una ciudadanía movilizada que lleva casi dos años exigiendo el fin de la complicidad con el régimen de Netanyahu. Si no fuera por esa presión, es dudoso que el Gobierno siquiera hubiera puesto el tema sobre la mesa.
Mientras tanto, el genocidio en Gaza sigue su curso, con más de 65.000 personas asesinadas, incluidos 20.000 niños. Y España, que podría liderar en Europa una respuesta contundente, se queda atrapada en sus propias contradicciones: proclama principios en los discursos, pero titubea cuando llega la hora de actuar.
El retraso del embargo no es un simple fallo de agenda: es una señal de que, si el Gobierno no se ve forzado por la presión política y social, esta medida podría quedar en el cajón de las promesas incumplidas. Y cada día que pasa sin aprobarse, España sigue siendo cómplice —por acción u omisión— de un régimen que perpetra crímenes de guerra.
La pregunta ya no es si el embargo se aprobará, sino si el Ejecutivo tiene la valentía de hacerlo sin que se lo impongan. Porque la historia no recordará las excusas técnicas, pero sí la tibieza moral.

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Madrid detuvo la Vuelta: 100.000 voces contra el genocidio en Gaza

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Protestas final Vuelta Ciclista a España

La capital del Estado español vivió una jornada insólita: la última etapa de la Vuelta ciclista fue suspendida tras una movilización multitudinaria en apoyo al pueblo palestino. Más de 100.000 personas llenaron las calles de Madrid, en un clamor que no se apagó ni ante la presión policial ni ante el simbolismo de interrumpir uno de los grandes eventos deportivos del país.

Lo que para algunos era simplemente la llegada de la caravana ciclista a Cibeles, para otros fue la oportunidad de hacer visible que en Gaza, ese mismo día, Israel asesinó a más de 40 personas en nuevos bombardeos, sumando más dolor a una ofensiva militar que lleva meses dejando miles de muertos y desplazados.

Una marea digna que lo cambió todo

Las imágenes hablan solas: columnas de manifestantes ocuparon el recorrido previsto de la etapa final, ondeando banderas palestinas, levantando pancartas contra el genocidio y denunciando la presencia del equipo Israel Premier Tech en la competición, acusado de lavar la imagen del Estado responsable de la ofensiva.

Los organizadores se vieron obligados a suspender la prueba ante la imposibilidad de garantizar el paso seguro del pelotón. No fue una cuestión de logística: fue el peso político y humano de una protesta que convirtió el deporte en escenario de justicia.

El protagonismo de la juventud

Si algo marcó la jornada fue la energía de la juventud. Miles de jóvenes madrileños y de otras ciudades llegaron a la manifestación organizados a través de redes sociales y colectivos estudiantiles. No era una protesta rutinaria: era la expresión de una generación que se niega a mirar hacia otro lado mientras la población civil palestina es bombardeada día tras día.

Con megáfonos, cánticos, redes en directo y pancartas improvisadas, demostraron que la conciencia política no es patrimonio del pasado, sino una fuerza viva que ocupa el espacio público y rompe el silencio.

El deporte no fue neutral

Lo que ocurrió en Madrid desafía esa vieja frase de que “el deporte no tiene que ver con la política”. El domingo quedó claro que en un mundo atravesado por la injusticia, la neutralidad es una ilusión. El pelotón no pudo correr porque la dignidad ocupó las calles.

Para muchos, la suspensión de la Vuelta no fue un fracaso deportivo, sino una victoria social: el recordatorio de que la vida de decenas de personas en Gaza vale infinitamente más que el espectáculo de unas bicicletas cruzando la meta.

Una jornada que quedará en la memoria

La protesta de Madrid será recordada como un punto de inflexión:

Porque demostró la fuerza de la calle frente a la rutina mediática.

Porque puso a la juventud en el centro de la acción política.

Porque unió a miles de personas en torno a una idea simple y radical: no se puede celebrar nada mientras se asesina a civiles inocentes.


