Hace diez meses una de las mayores catástrofes del país —la DANA que dejó 228 víctimas— sacudió el País Valencià. Han pasado diez meses desde el fatídico día, y aún hoy desconocemos todos los detalles de la comida de Carlos Mazón en El Ventorro.

Hemos tenido que esperar diez meses para que Maribel Vilaplana, la periodista que acompañaba a Mazón ese día, publicara una carta en la que revela la verdad sobre los hechos. Gracias a su testimonio, queda claro que Carlos Mazón ha mentido durante todo este tiempo. La periodista afirma que Mazón pasó cuatro horas en la comida, recibiendo mensajes y llamadas de aviso sobre la grave situación en la que los valencianos y las valencianas se estaban ahogando.

Una de las excusas de Mazón fue la falta de cobertura en El Ventorro; ahora sabemos que esa afirmación es falsa. Vilaplana confirma que Mazón sí tenía señal, recibió los avisos y no actuó. También desmiente el horario oficial de su llegada al Palau de la Generalitat: Mazón no llegó a las 18:00, sino que seguía en El Ventorro a esa hora. Aún se desconoce qué hizo desde las 18:30 hasta las 20:28, momento en que llegó al CECOPI.
Diez meses después, persisten las mentiras y la falta de transparencia sobre las acciones de Mazón aquel día. Lo que sí es evidente es que incumplió sus responsabilidades. Debió haber dimitido al día siguiente y, dada la gravedad de los hechos, debería responder ante la justicia.

No pararemos hasta que se haga justicia y Carlos Mazón acabe en prisión.

La recepción de Eduardo Inda y la cúpula de OKDIARIO en el Palacio de la Zarzuela, con motivo del décimo aniversario del medio, no es un gesto inocente. Es un acto cargado de simbolismo político que, lejos de ser “protocolo institucional”, supone un espaldarazo a uno de los principales difusores de bulos fabricados por las cloacas del Estado.

El pasado 3 de septiembre, Felipe VI recibió en audiencia a Eduardo Inda y a la dirección de OKDIARIO en el Salón de Audiencias de la Zarzuela. Oficialmente, el motivo era celebrar los diez años del medio. Sin embargo, la foto del monarca con el periodista no puede desligarse de la trayectoria de Inda como altavoz de operaciones de intoxicación política, como el falso informe PISA contra PODEMOS.
Inda ha sido señalado por difundir informaciones fabricadas por la red parapolicial del excomisario Villarejo, destinadas a destruir adversarios políticos. Entre ellas:

• El bulo de la supuesta cuenta de Pablo Iglesias en paraísos fiscales.
• La publicación de material robado del móvil de Dina Bousselham.
• La amplificación de filtraciones interesadas contra independentistas catalanes.
  Todas estas operaciones fueron archivadas por los tribunales, pero no antes de cumplir su función: intoxicar el debate público.

1. La paradoja de la Zarzuela
   La Casa Real justifica la audiencia como parte de la “normalidad institucional” con medios relevantes. Pero recibir a un actor central de las cloacas equivale a legitimar sus métodos. Es un mensaje claro: la monarquía no solo tolera, sino que acoge y reconoce a quienes han contribuido a erosionar la democracia mediante campañas de difamación.
2. El blanqueo mediático
   En su discurso ante el Rey, Inda se definió como “monárquico pragmático” y elogió la monarquía parlamentaria como algo que “funciona”. El acto sirvió para que el director de OKDIARIO se presentara como un defensor del sistema, mientras su historial demuestra un uso sistemático del periodismo como arma política.
3. Lo que significa para la salud democrática
   La audiencia no es un gesto aislado: es parte de un patrón en el que las instituciones del Estado premian a quienes han servido a sus intereses en la guerra sucia contra rivales políticos. Este blanqueo institucional erosiona la confianza ciudadana y normaliza la desinformación como herramienta legítima de poder.

La foto de Felipe VI con Eduardo Inda no es solo un retrato de cortesía: es la imagen de un Estado que abraza a sus cloacas. Un recordatorio de que, en España, quienes manipulan y difaman desde el periodismo no son marginados, sino invitados de honor en palacio.

En la Asamblea de Madrid, el bipartidismo ha vuelto a dar una lección… pero no de servicio público, sino de cómo blindar privilegios. PP y PSOE han aprobado una nueva subida salarial para sus diputados y diputadas, la segunda en menos de un año, que eleva el sueldo base a 3.883,02 euros brutos mensuales. Y eso sin contar los jugosos complementos que, en algunos casos, disparan la nómina por encima de los 5.900 euros.
La justificación oficial es ya un clásico: “dignificar la política”. Pero la realidad es que, mientras millones de madrileños lidian con alquileres imposibles, sueldos congelados y servicios públicos tensionados, sus representantes se han asegurado un incremento acumulado del 8,5% entre 2024 y 2025.