En Madrid, la Vuelta ciclista se detuvo. Pero lo que no se detuvo fue la exigencia de justicia. Y eso, en un país donde demasiadas veces la política se reduce a titulares, es ya una victoria.

La política también estuvo en la calle

La protesta que detuvo la Vuelta no fue sólo un estallido ciudadano y juvenil. También tuvo un marcado acento político: Irene Montero e Ione Belarra, exministras y referentes estatales de Podemos, estuvieron presentes en la manifestación. A su lado, se pudo ver a Tito Morano, Sara Serrano y Víctor Valdés, dirigentes de Podemos Comunidad de Madrid que llevan meses empujando la agenda internacionalista desde la capital.

Su presencia no fue anecdótica. En un país donde gran parte de la política institucional evita incomodar a Israel o a sus aliados, que la dirección de Podemos aparezca en primera fila tiene un valor simbólico enorme en la izquierda.

La foto de Montero, Belarra, Serrano, Morano y Valdés en medio de una marea de banderas palestinas no es sólo un gesto solidario: es un mensaje claro hacia dentro y hacia fuera. Dentro, porque marca rumbo en un momento donde se discute la identidad del partido y su futuro. Fuera, porque obliga al resto de fuerzas de izquierda a tomar posición: ¿del lado del genocidio blanqueado en los despachos o del lado de la dignidad que se organiza en las calles?

La jueza de la DANA apunta más alto: cita a declarar a la vicepresidenta Camarero y vuelve a ofrecer a Mazón la opción de ser investigado

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La jueza de la DANA apunta más alto: cita a declarar a la vicepresidenta Camarero y vuelve a ofrecer a Mazón la opción de ser investigado

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[[File:Carlos Mazón.png|Carlos_Mazón]]

La investigación judicial sobre la gestión política durante la catástrofe de la DANA en la Comunidad Valenciana sigue escalando y ya se sienta en el corazón del Consell. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa en Catarroja, ha decidido citar a declarar a Susana Camarero, vicepresidenta primera de la Generalitat, consellera de Servicios Sociales y una de las figuras más relevantes del gobierno de Carlos Mazón.

El paso de la jueza no es casual. La línea de investigación se centra en la responsabilidad política y administrativa por las muertes y negligencias ocurridas durante las lluvias torrenciales del 29 de octubre de 2024, especialmente en las residencias de mayores dependientes directamente del área de Camarero. El caso más doloroso sigue siendo el de la residencia Savia en Paiporta, donde varios internos fallecieron atrapados por el agua sin que existiera una evacuación preventiva eficaz.

La citación de Camarero introduce un cambio de ritmo en la instrucción: por primera vez una vicepresidenta en activo deberá responder ante la justicia por la gestión del desastre. Y el hecho de que Mazón tenga sobre la mesa, otra vez, la oferta de declarar como investigado refleja que la magistrada no descarta ninguna responsabilidad en lo más alto de la Generalitat.

La catástrofe de la DANA dejó más de 220 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Lo que está en juego ahora no es solo dirimir responsabilidades técnicas, sino responder a una pregunta política y social mucho más grave: ¿se pudo evitar la tragedia o se agravó por decisiones —o indecisiones— de quienes debían proteger a la ciudadanía?

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Segundo ataque a la Flotilla Sumud: Israel intensifica su guerra contra la solidaridad

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[[File:Bandera Palestina en Basílica de Guadalupe.jpg|Bandera_Palestina_en_Basílica_de_Guadalupe]]

La madrugada del 9 de septiembre, el barco Alma, parte de la Flotilla Global Sumud que transporta ayuda humanitaria a Gaza, fue atacado por un dron mientras permanecía atracado en el puerto tunecino de Sidi Bou Said. Este es el segundo ataque en menos de 48 horas. El primero, contra el Barco Familia, ya había encendido las alarmas. Ahora, con este nuevo acto de agresión, queda claro que el Estado genocida de Israel está detrás de esta campaña de sabotaje internacional.
No hay espacio para la duda. Los patrones son idénticos: drones no identificados, artefactos incendiarios lanzados desde el aire, fuego en la cubierta, y una clara intención de intimidar a quienes se atreven a desafiar el bloqueo ilegal sobre Gaza. Israel no solo bombardea hospitales y campos de refugiados: ahora ataca barcos civiles en puertos extranjeros, violando la soberanía tunecina y las normas más básicas del derecho internacional.