El argumento de que “otros parlamentos cobran más” suena hueco cuando se recuerda que el Ministerio de Hacienda ha aclarado que no existía obligación legal alguna para aplicar esta subida. Fue, simple y llanamente, una decisión política. Una decisión que revela prioridades: igualarse con otros parlamentos… pero no con la ciudadanía a la que dicen representar.
En un contexto de inflación, precariedad y desigualdad, esta medida es un recordatorio de que, para algunos y algunas, la política no es un servicio, sino una carrera profesional con beneficios blindados. Y que la “dignidad” que defienden parece medirse en euros, no en compromiso.

Porque si algo queda claro tras esta nueva subida es que la política madrileña no necesita más dignidad, sino más decencia. Mientras los ciudadanos y ciudadanas hacen malabares para llegar a fin de mes, sus representantes se aseguran que el fin de mes les llegue con holgura. Y todo esto, envuelto en discursos vacíos y apelaciones a la “responsabilidad institucional”. Lo que realmente dignificaría la política sería renunciar a privilegios, rendir cuentas y vivir con los mismos límites que impone la realidad a quienes les votan. Pero claro, eso no cotiza en la Asamblea.

En su comparecencia de este martes en el Congreso, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, volvió a dejar claro que no piensa suavizar su discurso cuando se trata de defender los servicios públicos y denunciar las políticas negligentes.
Ione Belarra acusó al Partido Popular y Vox de haber “desmantelado los servicios públicos” allí donde gobierna, mediante privatizaciones y recortes que han supuesto la pérdida de mil plazas de brigadistas y agentes forestales en solo dos años. Una política que ha dejado al país sin capacidad para afrontar con eficacia los graves incendios de este verano.
Pero no se quedó ahí: también señaló al PSOE por mantener bloqueada desde hace ocho años la ley de bomberos, lo que mantiene a los brigadistas forestales en condiciones “lamentables y semiprivatizadas”.

Recordó que en comunidades socialistas se contrata a este personal solo en verano, ignorando que “los incendios se apagan en invierno con prevención”.
La líder de Podemos criticó además que haya sido el PP quien forzara la comparecencia de los ministros implicados en la gestión de los incendios en el Senado, cuando —según dijo— deberían haber acudido al Congreso de “motu proprio” para rendir cuentas.

Su intervención, cargada de datos y reproches directos, volvió a reforzar la imagen de Ione Belarra como una dirigente que no rehúye el conflicto político y “dice las cosas como son” y coloca el foco en lo que considera los verdaderos problemas: la precariedad de los servicios públicos y la falta de prevención ante catástrofes que cada año dejan más víctimas y daños.

Los incendios forestales que asolan nuestro territorio este verano no son fruto únicamente del azar o de un clima caprichoso. Son la consecuencia previsible —y anunciada por expertos desde hace años— de una combinación letal: cambio climático, abandono rural, y, en algunos casos, políticas erráticas que han debilitado la capacidad de respuesta de las comunidades autónomas.

En las últimas semanas, se ha hecho evidente que varias de las comunidades más afectadas por estos incendios coinciden en un hecho llamativo: están gobernadas por ejecutivos autonómicos del PP, que han aplicado recortes significativos en los servicios de prevención y extinción, han impulsado procesos de privatización de competencias clave y, en numerosos discursos, han minimizado o negado la urgencia del cambio climático.
Este patrón, lejos de ser casual, plantea preguntas incómodas sobre las consecuencias de tales decisiones en la seguridad ambiental y en la protección de vidas y bienes.

La reducción de brigadas forestales permanentes, la externalización de servicios esenciales y la ausencia de planes de gestión integral del monte han tenido un impacto directo en la capacidad de reacción. En emergencias como la actual, cada minuto cuenta, y la falta de medios humanos y materiales multiplica las pérdidas.
Cuando desde la esfera política se relativiza el cambio climático o se asume como un tema secundario, se retrasa la adopción de medidas de adaptación y prevención que podrían salvar miles de hectáreas de bosque. La negación no apaga fuegos; al contrario, los aviva.
Estos incendios no solo carbonizan paisajes: erosionan la confianza ciudadana en unas instituciones que deberían velar por su seguridad y por el patrimonio natural común. La respuesta pasa por invertir de forma sostenida en prevención, reforzar los recursos públicos y asumir, sin ambages, que la crisis climática es el mayor reto ambiental y social de nuestro tiempo.