La Flotilla Sumud no lleva armas, ni soldados, ni propaganda. Lleva alimentos, medicinas, y un mensaje de dignidad para un pueblo que resiste bajo asedio. Por eso es atacada. Porque representa lo que Israel no puede tolerar: la solidaridad internacional, la desobediencia civil, la denuncia del genocidio que lleva más de 22 meses arrasando Gaza.
Los ataques no son errores ni accidentes. Son parte de una estrategia deliberada para destruir cualquier gesto de humanidad hacia Palestina. Israel quiere que el mundo mire hacia otro lado, que los barcos no zarpen, que los y las activistas se callen. Pero no lo lograrán.



Estos actos de guerra no pueden quedar sin respuesta. La comunidad internacional debe dejar de fingir neutralidad. Atacar barcos civiles en puertos extranjeros es terrorismo de Estado, y debe ser tratado como tal. No basta con comunicados tibios ni llamados al diálogo. Se necesita acción: sanciones, investigaciones, y protección real para quienes defienden la vida frente al exterminio.
La Flotilla Sumud seguirá navegando. Porque cada ataque confirma que su misión es justa. Porque cada bomba que cae sobre un barco solidario revela el miedo de Israel a la verdad. Y porque, pese a los drones, el fuego y la censura, la solidaridad con Palestina no se detiene.

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Ataque al Barco Familia: un acto de guerra contra la solidaridad internacional

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[[File:Global Sumud Flotilla Sidi Bou Said Tunis Tunisia 07-09-2025-05808 31.jpg|Global_Sumud_Flotilla_Sidi_Bou_Said_Tunis_Tunisia_07-09-2025-05808_31]]

En la noche del 8 al 9 de septiembre, el Barco Familia —buque insignia de la Flotilla Global Sumud— fue alcanzado por lo que sus tripulantes y portavoces denuncian como un ataque con dron mientras estaba atracado en el puerto tunecino de Sidi Bou Said. A bordo viajaban miembros del comité directivo de la misión, que se preparaban para zarpar rumbo a Gaza con ayuda humanitaria.
Las imágenes difundidas por la propia flotilla muestran un artefacto cayendo desde el cielo, impactando en la cubierta y provocando un incendio cerca de un tanque de diésel. Para los activistas, no hay duda: se trata de un acto de guerra y de terrorismo de Estado contra una misión civil y pacífica cuyo único objetivo es romper el bloqueo ilegal que asfixia a más de dos millones de personas en Gaza.

La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, advirtió que, de confirmarse la autoría, estaríamos ante una agresión no solo contra la flotilla, sino contra la soberanía tunecina. Y recordó que este ataque se inscribe en un patrón de hostigamiento sistemático contra las flotillas solidarias desde hace más de una década.
Un mensaje de intimidación… que no surtirá efecto
Lejos de amedrentarse, la GSF ha reafirmado que continuará su misión. “Tenemos a la historia y al derecho internacional de nuestro lado”, declaró el activista Thiago Ávila. La determinación es clara: ningún dron, bomba o amenaza detendrá la solidaridad internacional con el pueblo palestino.

Este ataque no es un incidente aislado: es parte de una estrategia para criminalizar y neutralizar la acción civil no violenta que desafía el bloqueo. Llamarlo por su nombre —acto de guerra contra civiles— es el primer paso para exigir responsabilidades y poner fin a la impunidad.

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